POLITICA
Leila Gianni denunció una escalada de violencia narco en La Matanza: “Los vecinos viven atemorizados”

En los barrios de La Matanza, la preocupación y el miedo se sienten a diario entre los vecinos. Leila Gianni, concejal por La Libertad Avanza, advirtió en Infobae en Vivo sobre una crisis de seguridad marcada por balaceras nocturnas, disputas entre bandas narco y falta de intervención efectiva de las autoridades. La situación alcanza a las 16 localidades del municipio y afecta a familias de los tres cordones urbanos.
La concejal sostuvo que el crecimiento de la inseguridad y del narcotráfico genera temor permanente en los vecinos. Relató que los habitantes de complejos como los de Ciudad Evita sufren enfrentamientos armados a la madrugada, con disparos que atraviesan paredes y puertas. “Los vecinos ya están viviendo atemorizados y piden a gritos: ‘Por favor, ayúdennos’”, sostuvo Gianni.
Durante los últimos días, la funcionaria enfatizó que las balaceras se produjeron en horarios nocturnos y que la disputa territorial entre bandas narco dejó varios heridos. “A las dos de la mañana empiezan tiros que perforan las paredes y las puertas de las viviendas de vecinos que no tienen absolutamente nada que ver”, describió Gianni al detallar la gravedad de los episodios.
Inseguridad y expansión narco
Gianni remarcó que la situación en Ciudad Evita se agravó tras operativos policiales recientes. Según su testimonio, tras la detención de algunos integrantes de las bandas que operaban en el lugar, el territorio quedó “acéfalo” y comenzaron a llegar nuevos grupos para disputar el control de la zona. “Se están disparando”, señaló la concejal.
La funcionaria aseguró que la policía bonaerense “no ingresa” en determinadas áreas, lo que configura para ella una “zona liberada”. Explicó que solo tras gestiones personales ante el Ministerio de Seguridad de la Nación, Gendarmería comenzó a patrullar el lugar, aunque consideró insuficiente el despliegue. “Ya hubo tres heridos de bala”, subrayó.
Gianni afirmó que quienes denuncian la actividad narco también sufren represalias. Indicó que los grupos criminales atacan casas de vecinos que se oponen o se sabe que denunciaron su accionar, ocupando las viviendas para instalar búnkeres. “El vecino se tiene que ir y copan esa casa para generar un nuevo búnker”, explicó.

Crisis estructural y denuncias sobre gestión municipal
La concejal de La Libertad Avanza vinculó la crisis de seguridad a problemas estructurales de larga data en La Matanza. Sostuvo que el avance de los delitos no responde a episodios aislados sino a una “connivencia” con sectores del poder judicial, fuerzas de seguridad y del Ejecutivo municipal. “Esto se viene gestando durante décadas”, afirmó Gianni.
La funcionaria también denunció que la venta de droga y la existencia de cocinas narco superan el narcomenudeo. Mencionó que en Virrey del Pino “se están gestando cocinas”, lo que marca una escalada en la organización criminal dentro del municipio. Gianni señaló que los vecinos conocen las ubicaciones de los búnkeres, pero muchas veces no logran concretar denuncias por temor o desconfianza en las autoridades.
En cuanto a la gestión política, Gianni cuestionó la continuidad del mismo color político en la intendencia desde 1983. “Han gestado un aparato enorme, dominando y manipulando a la población en función de hacerla vivir y pasar necesidades extremas”, expresó. Relató situaciones de servicios colapsados, como la presencia de materia fecal en calles de barrios como Golf y Areco, y denunció prácticas de clientelismo en períodos electorales.

