Los principales índices de Wall Street prolongaron su repunte este viernes, y el S&P 500 y el Nasdaq alcanzaron nuevos máximos históricos tras haber cerrado abril con las mayores ganancias mensuales en seis años.

Vale recordar que aunque hubo y operatoria en las bolsas de Nueva York, en los principales mercados bursátiles no hubo negocios esta primera jornada de mayo por la conmemoración del Día del Trabajador, que no es celebrado en esta fecha en los EEUU. Por lo tanto, no hubo negocios cambiarios, ni tampoco operaciones con activos en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que retomará la actividad el lunes 4 de mayo .

“El optimismo se veía impulsado tras un informe de medios estatales iraníes que indicó que Teherán había enviado el jueves su última propuesta para las negociaciones con Estados Unidos a los mediadores pakistaníes”, reportó Reuters.

Las subas en los indicadores de Wall Street estuvieron encabezadas por el panel tecnológico Nasdaq, que ganó un 0,9% y superó los 25.000 puntos por primera vez en la historia.

El precio del petróleo crudo cedió posiciones y el barril de Brent del Mar del Norte para entregar en junio cayó 1,6% a USD 108,70, mientras que el crudo intermedio de Texas, también para junio, cayó 2,7% a USD 102,30 en Nueva York.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares se extendieron las bajas, encabezadas por Edenor (-5,2%), Banco Francés (-4,8%), Supervielle (-4,6%) y Banco Macro (-4,4%). Destacó el salto positivo de 3% para Mercado Libre.

En contraste, los bonos soberanos en dólares de la Argentina avanzaron un 1%, mientras que el riesgo país de JP Morgan descontó 16 unidades para la Argentina, en los 539 puntos básicos, su nivel más bajo desde el 22 de abril.

La sesión de este viernes puso fin a una semana intensa de resultados de las grandes tecnológicas y datos económicos en las bolsas de Nueva York. Los analistas prevén ahora un crecimiento de los beneficios para las compañías del S&P 500 en el primer trimestre del 27,8%, el ritmo más rápido desde el cuarto trimestre de 2021 y más que el 16,1% que anticipaban la semana pasada, según datos de LSEG IBES.

Datos económicos publicados el jueves también hicieron temer que el frenesí de compra de acciones pueda estar a punto de sufrir un golpe de realidad, con eventuales tomas de ganancias en zona de máximos.

Aunque el crecimiento económico de Estados Unidos recuperó impulso en el primer trimestre, el gasto de los consumidores, su principal motor, se desaceleró, mientras que la tasa de ahorro personal disminuyó, lo que sugiere que los hogares recurrieron a sus reservas para financiar gastos.

Además, las cifras solo tienen en cuenta un mes de las perturbaciones derivadas de la guerra en Oriente Medio. Con el transporte marítimo a través del Estrecho de Ormuz paralizado, los precios del petróleo podrían convertirse en una carga mayor, especialmente a medida que el impulso de las devoluciones de impuestos del primer trimestre vaya desapareciendo.

La actividad manufacturera de Estados Unidos se mantuvo estable en abril, según mostraron datos del viernes, pero el rendimiento de las entregas de los proveedores empeoró, ya que el conflicto de Oriente Medio interrumpió el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, lo que elevó los precios de las materias primas y otros insumos a su nivel más alto en cuatro años.

El S&P 500 cerró abril con su mayor subida porcentual mensual desde noviembre de 2020, mientras que el del Nasdaq Composite fue el mayor desde abril de 2020. Además, la subida mensual del Dow fue la mayor desde noviembre de 2024.

Las acciones de Apple subieron un 3,2% después de que la sólida demanda de su aparato insignia, el iPhone 17, y del MacBook Neo llevó a la empresa a pronosticar un sólido crecimiento de las ventas para el tercer trimestre fiscal.

El consorcio estadounidense Titan Consortium avanza con medidas judiciales para intentar embargar activos soberanos de Argentina en Estados Unidos, como parte del proceso para hacer efectivo un laudo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por 390,9 millones de dólares. Esta acción se vincula con la expropiación de Aerolíneas Argentinas en 2008, un caso que continúa generando repercusiones legales y financieras para el Estado argentino más de quince años después.

