POLITICA
Karina Milei reunió a los legisladores porteños de LLA y pidió llegar con un candidato propio para 2027
Como máxima autoridad partidaria de La Libertad Avanza, Karina Milei reunió este jueves en Casa Rosada a su bloque de legisladores porteños y pidió comenzar a trabajar en una candidatura propia para poder disputar la Ciudad de Buenos Aires en 2027.
El encuentro, que se celebró entre las 13 y las 14.45 en Balcarce 50, reunió a los 14 legisladores de La Libertad Avanza en la Ciudad y a alrededor de 30 asesores que integran los equipos técnicos.
El objetivo, según explicaron fuentes oficiales, fue presentarle a la secretaria General de la Presidencia los proyectos que impulsarán en la Legislatura porteña en el segundo semestre y los avances en la elaboración de la plataforma de Gobierno con vistas a las elecciones de 2027.
Entre los temas que abordaron, se discutió la acumulación de residuos, los problemas de circulación ocasionados por las barreras ferroviarias y la falta de desarrollo del sur de la Ciudad de Buenos Aires.
De fondo, la prioridad de reforzar la marca libertaria en el distrito ante la posibilidad de un choque electoral con el PRO el próximo año. “Ella nos dijo que tenemos que estar preparados para ir con un candidato propio”, reveló a este medio una fuente al tanto de los pormenores de la reunión.
El pedido tiene que ver con un escenario todavía incierto en la política porteña, donde La Libertad Avanza todavía no tiene definido si volverá a confrontar con el partido fundado por Mauricio Macri o si cierra una alianza en pos de garantizar la reelección de Javier Milei.
“A principio de año veía muy lejano un acuerdo, hoy no tanto. Incluso en algunas provincias veo que bajaron la línea de no salir a pegarle a los gobernadores con los que quizás cerramos”, aseguró una fuente del bloque porteño. Y agregó: “La prioridad es que el presidente reelija. Si tenés que bajar a tu candidato a gobernador, y bueno, lo lamento”.
Sin embargo, desde la conducción del partido insisten que todavía no hay ningún tipo de acuerdo pactado con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien ya anunció que buscará renovar su mandato el próximo año. Por eso, para estar preparados ante cualquier escenario, Karina Milei llamó a trabajar en la imagen del partido y en su posible representante distrital.
Según estiman en el partido, la marca de La Libertad Avanza -independientemente de quién sea el candidato- ronda los 17 o 18 puntos, mientras que el PRO está apenas por encima entre 22 y 23. “Jorge Macri no está bien. No es mucha diferencia. Por eso está nervioso y quiere acordar”, afirmó un estratega del espacio.
La danza de nombres de La Libertad Avanza en la Ciudad
Con la salida de Manuel Adorni del Gobierno -y de la escena política en general- tras el escándalo alrededor de su situación patrimonial, La Libertad Avanza perdió a una de sus cartas más fuertes en la arena electoral.
En 2025, el exjefe de Gabinete estuvo cerca de duplicar en votos a la oficialista Silvia Lospennato (30,7% contra un 16,22%), pero hoy ya no es más una opción.
Quien lo iguala -o supera- en las proyecciones es otra figura con recorrido en la Ciudad, Patricia Bullrich, aunque sus allegados aseguran que sus intereses están volcados en la política nacional y no en una disputa por la Jefatura de Gobierno.
«Patricia lo aplasta a Jorge Macri, tiene 30 puntos, pero no le entusiasma lo local. Tiene 70 años, tampoco está proyectando los próximos 25 años de su carrera política», admitieron cerca de la senadora, que estaría más a gusto con acompañar a Javier Milei con una candidatura a la vicepresidencia.
En su lugar, la candidata natural podría ser la jefa del bloque libertario en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez, quien además es la mano derecha de Karina Milei y su principal armadora en el distrito.