Reclamos por cambios institucionales y nuevas propuestas
Ante la falta de respuestas, Gianni propuso la creación de una comisión permanente de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito en el Concejo Deliberante de La Matanza. Informó que actualmente no existe un ámbito institucional específico dentro del cuerpo legislativo local para debatir y controlar políticas de seguridad. “Tenemos hasta una comisión de mujeres, géneros y diversidades, pero comisión de seguridad no hay”, afirmó.
La concejal remarcó la necesidad de implementar la boleta única en la provincia de Buenos Aires para reducir la posibilidad de fraude y manipulación electoral. “Si realmente queremos salir a ganar la elección, discutamos este año la aplicación de la boleta única”, insistió Gianni. Según su perspectiva, la transparencia en el proceso electoral es clave para modificar la situación política en el distrito.
Frente a la gravedad de los hechos y la demanda de los vecinos, Gianni aseguró que continuará impulsando proyectos y visibilizando los problemas de seguridad. Advirtió que, en caso de no aprobarse la comisión, hará público el voto de los concejales que se opongan a su creación.
Estrategias de comunicación y repercusión social
Gianni utiliza activamente las redes sociales para exponer la realidad de los barrios y reclamar soluciones. Sostuvo que la espontaneidad y el uso de recursos humorísticos o irónicos en videos permiten que las problemáticas locales trasciendan el distrito. “Gracias a estos videos, de toda la Argentina conocen hasta el barrio más pequeño”, aseguró.
La concejal relató que muchas veces, tras la publicación de un video, las autoridades municipales intervienen rápidamente para resolver reclamos puntuales, como el saneamiento de basurales o arreglos en la vía pública. Considera que la visibilidad obtenida resulta decisiva para lograr respuestas. “Está bueno eso. Es trabajo”, resumió.
Gianni manifestó que recibe tanto apoyo como críticas por su forma de comunicar y por su exposición en redes. Sin embargo, afirmó que la interacción digital permitió que muchos ciudadanos la reconozcan y se interesen por las problemáticas de La Matanza, incluso personas ajenas a la política.
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POLITICA
El Senado avanza con 30 nombramientos judiciales y tratará los pliegos de dos candidatos para la Cámara que revisará el caso Libra

La Comisión de Acuerdos del Senado, encabezada por el libertario Juan Carlos Pagotto, fijó para el 12 y 13 de agosto, a las 11, una treintena de audiencias públicas con el objetivo de avanzar en los nombramientos judiciales para distintos juzgados y cámaras de la Capital Federal.
La convocatoria ya fue publicada en el Boletín Oficial y, una vez finalizado el receso de invierno, formará parte de la agenda del Senado. Durante esas jornadas, los candidatos deberán exponer ante los legisladores. También habrá audiencias la semana próxima, el martes 4 y el miércoles 5 de agosto.
Entre las postulaciones de mayor relevancia que enviaron al Congreso el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, se encuentran las de los jueces Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para integrar la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal. Se trata de cargos clave, ya que ese tribunal interviene en algunas de las principales causas de corrupción del país.
La Sala para la que fueron propuestos Bertuzzi y Yadarola tendrá a su cargo la revisión de la investigación por las denuncias vinculadas al caso de la criptomoneda $LIBRA, expediente que instruyen el juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano.
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También deberá revisar resoluciones de jueces federales de primera instancia en otras causas de alto impacto, entre ellas la que investiga presuntos sobreprecios en contratos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde están bajo investigación el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
La situación de Bertuzzi
El pliego de Bertuzzi continúa generando controversia por el traslado que dispuso por decreto el entonces presidente Mauricio Macri. La polémica se originó en 2018, cuando fue trasladado desde el Tribunal Oral Federal N°4 a la Cámara Federal porteña, una decisión cuestionada por el kirchnerismo y que abrió una fuerte disputa política y judicial.
Se espera que el bloque Justicialista, encabezado por el formoseño José Mayans, vuelva a plantear objeciones cuando Bertuzzi se presente ante la Comisión de Acuerdos el próximo 12 de agosto.
El caso ya había sido motivo de debate en septiembre de 2020, cuando el Senado, durante la presidencia de Alberto Fernández, rechazó los traslados de Bertuzzi y Leopoldo Bruglia desde el Tribunal Oral Federal N°4 a la Cámara Federal porteña.
Ambos magistrados habían intervenido en resoluciones vinculadas con la causa de los Cuadernos, una de las investigaciones por corrupción más importantes que involucró a exfuncionarios kirchneristas. Tras la decisión del Senado, llevaron el caso ante la Corte Suprema de Justicia.
Cómo está integrada la Comisión de Acuerdos
La estratégica Comisión de Acuerdos está integrada por 17 senadores. El oficialismo y sus aliados cuentan con la mayoría.
Además de Pagotto, La Libertad Avanza tiene otros cuatro representantes: Patricia Bullrich, Agustín Coto, Juan Cruz Godoy y Nadia Márquez.
A ellos se suman, por el PRO, Martín Goerling Lara; y por la UCR, Mariana Juri y Maximiliano Abad.
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Las fuerzas provinciales están representadas por Beatriz Ávila (bloque Independencia), Flavia Royón (Primero los Salteños), Carlos Arce (Frente Renovador de la Concordia de Misiones) y Carlos Espínola (Provincias Unidas).
Completan la integración Sandra Mendoza, de Convicción Federal; Fernando Rejal, de Justicia Social Federal; y dos bancas que todavía no fueron ocupadas por el kirchnerismo, que reclama una representación mayor en función de la cantidad de integrantes del bloque que conduce Mayans.
Para obtener dictamen favorable, los pliegos necesitan reunir al menos nueve firmas dentro de la comisión.
Los otros postulantes
Además de las vacantes en la Cámara Federal, el Poder Ejecutivo propuso a Valeria Alejandra Rico como jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 de la Capital Federal.
También postuló a Santiago Schiopetto y Ramiro Velasco para integrar el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6, mientras que Sergio Buitrago fue propuesto para ocupar el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°26.
Para los cargos de defensores públicos adjuntos ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional fueron propuestos Nuria Saba Sardañons, Esteban Chervin y Germán Artola. En tanto, Hernán Figueroa fue nominado como defensor público ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico.
Entre los candidatos a juzgados nacionales figuran Lucila Califano (Civil N°9); Javier Pereyra (Criminal y Correccional N°3); Walter Cavassa (N°12); Vanesa Alfaro (N°16); Mariana Salduna (N°25); Evangelina Lasala (N°18); Pablo Cina (N°19); Miguel Asturias (N°27); Federico Battilana (N°30); Adolfo Piendibene (N°38); Diego Villanueva (N°42); Sergio Echegaray (N°44); Sebastián Ghersi (N°45) y Maximiliano Callizo (N°58).
Además, Natalia Crede fue propuesta como fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico; Juan Manuel Cabral como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil; Valeria Pérez Casado como vocal de la Cámara de Apelaciones; Karina Rapkinas como jueza nacional de Primera Instancia en lo Civil; Juan Pablo Sala como juez nacional de Primera Instancia en lo Comercial; Juan Ylarri como juez nacional de Primera Instancia en lo Civil; y Daniel Cano, Juan Varela y Patricia Cisnero como fiscales ante los juzgados nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.
jueces, Comisión de Acuerdos del Senado, Juan Mahiques
POLITICA
Uno de los nuevos abogados de Cristina Kirchner desató una polémica al burlarse de las personas trans

