Tal como lo hizo con Flávio Bolsonaro en Brasil, Javier Milei tiene decidido aprovechar su próximo paso por España para sumar fuerzas a la oposición y confrontar con el Gobierno de Pedro Sánchez antes de las elecciones adelantadas por el oficialismo.

En ese contexto, Milei tiene previsto alternar encuentros académicos y empresariales con actividades políticas, como reunirse con dos referentes de la oposición con los que mantiene una fuerte sintonía ideológica: la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el diputado nacional Santiago Abascal.

La primera es una de las principales referentes del Partido Popular -la derecha tradicional española- que conduce Alberto Núñez Feijóo, mientras que el segundo es el líder de Vox, que representa a un sector más radicalizado y ultraconservador.

Si bien la mayor cercanía política de Milei es con este último espacio, el Presidente tiene un buen vínculo con ambos dirigentes, a quienes busca alentar de cara a los próximos comicios en el país europeo. En el caso de Díaz Ayuso, la dirigente le otorgó una distinción en Madrid en 2024 y Milei la recibió en la Casa Rosada en enero de este año. Por su parte, Milei considera a Abascal un amigo personal y ha participado en varios de los foros encabezados por su partido, escenario que utilizó frecuentemente para polarizar con Pedro Sánchez.

Si bien en Casa Rosada aclararon a TN que el viaje a Madrid ya estaba previsto antes de que el PSOE adelantara las elecciones, un funcionario del círculo presidencial remarcó que con este contexto la gira cobrará una mayor relevancia en términos políticos.

La nueva visita –programada para el lunes 19 de octubre– fue comunicada este lunes durante una reunión de Gabinete, donde Milei y sus ministros analizaron el escenario electoral en Brasil tras el triunfo de Flávio Bolsonaro y el giro político que se había producido con la disolución de las Cortes.

Los detalles de la agenda presidencial todavía no fueron definidos. Sin embargo, en Balcarce 50 adelantaron que el mandatario tiene previsto dar una charla en el marco de una cátedra que dicta en Madrid el economista Jesús Huerta de Soto, un referente de la Escuela Austríaca muy citado y valorado por Milei, a quien incluso llegó a condecorar con la Orden de Mayo durante su visita a la Casa Rosada en abril de 2025.

Además, el mandatario tendrá una reunión con empresarios para explicar las bases de su modelo e incentivar inversiones al país -una práctica habitual en sus giras- y no se descartan otras actividades de índole política atravesadas por la coyuntura electoral local. En cambio, no están previstos encuentros oficiales con otras autoridades locales.

Con su presencia, Milei busca reforzar su figura como gran influencia a nivel global, con capacidad de incidir en los procesos electorales. “En los últimos 10 meses han habido 7 elecciones en la región (…) todos los candidatos apoyados por el Presidente Milei ganaron esas elecciones”, enfatizó el canciller Pablo Quirno este domingo tras confirmarse la ventaja para el bolsonarismo en la primera vuelta de Brasil con el 47% de los votos.

“Siempre va a haber un apoyo del Presidente hacia todos aquellos que defiendan las ideas de la libertad”, subrayó el vocero presidencial, Adrián Ravier, este martes en conferencia de prensa. Y agregó: “No serían ni Sánchez ni Lula las personas que representan esos valores en los que nosotros creemos”.

Además de la propia disputa ideológica, la relación de Milei con Sánchez -al igual que con Lula- fue tirante desde su llegada a la Presidencia, con numerosos cruces públicos que amenazaron con provocar un incidente diplomático.

Por su parte, el líder del PSOE está concentrado en consolidar la posición de su espacio ante el electorado luego de su decisión de disolver el Congreso, tras el rechazo de dos decretos impulsados por el oficialismo en materia de vivienda. Los comicios estaban previstos originalmente para 2027, pero Sánchez acusó un escenario de ingobernabilidad por la resistencia opositora en medio de un clima de movilizaciones alimentadas por el desalojo de una mujer de 87 años en Madrid.

La Cámara de Diputados retomó este martes el debate del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional con la exposición de más de una decena de especialistas y representantes de organizaciones civiles. La semana pasada, el plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores había terminado en escándalo por un enfrentamiento entre el diputado Juan Grabois y algunos legisladores libertarios.

El oficialismo apuntaba a firmar el dictamen del proyecto esta semana pero el fallo de la Corte Suprema que eliminó los límites para que extranjeros compren tierras y la convocatoria de la oposición a una sesión especial para derogar el mega DNU 70/23 demoraron sus planes.

