POLITICA
Kicillof acordó con La Cámpora los representantes en el Consejo de la Magistratura y resta negociar por la Corte
En medio de la discusión interna del peronismo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, decidió respetar los lugares que el kirchnerismo tiene en el Consejo de la Magistratura bonaerense. Este martes, se publicó en el Boletín Oficial la designación de seis abogados como representantes del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura. Allí hay leales al gobernador bonaerense, nombres del esquema del entramado judicial del kirchnerismo y referencias a los intendentes peronistas.
El decreto publicado en el Boletín Oficial da cuenta que Kicillof designó a su Asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel, como representante del Ejecutivo. Tal como había adelantado Infobae, el mandatario optó por un funcionario de su confianza que hasta el momento no formaba parte del organismo que se encarga de elegir candidatos para cubrir cargos judiciales en la provincia de Buenos Aires
Pérez Teruel maneja los menesteres jurídicos de la Provincia y desde hace tiempo viene trabajando con Kicillof. Su nombre es uno de los que están sobre la mesa para la negociación por la Corte provincial. Sin embargo, hoy no hay garantías políticas de que ese objetivo prospere.
Entre los representantes por el Poder Ejecutivo para el Consejo de la Magistratura, también renovarán su mandato el subsecretario de Asuntos Municipales, Santiago Révora y el subsecretario de Política Criminal, Lisandro Pellegrini. Révora es un exdiputado provincial que siempre estuvo cerca de la agenda judicial. Forma parte del esquema del senador nacional Eduardo de Pedro; de hecho, son primos. Pellegrini es funcionario del Ministerio de Justicia de la provincia, que comanda Juan Martín Mena. Al igual que Révora, también forma parte de la esfera de De Pedro.
En el decreto que lleva la firma de Kicillof, del ministro Mena y del ministro de Gobierno, Carlos Bianco, también se designó a Gabriela Demaría como consejera suplente; al igual que a Ana Laura Ramos y Gustavo Gamino. En esas designaciones también hay un pie de los intendentes de los distintos sectores del peronismo. Demaría, ex senadora provincial, forma parte del esquema que viene tejiendo el llamado Grupo AFA. Cuando era legisladora, respondía directamente al hoy diputado provincial y exintendente del Partido de La Costa, Juan Pablo De Jesús. Ramos es una leal al intendente de La Plata, Julio Alak, que despliega sus influencias por distintos ámbitos como el Partido Justicialista bonaerense o el armado político de Kicillof en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), además de sus intenciones de pelear por una candidatura provincial en 2027.
También el esquema político de La Matanza retiene presencia en el Consejo de la Magistratura, ya que Gustavo Gamino es un abogado de La Matanza, donde gobierna Fernando Espinoza. Gamino fue uno de los que impulsaron la creación del Colegio de Abogados de La Matanza, entidad que hoy está alineada al intendente y a la vicegobernadora, Verónica Magario. Formó parte del Estudio Jurídico del entonces intendente de La Matanza, Alberto Balestrini. Su llegada al Consejo de la Magistratura fue impulsada por el Secretario Legislativo del Senado, Mariano Díaz Ordoñez, uno de los apoderados del PJ bonaerense por la línea de Magario y yerno de Balestrini. En 2022, Gamino había llegado al Consejo de la Magistratura para reemplazar a Gustavo Dutto, otro matancero del espacio Espinoza-Magario.
Estos nombres se sumarán al resto de los representantes del Poder Ejecutivo. Hasta el momento los únicos consejeros eran el ministro de Justicia, Juan Martín Mena, como titular, y el subsecretario de Justicia, Inti Pérez Aznar, quien responde al intendente de La Plata y ocupa uno de los cargos suplentes.