Otros mencionan al jefe de Gabinete, Diego Santilli -aunque con dudas, ya que sus intereses están más abocados a la provincia de Buenos Aires-, o los ministros Sandra Pettovello (Capital Humano) o Federico Sturzenegger (Desregulación). “Ciencia ficción”, manifestaron cerca de Pettovello.
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“Hoy quien está más posicionada y con mucho trabajo por hacer es Pilar”, reconoció una fuente del esquema porteño haciendo referencia a la mano derecha de Karina. Además, estimó que la elección deberá definirse para septiembre u octubre. “Mucho más no va a pasar, tenés que empezar a instalarlo”, sostuvo.
A su vez, en el bloque porteño reconocen que el futuro de La Libertad Avanza en la Ciudad, así como en el resto de los distritos del país, dependerá en buena parte de cómo le vaya al Gobierno nacional en el próximo año.
Karina Milei, La Libertad Avanza, Ciudad de Buenos Aires
POLITICA
Ley de Tierras: qué cambiaría la reforma que impulsa Milei y cómo la regulan Brasil, Uruguay y Paraguay
Mientras el Gobierno busca avanzar con una reforma de la Ley de Tierras Rurales para flexibilizar la compra de campos por parte de extranjeros, los principales países de la región conservan esquemas que, con distintos alcances, regulan este tipo de operaciones. Brasil establece topes por municipio, Uruguay exige identificar a los propietarios de las sociedades y Paraguay mantiene normas específicas, pese al alto nivel de extranjerización de su superficie rural.
La iniciativa promovida por la administración de Javier Milei será debatida recién el próximo 6 de agosto, luego de que se postergara la discusión prevista para este jueves en el Senado. El proyecto propone un cambio de fondo respecto del régimen vigente, ya que elimina las restricciones para que personas físicas y empresas privadas extranjeras puedan adquirir tierras rurales.
No obstante, mantiene e incluso refuerza los controles cuando los compradores sean Estados extranjeros, empresas públicas o sociedades controladas por gobiernos.
La actual Ley 26.737 fija que los extranjeros no pueden concentrar más del 15% de las tierras rurales del país. Ese límite también se aplica en cada provincia y en cada municipio.
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Además, establece un tope equivalente a 1000 hectáreas en la zona núcleo para un mismo titular extranjero y prohíbe la adquisición de inmuebles rurales ubicados sobre cuerpos de agua permanentes, glaciares y zonas consideradas estratégicas de frontera.
El Ejecutivo sostiene que la legislación vigente constituye una barrera para la llegada de inversiones vinculadas con actividades como la forestación, el desarrollo de sistemas de riego y los cultivos permanentes, especialmente en regiones como el NEA, Cuyo y la Patagonia.
En esa línea, el Gobierno plantea diferenciar el tratamiento de los inversores privados del que reciben los Estados extranjeros. Mientras los primeros podrían adquirir tierras sin los límites actuales, los gobiernos extranjeros, sus empresas y las sociedades bajo su control continuarían sujetos a autorizaciones especiales y a un esquema de control más estricto.
De acuerdo con datos oficiales, cerca del 6% de las tierras rurales argentinas pertenece actualmente a propietarios extranjeros, una cifra muy inferior al máximo permitido por la legislación.
Brasil: topes por municipio y por nacionalidad
Brasil cuenta con uno de los sistemas más restrictivos de Sudamérica para la compra de tierras por parte de extranjeros.
La Ley 5.709 establece que la propiedad extranjera no puede superar el 25% de la superficie de un municipio. A su vez, los compradores de una misma nacionalidad tienen prohibido concentrar más del 10% del territorio municipal.
Las operaciones son supervisadas por el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA), encargado de llevar el registro y controlar el cumplimiento de esos límites.
Si prospera la reforma impulsada por el Gobierno argentino, el esquema local quedaría considerablemente más abierto que el brasileño.
Uruguay: foco en la identificación de los propietarios
En Uruguay no existen prohibiciones generales para que extranjeros compren campos, aunque sí rigen exigencias vinculadas con la transparencia de las operaciones.
