A más de 32 años del atentado a la AMIA, el Gobierno analiza presentar una demanda contra la República Islámica de Irán en la Corte Internacional de Justicia por su presunta responsabilidad sobre el ataque que dejó 85 víctimas fatales y 300 heridos.

La posibilidad de llevar el caso ante la Corte de la Haya fue confirmada a TN por fuentes oficiales, luego de una reunión del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, con autoridades de la organización judía.

“Nos reunimos con autoridades de la AMIA para analizar posibles acciones de demanda ante instancias jurisdiccionales internacionales en torno al atentado del 18 de julio de 1994″, explicó Mahiques. Y agregó: “Desde el Ministerio de Justicia de la Nación mantenemos un compromiso permanente con la búsqueda de verdad y justicia para las 85 víctimas fatales, sus familias y los cientos de sobrevivientes”.

La Corte Internacional de Justicia es el principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y su misión es resolver disputas entre Estados y emitir opiniones consultivas a pedido de órganos de la ONU. En ese sentido, el organismo no juzga personas, sino países, y sus casos recientes más resonantes son las presentaciones de Sudáfrica contra Israel por genocidio en Gaza, de Ucrania contra Rusia, o la disputa Guyana-Venezuela por el Esequibo.

La noticia se conoce días después que la Justicia procesó a ocho altos mandos iraníes y libaneses por el atentado a la mutual judía. Las medidas las dispuso el juez federal Daniel Rafecas por el ataque terrorista del 18 de julio de 1994 que provocó 85 muertes, 151 heridos y graves daños materiales.

Los procesamientos son para Alí Fallahijan (exMinistro de Inteligencia iraní), Alí Velayati (ex Ministro de Relaciones Exteriores iraní), Mohsen Rezai (ex Comandante de la Guardia Revolucionaria iraní), y Ahmad Vahidi (Comandante de la fuerza Al Quds, de la Guardia Revolucionaria).

Según la resolución, desde los cargos que ocupaban dentro del régimen iraní y sus estructuras, estos cuatro procesados decidieron y participaron en la organización del atentado y posibilitaron que quienes luego actuaron sobre el terreno consumaran el atentado.

Daniel Gallo,Conforme a

Patricia Vásquez, diputada nacional de La Libertad Avanza, defendió la posibilidad de que ciudadanos extranjeros compren tierras en la Argentina y sostuvo que las restricciones deben responder a razones de seguridad nacional, especialmente en las zonas de frontera. En una entrevista con Infobae al Regreso, se refirió al debate legislativo que se abrirá la próxima semana y anticipó que el oficialismo buscará sostener su propuesta original, aunque reconoció que el texto definitivo dependerá de las negociaciones parlamentarias.

El Gobierno convocó a un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General para el miércoles 14, en el marco del tratamiento del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que incluirá un capítulo sobre tierras rurales. La reunión se realizará un día antes de la sesión impulsada por la oposición para debatir el DNU 70/23, cuyo artículo 154 derogó la Ley de Tierras.

Uno de los puntos en discusión es la posibilidad de recuperar el límite del 15% por provincia para la titularidad extranjera de tierras rurales, establecido por la Ley 26.737. Vásquez reconoció que todavía no conoce la redacción definitiva de la iniciativa que llegará a Diputados. “No sé cómo va a proponerse actualmente, porque lo que se votó en contra en el Senado no sé cómo llega a Diputados”, afirmó.

La compra de tierras y la discusión sobre la soberanía

Durante la entrevista, Vásquez rechazó que la derogación de las restricciones anteriores implique una cesión de soberanía nacional. Según planteó, la iniciativa oficialista apunta a garantizar la propiedad privada y ampliar las posibilidades de inversión, sin que eso suponga renunciar al control estatal sobre el territorio argentino.

“La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que siempre sostuvo el Gobierno, apuntaba a determinados temas. Uno de ellos era el tema de la mal llamada extranjerización. En realidad, era de protección de la propiedad privada en todos los articulados”, sostuvo.

La legisladora cuestionó las críticas de la oposición y afirmó que el Gobierno nunca manifestó la intención de entregar soberanía. “Nunca dijo el Gobierno querer o pretender ceder soberanía, porque esto se manejó con un relato muy eficiente del lado de la oposición”, expresó.

