POLITICA
La advertencia de Patricia Bullrich a Javier Milei en medio de la tensión con Adorni en el Congreso
Frente al riesgo de que avanzara una interpelación contra Manuel Adorni, Patricia Bullrich debió suspender este jueves una sesión del Senado que el propio oficialismo había convocado. La decisión terminó confirmando la advertencia que la jefa de la bancada oficialista le había hecho días atrás a Javier Milei: mientras el jefe de Gabinete continúe en el cargo, el Congreso seguirá paralizado.
“Hasta que no se vaya (Adorni), no va a salir nada”, sentenció a TN un colaborador de la exministra de Seguridad, luego de que naufragara la sesión donde La Libertad Avanza se proponía darle media sanción a la Ley de Propiedad Privada, pliegos judiciales y convenios internacionales.
Ese diagnóstico, según pudo saber este medio, le fue transmitido al Presidente por la propia Bullrich días atrás cuando le explicó que los aliados no quieren pagar el costo de proteger al jefe de Gabinete. “El Congreso así no funciona”, sintetizó una fuente al tanto del intercambio.
La tesis de la senadora porteña quedó en evidencia este jueves a la mañana, cuando la bancada oficialista decidió no dar quórum ante la presión de la oposición y los aliados para habilitar la citación a Adorni. Unión por la Patria terminó por desbaratar la sesión, cuando finalmente no bajó al recinto para no convalidar los cambios en labor parlamentaria sobre las mayorías necesarias para tratar los proyectos contra el funcionario.
Una sesión caída, quejas de aliados y una percepción de parálisis en el Congreso
La caída de la sesión alimentó la percepción de que el Congreso no logra dejar de girar en torno al jefe de Gabinete, en lugar de abordar los proyectos que impulsa la Casa Rosada con el aval de sus socios. Así lo expresó la bancada de la UCR en el Senado, con un comunicado donde sentenció: “La agenda legislativa del Senado no puede seguir paralizada por disputas políticas ajenas a las urgencias del país”.
Cerca de la exministra de Seguridad sostienen que el escenario es complicado, y si bien consideran que el oficialismo podría obtener algunos avances -en Diputados logró dos triunfos este miércoles con el super-RIGI y holdouts-, la continuidad del caso Adorni en la agenda pública “es un tapón”.
En público y en privado, Bullrich ha dado a conocer su mirada sobre la situación en la que se encuentra el Gobierno. Sin embargo, Javier Milei y su hermana Karina están decididos a no soltar la mano de su funcionario, quien ratifica su continuidad en la Casa Rosada.
Esa discrepancia ha alimentado los roces entre el Gobierno y la exministra de Seguridad, aunque en Balcarce 50 han insistido una y otra vez en bajar el tono del conflicto y evitar una ruptura con la legisladora porteña. El cálculo es político, Bullrich no solo es una negociadora hábil en el Senado, sino que su larga trayectoria política y el caudal de votos propios que mantiene la convierten en una figura que conviene contener dentro del oficialismo.
Un dato no menor es la influencia de la exministra de Seguridad en el Congreso. Por fuera de sus lazos en el Senado, Bullrich suma 12 diputados que le reportan directamente en la cámara baja. Además de Damián Arabia y Silvana Giudici, sus principales espadas, la última incorporación se produjo con la llegada del pampeano Martín Matzkin en lugar de Adrián Ravier, quien renunció para ocupar su nuevo rol como vocero presidencial. Para que no queden lugar a dudas, la senadora asistió a su ceremonia de juramento.
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Karina Milei no es ajena a esos movimientos. Decidida a mostrar su apoyo a Adorni y a la vez sostener su influencia en el bloque parlamentario en el Senado, la secretaria General de la Presidencia lideró tres encuentros junto al jefe de Gabinete este martes en la Casa Rosada con buena parte de los legisladores libertarios. Patricia Bullrich fue una de las ausentes. “Enojada es brava”, advirtió alguien que la conoce de cerca.
Patricia Bullrich, Javier Milei, Manuel Adorni
POLITICA
Ley de Tierras: qué cambiaría la reforma que impulsa Milei y cómo la regulan Brasil, Uruguay y Paraguay
Mientras el Gobierno busca avanzar con una reforma de la Ley de Tierras Rurales para flexibilizar la compra de campos por parte de extranjeros, los principales países de la región conservan esquemas que, con distintos alcances, regulan este tipo de operaciones. Brasil establece topes por municipio, Uruguay exige identificar a los propietarios de las sociedades y Paraguay mantiene normas específicas, pese al alto nivel de extranjerización de su superficie rural.
