El consorcio estadounidense Titan Consortium avanza con medidas judiciales para intentar embargar activos soberanos de Argentina en Estados Unidos, como parte del proceso para hacer efectivo un laudo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por 390,9 millones de dólares. Esta acción se vincula con la expropiación de Aerolíneas Argentinas en 2008, un caso que continúa generando repercusiones legales y financieras para el Estado argentino más de quince años después.

La iniciativa de Titan Consortium se centra en la ejecución del fallo arbitral en tribunales estadounidenses, con el objetivo de asegurar el cobro de la indemnización establecida por el Ciadi. Según la información recabada, Argentina no abonó ningún monto correspondiente a este laudo durante los últimos dieciséis meses, lo que llevó al consorcio a intensificar sus intentos de cobro a través de mecanismos judiciales internacionales.

De acuerdo con Sebastián Maril, analista de Latam Advisors, el aspecto más relevante de la estrategia de Titan es su intención de buscar prioridad sobre los colaterales de los Bonos Brady que el país mantiene depositados en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Esta maniobra se daría incluso tras el acuerdo alcanzado recientemente por Argentina con los fondos Attestor y Bainbridge, que también poseen laudos pendientes y negoriaron el pago con el Estado argentino. Maril remarcó que “Titan buscaría establecer prioridad sobre el colateral de los Bonos Brady depositados en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, aun después del reciente acuerdo de Argentina con Attestor y Bainbridge”.

La controversia por la expropiación de Aerolíneas Argentinas se originó en 2008, cuando el gobierno de Cristina Kirchner estatizó la compañía, en ese momento en manos del grupo español Marsans. El proceso derivó en una serie de disputas legales internacionales, que incluyeron demandas ante el Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial. El laudo de USD 390,9 millones a favor de Titan Consortium es uno de los fallos más onerosos que enfrenta Argentina en el exterior y ha intensificado la presión sobre los activos soberanos en jurisdicción estadounidense.

La estatización de la aerolínea, dispuesta en 2008, se produjo mientras la gestión de la compañía y de Austral estaba en manos del grupo español Marsans. Tras perder el control de la firma de bandera, la extinta compañía española recurrió al Ciadi, que en 2017 estableció que Argentina debía afrontar una compensación de USD 320 millones por la expropiación más intereses.

Posteriormente, Marsans cedió los derechos del litigio a Burford Capital, el fondo británico que también litigó contra la Argentina por la expropiación de YPF. Dos años después, Burford transfirió esos derechos a Titan Consortium, la firma que inició la validación del laudo arbitral ante la justicia del Distrito de Columbia, jurisdicción que incluye a Washington.

Por otra parte, la gestión del grupo Marsans estuvo marcada por la venta de activos clave de Aerolíneas Argentinas, entre ellos oficinas en ciudades como Roma, París, Nueva York, Miami, Madrid, Bogotá, Lima y Caracas, simuladores de vuelo necesarios para la formación del personal y rutas internacionales con destino a Europa. Estas decisiones afectaron la estructura operativa y la posición competitiva de la aerolínea.

Durante la administración del grupo español, Aerolíneas Argentinas y Austral acumularon pasivos cercanos a los 890 millones de dólares. Ambas compañías habían sido adquiridas en 2001 por un valor simbólico de un dólar a un organismo estatal español, situación que forzó al tesoro de España a realizar aportes de capital por unos USD 750 millones para sostener la actividad.

Al momento de la expropiación, se presentaron dos tasaciones: Crédit Suisse, banco privado, calculó que el valor conjunto de Aerolíneas y Austral oscilaba entre USD 250 y USD 450 millones, mientras que el Tribunal de Tasación de la Nación estimó un valor negativo mayor a USD 760 millones, cifra que fue aceptada a nivel legislativo.

Aerolíneas Argentinas finalizó el año 2025 con un resultado operativo positivo de USD 112,7 millones, cifra que representa casi el doble del saldo registrado en 2024, cuando la utilidad había sido de 56,6 millones de dpikares. Así, la compañía estatal logró cerrar su segundo ejercicio consecutivo con números favorables, después de más de una década y media con balances deficitarios.

La empresa alcanzó una facturación superior a los 2.200 millones de dólares. Desde la reestatización, es la primera vez que no se requirieron aportes del Tesoro, según remarcaron desde la propia línea aérea.

Durante 2024, en contraste, se habían solicitado fondos por cerca de USD 60 millones para financiar dos programas de retiros voluntarios, implementados durante el proceso de ajuste iniciado por la nueva administración. El directorio ya comunicó al Ministerio de Economía que no prevé solicitar recursos en 2026.

Entre 2008 y 2023, la compañía presentó en promedio un déficit operativo de USD 400 millones por año (medido a nivel EBIT) y demandó más de USD 8.000 millones en transferencias estatales.

El balance también señala que la cantidad de horas voladas en 2025 se mantuvo respecto al año anterior, con un factor de ocupación del 83% y un promedio de 300 vuelos diarios, que transportaron a 35.016 pasajeros cada día. El total de viajeros durante 2025 llegó a 12.781.016.

Además, la deuda bancaria y financiera de Aerolíneas se redujo un 41%, al pasar de USD 341,9 millones a USD 207,4 millones entre diciembre de 2023 y el mismo mes de 2025, “como parte de una política sostenida de saneamiento de sus cuentas”.

En el Gobierno evalúan sumar a la aerolínea a la nómina de empresas sujetas a privatización en la Ley Bases 2, luego de que no fuera incluida en el primer proyecto por falta de consenso parlamentario. “Hay varios interesados en comprarla y más ahora que es superavitaria”, dicen en los pasillos oficiales.