El Gobierno envió al Congreso el proyecto de ley de Defensa de Soberanía por Malvinas, que amplía el alcance de las sanciones a todos los recursos naturales para las empresas que operen en las islas sin permiso argentino.

La iniciativa además ratifica el reclamo de soberanía de las Islas, tiene multas de hasta tres millones de barriles de petróleo, contempla inhabilitación de hasta 20 años y endurece otras medidas contra firmas que operan en la Argentina.

El proyecto además contempla un esquema de protección aeroespacial y marítima, con un protocolo para detectar, identificar e interceptar aeronaves irregulares u hostiles y también regula la detención e inspección de buques. En el caso marítimo, contempla advertencias, disparos de advertencia y, como último recurso, medidas para inutilizar una embarcación.

Además centraliza bajo una misma estructura las funciones diplomática, económica, cibernética, jurídica, de defensa, inteligencia y protección de infraestructura crítica. La conducción política queda en manos del presidente Javier Milei.

Tras el envío de la ley al Congreso, el Ejecutivo le pidió a la dirigencia política “poner en pausa otras discusiones” para priorizar el tratamiento del paquete de medidas. “Todo lo que se hizo en el pasado resultó ineficaz e insuficiente para defender de manera efectiva la causa Malvinas”, remarcó Milei.

“No podemos darle el lujo a quienes usurpan nuestro territorio de no trabajar juntos para la recuperación de nuestras Islas Malvinas que son y serán argentinas”, expresó Milei en una carta difundida por redes sociales.

