Fuentes de la Armada confiaron a que existe una creciente preocupación en la comunidad naval por la inminente sentencia del Tribunal Oral Federal de Río Gallegos, que podría condenar a cuatro oficiales de la fuerza por el hundimiento del submarino ARA San Juan, cuyos 44 tripulantes ofrendaron sus vidas en una operación llevada adelante en el Atlántico Sur en noviembre de 2017.

A casi nueve años de la tragedia, entre varios almirantes retirados circula en estos días un documento, en el que se advierte sobre la posibilidad de que la Justicia atribuya responsabilidades penales a comandantes superiores de la Armada que no estaban a cargo directamente de la conducción del submarino en el lugar de los hechos.

El pronunciamiento que refleja la preocupación que existe en la Armada se conoce cuando faltan pocos días para la audiencia en la que el tribunal dictaría sentencia, lo que podría ocurrir el miércoles o jueves próximo, aunque todavía está pendiente la definición de pedidos de nulidad planteados por las defensas de los marinos acusados.

En los alegatos finales, el Ministerio Público Fiscal pidió cinco años de prisión para el contralmirante Luis Enrique López Mazzeo, quien era el comandante de Alistamiento y Adiestramiento –máximo cargo operativo en la fuerza- en el momento de la implosión del submarino, a más de 900 metros de profundidad, y para el capitán de navío Claudio Javier Villamide, quien fue destituido por el Consejo de Guerra, por entonces comandante de la Fuerza de Submarinos. También solicitó cuatro años de prisión para el capitán de navío Héctor Aníbal Alonso, quien conducía el Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos, y una condena de tres años y seis meses para el capitán de fragata Hugo Miguel Correa, exjefe de Comunicaciones.

Las querellas de 34 familias de las víctimas también pidieron la pena máxima para los cuatro exjefes navales por “la imprudencia grave y sistemática” de quienes tenían el deber de cuidar a los tripulantes.

En la Armada, en tanto, entienden que una sentencia negativa condicionaría a los oficiales de las nuevas camadas, que no encontrarían incentivos para asumir responsabilidades en su carrera naval.

“¿Quién asumirá en el futuro algún riesgo para cumplir las distintas operaciones reales y de adiestramiento de las Fuerzas Armadas viendo las responsabilidades penales que podrían endilgársele por decisiones que no toman ellos o por circunstancias fuera de su control?”, se preguntan en el documento. Incluyen en ese potencial escenario “todas las operaciones que realizan las Fuerzas Armadas”, desde el control del mar y la logística antártica hasta las misiones de paz y el apoyo a la comunidad ante catástrofes.

Responsabilidades

Los oficiales de la Armada, especialmente los retirados, insisten en que los comandantes de las naves son los responsables finales de las operaciones que se desarrollan en el mar, por encima de las autoridades navales que integran la cadena de mandos, pero que están a varios kilómetros del lugar del siniestro. En el caso del ARA San Juan esa función la cumplía el malogrado capitán de fragata Pedro Martín Fernández.

“El Reglamento General del Servicio Naval establece que la responsabilidad del comandante respecto de su buque es absoluta y solo cesa en caso de ser relevado por autoridad competente”, sostienen en la Armada, al citar un principio que rige “desde siempre en el mundo entero”.

Afirman, así, que el comandante de la nave “es el único que puede observar, evaluar la situación in situ y tomar las medidas correctivas correspondientes con el asesoramiento de su plana mayor y dotación”.

Expresan también su malestar porque no hubo marinos en la composición del Consejo General de Guerra constituido en el Ministerio de Defensa durante la gestión de Agustín Rossi, que aplicó sanciones disciplinarias al capitán Villamide. Se estima que la sanción de ese tribunal tiene una influencia decisiva en el proceso judicial.

En el pronunciamiento se destaca que unos 90 marinos con formación especializada y experiencia en la navegación coincidieron en que el ARA San Juan reunía las condiciones de adiestramiento, alistamiento y apresto necesarias para desarrollar con seguridad la misión impuesta.

A diferencia de las pruebas analizadas en el proceso judicial, que llevaron al procesamiento y enjuiciamiento de los cuatro oficiales de la Armada, en el documento se asegura que “el ARA San Juan zarpó en condiciones seguras para navegar”, a partir del aval dado por el propio comandante, luego de finalizar las pruebas previas a la navegación.

“Nunca sabremos qué ocurrió desde que el submarino se fue a inmersión por decisión del comandante hasta que implotó horas después. Solo tenemos suposiciones”, insisten en la Armada.

Tras sentenciar que “la actividad militar es intrínsecamente riesgosa”, los oficiales consultados por coincidieron en que “el comandante y su tripulación hicieron lo mejor que pudieron y supieron para mantenerse seguros en las circunstancias que les tocó vivir. Pero los accidentes y las tragedias ocurren”.