Tal como anticipó , la expresidenta Cristina Kirchner anunció este miércoles la incorporación a su defensa internacional de dos nuevos abogados. Uno de ellos es el exmagistrado español Francisco Javier Borrego, un jurista que generó controversia el último año por ironizar sobre la identidad de género durante un acto del partido ultraderechista Vox.
Tras el anuncio de la expresidenta —que llegó en formato de una extensa carta abierta— , distintos usuarios de redes sociales recordaron un episodio del año 2025, cuando Borrego intervino en el Congreso de los Diputados español durante una jornada titulada “Ideología de género y denuncias falsas España/Argentina».
En esa actividad, el abogado fingió asumir una identidad femenina para cuestionar de modo sarcástico la autopercepción de género: “¡Hoy me siento mujer! Me llamo Francisca Javiera y soy mujer. No me lo discutan, que los llevo por delito de odio a un tribunal. Muchas gracias, han respetado mi identidad de género que transitoriamente en dos segundos he manifestado”.
Su participación en la defensa internacional por Vialidad
Cristina Kirchner dio a conocer mediante sus redes sociales una carta abierta titulada “El costo democrático de la politización de la Justicia” y publicó columnas de opinión en diarios internacionales como El País de España, Libération de Francia y Folha de São Paulo de Brasil.
En los escritos, la expresidenta confirmó que presentó una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) para denunciar la sentencia a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos dictada en la causa Vialidad, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
“El ataque del que hoy soy víctima no tiene como destinataria únicamente a una persona. Tiene como destinatario a un proyecto político y, por encima de todo, a la voluntad soberana del pueblo argentino”, argumentó la expresidenta.
En el marco de la presentación internacional, la exjefa de Estado informó de la inclusión de dos nuevos abogados en su representación: el exmagistrado del Tribunal Supremo de España y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Javier Borrego y el brasileño Rafael Valim.
A ambos los caracterizó como juristas de “reconocido prestigio internacional” y con una trayectoria “independiente y ampliamente respetada” en materia de derechos humanos.
La sentencia contra la expresidenta, por la cual cumple prisión domiciliaria en la calle San José, en el barrio porteño de Constitución, quedó firme tras la desestimación del recurso interpuesto por sus abogados Carlos Alberto Beraldi y Ari Llernovoy ante la Corte Suprema de Justicia.
El máximo tribunal argumentó que la representación legal de la exmandataria no cumplió con el requisito de fundamentación autónoma ni una crítica concreta de la resolución que la juzgó por irregularidades en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz.
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