Las designaciones se pliegan a las que se acordaron este martes en la Cámara de Diputados bonaerense. En sesión ordinaria, la Cámara baja provincial votó a Mariano Cascallares y a Sofía Vanelli como consejero titular y suplente, respectivamente, en representación del Poder Legislativo. Son parte de las designaciones que venían demoradas por la interna del peronismo. Cascallares también renueva credenciales, ya que ocupaba una silla como consejero. El intendente, en uso de licencia de Almirante Brown, era uno de los apellidos por los que empujaba Kicillof, al punto de que se intentó que su designación fuera vía Senado y no por la Cámara de Diputados, ya que el bloque de Fuerza Patria en el Senado —al que le corresponden cuatro lugares— tenía solo tres abogados, condición excluyente para formar parte del Consejo de la Magistratura. Entonces, una de las alternativas que contaba con el aval del gobernador era garantizar las cuatro plazas de esta manera.
Vanelli, es una diputada que forma parte del Frente Renovador de Sergio Massa. Las conversaciones entre el ex ministro de Economía y el gobernador bonaerense se aceitaron en las últimas semanas.
Por lo pronto, en el Senado solo se resolvió nombrar a los senadores Sergio Berni y Fernando Coronel como representantes por el oficialismo -Berni titular y Coronel suplente- y a la libertaria María Luz Bombaci por la oposición. El sector no oficialista no muestra acuerdo aún para la designación restante. Esta semana habrá sesión en la Cámara alta y podría haber novedades.
Tras el acuerdo por los lugares en el Consejo de la Magistratura —de los pocos en el marco de la interna peronista— , lo que sigue es una negociación más compleja por el carácter perpetuo que representan las vacantes en la Suprema Corte de Justicia.
Hoy la Corte funciona con tres de sus siete miembros originales. Las vacancias son una preocupación para los cortesanos vigentes. Meses atrás, el presidente de la Corte, Sergio Torres, hizo una demostración de poder interna cuando presentó un proyecto de ley para ir hacia la autarquía del Poder Judicial. En ese evento, le reclamó al Poder Ejecutivo y Judicial que manden los nombres para cubir las vacantes. “Los ministros que presidimos este acto, como pueden observar, somos tres, cuando debiéramos ser siete”, fue lo primero que dijo Torres en aquella oportunidad. “Este superior tribunal se encuentra inéditamente desintegrado”, prosiguió. “Nuestra Suprema Corte de Justicia está incompleta desde hace más de seis años», planteaba en otro pasaje.
La negociación por las vacantes en la Corte bonaerense está en punto muerto y no incluye solo al peronismo. Primero se necesitarán los votos en la Legislatura. Esos votos, admiten distintas terminales; se deberán conseguir puertas afuera de la Legislatura y forman parte de un acuerdo político. La Libertad Avanza, que ya colocó una representante en el Consejo de la Magistratura, busca tener representación en el máximo tribunal, al igual que la UCR y el PRO.
Hoy el peronismo se visualiza en tres sectores: el MDF, el Frente Renovador y el kirchnerismo. Sin embargo, en el ámbito bonaerense, quienes quieren sumarse como un bloque homogéneo y autónomo son los intendentes del Grupo AFA. No solo para las candidaturas del año que viene, sino también para acelerar el proceso de ocupación de lugares estratégicos en la botonera del poder político y judicial bonaerense. De momento, los votos no están.
POLITICA
Dos senadores peronistas declararon su fastidio con la pelea entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner
Atravesado por internas que parecen insalvables, el peronismo no tuvo este jueves mucho margen para celebrar la caída del capítulo de la ley de extranjerización de tierras en el Senado. Justamente dos de sus máximos exponentes en ese cuerpo, José Mayans y Juliana Di Tullio, dedicaron una parte de la jornada a declarar su desconcierto por la persistente pelea política entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner.
Mayans, que encabezó el bloque peronista en la Cámara alta en la sesión por la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, habló más temprano con el streaming Gelatina. “¿Qué les diría Perón a Axel y a Máximo? Que se dejen de romper las pelotas y arreglen el tema», enfatizó sin medias tintas el legislador, que actualmente es uno de los vicepresidentes del PJ a nivel nacional.