La iniciativa de Titan Consortium se centra en la ejecución del fallo arbitral en tribunales estadounidenses, con el objetivo de asegurar el cobro de la indemnización establecida por el Ciadi. Según la información recabada, Argentina no abonó ningún monto correspondiente a este laudo durante los últimos dieciséis meses, lo que llevó al consorcio a intensificar sus intentos de cobro a través de mecanismos judiciales internacionales.

De acuerdo con Sebastián Maril, analista de Latam Advisors, el aspecto más relevante de la estrategia de Titan es su intención de buscar prioridad sobre los colaterales de los Bonos Brady que el país mantiene depositados en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Esta maniobra se daría incluso tras el acuerdo alcanzado recientemente por Argentina con los fondos Attestor y Bainbridge, que también poseen laudos pendientes y negoriaron el pago con el Estado argentino. Maril remarcó que “Titan buscaría establecer prioridad sobre el colateral de los Bonos Brady depositados en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, aun después del reciente acuerdo de Argentina con Attestor y Bainbridge”.

La controversia por la expropiación de Aerolíneas Argentinas se originó en 2008, cuando el gobierno de Cristina Kirchner estatizó la compañía, en ese momento en manos del grupo español Marsans. El proceso derivó en una serie de disputas legales internacionales, que incluyeron demandas ante el Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial. El laudo de USD 390,9 millones a favor de Titan Consortium es uno de los fallos más onerosos que enfrenta Argentina en el exterior y ha intensificado la presión sobre los activos soberanos en jurisdicción estadounidense.

La estatización de la aerolínea, dispuesta en 2008, se produjo mientras la gestión de la compañía y de Austral estaba en manos del grupo español Marsans. Tras perder el control de la firma de bandera, la extinta compañía española recurrió al Ciadi, que en 2017 estableció que Argentina debía afrontar una compensación de USD 320 millones por la expropiación más intereses.

Posteriormente, Marsans cedió los derechos del litigio a Burford Capital, el fondo británico que también litigó contra la Argentina por la expropiación de YPF. Dos años después, Burford transfirió esos derechos a Titan Consortium, la firma que inició la validación del laudo arbitral ante la justicia del Distrito de Columbia, jurisdicción que incluye a Washington.

Por otra parte, la gestión del grupo Marsans estuvo marcada por la venta de activos clave de Aerolíneas Argentinas, entre ellos oficinas en ciudades como Roma, París, Nueva York, Miami, Madrid, Bogotá, Lima y Caracas, simuladores de vuelo necesarios para la formación del personal y rutas internacionales con destino a Europa. Estas decisiones afectaron la estructura operativa y la posición competitiva de la aerolínea.

Durante la administración del grupo español, Aerolíneas Argentinas y Austral acumularon pasivos cercanos a los 890 millones de dólares. Ambas compañías habían sido adquiridas en 2001 por un valor simbólico de un dólar a un organismo estatal español, situación que forzó al tesoro de España a realizar aportes de capital por unos USD 750 millones para sostener la actividad.

Al momento de la expropiación, se presentaron dos tasaciones: Crédit Suisse, banco privado, calculó que el valor conjunto de Aerolíneas y Austral oscilaba entre USD 250 y USD 450 millones, mientras que el Tribunal de Tasación de la Nación estimó un valor negativo mayor a USD 760 millones, cifra que fue aceptada a nivel legislativo.

Aerolíneas Argentinas finalizó el año 2025 con un resultado operativo positivo de USD 112,7 millones, cifra que representa casi el doble del saldo registrado en 2024, cuando la utilidad había sido de 56,6 millones de dpikares. Así, la compañía estatal logró cerrar su segundo ejercicio consecutivo con números favorables, después de más de una década y media con balances deficitarios.

La empresa alcanzó una facturación superior a los 2.200 millones de dólares. Desde la reestatización, es la primera vez que no se requirieron aportes del Tesoro, según remarcaron desde la propia línea aérea.

Durante 2024, en contraste, se habían solicitado fondos por cerca de USD 60 millones para financiar dos programas de retiros voluntarios, implementados durante el proceso de ajuste iniciado por la nueva administración. El directorio ya comunicó al Ministerio de Economía que no prevé solicitar recursos en 2026.

