El Gobierno defendió este viernes ante el articulado de la ley de Malvinas que propone penas para quienes realicen “campañas de desinformación masiva”. Esta parte de la iniciativa despertó alarmas en la oposición y en constitucionalistas, que mencionaron la posibilidad de que se use como una herramienta de persecución a la prensa o de control político interno.

La propuesta de la gestión de Javier Milei -que tiene múltiples advertencias por ataques a la libertad de expresión- propone modificar el artículo 225 bis del Código Penal para poder sancionar con entre cinco y 12 años de prisión a quien “actuando por cuenta, orden o financiamiento total o parcial de un Estado, organización o agente extranjero realizare actividades que alteren procesos electorales o manipulen a la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva”.

Según el Gobierno, con este apartado se busca dotar al Estado de herramientas para protegerse frente a cualquier influencia extranjera. Dicen fuentes oficiales que en la legislación actual no hay “herramientas suficientes” para atacar ese problema.

“La ley Malvinas estipula que tiene que haber una campaña de desinformación general y masiva, y además debe acreditarse que esa campaña fue financiada y por cuenta de un Estado o actor extranjero. No es que el Estado va a penar si una nota es desinformación o engañosa, queremos protegernos de la influencia externa”, dijo ante la consulta de este medio una fuente del Gobierno que tiene injerencia en el tema.

“Se debe acreditar judicialmente que existe una campaña organizada que está siendo pagada, ejecutada y coordinada por influencia extranjera. Se busca el ejercicio soberano, que no seamos víctimas, y protegernos frente a las campañas de desinformación. Nos acusan de querer perseguir a los periodistas, pero bajo ningún concepto es así”, afirmaron desde la Casa Rosada.

Dentro del propio gobierno hay funcionarios que aseguran estar dispuestos a escuchar las propuestas de la oposición y de los especialistas que permitan “acotar” o “precisar” esta parte del articulado. “Seguro es perfectible”, dijeron, ante las objeciones.

Especialistas que hablaron con ayer refirieron que la letra de la iniciativa es tan amplia que podría derivar en persecución política y hasta censura previa. En la Casa Rosada lo niegan y acusan “mala intención” de los críticos de la ley.

Quien se subió a la polémica este viernes fue el estratega Santiago Caputo, uno de los ideólogos del texto que el Gobierno mandó al Congreso. “No hay un solo renglón en la ley que atente contra el derecho a la libertad de expresión de ningún ciudadano ni ningún periodista. Los que se oponen son agentes ingleses”, dijo el asesor principal del Presidente.

Los dichos de Caputo refirieron a un mensaje del economista oficialista Federico Domínguez, que se manifestó en igual sentido que las fuentes en off de la Casa Rosada que hablaron con .

“Publicar información falsa es inmoral, pero no es un delito. Diferente es ejecutar en la Argentina una operación de desinformación financiada y dirigida desde el exterior. Eso sí es un delito y atenta contra la seguridad nacional”, dijo Domínguez para defender la ley y fue avalado por Caputo.

Tras el escándalo por el apartado de Discapacidad incluido en el proyecto de ley de presupuesto, el Gobierno trabaja ahora en una salida “diagonal” del conflicto. Según aseguraron fuentes del Poder Ejecutivo y del Congreso consultadas por , se harán cambios en el texto de las proyecciones económicas para 2027, aunque la Casa Rosada no piensa ceder en todos los puntos objetados.

De esta forma, el Gobierno buscará calmar el malestar de propios y aliados por esta descoordinación. La conversación se enturbió porque el proyecto que mandó el Ejecutivo a Diputados elimina la actualización obligatoria de las prestaciones en discapacidad y habilita a las obras sociales y a las prepagas a fijar sus propios precios. Esto no se habría acordado en la mesa política del Gobierno, según ventiló la senadora Patricia Bullrich.

El plan que salió del Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, y pasó el filtro último del área de Legal y Técnica dejó esquirlas en el oficialismo y sus socios de Pro y la UCR. Una parte del Gobierno que defendió la redacción dijo que en el presupuesto se conservó el espíritu de mantener el equilibrio fiscal que pregona el presidente Javier Milei.

