El intendente de Pilo Lil, una pequeña comunidad de Neuquén ubicada a 55 kilómetros de Junín de los Andes, quedó involucrado en una violenta pelea con quien ocupó ese cargo antes que él.

El enfrentamiento ocurrió dentro de una sede gubernamental y llegó a un punto crítico cuando el exjefe comunal sacó un cuchillo. Todo quedó registrado en imágenes.

El episodio fue filmado por una funcionaria que se encontraba en el lugar y las grabaciones fueron entregadas a la Fiscalía de Junín de los Andes y a autoridades del Ministerio de Seguridad de Neuquén. Si bien no se conoció todo el registro, algunas capturas del video fueron difundidas por el medio local LM Neuquén.

En ellas se observa a Eliseo Díaz, exjefe comunal, con un cuchillo en la mano. Frente a él se ve a Raquel Fantini, pareja del actual jefe comunal, Andrés Avelino Infante, quien se interpuso entre ambos. Según Infante, la intervención de su esposa evitó que fuera apuñalado.

Cómo comenzó la pelea

De acuerdo con medios locales, el conflicto se inició cuando Díaz le pidió a Infante un camión municipal para trasladar fardos de pasto destinados a sus animales el jueves.

Infante le solicitó que hiciera una nota formal para justificar el gasto. Según explicó, las Comisiones de Fomento de la provincia cuentan con aportes destinados al combustible que deben ser rendidos.

El pedido derivó en una fuerte discusión dentro de las oficinas. Según relató Infante a LM Neuquén, cuando se encontró con su predecesor, Díaz tuvo una “primera reacción” de mucha agresión.

La confrontación se extendió durante unos 20 minutos, entre gritos, insultos, amenazas y empujones. En ese contexto, Infante aseguró que Díaz le dijo: “Hijo de p…, te voy a matar, me tenés podrido”.

La pelea llegó a su punto máximo cuando el exjefe comunal sacó un cuchillo que llevaba en la cintura. “Si estiraba el brazo me apuñalaba”, sostuvo Infante.

La versión del intendente

Después de que el episodio tomara repercusión nacional, Díaz dio su versión de lo ocurrido. El exjefe comunal aseguró que llegó a la sede gubernamental “con buenas intenciones” y negó haber tenido la intención de atacar a Infante.

“Si hubiera querido pegarle, me llevo a otro”, afirmó. Además, dijo que Infante lo tomó a los empujones y tirones, pese a su discapacidad motriz: “Tengo una debilidad en las piernas por una enfermedad de hace muchos años, toda la gente lo sabe. Gracias a Dios le aguanté los tirones”, afirmó.

Díaz también cuestionó la interpretación de las imágenes y sostuvo que antes de sacar el cuchillo habría ocurrido una agresión. “La mujer le pasó algo a él, no pude ver bien si era tijera, cuchillo o tenedor, pero tenían una herramienta”, aseguró.

Según su relato, fue entonces cuando tomó el cuchillo que llevaba consigo. “No lo amenacé de muerte, usé un verijero (cuchillo de campo) para defenderme”, afirmó.

Sobre el video que quedó en poder de la Justicia, Díaz sostuvo: “No le tengo miedo a ese video. Ahí se va a ver que digo la verdad y que ellos me atacaron primero. Seguro lo grabaron después para decir que yo los ataqué”.

“Él debería haberme atendido en la oficina de la comisión, para eso está. Ese día hizo salir a los empleados temprano para que no haya testigos. Otras veces les hace sumario por irse 15 minutos antes, ese día los hizo firmar e irse. Organizó todo para que yo vaya al parador donde estaba con su mujer y con Eliana Rivera, que está para solucionar problemas y ahora está de testigo de él”, describió.

También lo acusó de maltrato institucional: “Se burla de la gente, abusa de la autoridad. Casi se agarra a piñas con un empleado al otro día, están todos de testigos. Los insulta como si fueran cualquier cosa”.

La investigación

La Fiscalía de la IV Circunscripción quedó a cargo de la investigación para determinar cómo ocurrió el enfrentamiento. El análisis de las imágenes registradas durante la discusión será una de las pruebas centrales para esclarecer lo sucedido.

Fuentes judiciales consultadas por LM Neuquén fueron contundentes: “Fue totalmente una locura la actitud de Díaz de exhibir un cuchillo durante una discusión y en tono amenazante, y más habiendo dos mujeres”.

