El Senado se prepara para tener, desde mañana, tres jornadas de abultada actividad, con una agenda que incluye una potencial sesión el jueves -a confirmar- y un aparente temario sin demasiado conflicto. No obstante, la lupa de los dialoguistas estará centrada en si el oficialismo convoca a debatir, por separado, varios proyectos relacionados con Ficha Limpia, ante una Casa Rosada que pretende el combo completo con la reforma electoral, enviada semanas atrás por el Ejecutivo y cuyo objetivo principal es dinamitar las PASO, algo sin votos hoy en el Congreso.

La definición de esta cuestión, que se tensó por la postura de Balcarce 50 -no así por la Cámara alta, vía Patricia Bullrich-, tendría que precipitarse esta misma jornada, con un eventual pedido del titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, el libertario fueguino Agustín Coto, para comenzar con la discusión de algo sensible y que cayó, por casi nada, un año atrás.

En aquella ocasión, los misioneros renovadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut se dieron vuelta —habían confirmado su apoyo en declaraciones en “on”, lo cual otorgó una pincelada extra de delirio— y la noquearon. Amos responden sin chistar al ex gobernador y mandamás provincial, Carlos Rovira. Ahora, los tres intentan reivindicarse como si nada hubiese pasado para algo que, esta vez, no requeriría de sus adhesiones en el Senado, tras la vergonzosa sesión de 2025.

La expectativa por Ficha Limpia dilató otras resoluciones de la semana. Por caso, La Libertad Avanza quiere acelerar un dictamen de la ley que “blinda” la propiedad privada, que se analiza en un plenario de Asuntos Constitucionales; y de Legislación General. Le toca llamar -de nuevo- a Coto, aunque precisa las firmas de los aliados para rubricar un despacho de mayoría. Son los que reclaman por Ficha Limpia: PRO, UCR y silvestres provinciales.

En ese sentido, Bullrich cedió y se eliminará de un plumazo el capítulo referido al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP). Una fuerte derrota para el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien denostó el sistema en manos de Nación y buscaba delegar en las provincias. Detrás de todo esto hay una mega millonada en juego. Los gobernadores sí fomentan, en cambio, que los límites en cuanto a venta de tierras a extranjeros queden en sus manos, lo cual denota las contradicciones a la hora de hablar de responsabilidades.

Las bancadas que ayudan a que salgan los proyectos del Gobierno también aguardan el envío de más pliegos judiciales. De hecho, si aterrizara un nuevo lote, estos podrían ingresar y tomar estado parlamentario en la sesión pensada para el jueves. En resumen, toda una enredadera que se resolvería ante la anuencia de la secretaria general de Presidencia, Karina Milei. Siempre una incógnita.

Mientras decantan estas cuestiones -de cara al miércoles-, lo que sí está fijo para mañana es la conformación de cuatro bicamerales. Se destacan la que controla el funcionamiento de los organismos de inteligencia y la de Trámite Legislativo, que revisa los DNU. Este cambio le trajo un par de dolores de cabeza a la administración central en la primera mitad de la gestión de Javier Milei.

Además, pasado el mediodía del martes -a las 14- continuará el plenario de las comisiones de Salud y Legislación General y el tratamiento de otro articulado empujado por la Casa Rosada: las modificaciones a la ley de salud mental. Días atrás, se cerró una lista con cerca de 60 expositores y está por verse la mecánica que adoptará La Libertad Avanza para que todos los invitados puedan disertar.

Durante el primer encuentro se oyó a la directora de abordaje integral de salud mental, Liliana González. “Después de 15 años de sancionada, podemos concluir que, de esta forma, no funciona adecuadamente”, aseguró. Según la funcionaria, los cambios apuntan a “evitar casos trágicos de suicidios y severas agresiones a terceros por la imposibilidad de recibir el tratamiento adecuado”. De allí la necesidad de las internaciones involuntarias y el “concepto de prevención, rehabilitación y recuperación como el primer nivel de atención”.