Finalmente, señalaron que “condenar a un grupo de prestigiosos oficiales navales solo servirá para que futuros oficiales de comando rehúyan o recelen de sus enormes responsabilidades con magros recursos y cambien su idiosincrasia en detrimento de su eficiencia. Esto destruirá nuestra doctrina y reglamentos, dinamitando los cimientos de la profesión naval”.

El fiscal que interviene en la causa contra Martín Insaurralde por enriquecimiento ilícito y posible lavado, Sergio Mola, le pidió al juez Luis Armella que desestime el intento del exfuncionario bonaerense de correrlo del caso.

Lo hizo en un escrito cargado de críticas, con el que buscó rebatir los argumentos del exjefe de Gabinete de Axel Kicillof, y en el que también incluyó reproches al juez, a quien acusa de demorar la investigación.

Mola sostuvo que las quejas de Insaurralde —quien aseguró que el fiscal mantenía un “ensañamiento procesal” contra él— no son más que un intento por condicionar su trabajo.

“Asumir la postura del recusante [Insaurralde] implicaría exigir que el fiscal permanezca estático o indiferente ante la hipótesis delictiva planteada”, señaló Mola.

El fiscal ya había pedido la indagatoria del exfuncionario y de su exesposa, Jesica Cirio. Y después de que apareciera el video de Cirio en un vestidor repleto de fajos de dólares que dio a conocer , reclamó la detención de Insaurralde y de la vedette y conductora de TV. Armella rechazó ese pedido por considerarlo prematuro y dejó en su resolución observaciones críticas sobre la actuación de la fiscalía.

Al pedir el corrimiento del fiscal, Insaurralde sostuvo que el fiscal había “sobreactuado” después de la difusión del video, que impulsó medidas “desproporcionadas” y que su actuación había quedado contaminada por la exposición pública del caso.

En su escrito de hoy, el fiscal Mola dijo que la defensa de Insaurralde confunde “la intensidad de la investigación” con una “persecución personal” y sostuvo que sus pedidos responden a la gravedad de los hechos investigados.

“La indignación social y la alarma que estos hechos provocan no son producto de una ‘exposición mediática’ generada por esta fiscalía, sino de la obscenidad de las conductas ventiladas: un funcionario público de alta jerarquía retratado en un yate de lujo en el Mediterráneo con su ‘acompañante de viaje’ [por Sofía Clerici] y la posterior detección de sumas millonarias en dólares asociadas a su entorno familiar inmediato”, dice el texto.

El fiscal también dedicó varias líneas de su descargo a hablarle a Armella y al anterior juez de la causa, Ernesto Kreplak.

Mola remarcó que todos los avances en el expediente fueron gracias a su impulso, pese a pedir, sin ningún éxito, tener el control de la investigación.

“La actividad investigativa desplegada de oficio por el juzgado ha sido, cuanto menos, prácticamente nula”, marcó. “Los magistrados que intervinieron en esta causa han tenido un rol pasivo a la espera de las sugerencias de esta parte”, agregó el fiscal.

En un escrito anterior, el juez Armella sugirió que la fiscalía era la responsable de algunas filtraciones en el expediente, observación que luego recogió Insaurralde en un planteo propio.

Mola dijo hoy que aquella acusación es infundada y sostuvo que la fiscalía era la principal perjudicada de cualquier presunta filtración porque podía poner a los imputados al tanto de las medidas solicitadas.

Las diferencias entre el fiscal Mola y el juez Armella respecto al desarrollo de la causa son viejas, pero crecieron al calor de la renovada atención que recibió el caso con el video de Cirio y los dólares que publicó hace dos semanas.

Mola venía insistiendo desde el año pasado con el pedido de indagatoria de Insaurralde. La indagatoria fue preparada por Mola junto a su colega Diego Velasco de la Procelac, que es la fiscalía especializada en lavado de dinero.

Los fiscales imputaron también a la segunda esposa de Insaurralde, Carolina Álvarez, y decidieron incluirla en el peritaje contable que peritos de la Corte pusieron en marcha el año pasado, una medida que está pronta a culminar y será crucial para el desarrollo del caso.

Pero el juez Armella entendió que Álvarez no debía ser incluida en la medida y la excluyó del peritaje contable.

Luego vendrían las discrepancias respecto a la indagatoria del funcionario y su detención. El último de los contrapuntos entre ambos fue el desatendido pedido del fiscal para allanar las oficinas que Insaurralde visita en el último tiempo para mantener reuniones políticas.

Armella es juez de Quilmes y se encuentra subrogando el juzgado donde tramita la causa de Insaurralde. Quien se apresta a desembarcar allí y convertirse en el tercer juez de la causa es Tomás Rodríguez Ponte, exsecretario del juez Ariel Lijo y titular de la Dajudeco, cuyo pliego fue seleccionado por el gobierno de Javier Milei y se encamina a ser aprobado en el Senado.