Entre 2008 y 2023, la compañía presentó en promedio un déficit operativo de USD 400 millones por año (medido a nivel EBIT) y demandó más de USD 8.000 millones en transferencias estatales.

El balance también señala que la cantidad de horas voladas en 2025 se mantuvo respecto al año anterior, con un factor de ocupación del 83% y un promedio de 300 vuelos diarios, que transportaron a 35.016 pasajeros cada día. El total de viajeros durante 2025 llegó a 12.781.016.

Además, la deuda bancaria y financiera de Aerolíneas se redujo un 41%, al pasar de USD 341,9 millones a USD 207,4 millones entre diciembre de 2023 y el mismo mes de 2025, “como parte de una política sostenida de saneamiento de sus cuentas”.

En el Gobierno evalúan sumar a la aerolínea a la nómina de empresas sujetas a privatización en la Ley Bases 2, luego de que no fuera incluida en el primer proyecto por falta de consenso parlamentario. “Hay varios interesados en comprarla y más ahora que es superavitaria”, dicen en los pasillos oficiales.

San José, 1 may (.).- Cientos de costarricenses, en el marco de la marcha del Día de los Trabajadores, protestaron este viernes por las principales calles de San José para defender la histórica jornada laboral de ocho horas, así como exigir salarios dignos y el fortalecimiento de la política social.

Los trabajadores marcharon pacíficamente con pancartas que decían: «Exigimos un alto al injusto congelamiento salarial» y «sube el costo de la vida mientras los salarios se congelan», mientras que gritaban consignas en favor de los derechos laborales y en contra de algunas políticas gubernamentales.

«Estamos defendiendo la histórica jornada de las ocho horas, la que se conquistó con sangre, sudor y lágrimas, porque tenemos fuerzas políticas y económicas que pujan por un cambio constitucional en esa dirección, porque lo que quieren es imponer una jornada de 12 horas sin pago de tiempo extraordinario. Hemos cerrado filas los sindicatos durante muchos años, pero en este Gobierno que entra en mayo se ve más cercana la viabilidad política de eso», explicó a EFE el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Vargas.

El proyecto de ley de jornadas laborales 4×3 ha sido una de las iniciativas impulsadas por el Gobierno del presidente Rodrigo Chaves y de la presidenta electa, Laura Fernández, con la justificación de que atraerá más empresas extranjeras para que generen inversión y empleo bien remunerado.

La iniciativa pretende legalizar las jornadas de 4 días de trabajo de 12 horas y 3 días de descanso, un cambio al que se oponen los sindicatos al considerarlo un retroceso para los derechos de los trabajadores y de la jornada de 8 horas que rige en el Código de Trabajo.

Los sindicatos también exigieron un «alto al congelamiento salarial del sector público», haciendo referencia a que no han habido aumentos en los últimos años, mientras que el costo de la vida continúa en aumento.

«Hoy es un día de memoria, de lucha y de exigencia, estamos en nombre de los trabajadores de educación y no vamos a permitir que sigan precarizando la educación. En este país sube todo pero nuestro salario sigue exactamente igual, hoy tenemos que unirnos para hacer un llamado y finalizar con esta precarización», afirmó Magaly Sandí, del sindicato de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE).

Los grupos sindicales urgieron la creación de un régimen salarial específico y único para cuerpos policiales y la implementación de un nuevo salario mínimo para el sector privado.

«La política salarial está rezagada, el salario mínimo no alcanza para el alto costo de la vida en Costa Rica (…) Además, la desigualdad social continúa en crecimiento en Costa Rica y ahora estamos en una Costa Rica muy desigual, de la cual se nutre el crimen organizado porque los jóvenes que van a la delincuencia y al sicariato vienen de barrios de grandes carencias sociales y económica donde el Estado se retiró», detalló Vargas.

La inseguridad es uno de los principales problemas en Costa Rica. El país registró en 2025 un total de 873 homicidios, la tercera cifra registrada más alta de su historia, y una tasa de 16,7 por cada 100.000 habitantes.

En 2024 la cifra de homicidios fue de 876 y en 2023 de 905, un récord en Costa Rica. El 60 % de los homicidios son atribuidos por las autoridades al narcotráfico.

(foto)(video)