La iniciativa promovida por la administración de Javier Milei será debatida recién el próximo 6 de agosto, luego de que se postergara la discusión prevista para este jueves en el Senado. El proyecto propone un cambio de fondo respecto del régimen vigente, ya que elimina las restricciones para que personas físicas y empresas privadas extranjeras puedan adquirir tierras rurales.
No obstante, mantiene e incluso refuerza los controles cuando los compradores sean Estados extranjeros, empresas públicas o sociedades controladas por gobiernos.
La actual Ley 26.737 fija que los extranjeros no pueden concentrar más del 15% de las tierras rurales del país. Ese límite también se aplica en cada provincia y en cada municipio.
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Además, establece un tope equivalente a 1000 hectáreas en la zona núcleo para un mismo titular extranjero y prohíbe la adquisición de inmuebles rurales ubicados sobre cuerpos de agua permanentes, glaciares y zonas consideradas estratégicas de frontera.
El Ejecutivo sostiene que la legislación vigente constituye una barrera para la llegada de inversiones vinculadas con actividades como la forestación, el desarrollo de sistemas de riego y los cultivos permanentes, especialmente en regiones como el NEA, Cuyo y la Patagonia.
En esa línea, el Gobierno plantea diferenciar el tratamiento de los inversores privados del que reciben los Estados extranjeros. Mientras los primeros podrían adquirir tierras sin los límites actuales, los gobiernos extranjeros, sus empresas y las sociedades bajo su control continuarían sujetos a autorizaciones especiales y a un esquema de control más estricto.
De acuerdo con datos oficiales, cerca del 6% de las tierras rurales argentinas pertenece actualmente a propietarios extranjeros, una cifra muy inferior al máximo permitido por la legislación.
Brasil: topes por municipio y por nacionalidad
Brasil cuenta con uno de los sistemas más restrictivos de Sudamérica para la compra de tierras por parte de extranjeros.
La Ley 5.709 establece que la propiedad extranjera no puede superar el 25% de la superficie de un municipio. A su vez, los compradores de una misma nacionalidad tienen prohibido concentrar más del 10% del territorio municipal.
Las operaciones son supervisadas por el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA), encargado de llevar el registro y controlar el cumplimiento de esos límites.
Si prospera la reforma impulsada por el Gobierno argentino, el esquema local quedaría considerablemente más abierto que el brasileño.
Uruguay: foco en la identificación de los propietarios
En Uruguay no existen prohibiciones generales para que extranjeros compren campos, aunque sí rigen exigencias vinculadas con la transparencia de las operaciones.
La normativa obliga a identificar a los accionistas de las sociedades titulares de tierras rurales, registrar la composición societaria y garantizar la trazabilidad de la propiedad.
Además, el Parlamento uruguayo analiza distintos proyectos para reforzar los controles sobre las adquisiciones de tierras, especialmente en las zonas de frontera.
Con la modificación propuesta por el Ejecutivo argentino, el país pasaría a tener un régimen más flexible que el uruguayo.
Paraguay: elevada participación extranjera
Paraguay presenta uno de los mayores niveles de participación extranjera en la propiedad rural de la región.
Estudios sobre la materia estiman que entre el 14% y el 19% del territorio pertenece a propietarios extranjeros. En algunos departamentos fronterizos, ese porcentaje llega incluso al 60%, impulsado principalmente por inversiones provenientes de Brasil.
Sin embargo, especialistas señalan que ese nivel de extranjerización responde a un proceso desarrollado durante décadas y convive con regulaciones específicas para la adquisición de tierras, por lo que no equivale a un régimen de apertura irrestricta.
ley de tierras rurales, Gobierno, Congreso
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la decisión de denegarle la prisión domiciliaria al empresario Lázaro Báez, condenado a 14 años de prisión por fraude y lavado de dinero en varios casos de corrupción ligados con Cristina Kirchner.
Báez alega que tiene problemas de salud, pero los jueces del Tribunal Oral Federal 4 que lo condenaron entendieron que puede ser atendido intramuros en la cárcel de Ezeiza donde cumple su condena.
Ahora la defensa de Báez insistió ante la Cámara Federal de Casación donde los jueces de la Sala IV Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky resolvieron, por mayoría, rechazar su recurso y confirmar la negativa a su pedido de prisión domiciliaria.
Carbajo, autor del primer voto, y Hornos confirmaron el fallo del juez de ejecución del tribunal oral Guillermo Costabel, que había rechazado el pedido. Costabel incluso visitó un sábado a Báez en su celda antes de decidir.
Ahora los camaristas consideraron que no se verifican al momento circunstancias que justifiquen la morigeración del régimen de detención.
“La mera invocación de cuestiones de salud no constituye un argumento suficiente para proceder, sin más, a la concesión de la prisión domiciliaria”, dijo Carbajo.