Las 20 claves de la ley de Defensa de Soberanía por Malvinas

• El proyecto ratifica el reclamo de soberanía sobre Malvinas: establece que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes integran el territorio nacional y fija como objetivo permanente su recuperación y el ejercicio pleno de la soberanía.
• Amplía el alcance de las sanciones a todos los recursos naturales porque no se limita a los hidrocarburos, sino que abarca cualquier actividad destinada al aprovechamiento de recursos renovables o no renovables sin autorización argentina, lo que incluye potencialmente la actividad pesquera.
• Alcanza también a quienes hacen posible las operaciones, prohíbe las operaciones económicas, financieras, logísticas, técnicas o de consultoría que sean esenciales para la ejecución de un proyecto no autorizado, e incluye a accionistas y controlantes.
• Incluye socios, accionistas, participantes directos y quienes ejerzan control o tengan capacidad de influir decisivamente sobre las empresas involucradas.
• Reprime con penas de cinco a siete años de cárcel, multa equivalente a 20.000 a 100.000 barriles de petróleo e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena para realizar cualquier actividad comercial, el que, a sabiendas, proveyere cualquier tipo de bien o servicio esencial e indispensable a un sujeto para que este último realice alguna de las conductas previstas en los artículos 20, 21 y 22.
• Los infractores pueden quedar inhabilitados por un período de entre 5 y 20 años para determinadas actividades.
• Además se endurecen las consecuencias para operar en la Argentina, con un esquema de rescisión de contratos, revocación de habilitaciones y restricciones para contratar con el Estado, entre otras consecuencias para quienes incumplan el régimen.
• También quedan alcanzados los proveedores: quien, sabiendo de la operación, suministre bienes o servicios esenciales para una actividad prohibida puede recibir cinco a siete años de cárcel, una multa de hasta 100.000 barriles y una inhabilitación comercial.
• Reprime con penas de 12 a 15 años de cárcel, multa equivalente a 40.000 a 200.000 barriles de petróleo e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena para realizar cualquier actividad comercial, el que, sin habilitación de la autoridad competente, encargare o realizare, por cuenta propia o de terceros, cualquier actividad de prospección o exploración de hidrocarburos en las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, en los espacios marítimos e insulares circundantes o en la Plataforma Continental Argentina.
• Castiga con penas de 12 a 20 años de cárcel, multa equivalente a 100.000 a dos millones de barriles de petróleo e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena para realizar cualquier actividad comercial, el que, sin habilitación de la autoridad competente, encargare o realizare, por cuenta propia o de terceros, en las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, en los espacios marítimos e insulares circundantes o en la Plataforma Continental Argentina cualquier tipo de actividad de exploración o explotación de recursos naturales no renovables.
• Reprime con penas de 15 a 20 años de cárcel, multa equivalente a 150.000 a tres millones de barriles de petróleo e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena para realizar cualquier actividad comercial, el que, sin habilitación de la autoridad competente, encargare o realizare, por cuenta propia o de terceros, cualquier actividad de extracción de hidrocarburos de yacimientos situados en las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, en los espacios marítimos e insulares circundantes o en la Plataforma Continental Argentina, o su transporte o almacenamiento.
• Habilita el juicio en ausencia: los delitos previstos en el Título I quedan incorporados al régimen que permite avanzar con procesos penales aun cuando el imputado no esté a disposición de la Justicia argentina.
• Crea un régimen para que las empresas abandonen las actividades prohibidas. El Régimen de Desistimiento y Regularización permite que quienes desarrollaron esas actividades pidan su incorporación si demuestran que las cesaron y se comprometen a no repetirlas. La regularización puede hacerse pagando o reconvirtiendo inversiones El interesado puede optar por pagar una multa o comprometerse a reconvertir las inversiones involucradas hacia actividades lícitas dentro del territorio argentino. La regularización puede extinguir la acción penal.
• Deroga la Ley 26.659: el proyecto reemplaza el régimen vigente sobre actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la Plataforma Continental Argentina por el nuevo esquema de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
• Crea un Sistema de Seguridad Nacional: la iniciativa articula bajo una misma estructura las funciones diplomática, económica, cibernética, jurídica, de defensa, inteligencia y protección de infraestructura crítica.
• El Consejo será el órgano rector del sistema y estará liderado por el Presidente. Entre sus integrantes permanentes figuran el jefe de Gabinete y los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, además de autoridades de Inteligencia y Legal y Técnica. Tendrá facultades para coordinar políticas y requerir información a organismos públicos.
• El Consejo podrá tomar medidas económicas frente a amenazas externas. Ante un riesgo grave e inminente, podrá restringir operaciones cambiarias y bancarias, importaciones y exportaciones, contratos y beneficios estatales, bloquear temporalmente activos y elevar hasta 75% los derechos de importación y exportación aplicables al Estado extranjero involucrado.
• Incorpora un esquema de protección aeroespacial y marítima. Establece procedimientos para detectar, identificar e interceptar aeronaves irregulares u hostiles y también regula la detención e inspección de buques. En el caso marítimo, contempla advertencias, disparos de advertencia y, como último recurso, medidas para inutilizar una embarcación.
• Amplía la Defensa Nacional frente a amenazas externas e influencia extranjera. Cambia la Ley de Defensa para incluir amenazas estatales y no estatales, incluso de carácter no cinético, y permite emplear a las Fuerzas Armadas para proteger infraestructura crítica.
• Además, restringe el financiamiento extranjero de campañas electorales y crea nuevos delitos vinculados con operaciones de inteligencia, entrega de secretos y acciones destinadas a alterar procesos electorales o manipular la opinión pública.

Los detalles del Consejo de Seguridad Nacional impulsado por Milei

El Consejo de Seguridad Nacional, en caso de ser aprobada la ley, será el órgano rector del Sistema de Seguridad Nacional y estará encabezado por el Presidente de la Nación.

Entre sus atribuciones, el Consejo deberá asistir al Presidente en todo lo vinculado a la Seguridad Nacional, elaborar y elevar la Política de Seguridad Nacional al Poder Ejecutivo para su aprobación, y aprobar las políticas sectoriales de los distintos integrantes del sistema, siempre verificando su adecuación a los lineamientos generales.

