LA PLATA. -El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, e intendentes del peronismo impulsan la movilización de este juevez al Congreso de la Nación en contra de los cambios de la ley de tierras que facilitaría la compra de territorio nacional por parte de extranjeros. En paralelo, el gobernador y sus aliados del PJ provincial impulsan proyectos de ley en la Legislatura bonaerense que buscan limitar el acceso de los extranjeros a las tierras rurales de la provincia.

“Frente al gobierno nacional que busca entregar tierras para favorecer a grandes negocios extranjeros, nosotros demostramos que con un Estado presente podemos cumplir con los derechos de miles de familias. La situación de nuestro país se resuelve cambiando de raíz la política económica y fijando prioridades donde tienen que estar”, enfatizó el mandatario.

“Es probable que Kicillof participe personalmente de la marcha”, se informó en la Casa de Gobierno ante una consulta de . En tanto, el rechazo aumenta entre los intendentes peronistas de este territorio, que asistirán a la movilización contra el gobierno nacional y ordenan columnas desde los municipios.

Una de las columnas más grandes partirá desde Ensenada, apalancada por el alcalde Mario Secco. También habrá movilización desde La Matanza y La Plata, donde los intendentes Fernando Espinoza y Julio Alak, aspiran a suceder a Kicillof. Habrá columnas desde otros distritos, como San Martín, coordinadas por el ministro de Infraestructura y Servicios, Gabriel Katopodis, que trabaja por la sucesión de Kicillof y el 22 de agosto hará un gran acto del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en su territorio.

Mientras en la Legislatura bonaerense se presentó un segundo proyecto de ley para limitar la extranjerización de la tierra, denominado “Régimen de Protección al Dominio Estratégico sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales”, firmado por los senadores Malena Galmarini, Ayelén Durán, Pedro Borgini, Germán Lago, Jorge Paredi y Adrián Santarelli, para limitar la compra a los extranjeros.

Se suma a otro proyecto impulsado en la Cámara de Diputados por Facundo Tignanelli, Noelia Saavedra y Cintia Romero, con el título “Régimen de Protección al Dominio Provincial sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales”.

Las dos propuestas se basan en la Ley Nacional 26.737, sancionada en 2011 durante el gobierno de Cristina Kirchner. Establecen que la titularidad extranjera no podrá superar el 15% de las tierras rurales de la provincia y de cada municipio. Fijan que las personas o empresas de una misma nacionalidad no podrán concentrar más del 30% de ese cupo, y mantienen un límite máximo de 1000 hectáreas en la denominada zona núcleo.

Los dos textos también prevén la nulidad de las operaciones realizadas en fraude a la ley y contemplan excepciones para extranjeros con arraigo acreditado en el país, como residentes permanentes de larga data, personas con hijos argentinos o casadas con ciudadanos argentinos.

Mientras el proyecto del Senado se concentra en controlar la titularidad extranjera de tierras rurales, la iniciativa empujada por Tignanelli incorpora criterios de ordenamiento territorial, la protección ambiental y soberanía alimentaria.

El proyecto de La Cámpora hace énfasis en la soberanía territorial, el interés público provincial, la función social y ambiental de la propiedad, el arraigo, el desarrollo productivo y la protección de los recursos naturales: resguarda “zonas de protección territorial estratégica”.

La iniciativa del presidente del bloque de Diputados incluye dentro de esa categoría a cuencas hídricas, humedales, islas, costas, áreas naturales protegidas, cinturones hortícolas, territorios de agricultura familiar, zonas periurbanas y áreas sujetas a políticas de hábitat o planificación territorial. Establece que cada operación que implique dominio, posesión, control o aprovechamiento económico por parte de extranjeros requerirá autorización previa del Estado provincial.

Además, faculta a la autoridad de aplicación a rechazar operaciones que puedan afectar el acceso al agua, la producción de alimentos, el equilibrio ambiental o favorecer procesos de concentración económica o especulación inmobiliaria.