El juez señaló que “la defensa no ha logrado demostrar, tampoco en esta oportunidad, que la privación de la libertad en el establecimiento carcelario implique un menoscabo a la vida o integridad personal de Báez, ni tampoco que sus patologías crónicas no puedan ser atendidas adecuadamente de permanecer intramuros”.
Carbajo sostuvo que las patologías crónicas que presenta el condenado se encuentran bajo tratamiento y son adecuadamente atendidas en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.
Señalaron que existe un riguroso control judicial y que la defensa no pudo establecer una imposibilidad de asistencia médica dentro de la cárcel ni que hubiera “un menoscabo a la vida o integridad personal” de Báez.
Hornos sostuvo que cumplir la condena “en prisión domiciliaria es excepcional y de carácter restrictivo” por cuanto su análisis debe basarse en razones de salud, edad avanzada, situaciones de especial vulnerabilidad o riesgos acreditados.
El magistrado destacó que las constancias reunidas muestran un escenario de seguimiento médico sostenido, con controles, interconsultas y derivaciones que, aun cuando revelan la necesidad de mantener una supervisión clínica estricta y eventualmente reforzada, no alcanzan para demostrar, de momento, que el tratamiento de sus afecciones no pueda ser garantizado en el ámbito penitenciario.
“La adopción de nuevas medidas de seguimiento o de derivaciones extramuros no constituye demostración de una imposibilidad de asistencia en el actual lugar de alojamiento, sino la manifestación del control judicial activo y de la necesidad de adecuar la respuesta sanitaria a la evolución del cuadro clínico del condenado”, remarcó Hornos.
Además, sostuvo que la pena no se agota en su dimensión resocializadora, sino que tiene una “función expresiva, reafirma el orden jurídico vulnerado y materializa el repudio institucional frente a las transgresiones más graves al pacto democrático”.
“Toda flexibilización excesiva en el modo de cumplimiento debilita ese mensaje y no permite satisfacer los fines constitucionales y convencionales que el derecho penal está llamado a cumplir”, continuó Hornos.
El juez descartó que la modalidad de cumplimiento de pena sea inmutable, pues se encuentra sujeta a la permanente evaluación del juez de ejecución competente. Según Hornos, será Costabel quien, en atención a la evolución de las circunstancias del caso, deberá valorar la pertinencia de mantener o modificar el modo de cumplimiento, considerando especialmente el estado de salud de Báez.
Por último, Hornos consideró que el cuadro que presenta el condenado exige -y seguirá exigiendo- un seguimiento clínico riguroso, pero las constancias incorporadas no permiten afirmar, por el momento, que la permanencia intramuros comporte, en las actuales condiciones, un riesgo incompatible con la continuidad de la ejecución de la pena bajo la modalidad vigente.
En su disidencia, Borinsky sostuvo que correspondía hacer lugar al recurso, revocar la decisión del juez Costabel y conceder la prisión domiciliaria. Consideró que el empresario ya tiene 70 años cumplidos, lo que le permite este beneficio no automático, y ponderó el cúmulo de patologías crónicas que padece.
Para Borinsky, la atención médica brindada por el Servicio Penitenciario Federal había resultado “reactiva y tardía”, en una modalidad incompatible con los fines constitucionales de la pena. El juez subrayó que en una colonoscopia se detectó y extrajo una lesión en el colon y que existió una posterior recomendación médica de internación.
Borinsky también argumentó sobre los derechos de los dos menores que integran el núcleo familiar del condenado, resaltando la necesidad de resguardar el interés superior del niño, conforme lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño.
Por último, el juez se refirió a la actual pareja de Báez, que atraviesa un proceso oncológico, y dijo que una red de apoyo familiar ampliada, bajo estrictos controles, permitiría una mejor protección de esos derechos de los niños sin afectar los fines de la sanción penal.
confirmaron el fallo del juez de ejecución,Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
LLA se impuso en la negociación por un lugar en el Consejo de la Magistratura bonaerense y va por la Corte
La Libertad Avanza se impuso en la negociación por un lugar en el Consejo de la Magistratura bonaerense cuando este miércoles el Senado provincial votó la designación de María Cecilia Martínez como representante del Poder Legislativo en carácter de suplente. Es un lugar que le correspondía a la oposición y que, además, suplantará en caso de ausencia a otra legisladora libertaria que ya había sido elegida en la última sesión de la Cámara alta.
Así, La Libertad Avanza logró dos casilleros para representar al Poder Legislativo dentro del organismo encargado de evaluar y conformar las ternas para ocupar cargos judiciales en el ámbito bonaerense. En la negociación, aventajó al PRO que buscaba designar al senador Juan Manuel Rico Zini. Marplatense, Martínez es una legisladora por la Quinta sección electoral, que responde al diputado nacional y presidente partidario de La Libertad Avanza en PBA, Sebastián Pareja.