Ante la consulta de Infobae, fuentes del bloque LLA aseguraron que de todas maneras apunta a incluir el proyecto en el temario de la sesión que pedirán para el miércoles 21, por lo que deberán firmar el dictamen la semana que viene. Pero el debate continuará este miércoles con la participación de la Secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, en lo que se anticipa como una reunión de alto voltaje político.

Los expositores, en su mayoría convocados a instancias de la oposición, coincidieron en criticar algunos puntos centrales del proyecto, como la conformación del Consejo de Seguridad Nacional y algunas definiciones clave que, según su visión, dejan la puerta abierta para un accionar discrecional del Poder Ejecutivo.

En ese sentido, Jerónimo Guerrero Iraola, del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) planteó que el Gobierno “ya cuenta con las herramientas para frenar el saqueo de nuestros recursos en el Atlántico Sur”, solo debe aplicarlas. “El verdadero objetivo que persiguen es generar dispositivos de control social. La verdadera finalidad de este gobierno es perseguir a las disidencias y a la oposición política. Por eso pedimos que se rechace este proyecto de ley porque malversa la cuestión Malvinas”, continuó.

A su turno, la directora ejecutiva del CELS, Paula Litvachky, aseguró que el proyecto tiene “serios problemas de constitucionalidad” porque propone darle “un amplio poder al Ejecutivo y a las áreas de Inteligencia” sin controles institucionales.

“Pretende abandonar la definición rigurosa de qué es una amenaza. No se pueden hacer definiciones vagas o nebulosas porque deja abierta la puerta a la discrecionalidad estatal. Por ejemplo, se amplían las hipótesis de riesgo, por ejemplo, por desinformar o intervenir en los procesos decisorios de las autoridades”, argumentó.

El jefe del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, señaló que el Título 1, que reúne los artículos del 1 al 40, podría lograr un amplio nivel de consenso. “Si ponemos allí el foco, podría haber diferencias, pero es factible llegar a un acuerdo. Le estaríamos haciendo un gran favor al reclamo de Malvinas”, explicó.

Entre otros puntos, el Título 1 propone la ampliación de las sanciones por explotación no autorizada de recursos naturales. En ese sentido, extiende el alcance de la Ley 26.659: ya no se limita a la actividad hidrocarburífera, sino que incluye toda explotación de recursos naturales, renovables o no renovables, en Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, sus espacios marítimos e insulares y la Plataforma Continental Argentina, sin habilitación de una autoridad argentina.

También incluye sanciones para empresas, socios y proveedores. Prevé multas, suspensión o cancelación de habilitaciones vigentes en la Argentina e inhabilitaciones. También incorpora responsabilidad para proveedores que conozcan que asisten a actividades prohibidas y amplía las restricciones para contratar con empresas o personas inhabilitadas.

Además, mantiene la responsabilidad administrativa y penal si una empresa intenta eludirla mediante fusiones, escisiones, transferencias de activos u otras reorganizaciones que encubran la continuidad de la actividad. Además, habilita juicios en ausencia para los delitos contemplados en la iniciativa.

Entre los puntos que cuestiona la oposición se destacan la creación del Sistema y del Consejo de Seguridad Nacional. Propone un sistema permanente de coordinación estatal en materia diplomática, económica, cibernética, jurídica, de defensa e inteligencia. Su órgano rector sería el Consejo de Seguridad Nacional, integrado de forma permanente por el Presidente, el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia de Estado y la secretaria Legal y Técnica.

Por otro lado, crea nuevas infracciones y sanciones por amenazas a la seguridad nacional. Considera infracción, entre otras conductas, afectar la integridad territorial, interferir de forma clandestina, engañosa o coercitiva en decisiones de autoridades argentinas, atacar infraestructura crítica o financiar esas acciones. Las sanciones pueden incluir multas, revocación de permisos y contratos, pérdida de beneficios estatales e inhabilitación para operar en sectores vinculados con la seguridad nacional.

La diputada de La Libertad Avanza por Corrientes, Virginia Gallardo, presentó un proyecto de ley para reformar parcialmente el Código Penal, con tres ejes centrales: eliminar la prescripción para los delitos sancionados con prisión perpetua, actualizar otros plazos de prescripción y endurecer las penas para los delitos de abuso sexual.

La iniciativa fue presentada con autorización de la Mesa Política y lleva también las firmas de Laura Rodríguez Machado, Carolina Basualdo, Nancy Picón Martínez, Pamela Verasay, Gladys Medina, Johanna Longo, Gladys Humenuk, Giselle Castelnuovo y Gabriela Flores, representantes de LLA, la UCR, San Juan y Tucumán.