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La jueza laboral de Maldonado que había ordenado la subasta de la mansión “El Gran Chaparral” del ex sindicalista argentino Marcelo Balcedo dio marcha atrás y suspendió el remate sin nueva fecha, tras recibir un exhorto del juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, por vía de Cancillería. La medida desató una apelación inmediata de los trece ex empleados que esperaban cobrar casi dos millones de dólares en deudas laborales acumuladas desde 2018.

La magistrada en lo Civil de 7° Turno de Maldonado, Ecatherina Cardozo, que ella misma había ordenado la subasta del padrón N° 31.251 —la fracción de campo de seis hectáreas y 514 metros cuadrados sobre el Cerro de los Burros, en Playa Hermosa, donde se asienta la propiedad—, emitió una resolución interlocutoria que paralizó el remate previsto para el 8 de mayo y elevó la disputa al Tribunal de Apelaciones. La decisión llegó a días de la subasta, cuando ya se habían publicado los edictos legales y el martillero Gabriel Etcheverry había solventado los gastos de publicidad.

El pedido de suspensión llegó desde el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3 de La Plata, a cargo de Kreplak, que instruye la causa FLP 2436/2015/22 caratulada «Balcedo, Marcelo Antonio y otros s/Infracción art. 303, Asociación Ilícita y Defraudación por Administración Fraudulenta“. El magistrado actuó a instancias de la fiscal federal María Laura Roteta, de la Fiscalía N° 1 de La Plata, y del fiscal general Diego Velasco, titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), quienes se enteraron del remate a través de medios periodísticos —entre ellos, una nota publicada por este medio el 16 de abril— y verificaron el edicto en el Diario Oficial de la República Oriental del Uruguay.

En el dictamen de cinco fojas que motivó el exhorto urgente, Roteta y Velasco sostuvieron que la convocatoria al remate era “a todas luces, improcedente” porque sobre el inmueble pesan medidas cautelares vigentes solicitadas por la República Argentina desde 2018. El Estado argentino había pedido el embargo de ese bien mediante exhorto librado el 15 de junio de 2018, reiterado en septiembre de 2019 y ampliado en diciembre de 2022 con una reinscripción de todos los embargos específicos y genéricos por un monto total de US$ 26.000.000. Los fiscales también citaron un informe del Equipo Multidisciplinario uruguayo creado por Decreto N° 1786/2024, que en mayo de 2025 reconoció expresamente la preferencia del Estado argentino sobre ese inmueble.

Kreplak, en su resolución del 17 de abril, que este medio publicó de manera exclusiva, ordenó librar exhortos internacionales urgentes y fue categórico: requirió “con carácter urgente” al Juzgado Letrado de Maldonado de 7° Turno para que dejara sin efecto “de manera INMEDIATA” el remate, “en pos de resguardar los bienes que sistemáticamente reclama la Nación desde los albores del expediente y que debieran encontrarse cautelados motivo de la extradición pendiente desde el año 2018 y de las múltiples rogatorias exhortadas a tales fines desde hace más de 8 años”. Al mismo tiempo, advirtió al juzgado que tiene a cargo la extradición de Balcedo y su esposa Paola Fiege para que adoptara medidas que mantuvieran el estado actual de los bienes cautelados, en cumplimiento de una “promesa internacional de restitución” que data de 2018. La postura del magistrado no es solo preservar los activos: su criterio es que, de producirse eventualmente un remate, el producido —o lo que reste tras el pago de las indemnizaciones— sea girado a su juzgado para resarcir a las víctimas argentinas del vaciamiento del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME) del que el ex gremialista era su secretario general.

La apelación de los ex empleados

El mismo 8 de mayo (día del remate), los abogados Guillermo Ahlers y María Eugenia Nocetti, representantes de los trece exempleados, presentaron un escrito de apelación de 30 páginas ante el Tribunal de Apelaciones. Entre los trabajadores figuran niñeras, guardias de seguridad, personal de cocina y jardineros que no cobran sus acreencias desde la detención de la pareja en enero de 2018, y en algunos casos desde antes.