De todos modos, Mayans amplió: “Creo que lo van a hacer, porque aman la Patria los dos. Pueden tener diferencias y estoy seguro que van a llegar a un nivel de conversación para poner primero la Patria, después el movimiento y después los hombres”. El senador sugirió, de esa manera, que Kicillof y Kirchner deberían entablar un diálogo que, desde hace meses, no mantienen.
Por su parte, la bonaerense Di Tullio -otra representante del PJ en el Senado- se sinceró: “La discusión me tiene podrida a mí, imagínense al resto”. En declaraciones a El Destape, la dirigente alineada en el kirchnerismo advirtió: “Solo nos interesa a los dirigentes. La gente nos detesta y tiene razón. Me imagino lo que les debe joder a los que sufren todos los días”.
Al igual que Mayans, a quien conoce desde hace años por su actividad legislativa conjunta, Di Tullio buscó aclarar: “A pesar de eso, estoy segura de que (el presidente Javier) Milei no reelige”. De cara a 2027, sostuvo que “el peronismo se va a ordenar, con los instrumentos que tengamos”. Y finalizó: “Si me preguntan a mí, no sé cuáles son las diferencias. Hablo con todos y no les encuentro demasiadas. Es un poco desconcertante”.
Partido Justicialista,Conforme a
POLITICA
Sturzenegger defendió la fallida modificación a la Ley de Tierras: “Era elegir entre el miedo y la prosperidad”
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, salió a defender la modificación a la Ley de Tierras que el bloque oficialista se vio forzado a retirar del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada horas antes de la sesión del Senado. Lo hizo a través de un tuit en el que enmarcó la iniciativa como una disyuntiva entre dos caminos: “Se trataba de elegir entre el miedo y la prosperidad”, escribió.
El mensaje del ministro fue una respuesta directa a una publicación del gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, quien anunció la firma de un acuerdo con la empresa Vicuña por USD 250 millones —un aporte no reembolsable ni compensable— destinado a obras de infraestructura y empleo en la provincia. Sturzenegger felicitó a Orrego y utilizó el convenio como argumento para ilustrar el potencial que, según su postura, habría tenido la reforma que el Senado no llegó a votar.
“Vilipendiaron los cambios a la Ley de Glaciares que hoy derrama prosperidad”, escribió el funcionario, en referencia a las modificaciones a esa norma que habilitaron inversiones mineras en San Juan. A continuación trazó un paralelo directo: “Quizás no hay conciencia de que el capítulo de la ley de tierras hubiera permitido esto mismo, pero en todo el país”. La comparación buscaba presentar la resistencia al capítulo eliminado como un error equivalente al que, en su lectura, rodeó en su momento a los cambios en la normativa glaciar.
El capítulo que finalmente quedó fuera del proyecto promovía facilidades para que capitales extranjeros adquirieran tierras en Argentina. La jefa de bancada del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich, había anunciado que la propuesta contemplaba permitir que ciudadanos extranjeros adquirieran hasta el 25% de los terrenos por provincia, diez puntos por encima del límite establecido por la regulación vigente. Aun con esa concesión, la iniciativa no reunió los apoyos necesarios.
La decisión de retirar el apartado se tomó el miércoles por la tarde, tras constatar que las gestiones del oficialismo en el Congreso no lograban sumar las adhesiones requeridas para garantizar su aprobación. Ningún gobernador aliado estaba dispuesto a respaldar esa sección ni a asumir el costo político que implicaba habilitar la media sanción. “Tuvimos muy mala suerte. A nivel político, esa parte del proyecto comenzó a ser más inviable con el pasar de las semanas”, admitió ante ese medio una figura de la estrategia comunicacional libertaria.
El capítulo había generado controversia desde su presentación. Su contenido desató manifestaciones en redes sociales y una movilización convocada para la hora de la sesión en las inmediaciones del Congreso. Algunos referentes del oficialismo atribuyeron ese clima adverso a la “oleada nacionalista” que, según su diagnóstico, se intensificó a partir del Mundial, y que habría operado como un factor determinante en el rechazo político al proyecto.