El proyecto modifica el artículo 62 del Código Penal e incorpora un nuevo artículo 62 bis para establecer que la acción penal no prescriba cuando se trate de delitos sancionados con la pena más grave del sistema. Además, incorpora el artículo 65 bis y modifica el artículo 65 para que tampoco prescriba la ejecución de la pena en esos mismos casos.

La propuesta se enmarca en una serie de iniciativas vinculadas con la violencia y la inseguridad que el Gobierno nacional prevé enviar al Congreso, en un eje que también aparece como uno de los temas de cara a la campaña electoral de 2027.

Qué cambia en la prescripción de los delitos con prisión perpetua

El texto señala que el ordenamiento actual establece que las penas perpetuas prescriban a los 20 años. Según los fundamentos del proyecto, ese plazo puede hacer que una sentencia firme quede sin posibilidad de ejecución por el solo transcurso del tiempo.

“Si para determinados delitos el propio Código Penal establece la pena más grave de todo el sistema, no resulta coherente que el Estado pierda para siempre la posibilidad de perseguirlos simplemente porque pasó el tiempo”, plantea el documento presentado por las legisladoras.

La fundamentación también cita un fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), en la causa “Price, Brian Alan y otros s/ homicidio simple”. En esa resolución, el máximo tribunal sostuvo que corresponde al legislador nacional determinar el régimen de prescripción atendiendo a razones de seguridad jurídica, economía procesal e interés general.

Además de establecer la imprescriptibilidad para los delitos sancionados con prisión perpetua, la reforma modifica los plazos generales de prescripción de la acción penal. El límite máximo para los delitos reprimidos con prisión temporal pasaría de 12 a 15 años, mientras que el correspondiente a hechos sancionados únicamente con inhabilitación temporal se extendería de uno a tres años.

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El proyecto también reorganiza el artículo 67 del Código Penal. Actualmente, esa norma reúne las causales de suspensión y de interrupción de la prescripción, pese a que se trata de dos institutos con efectos jurídicos diferentes.

La iniciativa mantiene en el artículo 67 las causales de suspensión e incorpora un nuevo artículo 67 bis destinado exclusivamente a las causales de interrupción.

Entre las modificaciones, se agregan como causales de suspensión el período de vigencia de una suspensión del proceso a prueba y el tiempo de cumplimiento de las condiciones de una conciliación o reparación integral del perjuicio.

En cuanto a la interrupción de la prescripción, el proyecto incorpora la declaración de rebeldía y el auto de solicitud de extradición como actos que impiden que el paso del tiempo beneficie a quien se sustrae de un proceso judicial.

Endurecimiento de las penas por abuso sexual

El tercer eje de la reforma alcanza a los artículos 119 y 120 del Código Penal, que tipifican los delitos contra la integridad sexual.

La propuesta eleva los máximos de las escalas penales correspondientes al abuso sexual simple, al abuso sexual gravemente ultrajante y al abuso sexual con acceso carnal. También amplía las penas previstas para los supuestos agravados.

Uno de los cambios incorpora al “apoyo designado judicialmente” como nuevo sujeto agravante dentro del artículo 119. Se trata de una actualización terminológica que equipara esta figura del derecho privado con otros vínculos de confianza o autoridad sobre la víctima, como ascendientes, tutores o curadores.

El aumento de los máximos de las penas no elimina la valoración judicial en cada caso, sino que amplía el margen disponible para graduar la sanción de acuerdo con las circunstancias del hecho.

El proyecto también elimina, en los artículos reformados, las referencias a la pena de reclusión, que serían reemplazadas en todos los casos por la denominación única de prisión. Según las autoras, se trata de un ajuste destinado a mantener la uniformidad terminológica dentro del Código Penal.

La iniciativa es la tercera que presenta Gallardo desde que asumió su banca en diciembre del año pasado.

La primera estuvo vinculada con la declaración de la emergencia hídrica en Corrientes. La segunda estuvo relacionada con los premios Martín Fierro, un tema ligado a su anterior profesión.

Según el texto difundido por las legisladoras, la reforma “busca fortalecer la coherencia interna del Código Penal, asegurar una respuesta estatal efectiva frente a los hechos de mayor gravedad y proporcionar reglas más claras para la actuación de jueces, fiscales y demás operadores del sistema de justicia”, sin alterar las garantías que rigen el proceso penal.

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