POLITICA
Jorge Macri preadjudicó el Canal de la Ciudad a la empresa del dueño de Carajo y Blender
Pese a las advertencias del Enacom, el Gobierno de la Ciudad avanzó con la licitación del Canal de la Ciudad y preadjudicó la señal porteña a Cale Group Media SA, la firma de Augusto Marini. El empresario es socio del influencer libertario Daniel Parisini -más conocido en redes sociales como Gordo Dan- en el canal de streaming Carajo. También es propietario de la señal opositora Blender.
La administración de Jorge Macri había lanzado la licitación para concesionar los medios públicos el pasado 12 de marzo. Ahora, se encamina a ceder la gestión técnica, operativa y comercial de la televisión pública porteña por cinco años. En el gobierno local aclaran que la decisión de concesionar su gerenciamiento no afecta la titularidad del medio, que seguirá en manos de la Ciudad.
Por la gestión del Canal de la Ciudad, Cale Group Media SA pagará un total de $3.000 millones, lo que equivale a un canon mensual de $50 millones. Se trata, según consta en el acta de preadjudicación publicada en el Boletín Oficial, de la oferta más alta para quedarse con la señal de televisión porteña.
La otra firma que competía por el gerenciamiento del Canal de la Ciudad era Argentinos Media SA, del empresario Marcelo González, propietario de la radio AM 950. Su compañía había propuesto un canon de $15 millones por mes, es decir, menos de un 50% de lo que ofrecía la empresa seleccionada.
Además, según especificaron en la Dirección General de Concesiones y Permisos del Ministerio de Hacienda, la firma de González no entregó toda la información exigida en el pliego licitatorio. Si bien presentó toda la documentación legal y técnica, omitió presentar algunos datos económicos y financieros exigidos como los estados contables ante la Inspección General de Justicia (IGJ) y los detalles sobre su plan de inversión.
Por este motivo, la administración macrista decidió preadjudicar el gerenciamiento del Canal de la Ciudad a la empresa Cale Group SA. Marini, presidente de la empresa, es socio del tuitero oficialista Daniel Parisini, alias Gordo Dan, en Carajo, el canal de streaming oficialista donde recalan influencers alineados con las Fuerzas del Cielo, la agrupación que responde al asesor presidencial Santiago Caputo.
Marini es, a su vez, dueño de la señal de streaming Blender, que mantiene una línea editorial alejada de La Libertad Avanza (LLA) y donde tallan comunicadores como Tomás Rebord, con nexos con algunos sectores del Partido Justicialista.
La concesión de los medios públicos de la ciudad también alcanzaba a las radios AM 1110 y La 2×4. Sin embargo, en esta primera instancia de la licitación, no se registraron ofertas para ambas señales radiales por lo que se resolvió declarar desierto el proceso.
Con la publicación del acta en el Boletín Oficial, se abrió un breve período para presentar impugnaciones a la asignación. En caso de que no se presenten objeciones o ninguna prospere, el gobierno de Jorge Macri quedará en condiciones de formalizar la concesión a la firma de Marini.
El gobierno de Jorge Macri decidió avanzar con la licitación de los medios públicos pese a las advertencias del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). A mediados de abril, el organismo público, que conduce Juan Luis Ozores, había advertido a la administración porteña que concesionar el gerenciamiento del Canal de la Ciudad y las radios públicas podría colisionar con el marco legal vigente.
En particular, en la nota enviada al jefe de gobierno porteño, el Enacom señaló que la iniciativa podría violar la Ley Nacional N°26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, que prohíbe la delegación de la explotación de licencias audiovisuales. Es decir que es el titular de los medios -en este caso el Gobierno de la Ciudad- quien debe estar a cargo de su explotación y no un tercero.
Sin embargo, la administración macrista desestimó, por entonces, las advertencias del organismo regulatorio. Sucede que, en la previa del debate de candidatos a legisladores porteños del año pasado, el jefe de gabinete Manuel Adorni -quien lideraba la lista de LLA en la Capital- había anticipado que su espacio buscaría cerrar la señal estatal.
“Rumbo al Canal de la Ciudad para el debate de candidatos a legisladores porteños. Pro prometió cerrar este canal hace 17 años: hoy le destina 4500 millones de pesos anuales de presupuesto. El kirchnerismo si pudiera lo llenaría de ñoquis y militantes. Nosotros vamos a cerrarlo. Fin”, había escrito el ministro coordinador de Milei.