Las funciones centrales del Consejo de Seguridad Nacional

El organismo tendrá a su cargo la coordinación y supervisión de la ejecución de la Política de Seguridad Nacional, así como de las políticas sectoriales y de los órganos, fuerzas y medios involucrados en las acciones de seguridad.

Entre sus competencias figura también el control aeroespacial, marítimo, fluvial y lacustre, según lo dispuesto en la ley.

El Consejo será responsable de elaborar la Estrategia Nacional y el Plan Nacional de Seguridad de Infraestructuras Críticas, identificar las infraestructuras de interés nacional y coordinar su protección, incluso en el caso de infraestructuras binacionales o plurinacionales, en articulación con organismos internacionales o Estados extranjeros.

Quiénes integran el Consejo de Seguridad Nacional

La integración del Consejo contempla miembros permanentes y no permanentes. Los primeros deberán participar en todas las reuniones ordinarias, mientras que los no permanentes asistirán solo cuando sean convocados por el Presidente del Consejo.

Entre los miembros permanentes se encuentran:

• El Presidente de la Nación
• El Jefe de Gabinete de Ministros
• El Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
• El Ministro de Defensa
• El Ministro de Economía
• El Secretario de Inteligencia de Estado
• La Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación

El Consejo también tendrá la facultad de aprobar su propio reglamento interno de funcionamiento y organización, y ejercerá las atribuciones previstas en la ley para el control y la protección de la seguridad nacional.

Islas Malvinas

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En un juicio abreviado, Facundo Jones Huala reconoció haber integrado la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y fue condenado a cinco años y dos meses de prisión.

La conducta por la que fue sentenciado quedó encuadrada en el artículo 213 bis del Código Penal, que establece penas de entre tres y ocho años de prisión para quienes organicen o integren agrupaciones destinadas a imponer sus ideas o combatir las ajenas mediante la fuerza o la intimidación.

La pena acordada es de cumplimiento efectivo. En un primer momento, continuará en prisión hasta 2030, pero para determinar cuánto tiempo resta cumplir, se tendrá en cuenta el período que el dirigente mapuche lleva detenido en prisión preventiva.

Jones Huala fue detenido el 6 de junio de 2025 tras ser localizado en El Bolsón luego de haber participado de una actividad pública relacionada con la presentación de un libro en Bariloche. Desde entonces permaneció privado de su libertad a disposición de la Justicia federal.

La causa que investigó su vínculo con la RAM

La investigación federal se inició con una acusación de mayor alcance y contemplaba distintas figuras penales que finalmente quedaron fuera de la resolución acordada entre la Fiscalía y la defensa.

Entre las imputaciones que fueron analizadas durante el expediente figuraban la intimidación pública, la incitación a la violencia colectiva, la asociación ilícita y la apología del delito.

También estuvo bajo análisis el artículo 210 bis del Código Penal, una figura relacionada con organizaciones destinadas a cometer delitos contra el orden constitucional y que establece penas considerablemente más altas. Sin embargo, esa calificación tampoco formó parte del acuerdo que finalmente fue homologado por el juez.

La hipótesis sobre la que avanzó la investigación sostenía que Jones Huala había ejercido durante años un rol de liderazgo dentro de la RAM. El expediente fue declarado de investigación compleja y, mientras se desarrollaban las distintas medidas de prueba, se produjeron sucesivas prórrogas de la prisión preventiva.

La discusión sobre la calificación legal de los hechos fue uno de los puntos centrales de las negociaciones entre las partes. La Fiscalía había planteado inicialmente una acusación más grave, mientras que la defensa rechazó esa postura y buscó que la resolución se concentrara en la participación de Jones Huala dentro de la RAM.

En el proceso también fue considerada una condena anterior que el dirigente mapuche recibió en Chile.

La resolución fue homologada por el juez federal de Bariloche, Leandro Gómez Constenla, y definió el cierre del expediente mediante el mecanismo de juicio abreviado.

Facundo Jones Huala, condena