El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, defendió la compra de una casa de fin de semana por US$ 300.000 en Tafí del Valle. La operación generó polémica en la provincia cuyo régimen local no obliga a hacer pública las declaraciones juradas de los funcionarios.

El mandatario provincial aseguró que la transición de la propiedad, cuya escritura data del 13 de diciembre de 2024 e hipotecada a favor del Banco Macro por $266.250.000, fue “totalmente legal, transparente y declarada”.

“Voy a reiterar las explicaciones que en algún momento las di pero que para algunos sectores no quedó demasiado claro o se le dio un destino totalmente desvirtuado. Mi obligación como gobernador, como político y como tucumano es dar las explicaciones correspondientes”, empezó Jaldo desde la Casa de Gobierno, según informó La Gaceta.

Y explicó: “Esa casa la compré yo en Tafí del Valle -uno de los principales destinos turísticos de la provincia- legitimante a nombre de quién habla y a nombre de mi esposa. Invertí en Tucumán, no me fui a invertir fuera del país ni fuera de la provincia”.

Asimismo, argumentó que sus ingresos no provienen exclusivamente de la función pública. “Hoy cumplo el rol de gobernador, pero no vivo de la política; tengo una actividad privada, inscrita en Arca, que es la agrícola y ganadera registrada hace más de 40 años”, señaló para justificar el financiamiento otorgado por el Banco Macro, la entidad privada que actúa como agente financiero de la provincia.

Y continuó: “Esa actividad privada no figura bajo ninguna sociedad, es una empresa unipersonal, no me cobijo bajo ninguna figura jurídica sino que toda actividad está a nombre mío. Yo estoy acostumbrado a poner la cara y la obra legalmente».

Tal como publicó , la propiedad que Jaldo adquirió en Tafí del Valle siendo gobernador cuenta con una superficie de 2347,38 metros cuadrados. La operación se formalizó por US$300.000 dólares y la inscripción se realizó el 22 de enero de 2025. La propiedad figura a nombre de Jaldo y de su esposa, Ana María del Valle Grillo, según la documentación del Registro Inmobiliario.

Su última declaración jurada pública en la Oficina Anticorrupción (OA) fue en 2016, cuando asumió una banca como diputado nacional. El año pasado también debió haberla presentado porque fue candidato a una banca en el Congreso. “Siempre dijo que era una postulación testimonial. Renunció [a la banca ganada] y no fue proclamado”, justificaron desde la gobernación ante la consulta de este diario.

La nueva propiedad de Jaldo, un gobernador peronista que a menudo actuó como aliado de La Libertad Avanza, se conoce en una coyuntura en la que están en el centro de la escena las declaraciones juradas presentadas por funcionarios nacionales ante la OA y también el reparto de créditos hipotecarios del Banco Nación para funcionarios y legisladores aliados del oficialismo.

En Tucumán los funcionarios provinciales están obligados por la ley N°3981 a presentar su declaración jurada, pero no a hacerla pública. No hay en la provincia tampoco una suerte de OA que exija el cumplimiento de la norma.

El Senado sancionó este jueves, con 40 votos favorables y 26 negativos, una ley que prorroga la vigencia del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas y Municiones para su destrucción y que establece mecanismos para agilizar la regularización de la tenencia de armas de fuego en manos particulares.

El proyecto había sido votado en 2024 por la Cámara de Diputados y llevaba más de un año y medio demorado en el Senado por falta de apoyo político. Ese obstáculo se logró superar durante el pasado mes de marzo, a pesar de las disidencias planteadas por el kirchnerismo.

La ley incorpora un nuevo mecanismo para incentivar el blanqueo de la tenencia legítima de armas a partir de la aplicación de métodos que agilizan y simplifican la presentación de la declaración ante las autoridades nacionales, la cual podrá hacerse de manera virtual.

El proyecto fue informado por la senador Carolina Losada (UCR-Santa Fe), quien destacó que lo más importante del programa “es la trazabilidad” de la portación de armas, ya que la información se va a cruzar con datos aportados por la justicia.

En ese sentido, Losada destacó que gracias a este procedimiento, una persona que tenga una medida judicial, como una perimetral, perderá de manera automática el permiso para portar armas.

El kirchnerismo cuestionó la iniciativa con el argumento de que la facilidades que otorga la ley para la obtención del permiso para la tenencia de armas “van a traer más miedo, más muerte y más inseguridad para los argentinos”, como afirmó Martín Soria (Río Negro).

También apuntaron sus críticas a las medidas adoptadas por el gobierno de Javier Milei que flexibilizaron las condiciones para la adquisición de armas de guerra y de implementos, como silenciadores y miras infrarrojas.

“Esta ley es la frutilla del postre porque, por un lado te permito comprar silenciadores, y por el otro, te hago un blanqueo para que lo puedas declarar”, se quejó Anabel Fernández Sagasti (Mendoza). “Todos sabemos que un arma de fuego en un hogar crea violencia, genera oportunidad para el suicidio”, alertó la legisladora.

La réplica del oficialismo no se hizo esperar. “Pensar que esta ley es armar a la gente es absolutamente equivocado, no busquen fantasmas en esto”, afirmó Patricia Bullrich (LLA-Capital). “Esta es una ley bien pensada, que genera trazabilidad y que va a modernizar el sistema y sólo van a poder andar por las calles las armas con portación, y para tenerla las condiciones son díficiles”, agregó.

Uno de los procedimientos contemplados en la ley es el beneficio para quienes renueven su Credencial de Legítimo Usuario dentro de los 90 días previos de su vencimiento, los que se verán exentos de tener que volver a acreditar la idoneidad en el manejo de armas ante el Registro Nacional de Armas de Fuego (Renar).

La norma también declara la prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, el que seguirá vigente hasta el 31 diciembre de 2027. Este régimen permite deshacerse de manera anónima y, por lo tanto, sin consecuencia legales a quienes tengan en su poder armas no declaradas, las que serán dispuestas para su posterior destrucción.

En el proceso, no se piden datos personales, ni se verifica el origen del arma. El trámite se inicia de manera virtual, a partir del ingreso del número de serie del arma en el sistema del Renar con el objetivo de comprobar que no hay un pedido de secuestro judicial sobre el armamento.

Como estímulo, el programa contempla un incentivo económico, un cupón de pago canjeable por dinero en efectivo. Una vez entregada en los puestos autorizados, el arma es inutilizada en el momento para su posterior destrucción total.

Al defender en el Senado la extensión del programa, el director ejecutivo del Registro Nacional de Armas (Renar), Juan Pablo Allan, destacó que con las facilidades otorgadas se incrementó en un 20% la cantidad de armas registradas en los últimos dos años, que pasaron de 300.000 a 360.000.

“Las órdenes que recibimos fueron muy claras. Los ejes de la gestión son digitalizar todo el RENAR y hacer que estar dentro de la ley sea fácil. Y eso hemos hecho y hoy lo vemos en las cifras”, explicó Allan cuando expuso ante los miembros de las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Justicia y Asuntos Penales a principios de marzo último.