Será consejera en carácter suplente junto a su compañera de bloque, María Luz Bombaci, quien ya había sido designada como consejera en la Magistratura en la última sesión junto a los peronistas Sergio Berni (por el kirchnerismo) y Fernando Coronel (del MDF de Kicillof), como titular y suplente respectivamente.
“La Justicia tiene un rol fundamental en la vida de los bonaerenses. Cada juez que se designa impacta directamente en la seguridad, en la lucha contra la corrupción y en la defensa de los derechos de los ciudadanos. Vamos a asumir esta responsabilidad con seriedad, transparencia y el compromiso de garantizar procesos basados en el mérito y la idoneidad”, dijo el presidente del bloque libertario en el Senado bonaerense, Carlos Curestis, luego de la sesión de este miércoles.
En el espacio de Javier Milei interpretan las designaciones como parte de un crecimiento en distintos ámbitos del poder político y judicial de la provincia de Buenos Aires. La gran apuesta es lograr una representación dentro de la Suprema Corte de Justicia, que actualmente tiene cuatro vacantes y funciona con tres de sus cuatro miembros originales.
“Logramos ordenar esto, que era importante: tener presencia en la magistratura. Ahora viene otra negociación que deberá activarse y es la Corte”, aseguró un legislador libertario ante la consulta de Infobae. Una de las explicaciones de por qué LLA se impuso al PRO es, por un lado, porque tiene más senadores —diez violetas sobre cinco amarillos— y, por el otro, porque el PRO ya cuenta con la figura del diputado Martín Endere dentro de la Magistratura representando al Poder Legislativo.
Esta semana, el gobernador designó a los representantes por el Poder Ejecutivo y la Cámara de Diputados bonaerense hizo lo propio con los nombres que le correspondían al oficialismo. Como contó Infobae, esos nombramientos se dieron tras un acuerdo interno del peronismo, que resultó en que La Cámpora, el MDF, el Frente Renovador de Sergio Massa y los intendentes del Grupo AFA tengan una silla en el Consejo de la Magistratura.
Kicillof perfiló a su Asesor de General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel, como titular en la Magistratura. También intercedió en esa negociación la vicegobernadora Verónica Magario, tras el nombramiento como consejero en carácter de suplente por el Ejecutivo del abogado matancero Gustavo Gamino. Además, en la Cámara de Diputados, se había votado a Mariano Cascallares como representante del Legislativo. Cascallares es un dirigente que trabaja por la construcción política de Kicillof.
El intendente de La Plata, Julio Alak, también hizo pie en ese acuerdo con la designación de Ana Laura Ramos, una abogada de su extrema confianza. El kirchnerismo y La Cámpora retuvieron las sillas de Santiago Révora y Lisandro Pellegrini que se suman a las del ministro de Justicia, Juan Martín Mena y del jefe de bancada de Fuerza Patria en la Cámara baja, Facundo Tignanelli. Los intendentes del Grupo AFA lograron que el mandatario provincial incluyera en los nombramientos por el Poder Ejecutivo a la exsenadora Gabriela Demaría.
La demanda de los cortesanos
Los pliegos para postulantes a la Corte que Kicillof deberá enviar al Senado bonaerense serán parte de una negociación macro de las distintas fuerzas políticas e, indefectiblemente, de la interna peronista. Hay cuatro vacantes.
Una hoja de ruta posible es que de los cuatro lugares haya uno en el que cada sector del peronismo —La Cámpora, MDF y FR— proponga un nombre cada uno para cubrir los lugares. El restante sería para la oposición. Ahí se abre otro frente en el sector no peronista. Con la avanzada en el Consejo de la Magistratura, los libertarios también buscarán una silla de carácter perpetuo en el máximo tribunal de justicia.
Pero allí, el radicalismo tiene aptencias desde hace tiempo. El sector del senador nacional, Maximiliano Abad, busca tener peso para proponerle un nombre a Kicillof.
“Es una prerrogativa, es una potestad del gobernador, que lo va a definir de acuerdo a los criterios de oportunidad, mérito y conveniencia”, había dicho tiempo atrás el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, al ser consultado por los nombramientos en la Corte. Sin embargo, en los últimos meses hubo ciertos acuerdos que empiezan a materializarse en el ámbito judicial.
Resta ahora que la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado provincial que conduce el senador camporista, Emmanuel González Santalla, empiece a avanzar con el tratamiento de los pliegos de jueces, fiscales, defensores y auxiliares. En 2025 el Senado bonaerense aprobó 224 pliegos judiciales.
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