El gobierno del Reino Unido confirmó esta semana el reemplazo de los cuatro cazas Typhoon Tranche 1 desplegados en las islas Malvinas por aeronaves Tranche 2 de mayor capacidad operativa, en la rotación prevista para fines de noviembre de 2027.

La confirmación llegó en plena escalada diplomática entre Londres y Buenos Aires, tras los anuncios del presidente Javier Milei —sanciones a petroleras y construcción de una base naval en Tierra del Fuego—, impulsados por declaraciones del mandatario estadounidense Donald Trump que sugirieron una posible revisión del apoyo histórico de Washington al control británico del archipiélago.

La información -que difundió UK Defence Journal, revista especializada en defensa británica- surgió de la respuesta parlamentaria del ministro de Estado para la Preparación e Industria de Defensa, Luke Pollard, quien respondió una consulta del diputado conservador Ben Obese-Jecty. El legislador había preguntado qué pasos tomó el gobierno para reemplazar los cuatro Typhoon Tranche 1 de la 1435 Flight —el escuadrón de la Fuerza Aérea Real (RAF) estacionado en el archipiélago— cuando sean dados de baja en 2027.

Pollard confirmó que “los cuatro aviones Typhoon Tranche 1 actualmente asignados a las Fuerzas Británicas en las Islas del Atlántico Sur serán reemplazados por cuatro Typhoon Tranche 2 de la flota existente durante la rotación prevista para fines de noviembre e inicios de diciembre de 2027”.

El mismo funcionario agregó que, tras su regreso al Reino Unido, los Tranche 1 serán dados de baja del Registro de la Autoridad de Aviación Militar e ingresarán al proceso de desguace. El ministro también aclaró que los F-35 Lightning del país permanecen disponibles para misiones operativas globales, según las prioridades de Defensa.

La pregunta de Obese-Jecty sobre los aviones no fue la única que planteó en ese contexto. El mismo parlamentario también consultó sobre las conversaciones mantenidas con sus pares estadounidenses y con la Oficina del Programa Conjunto del F-35 acerca del uso futuro del F-35B en la defensa de las islas, y recibió una respuesta idéntica por parte del ministerio.

Una mejora en capacidad de combate

Los Typhoon Tranche 1 son los primeros ejemplares de producción del programa, entregados desde principios de la década de 2000 bajo un estándar que no fue incorporado en los ciclos de actualización posteriores. Desde 2019 se retiran de forma progresiva; los fuselajes restantes se destinaron principalmente a entrenamiento y a la guardia permanente en las Malvinas, donde la exigencia operativa central es la alerta de reacción rápida antes que el espectro completo del combate moderno.

Los Tranche 2, en cambio, cuentan con radar, aviónica y armamento más avanzados, y recibieron sucesivas mejoras, entre ellas el paquete de mejora Phase 3 Enhancement, que incorpora los misiles Storm Shadow, Brimstone y Meteor. El reemplazo implica, por lo tanto, una mejora real de capacidades, aunque las aeronaves provienen de la flota existente de la Fuerza Aérea Real y no de producción nueva, lo que supone una redistribución del orden de batalla del cuerpo aéreo.

La nota de UK Defence Journal aclaró que la confirmación del reemplazo de los aviones es, en sí misma, independiente de la tensión diplomática en curso, pero señaló que resultó relevante como señal del compromiso militar permanente de Londres con el archipiélago.

Milei escala el reclamo con respaldo implícito de Trump

La escalada diplomática en torno a las Malvinas tomó nuevo impulso a comienzos de septiembre, cuando Milei pronunció un discurso por cadena nacional en el que aseguró que “las islas Malvinas son argentinas por historia y por derecho” y anunció medidas concretas: sanciones a las empresas involucradas en la explotación de hidrocarburos en el archipiélago sin autorización argentina, una ampliación de los recursos del Ministerio de Defensa para construir una base naval en Tierra del Fuego y el envío al Congreso de un proyecto de ley de soberanía nacional.

El mandatario argentino justificó la aceleración de sus acciones en declaraciones previas de Trump, quien había señalado ante periodistas que “siempre revisa todas sus posturas” al ser consultado sobre la posición de Estados Unidos respecto a las islas. En una entrevista posterior con la cadena británica GB News, Trump también recordó el conflicto de 1982 y afirmó que “eso quedó muy lejos, es un viaje largo”, en una expresión que fue leída en Buenos Aires como un distanciamiento del apoyo histórico a Londres.

Milei interpretó esas palabras como un aval tácito. “El presidente Trump declaró que los Estados Unidos están reevaluando su posición histórica en relación a Malvinas”, dijo, y agregó que Washington considera ese cambio “porque sabe que en Argentina tiene un socio confiable, alineado con los valores occidentales, en una posición de relevancia estratégica”.