El proyecto del Senado, en tanto, mantiene restricciones focalizadas sobre inmuebles ubicados en zonas de frontera o vinculados a cuerpos de agua permanentes, sin desarrollar un régimen específico para áreas estratégicas. Y crea un Consejo Interministerial de Tierras Rurales, integrado por distintas áreas del Poder Ejecutivo bonaerense, encargado de coordinar la aplicación de la norma.

El proyecto de Diputados no prevé ese organismo y deja en manos del Poder Ejecutivo la designación de la autoridad de aplicación, aunque fortalece las atribuciones del futuro Registro Provincial de Tierras Rurales, al que le asigna funciones de fiscalización sobre estructuras societarias y beneficiarios finales.

Sin fecha para el debate en la Legislatura, los dos proyectos pretenden limitar la compra de tierras en territorio provincial en manos extranjeras en territorio de la provincia.

Luego de las reiteradas críticas del presidente Javier Milei a su par de Brasil, Lula da Silva, el gobierno brasileño decidió retirar de forma indefinida al embajador en la Argentina, Julio Bitelli, y rebajar su vínculo con el país al nivel de encargado de negocios. Esta determinación, tomada por primera vez en décadas, implica un fuerte cambio en las relaciones diplomáticas formales entre dos países, pero sin llegar a una ruptura total.

En términos del derecho internacional, pasar de la designación de embajador a encargado de negocios implica un deterioro en el vínculo. La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas estableció en 1964 la normativa de las relaciones entre Estados a través de sus representantes oficiales en otro país.

Según el Artículo 1, el “jefe de misión” (como se define de forma técnica y legal al embajador) es la máxima autoridad al frente de una representación diplomática y quien debe encargarse de proteger a su Estado, negociar con el país en donde se estableció y fomentar las relaciones entre ambas naciones.

El encargado de negocios, en tanto, es un diplomático de menor rango que aparece en segundo lugar si queda vacante el puesto de jefe de misión o este no puede desempeñar sus funciones. En lo establecido por el Artículo 19 se determina que se trata de un cargo ad interim, es decir, provisional.

Además, a diferencia del embajador que presenta sus credenciales directamente ante el jefe de Estado del país anfitrión, el encargado de negocios debe acreditarse ante el ministro de Relaciones Exteriores o de Asuntos Exteriores del Estado receptor.

Tensión internacional

El miércoles pasado, el canciller brasileño Mauro Vieira se reunió con el embajador Bitelli, que ya había sido llamado a consultas por Itamaraty —como se conoce al Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil— tras las críticas de Milei a Lula. Luego del encuentro, Bitelli fue convocado al palacio del Planalto, sede del gobierno brasileño, en donde fue recibido por el Presidente y se decidió monitorear la relación bilateral. Sin embargo, este martes por la noche, casi una semana después, se tomó la determinación de retirarlo de forma indefinida.

El embajador brasileño tiene una trayectoria de más de 22 años con la Argentina y fue el representante de su país ante distintos gobiernos.

El enojo del presidente de Brasil se potenció con las últimas tres apariciones mediáticas de Milei, en las que reiteró que considera a Lula como “ladrón” y “presidiario”. Explicó, tanto en LN+ como en radio Mitre y en una entrevista en el streaming La Casa, que se basaba en que la condena a Lula fue anulada por un “error administrativo” de la Justicia de ese país, sin demostrar la inocencia del mandatario brasileño. “Tengo formas horribles pero digo la verdad”, se justificó el mandatario argentino.

“Tuvimos mucha paciencia, no contestamos, pero creemos que la reiteración de ofensas hacia el Presidente hacen inevitable esta decisión”, comunicaron a desde el gobierno de Brasil.

También este martes, el canciller Vieira le entregó una protesta formal al embajador argentino Daniel Raimondi, en la que se incluyó la decisión de rebajar las relaciones diplomáticas.

La Cancillería argentina emitió su propio comunicado en el que “lamentó” la decisión de Brasil “de seguir aislándose del resto de la región por cuestiones puramente ideológicas” y definió la decisión como “unilateral”. Según se desprende del texto del Gobierno, la Argentina no ordenará el regreso de su embajador. El mensaje firmado por el canciller Pablo Quirno aseguró que las autoridades nacionales nunca respondieron a una diferencia política “con una medida institucional”.