Los letrados argumentaron que la decisión de Cardozo fue “inoportuna” porque se adoptó a siete días hábiles de la fecha fijada para el remate, cuando ya se había cumplido con toda la publicidad legal. Cuestionaron además que la jueza laboral haya dado curso al exhorto argentino: a su entender, ese tipo de cooperación internacional en materia penal solo puede ser recibida por un juez penal, no por un tribunal laboral. “El juez penal es el natural para recibir ese tipo de cooperación y no un juez laboral”, remarcó Ahlers el defensor de las víctimas uruguayas .

El argumento de fondo es más amplio. Los abogados sostienen que “la Justicia uruguaya no debe paralizar un remate por el pedido de un juez argentino cuando ni siquiera hay sentencia en ese país”, a diferencia de sus representados, que sí tienen fallos firmes a su favor. Señalaron que el embargo de los trabajadores en el registro es anterior al de la causa argentina —anotado como “Camacho, Luis y otros. Ejecución de sentencia. N° 17.734, 26/10/2022”— y que los tratados de cooperación internacional siempre preservan los derechos de terceros de buena fe, categoría que encuadra a los trabajadores.

Ahlers fue más directo al resumir el impacto práctico: la suspensión “solo beneficia a Balcedo y Fiege, quienes no perderán su residencia en El Gran Chaparral mientras se sigue discutiendo el tema en Argentina”. El abogado advirtió que permitir que un pedido extranjero paralice sentencias firmes uruguayas generaría “un precedente muy perjudicial para los trabajadores que logran tener sentencias que no se cumplen en Uruguay“.

La apelación también recordó que la propia jueza Cardozo había resuelto años atrás seguir adelante con los embargos contra los bienes de Balcedo cuando el juzgado penal sostenía que no podía afectarlos por el pedido de Argentina, en una contienda de competencia resuelta por la Suprema Corte de Justicia. Ahora, señalan, dio marcha atrás.

Que el cuestionado ex secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación no haya sido condenado en la Argentina tiene peso específico propio. El juez federal de La Plata reclama desde 2018 su extradición para ser juzgado y hasta ahora la República Oriental del Uruguay no hizo lugar a esa petición por recursos impuestos por el gremialista.

Ocho años de reclamos sin respuesta

El trasfondo del conflicto es una causa que el juez Kreplak instruye desde 2018 sin haber podido indagar a Balcedo ni presencialmente ni por videoconferencia. En la causa FLP 2436/2015/22, el ex secretario general del SOEME está acusado de liderar una organización destinada a cometer delitos, lavar activos y desviar fondos sindicales para beneficio propio. La hipótesis judicial sostiene que el sindicato funcionaba como base de esa estructura y que parte del dinero habría provenido del vaciamiento de las arcas gremiales.

La causa ya tiene condenas parciales: el 18 de diciembre de 2024, el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata sentenció a la mano derecha de Balcedo, Mauricio Yebra, y a varios ex funcionarios del SOEME por haber desviado más de 2.500 millones de pesos de los afiliados.

Yebra ingresó al directorio del sindicato en 2012, actuó como testaferro de la pareja y realizó 18 vuelos privados a Uruguay entre 2014 y 2018, en los que se sospecha que se trasladó dinero en efectivo. Decenas de inmuebles y vehículos fueron decomisados y entregados al propio gremio.

El también ex empresario de medios, en tanto, fue detenido el 4 de enero de 2018 en el Gran Chaparral en un operativo coordinado entre ambas justicias. En ese allanamiento se secuestraron 500.000 dólares en efectivo, cerca de 4,5 millones de pesos argentinos, euros, armas largas y cortas con municiones, una flota de vehículos de alta gama —Ferrari, Porsche, Mercedes-Benz— y animales exóticos. La fiscalía uruguaya calificó el procedimiento como la mayor incautación de dinero en efectivo registrada en ese país. Juzgado en Uruguay en un proceso abreviado, Balcedo y Fiege admitieron su responsabilidad por lavado de activos, contrabando y tráfico interno de armas. La condena del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal de 4° Turno quedó firme el 1 de octubre de 2020.

Tras cumplir el régimen de libertad vigilada, la pareja volvió a residir en la mansión. En Argentina, la extradición solicitada en 2018 permanece sin resolución. La Cámara Federal de Casación de La Plata rechazó en marzo de 2026 el pedido de Balcedo de garantías de no detención en caso de regresar al país.