La normativa obliga a identificar a los accionistas de las sociedades titulares de tierras rurales, registrar la composición societaria y garantizar la trazabilidad de la propiedad.
Además, el Parlamento uruguayo analiza distintos proyectos para reforzar los controles sobre las adquisiciones de tierras, especialmente en las zonas de frontera.
Con la modificación propuesta por el Ejecutivo argentino, el país pasaría a tener un régimen más flexible que el uruguayo.
Paraguay: elevada participación extranjera
Paraguay presenta uno de los mayores niveles de participación extranjera en la propiedad rural de la región.
Estudios sobre la materia estiman que entre el 14% y el 19% del territorio pertenece a propietarios extranjeros. En algunos departamentos fronterizos, ese porcentaje llega incluso al 60%, impulsado principalmente por inversiones provenientes de Brasil.
Sin embargo, especialistas señalan que ese nivel de extranjerización responde a un proceso desarrollado durante décadas y convive con regulaciones específicas para la adquisición de tierras, por lo que no equivale a un régimen de apertura irrestricta.
ley de tierras rurales, Gobierno, Congreso
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la decisión de denegarle la prisión domiciliaria al empresario Lázaro Báez, condenado a 14 años de prisión por fraude y lavado de dinero en varios casos de corrupción ligados con Cristina Kirchner.
Báez alega que tiene problemas de salud, pero los jueces del Tribunal Oral Federal 4 que lo condenaron entendieron que puede ser atendido intramuros en la cárcel de Ezeiza donde cumple su condena.
Ahora la defensa de Báez insistió ante la Cámara Federal de Casación donde los jueces de la Sala IV Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky resolvieron, por mayoría, rechazar su recurso y confirmar la negativa a su pedido de prisión domiciliaria.
Carbajo, autor del primer voto, y Hornos confirmaron el fallo del juez de ejecución del tribunal oral Guillermo Costabel, que había rechazado el pedido. Costabel incluso visitó un sábado a Báez en su celda antes de decidir.
Ahora los camaristas consideraron que no se verifican al momento circunstancias que justifiquen la morigeración del régimen de detención.
“La mera invocación de cuestiones de salud no constituye un argumento suficiente para proceder, sin más, a la concesión de la prisión domiciliaria”, dijo Carbajo.
El juez señaló que “la defensa no ha logrado demostrar, tampoco en esta oportunidad, que la privación de la libertad en el establecimiento carcelario implique un menoscabo a la vida o integridad personal de Báez, ni tampoco que sus patologías crónicas no puedan ser atendidas adecuadamente de permanecer intramuros”.
Carbajo sostuvo que las patologías crónicas que presenta el condenado se encuentran bajo tratamiento y son adecuadamente atendidas en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.
Señalaron que existe un riguroso control judicial y que la defensa no pudo establecer una imposibilidad de asistencia médica dentro de la cárcel ni que hubiera “un menoscabo a la vida o integridad personal” de Báez.
Hornos sostuvo que cumplir la condena “en prisión domiciliaria es excepcional y de carácter restrictivo” por cuanto su análisis debe basarse en razones de salud, edad avanzada, situaciones de especial vulnerabilidad o riesgos acreditados.
El magistrado destacó que las constancias reunidas muestran un escenario de seguimiento médico sostenido, con controles, interconsultas y derivaciones que, aun cuando revelan la necesidad de mantener una supervisión clínica estricta y eventualmente reforzada, no alcanzan para demostrar, de momento, que el tratamiento de sus afecciones no pueda ser garantizado en el ámbito penitenciario.
“La adopción de nuevas medidas de seguimiento o de derivaciones extramuros no constituye demostración de una imposibilidad de asistencia en el actual lugar de alojamiento, sino la manifestación del control judicial activo y de la necesidad de adecuar la respuesta sanitaria a la evolución del cuadro clínico del condenado”, remarcó Hornos.