Sturzenegger era el principal impulsor de la iniciativa. El equipo del ministerio de Desregulación y Transformación del Estado fue el que diseñó el capítulo, y el funcionario venía insistiendo en su aprobación desde comienzos de año. La marcha atrás en la Ley de Tierras se sumó a otros retrocesos que el bloque de La Libertad Avanza debió asumir en el marco del mismo paquete legislativo.
La sesión en el Senado quedó convocada para este jueves desde las 14 horas, luego del cuarto intermedio del mes anterior. El temario que sí se debatirá incluye modificaciones sobre expropiaciones, desalojos y la llamada ley de fuego —impulsada en su momento por Máximo Kirchner—, cuya derogación habilitaría la venta de tierras afectadas por incendios. El acuerdo entre Orrego y Vicuña, que el ministro tomó como ejemplo de lo que la reforma podría haber replicado a escala nacional, fue firmado tras más de un año y medio de gestiones, según indicó el propio gobernador sanjuanino en su publicación.
POLITICA
La Corte rechazó planteos de una comunidad mapuche que quería ocupar terrenos en Villa La Angostura
La Corte Suprema rechazó planteos de la comunidad mapuche Lof Paichil Antriao que buscaban impedir que se avance con el desalojo de predios ocupados pertenecientes a la municipalidad de Villa La Angostura y a una señora vecina de esa ciudad patagónica.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti se pronunciaron en dos expedientes en los que desestimaron los reclamos mapuches.
En uno de ellos, el máximo tribunal rechazó el recurso de la comunidad por incumplimientos formales en la presentación judicial.
En el segundo incidente, la Corte Suprema consideró que era inadmisible el reclamo mapuche invocando el artículo 280 del Código Procesal en lo Civil y Comercial de la Nación, que le permite rechazarlo sin dar mayores explicaciones.
La comunidad reclamaba la aplicación de de la Ley 26.160 de emergencia territorial y la propiedad comunitaria indígena, para evitar el desalojo de tierra que ocupaban en el Parque Municipal Lago Correntoso.
Sin embargo, ya en diciembre del 2024, la Corte Suprema estableció en la causa “González c/ Colicheo” que esa ley no suspende los desalojos de forma automática ni habilita la violación de la propiedad privada de terceros.
Subrayó que la suspensión de desalojos no opera si la ocupación no cumple los requisitos legales o resulta irregular.
En este caso, la municipalidad de Villa La Angostura entabló una acción contra “toda persona que ocupe” o “pretenda tener derechos” sobre el Parque Recreativo Municipal Lago Correntoso, que estaba siendo reclamado por esa comunidad.
En primera instancia, se hizo lugar a acción y se condenó al grupo mapuche a restituir la posesión del lote y a abonar la reparación de los daños.
Sin embargo, la Cámara de Apelaciones revocó esa sentencia y suspendió el proceso hasta que finalizara el relevamiento dispuesto en la ley dictada en 2006.
El municipio de Villa La Angostura apeló y el Tribunal Superior de Justicia provincial hizo lugar, al destacar los fundamentos del juzgado de primera instancia.
Asimismo entendió que la ocupación del predio se registraba en un lugar donde la municipalidad ubica “las bombas de agua” que prestan servicio a toda la localidad.
También concluyó que la comunidad mapuche no ocupaba ese predio en 2006 cuando se sancionó la ley.
La comunidad presentó un recurso extraordinario para que la Corte Suprema revirtiera la decisión provincial, pero el documento incumplió los términos de la acordada que rigen la presentación de estos recursos y lo rechazó.
En la segunda causa, se analizó el reclamo de Ana María Bianchedi contra la comunidad mapuche que reclamaba su propiedad como parte de sus tierras ancestrales.
El Tribunal Superior de Justicia provincial había rechazado los argumentos de la comunidad mapuche al señalar que los demandados no habían demostrado ser ocupantes históricos de ese predio y recordó que uno de los integrantes fue procesado por usurpación en 2011.
También destacó que la vecina había demostrado ser la dueña del lugar desde 1970. Los abogados de la comunidad mapuche apelaron, pero la Corte Suprema de Justicia rechazó el planteo por inadmisible.
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