La disputa por el Gran Chaparral enfrenta ahora dos lógicas judiciales: la de los trabajadores uruguayos con sentencias firmes que esperan cobrar desde hace ocho años, y la del Estado argentino, que reclama bienes que considera producto del lavado de fondos sindicales y exige su restitución en el marco de una extradición que no termina de concretarse.

El kirchnerismo empezó a evocar en voz alta uno de los antecedentes más traumáticos de la historia del peronismo: la construcción de un candidato presidencial concebido como instrumento político de un líder “proscripto”. La comparación con Héctor Cámpora reapareció mientras Cristina Kirchner intenta preservar su centralidad dentro del PJ y Axel Kicillof trabaja para evitar otra experiencia fallida de doble comando y disputas de poder como la que terminó destruyendo al gobierno de Alberto Fernández y pavimentando el ascenso de Javier Milei.

La referencia histórica tiene una potencia política evidente. No solamente por la figura de Cámpora, sino por todo lo que vino después.

La experiencia camporista fue breve, convulsionada y terminó funcionando como antesala del período más oscuro de la Argentina contemporánea. Cámpora asumió el 25 de mayo de 1973 y renunció el 13 de julio de ese mismo año. Su presidencia duró poco más de 49 días. Pero en ese lapso quedaron expuestas las tensiones irreconciliables que atravesaban al peronismo: la disputa por la conducción real, la radicalización política, la violencia interna y la imposibilidad de estabilizar un esquema de poder donde el presidente formal convivía con otro liderazgo superior, exterior y determinante. El periodista y ex dirigente montonero Miguel Bonasso reconstruyó con enorme detalle aquella experiencia en su libro “El presidente que no fue”, donde expuso las contradicciones, presiones cruzadas y conflictos internos de un gobierno concebido como transición hacia el regreso definitivo de Perón al poder.

El regreso definitivo de Juan Domingo Perón terminó reorganizando el poder político, pero también acelerando una dinámica de confrontación que derivó en fracturas cada vez más violentas dentro del propio movimiento peronista. La masacre de Ezeiza, la escalada de violencia política, la expulsión de sectores de izquierda de la Plaza de Mayo y el deterioro institucional posterior terminaron desembocando en el colapso del sistema democrático y en la dictadura militar de 1976.

Por eso la sola evocación de Cámpora dentro del peronismo contemporáneo tiene una carga tan delicada.

No se trata de una analogía electoral menor ni de una discusión académica sobre el pasado. La referencia reaparece mientras una parte importante del kirchnerismo duro trabaja para reinstalar la idea de Cristina Kirchner como vértice ordenador del futuro peronista aun después de la condena por la causa Vialidad y de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

El pasado que vuelve

La construcción política alrededor de Cristina ya empezó a incorporar elementos simbólicos que remiten deliberadamente al viejo relato de la proscripción peronista.

San José 1111 funciona cada vez más como un centro de peregrinación política y militante. La consigna “Cristina Libre” ya no aparece solamente vinculada a la defensa judicial de la ex presidenta, sino como parte de una estrategia más amplia: sostener su centralidad política y mantener abierta la posibilidad de un regreso pleno al centro del poder.

La escena remite inevitablemente a otro momento histórico del peronismo. Durante los años de exilio de Juan Domingo Perón, Puerta de Hierro —la residencia del líder justicialista en Madrid— se convirtió en el centro simbólico y político del movimiento peronista proscripto. Gobernadores, sindicalistas, dirigentes juveniles, emisarios políticos y figuras internacionales peregrinaban hasta esa casa española para buscar una bendición política, validar candidaturas o discutir la estrategia del regreso del general a la Argentina.

Aquella lógica terminó condensada en una de las consignas más recordadas del peronismo de los años setenta: “Cámpora al Gobierno, Perón al poder”. La fórmula sintetizaba una idea muy precisa: el presidente formal podía ser otro, pero la conducción real seguiría estando en manos del líder proscripto.

