El aumento de la informalidad, el envegecimiento de la población, son algunas de las tendencias que están afectando cada vez más la sostenibilidad del sistema previsional argentino. De acuerdo a un informe de Fundación Mediterránea, Se necesitan 34 monotributistas para que con su aporte el día de hoy al sistema se financie una jubilación ordinaria promedio. 

Para las investigadoras Laura Caullo y Guadalupe Galíndez que firman el mencionado reporte, el financiamiento del sistema previsional enfrenta una presión creciente, en principio porque el 44% de los ocupados se desempeña en la informalidad, lo que equivale a más de 9 millones de trabajadores que no realizan aportes previsionales.

Entre quienes sí contribuyen, aumenta la participación del monotributo, un régimen con una capacidad contributiva muy inferior a la del empleo asalariado registrado. En consecuencia, la sostenibilidad del sistema ya no depende sólo de la evolución demográfica, sino también del monto de los aportes que ingresan. En los últimos años, disminuye el peso del empleo asalariado registrado, que históricamente fue el principal sostén del financiamiento previsional.

Cada vez menos peso del trabajo en relación de dependencia

Actualmente, el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuenta con 10,3 millones de aportantes para financiar 7,5 millones de beneficios. De los aportantes, el 74% corresponde a trabajadores en relación de dependencia, y el 26% restante corresponde a independientes. Dentro de ellos, 2,2 millones corresponden al régimen de monotributo y la gran mayoría de ellos (54,8%) aporta en la categoría A, que es la de menores ingresos.

Pero las investigadoras destacan que la participación del monotributo dentro del total de aportantes se duplicó en casi tres décadas: pasó del 9% en 1998 a más del 20% en marzo de 2026. En términos absolutos, la cantidad de monotributistas con aportes al sistema aumentó de 513 mil a 2,2 millones, un incremento del 331%.

«Si bien este cambio amplió la cantidad de trabajadores que realizan aportes, también modificó la estructura de financiamiento del sistema», apuntan. Es que la brecha contributiva entre las dos modalidades de trabajo es muy significativa. El aporte promedio de un monotributista equivale apenas al 2,9% del haber jubilatorio promedio del SIPA.

Así las cosas, mientras que el aporte previsional de un trabajador asalariado registrado del régimen general promediaba en marzo 2026 los $187.098, el aporte promedio de un monotributista es casi 10 veces menor, rondando apenas los $19.215 mensuales. Como resultado, el informe concluye hoy se necesitan 34 monotributistas para financiar una jubilación ordinaria promedio del sistema previsional argentino, pero solo se necesitarían 3,5 trabajadores registrados en relación de dependencia para ofrecer el mismo monto de la prestación. 

En el caso de la jubilación mínima, la comparación es de entre 2,4 asalariados formales frente a casi 23 monotributistas.

Reforma previsional

«Estos resultados no implican que el monotributo sea un problema en sí mismo. El régimen permitió incorporar al sistema previsional a millones de trabajadores independientes que, de otro modo, probablemente permanecerían fuera de la formalidad. Sin embargo, el escenario cambia cuando su creciente participación se combina con una elevada informalidad y con el envejecimiento de la población. En ese contexto, el sistema no solo enfrenta menos aportantes en relación con la cantidad de jubilados, sino también una mayor proporción de trabajadores que realizan aportes de menor magnitud», advierten las investigadoras que se meten así en el debate que enmarca la próxima sanción de la reforma previsional.

Consideran que la reforma previsional deberá abordar la edad de retiro, las trayectorias laborales, los requisitos de acceso, la determinación de los haberes y el envejecimiento de la población, pero también deberá revisar las bases de financiamiento del sistema. 

«El desafío excede a la cuestión demográfica. La sostenibilidad del sistema depende tanto de ampliar la base de aportantes como de mejorar la capacidad contributiva de quienes hoy financian las jubilaciones», concluyen Caullo y Galíndez.