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POLITICA
La Corte se declaró competente para analizar la demanda bonaerense por subsidios al transporte
La Corte Suprema de la Nación admitió la demanda de la provincia de Buenos Aires contra el Estado Nacional por la eliminación del Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País y le otorgó a la administración nacional 60 días para responder. El planteo busca que se declare inconstitucional la supresión de un mecanismo creado por ley para financiar el transporte urbano y suburbano fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires.
Esta causa se convirtió en el antecedente inmediato de otros reclamos provinciales por el financiamiento del transporte, donde este jueves la Corte Suprema también se declaró competente. Se trata de planteos similares interpuestos por las provincias de La Rioja y La Pampa. Los fallos llevan las firmas de los tres jueces de la Corte Suprema: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
La provincia de Buenos Aires sostuvo que no recibió transferencias durante 2024 y reclamó los recursos correspondientes a 2023 y al primer trimestre de ese año, junto con los intereses. A partir de la medida cautelar planteada, la Corte analizará si corresponde ordenar el pago inmediato de esas sumas una vez que la Nación conteste la demanda o venza el plazo fijado.
El conflicto se originó el 8 de febrero de 2024, cuando el Gobierno de Javier Milei comunicó que dejaría sin efecto los aportes. Días después, el artículo 18 del decreto de necesidad y urgencia 280/2024 formalizó la medida.
Frente a este hecho, la Provincia de Buenos Aires inició una acción contra el Estado Nacional para que se declare la inconstitucionalidad de ese artículo. También pidió que el Gobierno se abstenga de dictar normas o adoptar medidas que contradigan esa ley.
El fondo eliminado y el reclamo por las tarifas
El Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País, conocido como FCI, fue creado por el artículo 125 de la ley 27.467 para sostener subsidios al transporte de pasajeros en las ciudades del interior.
Buenos Aires argumentó que el mecanismo seguía vigente cuando fue eliminado. La ley 27.701 lo había prorrogado durante 2023 y el decreto 88/23 extendió su vigencia para 2024.
La continuidad también estaba contemplada en la resolución 86/23 del Ministerio de Transporte, que fijó la distribución de recursos para los primeros cuatro meses de 2023. La provincia señaló, además, que había suscripto convenios con la Nación que confirmaban la persistencia del beneficio.
La demanda fue presentada por el fiscal de Estado bonaerense, Hernán Rodolfo Gómez, y Jorge Mario Bru. Los representantes provinciales cuestionaron que el Poder Ejecutivo Nacional derogara el fondo a través de un decreto de necesidad y urgencia.
La provincia denunció una afectación del principio de legalidad, de la división de poderes y de la lealtad federal, entendida como el deber de cooperación y coordinación entre la Nación y las provincias. La quita del FCI impactó sobre los usuarios del transporte urbano y suburbano de los municipios que recibían compensaciones. Según el planteo bonaerense, la supresión derivó en aumentos de tarifas.
La procuradora fiscal había emitido el 14 de mayo de 2024 un dictamen favorable para que la Corte interviniera. El tribunal adoptó ese criterio y ordenó notificar el traslado de la demanda al Ministerio de Economía de la Nación.
La Rioja y La Pampa, bajo el mismo criterio procesal
La Rioja también obtuvo el reconocimiento de la competencia originaria de la Corte en su demanda contra el Poder Ejecutivo Nacional y la Secretaría de Transporte. Sin embargo, deberá presentar un nuevo escrito inicial en 10 días para que el conflicto continúe por la vía de un juicio ordinario.
La provincia había promovido una medida autosatisfactiva, un mecanismo de urgencia que procura resolver un conflicto de manera inmediata y sin un juicio posterior. El tribunal consideró que el caso requiere más etapas de discusión entre las partes.
La resolución adoptó tres decisiones: asumió la competencia originaria, fijó el plazo para reformular la presentación y ordenó notificar a la Procuración del Tesoro de la Nación.
La Corte no desarrolló fundamentos propios para el caso riojano y remitió a lo resuelto en el expediente de Buenos Aires. Consideró que ambas controversias eran “sustancialmente análogas”, una fórmula que permite aplicar un criterio jurídico definido recientemente sin reiterar toda la argumentación.
La provincia de La Rioja está representada por el fiscal de Estado Segundo Rodríguez, con el patrocinio de las abogadas Vilma Ghiano y Leticia Juárez Manfredini. El Estado Nacional tampoco se había presentado en ese expediente al momento de la decisión.