Esa memoria histórica es la que vuelve tan sensible la comparación actual dentro del kirchnerismo.

Porque la evocación de Cámpora no aparece solamente asociada a la lealtad política hacia Cristina Kirchner. También remite a la posibilidad de una candidatura concebida para preservar la centralidad de una dirigente que, aun condenada e inhabilitada de por vida, sigue siendo considerada por el núcleo duro del PJ como la verdadera referencia estratégica del peronismo.

Ese es el punto más inquietante de toda la discusión.

Porque la idea de “un Cámpora para Cristina” no remite únicamente a la necesidad de un dirigente leal o alineado políticamente. Remite a la posibilidad de construir una candidatura presidencial subordinada a una misión superior: contribuir a revertir la situación judicial de Cristina Kirchner y garantizar que siga siendo la principal arquitecta del futuro peronista.

La lógica quedó expuesta en una conversación televisiva entre Teresa García y Nancy Pazos. La periodista de C5N le preguntó directamente si el objetivo era encontrar “un nuevo Cámpora”. García dudó unos instantes y terminó admitiendo la comparación. “Sí”, respondió. Después intentó matizar la literalidad de la idea, pero dejó en claro el concepto político que atraviesa al kirchnerismo: “Hace falta alguien que entienda la lógica por la que vamos a atravesar en un próximo gobierno y que necesitamos que Cristina esté libre”.

La dirigente bonaerense incluso avanzó sobre otra dimensión más profunda de la narrativa kirchnerista: la idea de que Cristina Kirchner terminó judicializada por haber enfrentado “al poder real”. “No hay posibilidad para nadie que vaya a gobernar desde el peronismo, para el que vaya a gobernar este país, que no tenga en cuenta los dos períodos de Cristina presidente y las razones por las que está detenida”, afirmó.

En otro tramo de la entrevista, Teresa García también reivindicó el papel político singular que tuvo Cristina después de la muerte de Néstor Kirchner. “Cristina gobernó sola, tuvo que hacerse cargo de un país en el medio de la pérdida de su compañero”, sostuvo. Y enseguida agregó una definición que terminó funcionando casi como una admisión del clima interno que atraviesa hoy al PJ: “Hay que abandonar la hipocresía en la política”.

La frase tuvo impacto porque sintetizó algo que empieza a percibirse dentro del peronismo: el kirchnerismo duro ya no parece dispuesto a disimular que pretende preservar la centralidad política de Cristina Kirchner aun cuando no pueda competir electoralmente.

Y lo hizo en el peor momento de la relación entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof.

Pelea de fondo y de formas

El gobernador bonaerense viene desarrollando desde hace meses una estrategia política orientada a construir autonomía, con el tácito objetivo de una candidatura presidencial para el 2027. Ya no actúa únicamente como heredero político de Cristina Kirchner. Empieza a intentar convertirse en otra cosa, nueva y con identidad propia: un dirigente con liderazgo propio, capacidad de ampliación electoral y margen de maniobra para evitar un nuevo gobierno condicionado desde adentro.

Kicillof leyó el fracaso de la gestión de Alberto Fernández, en la presidencia; Cristina Kirchner, en la vicepresidencia; y Sergio Massa, en el Ministerio de Economía y lanzado a ser el candidato oficialista, como un esquema probadamente ineficaz y, sobre todo, destructivo.

La experiencia del Frente de Todos terminó convertida en un laboratorio político traumático para el peronismo. Un presidente sin control pleno del poder, disputas permanentes entre la Casa Rosada y el Instituto Patria, ministros que respondían a distintos liderazgos, internas públicas y una economía que terminó bordeando la hiperinflación antes de la derrota frente a Javier Milei.

El gobernador intenta evitar exactamente ese esquema.

Por eso resiste el tutelaje político del kirchnerismo duro y trabaja para construir una candidatura presidencial capaz de ampliar la base electoral del PJ hacia sectores moderados y de centro. Esa búsqueda explica buena parte de las tensiones actuales con La Cámpora y con dirigentes que exigen que la bandera de “Cristina Libre” se transforme en el eje ordenador de toda la estrategia opositora hacia 2027.