Además, sostuvo que la pena no se agota en su dimensión resocializadora, sino que tiene una “función expresiva, reafirma el orden jurídico vulnerado y materializa el repudio institucional frente a las transgresiones más graves al pacto democrático”.
“Toda flexibilización excesiva en el modo de cumplimiento debilita ese mensaje y no permite satisfacer los fines constitucionales y convencionales que el derecho penal está llamado a cumplir”, continuó Hornos.
El juez descartó que la modalidad de cumplimiento de pena sea inmutable, pues se encuentra sujeta a la permanente evaluación del juez de ejecución competente. Según Hornos, será Costabel quien, en atención a la evolución de las circunstancias del caso, deberá valorar la pertinencia de mantener o modificar el modo de cumplimiento, considerando especialmente el estado de salud de Báez.
Por último, Hornos consideró que el cuadro que presenta el condenado exige -y seguirá exigiendo- un seguimiento clínico riguroso, pero las constancias incorporadas no permiten afirmar, por el momento, que la permanencia intramuros comporte, en las actuales condiciones, un riesgo incompatible con la continuidad de la ejecución de la pena bajo la modalidad vigente.
En su disidencia, Borinsky sostuvo que correspondía hacer lugar al recurso, revocar la decisión del juez Costabel y conceder la prisión domiciliaria. Consideró que el empresario ya tiene 70 años cumplidos, lo que le permite este beneficio no automático, y ponderó el cúmulo de patologías crónicas que padece.
Para Borinsky, la atención médica brindada por el Servicio Penitenciario Federal había resultado “reactiva y tardía”, en una modalidad incompatible con los fines constitucionales de la pena. El juez subrayó que en una colonoscopia se detectó y extrajo una lesión en el colon y que existió una posterior recomendación médica de internación.
Borinsky también argumentó sobre los derechos de los dos menores que integran el núcleo familiar del condenado, resaltando la necesidad de resguardar el interés superior del niño, conforme lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño.
Por último, el juez se refirió a la actual pareja de Báez, que atraviesa un proceso oncológico, y dijo que una red de apoyo familiar ampliada, bajo estrictos controles, permitiría una mejor protección de esos derechos de los niños sin afectar los fines de la sanción penal.
confirmaron el fallo del juez de ejecución,Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
LLA se impuso en la negociación por un lugar en el Consejo de la Magistratura bonaerense y va por la Corte
La Libertad Avanza se impuso en la negociación por un lugar en el Consejo de la Magistratura bonaerense cuando este miércoles el Senado provincial votó la designación de María Cecilia Martínez como representante del Poder Legislativo en carácter de suplente. Es un lugar que le correspondía a la oposición y que, además, suplantará en caso de ausencia a otra legisladora libertaria que ya había sido elegida en la última sesión de la Cámara alta.
Así, La Libertad Avanza logró dos casilleros para representar al Poder Legislativo dentro del organismo encargado de evaluar y conformar las ternas para ocupar cargos judiciales en el ámbito bonaerense. En la negociación, aventajó al PRO que buscaba designar al senador Juan Manuel Rico Zini. Marplatense, Martínez es una legisladora por la Quinta sección electoral, que responde al diputado nacional y presidente partidario de La Libertad Avanza en PBA, Sebastián Pareja.
Será consejera en carácter suplente junto a su compañera de bloque, María Luz Bombaci, quien ya había sido designada como consejera en la Magistratura en la última sesión junto a los peronistas Sergio Berni (por el kirchnerismo) y Fernando Coronel (del MDF de Kicillof), como titular y suplente respectivamente.
“La Justicia tiene un rol fundamental en la vida de los bonaerenses. Cada juez que se designa impacta directamente en la seguridad, en la lucha contra la corrupción y en la defensa de los derechos de los ciudadanos. Vamos a asumir esta responsabilidad con seriedad, transparencia y el compromiso de garantizar procesos basados en el mérito y la idoneidad”, dijo el presidente del bloque libertario en el Senado bonaerense, Carlos Curestis, luego de la sesión de este miércoles.