Además del video tomado dentro de las oficinas, las cámaras de seguridad ubicadas cerca del destacamento local también habrían registrado amenazas que Díaz habría realizado al retirarse del lugar donde se desarrollaba la reunión institucional.

Infante radicó dos denuncias relacionadas con el episodio. La primera fue por la pelea que mantuvo con Díaz y la segunda por una supuesta agresión y amenazas que habría protagonizado el hijo del exjefe comunal.

Neuquén, intendente, Pelea

La conflictividad laboral en Argentina registró una caída récord en julio pasado: los conflictos con paro de actividades disminuyeron un 27% respecto al mismo mes de 2025, mientras los conflictos sin paro sufrieron un retroceso del 43%, según el último relevamiento de la Dirección de Estudios y Estadísticas de Relaciones de Trabajo de la Secretaría de Trabajo de la Nación.

La baja de los conflictos también quedó reflejada en la cantidad de participantes: 114 mil trabajadores adhirieron a huelgas, con una baja del 33% anual y del 70% en comparación con junio de 2026, sumando 225 mil jornadas individuales no trabajadas, lo que representa un descenso interanual del 24% y del 52% respecto al mes inmediato anterior.

Este descenso en todos los parámetros configuró la cifra más baja de huelguistas y jornadas de paro del último año e hizo visible un cambio de tendencia tras los picos que se habían registrado en la última parte de 2025 y los primeros meses de 2026. En total, se contabilizaron 123 conflictos laborales: 86 sin paro y 37 con paro. La comparación mensual refuerza este cuadro: los conflictos con paro cayeron también 5% frente a junio, y las jornadas perdidas bajaron a menos de la mitad.

Al desglosar los datos por empleador, el informe oficial identificó matices relevantes. En el sector estatal, la cantidad de conflictos con paro disminuyó 24% en doce meses, y la de huelguistas, 25%. Sin embargo, las jornadas de paro aumentaron 13%. Esto implica que, aunque hubo menos paros y menos huelguistas, creció la duración media de los conflictos estatales.

En contraparte, el ámbito privado mostró una reducción mucho más brusco de la conflictividad: se registró una baja del 28% en el número de conflictos con paro, una reducción del 70% en el número de huelguistas y una caída del 91% en la cantidad de jornadas no trabajadas. Así, el clima de conflictividad en el ámbito privado se retrajo de manera notoria, reforzando el peso relativo que asumió el sector público en la estadística general.

Este patrón quedó ilustrado en cifras específicas: en julio de 2026 sólo hubo 13 conflictos con paro en el sector privado y 25 en el estatal. Además, los conflictos estatales concentraron 104.503 huelguistas y 215.083 jornadas perdidas frente a apenas 9.358 huelguistas y 9.906 jornadas que hubo en el sector privado.

A la hora de analizar los motivos de los conflictos con paro, el informe reveló que 57% respondieron a reclamos por mejoras salariales, es decir, 21 de los 37 conflictos con paro registrados en julio. Esta proporción, si bien cae en números absolutos respecto a 2025, mantiene un peso predominante en el total. Los conflictos originados en pagos adeudados sumaron 7 casos (19%), manteniendo su participación en el universo de reclamos.

Los despidos o la renovación contractual se ubicaron en tercer lugar, aunque muy lejos (3 conflictos en julio de 2026), confirmando la centralidad de los reclamos por el poder adquisitivo en la agenda gremial. Las demás causas (condiciones de trabajo, seguridad, representación) quedaron reducidas a números marginales o nulos.

Donde la conflictividad mostró mayor concentración fue en la enseñanza (32% de los conflictos con paro de julio), seguida por la administración pública (27%) y el sector salud (17%). Estos tres rubros juntos reunieron el 76% de todos los conflictos con paro, reafirmando una tendencia estable que se repetía desde 2025.

En cambio, sectores como la industria manufacturera, el transporte y otros servicios empresariales participaron de forma limitada o marginal en el cuadro general de protestas, y no se registraron conflictos con paro en actividades como agro, pesca, hotelería o comercio.

La geografía de la protesta laboral también presentó un patrón definido, de acuerdo con el estudio de Trabajo. La provincia de Buenos Aires encabezó la lista, con 9 conflictos con paro, seguida por Córdoba (4). Sin embargo, tres conflictos atravesaron a todo el país, mostrando su carácter federal o multisectorial. No se registraron conflictos con paro en la Ciudad de Buenos Aires durante julio, aunque sí en meses anteriores.