Máximo Kirchner viene endureciendo sus cuestionamientos internos contra la gestión bonaerense. La ex intendenta de Quilmes Mayra Mendoza, se convirtió en una de las principales voces críticas del gobernador. También aparecieron reproches vinculados a la política social, los recortes presupuestarios y la eliminación del plan MESA.

La operación a la que fue sometido Máximo Kirchner el viernes pasado, por un tumor benigno en las glándulas submaxilares, volvió además a poner al diputado nacional en el centro de la escena política del kirchnerismo. Después de la intervención, habló con Cristina Kirchner y recibió el alta médica el sábado. Permanecerá una semana en reposo, pudo confirmar Infobae. ¿Axel tendrá un respiro?

Pero antes, distintos dirigentes empezaron a aumentar la presión pública sobre Kicillof.

¿Segundos afuera o adentro?

Uno de ellos fue Sergio Berni. El ex ministro de Seguridad bonaerense sostuvo que Kicillof “tiene todas las posibilidades” de ser presidente, pero inmediatamente después introdujo una condición política decisiva. Ante la pregunta sobre qué ocurriría si el gobernador “no acepta la conducción estratégica de Cristina”, respondió: “Buscaremos otro candidato”.

La frase expuso sin filtros el núcleo de la pelea interna.

La discusión ya no pasa solamente por quién puede ganar una elección presidencial. El conflicto real es quién conduce al peronismo y bajo qué condiciones debería gobernar un eventual presidente del PJ.

Berni fue todavía más allá. Cuestionó el perfil político de Kicillof, lo vinculó al “progresismo” y al experimento fallido de Alberto Fernández y sugirió que el gobernador todavía no logró construir una conducción efectiva dentro del peronismo. “No conduce quien quiere, sino quien puede”, afirmó.

Ese endurecimiento convive, sin embargo, con otra dinámica más silenciosa dentro del PJ: los intentos de reunificación.

Ahí aparece el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto.

El ex candidato a vicepresidente de Mauricio Macri empezó a reconstruir vínculos con distintos sectores del peronismo. Se reunió con la CGT, mantiene conversaciones con Guillermo Moreno, con organizaciones sociales -a las que antes condenaba por sostener el “pobrismo”– dialoga con intendentes importantes del conurbano y también articula con figuras con pasado en el macrismo y el universo libertario, que buscan nuevos caminos: de Emilio Monzó y Nicolás Massot a Carlos Kikuchi y Sergio Vargas.

Pero el movimiento político más significativo fue su acercamiento a Cristina Kirchner.

Después de casi una década sin diálogo, Pichetto volvió a verla y empezó a participar de conversaciones orientadas a evitar una fractura terminal del peronismo. “Hablé con la presidenta después de casi diez años y hablé en un plano humano, personal, de respeto”, explicó.

La definición tuvo peso político porque provino de uno de los dirigentes que durante años representó al peronismo más distante del kirchnerismo duro. Pichetto incluso reivindicó la necesidad de reconstruir vínculos políticos desde otro lugar. “Lo humano en política es importante”, sostuvo. Y agregó: “Hoy hay que considerarla como un actor fundamental”.

La frase expuso otro movimiento que empieza a desarrollarse dentro del peronismo: la aceptación pragmática de que Cristina Kirchner todavía conserva una centralidad política que ningún otro dirigente logró reemplazar.

Pichetto también dejó una frase dirigida directamente a Kicillof: “Si algo le debería decir es que la vaya a ver”. Detrás de esa recomendación aparece otra preocupación que atraviesa al PJ: muchos dirigentes peronistas creen que una ruptura definitiva entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof podría destruir cualquier posibilidad competitiva hacia 2027.

El gobernador necesita autonomía política para construir volumen electoral y evitar el destino de Alberto Fernández. Pero Cristina Kirchner sigue conservando un nivel de centralidad, representación simbólica y capacidad de ordenamiento interno que el peronismo todavía no consiguió reemplazar. Todos saben que tiene voz y muchos votos.

Esa tensión es la que explica por qué el fantasma de Cámpora volvió a aparecer dentro del peronismo medio siglo después.