El gobierno de Burnham descarta negociar la soberanía

El gobierno del primer ministro Andy Burnham respondió con firmeza en cada instancia. El secretario de Defensa, Wes Streeting, publicó en la red social X que “las Malvinas son británicas porque los isleños eligen ser británicos” y calificó el discurso de Milei como un reflejo de “la política interna argentina” antes que una amenaza real al archipiélago. El canciller Ed Miliband sostuvo que el Reino Unido defenderá “con resolución” el derecho a la autodeterminación de los isleños, consagrado en el derecho internacional.

Desde el Parlamento, el diputado Obese-Jecty también había interpelado al gobierno sobre la respuesta ante los llamados de Milei a retomar negociaciones de soberanía. En esa oportunidad, el ministro de Estado para Asuntos Exteriores, Stephen Doughty, fue categórico: “No se requiere ninguna evaluación al respecto”, añadiendo que “el apoyo inquebrantable del Reino Unido al derecho de autodeterminación de los isleños permanece sin cambios, y nuestra posición sobre la soberanía y la defensa de las islas Falkland es igualmente firme y consistente”.

El gobierno de las islas Malvinas expresó su “completa confianza” en el compromiso del Reino Unido de defender su derecho a la autodeterminación. Por su parte, el canciller argentino Pablo Quirno señaló que Argentina “expresa nuevamente su voluntad de retomar las negociaciones bilaterales con el Reino Unido que permitan encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía”.

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La oposición definió avanzar en un pedido de citación en el Senado de la Nación contra el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, luego de la información que brindó el funcionario días atrás acerca del destino de reservas de oro pertenecientes al país.

En el pedido que ingresó hoy y que es empujado por la senadora Juliana Di Tullio y Martín Soria, ambos del PJ, con el acompañamiento del bloque, se pide la citación con carácter de “urgente” al titular del BCRA a las comisiones para que brinde nuevas explicaciones ante las comisiones correspondientes del Senado para “brindar informes detallados, verbales y documentados sobre el traslado y la localización de las reservas de oro al exterior realizado durante 2024”.

En el listado de consultas que los senadores “exigen” que Bausili vaya a explicar dónde se encuentran el “⁠Destino y custodia: Fechas de traslado, empresas involucradas en el transporte terrestre y aéreo, lugar exacto de depósito, cantidad de lingotes y responsables de la evaluación de su calidad”. Asimismo, que explique las ⁠“condiciones contractuales y rendimientos: Plazos, beneficios acordados para el país, responsabilidades de seguridad y los rendimientos proyectados o generados por las colocaciones”.

Un punto fundamental que también está estudiando la auditoría es el de riesgo de embargos, por lo que piden que explique “si el Estado argentino o el BCRA recibieron notificaciones formales sobre intenciones de embargo cautelar o ejecutivo por parte de acreedores extranjeros”.

Luego también solicitaron explicaciones sobre las razones por las que en la memoria y los Estados Contables del 2024 y 2025 “omitieron precisar la cantidad, valuación, localización y riesgos de la operatoria, y si dicha omisión contraviene las Normas Contables Profesionales Argentinas y las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF / NIC 1)”.

Por último, quieren que lleve las actas de Directorio o actuaciones administrativas dictadas para la tramitación del envío del metal precioso.

El pedido es consecuencia de los dichos del titular del BCRA hace unos días, en donde, por primera vez, explicó que las reservas en oro que fueron retiradas de las arcas de la entidad financiera se encuentran en un banco en Suiza y que todo ese proceso había sido auditado por la Auditoría General de la Nación.

Un día más tarde de la exposición de Bausili, Di Tullio señaló que esa información no era cierta, que las 13 toneladas en lingotes de oro se encuentran en Inglaterra y que el funcionario mintió. “Todos saben que el oro de los argentinos está en el Bank of England en Londres, pero Bausili le miente a los argentinos y a los senadores y senadoras de la Nación”, dijo Di Tullio.

Pero el titular del Banco Central no sólo habría mentido respecto al destino de los lingotes de oro, sino que su explicación respecto del rol de la AGN también dejó un manto de duda. En esa línea, según el titular del organismo que realiza las auditorías, Juan Manuel Olmos, las expresiones del funcionario darían a entender que se realizaron y se aprobaron y que eso no sucedió.

Bausili dijo en su presentación que tanto los balances 2023, 2024 y 2025, así como el movimiento del oro, “fue auditado por la AGN”. Olmos explicó que “los balances 2023 y 2024 sí, pero el resto no. Además, el movimiento del oro es una auditoría separada que recién ahora se puede hacer porque antes no entregaban la información”.