Estallada la polémica, voces que conocen la diaria del Poder Ejecutivo contaron a que hubo una reunión virtual entre el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la diputada nacional de La Libertad Avanza Laura Rodríguez Machado (que está a cargo de la conversación con los aliados por discapacidad y es ex Pro). Luego se sumó a la conversación el jefe de Diputados, Martín Menem.

De esta forma, terminaron de delinear el punteo que el Ejecutivo pondrá a disposición de los aliados para conseguir un dictamen que este grupo llama “superador” respecto de la atención para los discapacitados.

El Gobierno va a plantear en comisión que, en vez de prorrogar una emergencia, es necesario lograr una legislación permanente, para así sustituir elementos excepcionales por reglas de fondo. De esta manera, dirá el oficialismo, podrán sacar cuentas y reflejar eso en el proyecto de presupuesto 2027, con objetivos, costos, fuentes de financiamiento y mecanismos de control.

Los diputados libertarios que defiendan esa postura criticarán en comisión la idea del kirchnerismo de prorrogar la emergencia, que vence a fin de año. Lo harán con énfasis en que solicitar nuevas prórrogas representa una continuidad del modelo excepcional, mientras que establecer nuevos parámetros permitirá ofrecer al sector privado un marco normativo con un horizonte claro y más largo.

“Vamos por un texto consensuado que pase de una situación de excepcionalidad (como la ley de emergencia) a una de permanencia. Estamos trabajando intensamente en lograr un buen dictamen”, afirmó a una alta fuente de la gestión nacional.

Otra, también al tanto de lo que ocurre en la sede del Poder Ejecutivo, ahondó: “El Gobierno va a ceder, pero no en todo; se irá hacia un punto intermedio”.

No son pocos los que especulan con que el Gobierno endureció su posición sobre la discapacidad en el presupuesto 2027, pese a que en Diputados se debatía otra cosa, para así “corregir y encontrar una diagonal”. Las tensiones dentro de la Casa Rosada entre los negociadores (con la dupla Santilli-Menem) y los fiscalistas (con los Caputo, en línea con Milei) seguramente se plasmarán en la próxima reunión de mesa política, el martes próximo.

¿Cuáles serían los pasos hacia adelante? La Casa Rosada pretende llevarles a sus aliados este texto propio, que tenga en cuenta parte de las conversaciones que ya estaban librándose y que se detonaron la madrugada que llegó el detalle del presupuesto. Esta nueva redacción es la que delinearon en esa llamada Santilli, Menem y Rodríguez Machado.

Si los aliados aceptan, la intención del Gobierno es lograr un dictamen favorable el miércoles próximo, como establecía el plan original.

De ahí en adelante hay distintas opciones sobre cómo ir a la sesión. Una es tratar únicamente discapacidad y lograr la media sanción, para después adaptar el presupuesto a esa aprobación de la Cámara baja ya vigente. Otra es esperar a que se dictamine sobre morosidad e ir a sesión con sendos temas. La tercera -que es la que toma más fuerza por estas horas en el ala política de la administración nacional- es sacar dictamen de discapacidad, pero canalizar los cambios vía presupuesto. Entonces, cuando se traten las proyecciones para 2027, se aprobarían ahí las nuevas reglas para el área en cuestión.

En cualquier caso, fuentes importantes de esta administración aseguraron: “Lo que acordemos tendrá que ir al presupuesto en la misma línea”.

La AUH y las demás prestaciones

Otro debate en el Congreso se dará por la propuesta del Ministerio de Economía de que tanto la Asignación Universal por Hijo (AUH) como el resto de las asignaciones familiares dejen de actualizarse automáticamente en base a la inflación de dos meses previos.

Respecto de este tema, fuentes de la Casa Rosada alegaron que en los tres presupuestos que mandó esta gestión siempre se estipuló de esa manera, y que después este cambio no fue aprobado por los legisladores, por lo que se mantuvo el esquema ya vigente. En el oficialismo no tienen expectativas de que prospere la anulación de la movilidad.

Desde el Ministerio de Capital Humano aclararon que hay un “compromiso” con garantizar la cobertura de las prestaciones sociales y que, más allá de si se mantiene o no la movilidad, esa cartera tiene un acuerdo asumido con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para que la cobertura orbite alrededor del 95% de la Canasta Básica Alimentaria.