En el espacio de Javier Milei interpretan las designaciones como parte de un crecimiento en distintos ámbitos del poder político y judicial de la provincia de Buenos Aires. La gran apuesta es lograr una representación dentro de la Suprema Corte de Justicia, que actualmente tiene cuatro vacantes y funciona con tres de sus cuatro miembros originales.
“Logramos ordenar esto, que era importante: tener presencia en la magistratura. Ahora viene otra negociación que deberá activarse y es la Corte”, aseguró un legislador libertario ante la consulta de Infobae. Una de las explicaciones de por qué LLA se impuso al PRO es, por un lado, porque tiene más senadores —diez violetas sobre cinco amarillos— y, por el otro, porque el PRO ya cuenta con la figura del diputado Martín Endere dentro de la Magistratura representando al Poder Legislativo.
Esta semana, el gobernador designó a los representantes por el Poder Ejecutivo y la Cámara de Diputados bonaerense hizo lo propio con los nombres que le correspondían al oficialismo. Como contó Infobae, esos nombramientos se dieron tras un acuerdo interno del peronismo, que resultó en que La Cámpora, el MDF, el Frente Renovador de Sergio Massa y los intendentes del Grupo AFA tengan una silla en el Consejo de la Magistratura.
Kicillof perfiló a su Asesor de General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel, como titular en la Magistratura. También intercedió en esa negociación la vicegobernadora Verónica Magario, tras el nombramiento como consejero en carácter de suplente por el Ejecutivo del abogado matancero Gustavo Gamino. Además, en la Cámara de Diputados, se había votado a Mariano Cascallares como representante del Legislativo. Cascallares es un dirigente que trabaja por la construcción política de Kicillof.
El intendente de La Plata, Julio Alak, también hizo pie en ese acuerdo con la designación de Ana Laura Ramos, una abogada de su extrema confianza. El kirchnerismo y La Cámpora retuvieron las sillas de Santiago Révora y Lisandro Pellegrini que se suman a las del ministro de Justicia, Juan Martín Mena y del jefe de bancada de Fuerza Patria en la Cámara baja, Facundo Tignanelli. Los intendentes del Grupo AFA lograron que el mandatario provincial incluyera en los nombramientos por el Poder Ejecutivo a la exsenadora Gabriela Demaría.
La demanda de los cortesanos
Los pliegos para postulantes a la Corte que Kicillof deberá enviar al Senado bonaerense serán parte de una negociación macro de las distintas fuerzas políticas e, indefectiblemente, de la interna peronista. Hay cuatro vacantes.
Una hoja de ruta posible es que de los cuatro lugares haya uno en el que cada sector del peronismo —La Cámpora, MDF y FR— proponga un nombre cada uno para cubrir los lugares. El restante sería para la oposición. Ahí se abre otro frente en el sector no peronista. Con la avanzada en el Consejo de la Magistratura, los libertarios también buscarán una silla de carácter perpetuo en el máximo tribunal de justicia.
Pero allí, el radicalismo tiene aptencias desde hace tiempo. El sector del senador nacional, Maximiliano Abad, busca tener peso para proponerle un nombre a Kicillof.
“Es una prerrogativa, es una potestad del gobernador, que lo va a definir de acuerdo a los criterios de oportunidad, mérito y conveniencia”, había dicho tiempo atrás el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, al ser consultado por los nombramientos en la Corte. Sin embargo, en los últimos meses hubo ciertos acuerdos que empiezan a materializarse en el ámbito judicial.
Resta ahora que la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado provincial que conduce el senador camporista, Emmanuel González Santalla, empiece a avanzar con el tratamiento de los pliegos de jueces, fiscales, defensores y auxiliares. En 2025 el Senado bonaerense aprobó 224 pliegos judiciales.
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