La demanda de La Pampa seguirá el mismo recorrido procesal que la causa bonaerense. El tribunal asumió la competencia originaria y dispuso que el expediente tramite como juicio ordinario, con plazos y posibilidades de prueba más amplios que los de un amparo.
La provincia está representada por el gobernador Sergio Ziliotto, la fiscal de Estado Romina Schmidt y el procurador de Rentas Araldo Arriola. El patrocinio letrado quedó a cargo de Raúl Reyes, Carlos Caasetta, Gerardo Amadeo y Esteban Conte Grand.
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El municipio pampeano de Santa Isabel, a 300 kilómetros de Santa Rosa, fue objeto de una millonaria estafa virtual que vació las arcas del municipio e impidió que pudieran pagarse los salarios, según admitió la propia intendenta, María Elizabet Cabral.
El hecho fue descubierto el lunes último, cuando el personal de Tesorería municipal ingresó al sistema de banca electrónica Pampa Digital, del Banco de La Pampa, y descubrió que se habían hecho dos transferencias bancarias no autorizadas desde una cuenta destinada específicamente al pago de salarios de los empleados municipales.
La intendenta Cabral y la tesorera se dirigieron entonces a la sucursal local del Banco de La Pampa, donde constataron que efectivamente se habían hecho dos transferencias hacia cuentas de terceros, por lo que se procedió al bloqueo de esas cuentas y se presentó la denuncia correspondiente, consignó el diario local La Arena.
Ante la imposibilidad de hacer frente al pago del personal municipal, el gobierno provincial salió al auxilio del municipio, por lo que los empleados no percibirán el cobro de sus haberes el viernes 30 de octubre, como estaba previsto, sino la semana próxima.
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POLITICA
Milei viajará a España y coincidirá en una cumbre con el canciller de Brasil en plena tensión por Bolsonaro: Lula no asistirá
Javier Milei viajará la semana próxima a España para participar de la Cumbre Iberoamericana de Madrid, donde coincidirá con el canciller de Brasil, Mauro Vieira, en medio de las tensiones diplomáticas por la salida de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos a través de la Argentina. Luiz Inácio Lula da Silva no asistirá al encuentro, según confirmó la Presidencia brasileña ante una consulta de TN.
En la Casa Rosada ratifican que Milei viajará a la capital española para participar de las actividades previstas para el 4 y 5 de noviembre, aunque todavía no está cerrada la agenda presidencial. Tampoco se definió públicamente el horario de salida ni la composición definitiva de la comitiva. El Gobierno trabaja en los preparativos de la gira después de que el mandatario evaluara durante las últimas semanas su participación.
La ausencia de Lula quedó confirmada por la Presidencia brasileña, que informó que no está prevista su participación en esa agenda. La decisión descarta el eventual encuentro entre ambos mandatarios que se había planteado después de la reelección del presidente brasileño. Brasil estará representado por su canciller, Mauro Vieira.
La coincidencia se producirá pocos días después de que Quirno y Vieira participen de la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20 en Atlanta, Estados Unidos, convocada para este viernes 30 y sábado 31 de octubre. El encuentro será encabezado por el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, en un contexto de creciente controversia por el traslado del excandidato presidencial brasileño a Miami.
La relación entre Milei y Lula atraviesa uno de sus momentos de mayor tensión después de las elecciones del domingo, en las que el mandatario brasileño consiguió la reelección frente a Bolsonaro. El Presidente argentino respaldó públicamente al candidato opositor durante la campaña y evitó felicitar a Lula por su victoria. El Gobierno se limitó a informar que había tomado nota del resultado electoral.
El conflicto se profundizó después de que Bolsonaro ingresara a la Argentina por Puerto Iguazú el martes 27 de octubre y abordara un avión privado hacia Estados Unidos, pese a una prohibición judicial de abandonar Brasil. La Casa Rosada sostiene que el dirigente presentó documentación válida y que no existían impedimentos registrados para su tránsito, mientras distintas investigaciones buscan determinar si hubo una colaboración irregular de organismos nacionales.
En el Gobierno argentino aseguran que ya remitieron a la Justicia las actuaciones solicitadas sobre el ingreso y la salida del senador brasileño. La documentación incluye registros de Migraciones y antecedentes vinculados con la Policía de Seguridad Aeroportuaria. El Ejecutivo sostiene que se respetaron los procedimientos legales y que no existía una alerta internacional que obligara a impedir el ingreso del dirigente.
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