En ambos casos, las palabras del presidente del Banco Central, quien hizo referencia a que se había armado una “novela” respecto del destino de las 13 toneladas de oro, están en duda. Pero en lo que tiene que ver con la auditoría, eso es algo que todavía no sucedió como consecuencia de lo que Olmos llamó “la negativa del BCRA a brindar información”.

Mientras tanto, en el oficialismo buscan acelerar el tratamiento de la modificación de la Carta Orgánica con el fin de lograr atornillar a Bausili a la silla del Banco Central, ya que uno de los artículos que busca aprobar es que para despedir al presidente de la entidad hacen falta los dos tercios de ambas cámaras.

Es en ese sentido que el oficialismo llamó a Labor Parlamentaria para este miércoles a las 14 horas con la intención de ir al recinto el jueves y aprobar definitivamente la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central e Inocencia Fiscal II.

Ante la llegada del Presupuesto 2027, el Senado se prepara para sancionar dos proyectos centrales para la administración de Javier Milei: la Reforma a la Carta Orgánica del Banco Central y los cambios a la Ley de Inocencia Fiscal.

Ambas iniciativas lograron los dictámenes correspondientes. Ahora, se espera una reunión de labor parlamentaria este miércoles y que se defina la sesión, aunque la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, la confirmó este lunes tras dar una charla en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires que el tratamiento será este jueves.

Reforma del Banco Central

El proyecto de Reforma a la Carta Orgánica lo defendió el titular del Banco Central, Santiago Bausili, el miércoles 9 de septiembre en un plenario de las comisiones de Economía e Inversiones y Presupuesto y Hacienda. Allí se dictaminó y planteó: “Consideramos que la carta orgánica del BCRA es una estructura legal que no merece ser revisada continuamente, su estabilidad en el tiempo provee un valor muy importante para la economía”.

Agregó que la Reforma está centrada en cinco ejes: “Replican elementos básicos que contienen las cartas orgánicas de los bancos centrales de la mayoría de los países que han sido exitosos en erradicar la inflación”.

En este sentido, la senadora Patricia Bullrich planteo: “Esta reforma no le pertenece a este Gobierno. Le pertenece a cualquier Gobierno que quiera que la Argentina deje de ser un país marginal”.

Sin embargo, desde la bancada Justicialista de José Mayans rechazaron la propuesta, la calificaron como “inconstitucional” y cuestionaron que los cambios concentren la toma de decisiones en el Directorio y limiten casi hasta su extinción la capacidad de control parlamentario.

Uno de los principales objetivos del Gobierno con la reforma es reforzar como función central del Banco Central la preservación del valor de la moneda. El proyecto modifica el funcionamiento del organismo, busca limitar los mecanismos de financiamiento del Estado mediante emisión monetaria, establece nuevas reglas para la distribución de las utilidades y apunta a fortalecer la independencia de sus autoridades.

Entre los cambios aprobados por Diputados figura la eliminación de la posibilidad de que el ministro de Economía participe con voz en las reuniones del Directorio del Banco Central.

También establece nuevas condiciones para la remoción de las autoridades del BCRA. El presidente, el vicepresidente y los directores solo podrán ser apartados de sus cargos por las causales expresamente previstas en la ley. La destitución, además, deberá contar con la aprobación previa de ambas cámaras del Congreso, con una mayoría de dos tercios de los miembros presentes.

El sistema de designación se mantiene: los integrantes del Directorio serán propuestos por el Poder Ejecutivo y deberán contar con el acuerdo del Senado por mayoría simple.

La Reforma ya cuenta con la sanción de Diputados desde el pasado 26 de agosto cuando fue aprobada por 144 votos a favor, 102 en contra y nueve abstenciones.

Inocencia Fiscal II

Los cambios a la Ley de Inocencia Fiscal es la segunda iniciativa que formará parte del temario de la sesión que impulsa para este jueves La Libertad Avanza en el Senado. La iniciativa también cuenta con la sanción de la Cámara de Diputados desde el pasado 26 de agosto.

Entre los cambios propuestos, principalmente desde los sectores aliados a la Casa Rosada, el oficialismo aceptó excluir de manera total e incondicional a los funcionarios públicos de los beneficios y las presunciones contemplados en el régimen. La restricción alcanza a quienes ocupen cargos de alta responsabilidad pública, a quienes los hayan ejercido durante los cinco años anteriores a la adhesión y a quienes los desempeñen en el futuro.

En el Poder Ejecutivo, quedan excluidos los funcionarios y empleados con rango igual o superior al de secretario de Estado de los gobiernos nacional, provinciales, municipales y de la Ciudad de Buenos Aires.

En el Poder Legislativo, la medida comprende a diputados y senadores nacionales y provinciales, legisladores porteños, concejales y parlamentarios del Mercosur.