Para fundamentar su postura, distinguió la compra de un inmueble por parte de un particular extranjero de la presencia de instalaciones bajo control de otros Estados. En ese contexto, mencionó la base china de 200 hectáreas en el sur argentino y sostuvo que se trata de una situación diferente.

Vásquez también recordó la llegada de inmigrantes europeos durante el siglo XIX y su participación en el desarrollo de actividades productivas. “Vinieron, compraron tierra, produjeron, crecieron, desarrollaron, fueron agropecuarios. Bueno, y acá estamos nosotros”, señaló.

Consultada sobre la posibilidad de restablecer el límite del 15%, insistió en que las restricciones deben estar vinculadas con la seguridad nacional, especialmente en las zonas fronterizas. La definición sobre el alcance de esas condiciones quedará sujeta al debate legislativo.

“Lo que seguramente se quiere sostener es la idea original de darle la posibilidad al extranjero que compre tierras igual que el argentino”, afirmó. Sin embargo, admitió que la propuesta deberá adaptarse a los acuerdos que puedan alcanzarse en el Congreso. “Uno no llega a la ley ideal o por lo menos a la que uno quiere proponer. Llega a la posible, a la negociada, a la escuchada, a la debatida”, agregó.

Inmigración y acceso a los servicios públicos

La conversación también derivó en un intercambio sobre las condiciones de acceso de los extranjeros a la salud y la educación públicas. Vásquez sostuvo que el contexto actual de la Argentina es diferente del que existía durante las grandes corrientes migratorias y defendió la aplicación de criterios de reciprocidad.

“Estábamos hablando de una situación totalmente diferente porque éramos ocho millones de habitantes en todo el país. Ahora somos casi 50”, afirmó.

La diputada reclamó controles migratorios y cuestionó el ingreso de personas que, según dijo, llegan al país para cometer delitos. También planteó que las políticas públicas deben contemplar las condiciones económicas y fiscales antes de ampliar las prestaciones disponibles para quienes no son ciudadanos argentinos.

El economista y exdiputado Martín Tetaz planteó durante la entrevista una tensión entre las ideas liberales que reivindica el Gobierno y las posiciones nacionalistas que, a su entender, aparecen en algunas de sus propuestas. Vásquez respondió con un argumento basado en la reciprocidad entre países.

“Vas a Estados Unidos y vos te comprás el departamento que quieras, el terreno que quieras y el campo que quieras y nadie te va a decir nada. Ahora, andá a Estados Unidos y pretendé que te paguen la salud gratis”, sostuvo.

El respaldo a Milei y las diferencias con Bullrich

En otro tramo de la entrevista, Vásquez se refirió al vínculo entre Patricia Bullrich y Javier Milei. La diputada, que fue secretaria de Estado en el Ministerio de Seguridad durante la gestión de Bullrich al frente de esa cartera, consideró que la actual senadora continuará acompañando al Gobierno, aunque mantenga posiciones propias.

“Ella siempre va a decir lo que piensa, esté donde esté, y va a seguir acompañando este rumbo de país en el cual está convencida, porque es el mismo que ella proponía”, afirmó.

Vásquez defendió la posibilidad de expresar desacuerdos dentro de La Libertad Avanza y señaló que ella misma plantea diferencias ante funcionarios de distintas áreas. “Porque somos liberales no somos manada, lo dice el presidente y yo lo comparto”, sostuvo.

Consultada sobre una eventual candidatura presidencial de Bullrich, la legisladora manifestó su respaldo a la continuidad del actual mandatario. “En lo personal, quiero que Javier Milei reelija”, dijo. Para justificar esa posición, sostuvo que los procesos de estabilización económica requieren tiempo y afirmó que, históricamente, otros países necesitaron entre 15 y 20 años para superar crisis profundas.

Por último, se refirió al estilo confrontativo de Milei y a sus agravios contra periodistas, empresarios y dirigentes políticos. Vásquez reconoció que esa forma de expresarse no coincide con la suya, aunque diferenció el tono de las intervenciones presidenciales del contenido de sus decisiones.

“No es mi estilo, claramente. Y a Patricia obviamente le pasa lo mismo. No es su forma, pero es una cuestión de forma, no de fondo”, concluyó.

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patricia vásquez