La dispersión territorial incluyó casos aislados en provincias como Chubut, Jujuy, Santa Cruz, Neuquén y Tierra del Fuego, aunque siempre en niveles muy por debajo del centro neurálgico bonaerense y cordobés.

En el universo de conflictos sin paro, la contracción fue aún mayor: se reportaron 86 casos en julio, 43% menos que un año antes y 12% menos que en junio. Las acciones más frecuentes en estos conflictos resultaron ser la concentración (45% de los casos) y la declaración organizativa (21%). El informe señaló que la concentración callejera se mantuvo como la acción sindical más utilizada a lo largo de todo el período.

A su vez, cuando se cruza el tipo de acción con el motivo de los reclamos, surgen otros datos: los conflictos sin paro se debieron sobre todo a mejoras salariales (34 casos) y despidos (23). En los primeros, predominó la declaración organizativa, la concentración y la movilización; en los segundos fue la manifestación colectiva el eje de las protestas.

Un 59% de los conflictos sin paro recurrió como acción principal a la concentración y la movilización, confirmando la centralidad del repertorio de acciones directas en la estrategia gremial reciente.

Durante julio pasado, el repertorio de acciones registró también anuncios de futuras medidas de fuerza, quites de colaboración, bloqueos y hasta ocupaciones, aunque en proporciones muy reducidas, mientras que sólo un caso de ocupación fue registrado ese mes.

El dato final del informe refleja el fenómeno de descenso simultáneo de conflictividad, huelguistas y jornadas caídas, junto con la reconfiguración sectorial y territorial del conflicto laboral, además de un desplazamiento de la agenda reivindicativa hacia los reclamos salariales en el sector público y de servicios.

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado reabrió este martes el tratamiento del proyecto de reforma electoral enviado por el Poder Ejecutivo. El texto propone, en su artículo 30, sustituir por completo el Capítulo IV bis del Código Electoral Nacional, titulado “De la campaña electoral y el debate presidencial obligatorio”, por un capítulo referido únicamente a la campaña.

De aprobarse esa redacción, quedarían fuera del Código los artículos que regulan la obligatoriedad, la organización, la realización, la transmisión y la autoridad de aplicación de los debates presidenciales.

Este martes, las organizaciones Club Político Argentino, Constituya, Debate Argentino, Directorio Legislativo, Ser Fiscal, Fundación Avina y Poder Ciudadano, enviaron a los senadores de esa comisión una petición para que se preserven las normas del Debate Presidencial Obligatorio y se adecuen únicamente las cláusulas que hoy remiten a las PASO. Los firmantes aseguraron que la reforma puede modificar o eliminar las primarias, pero que ese cambio no debería producir, como efecto colateral, la desaparición de los debates.

La obligatoriedad de esos encuentros se incorporó al Código Electoral Nacional por la Ley 27.337, sancionada en 2016 con mayorías amplias en ambas Cámaras. Desde entonces, el debate dejó de depender de la voluntad de los candidatos y pasó a ser una regla permanente del proceso electoral.

La norma vigente obliga a participar a quienes superen el piso de votos de las PASO y prevé dos instancias, una de ellas en el interior del país, un debate adicional en caso de ballotage, transmisión pública y sanciones ante la incomparecencia.

En su presentación, las organizaciones sostuvieron que “la obligatoriedad del debate exige que los candidatos participen más allá de si lo consideran conveniente o no para su campaña electoral. Una ley consensuada protege el debate con independencia de quién gobierne, quién lidere las encuestas o qué fuerza política considere conveniente debatir”.

Además, profundizó el comunicado, el debate no es un derecho de los postulantes, sino de los ciudadanos porque “permite comparar propuestas en un mismo espacio, bajo reglas comunes y en condiciones de igualdad”.

También garantiza “una transmisión pública, gratuita, federal y accesible” y deja un registro de posiciones y compromisos que puede contrastarse después, durante el ejercicio del gobierno.

Por otro lado, las transmisiones alcanzan audiencias comparables a las de los partidos de la Selección en los mundiales, destacaron.

La reforma que busca el gobierno

La iniciativa del Ejecutivo, de 79 artículos, apunta a derogar las PASO, modificar el financiamiento partidario, introducir cambios en la Boleta Única de Papel e incorporar la Ficha Limpia.

El oficialismo retomó la discusión en comisión, presidida por el senador Agustín Coto, sin contar todavía con los 37 votos que exige la mayoría absoluta en el Senado.