El Gobierno lanzó un nuevo programa para fortalecer el uso de las pulseras y tobilleras electrónicas en casos de condenados de prisión domiciliaria y otros acusados con restricciones a la libertad ambulatoria. El protocolo también incluirá a los adolescentes en conflicto con la ley penal, tras la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil, que reduce la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años.

Así surge de la Resolución 434/2026, firmada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y publicada ayer en el Boletín Oficial. La medida apunta a mejorar la asistencia de jueces y fiscales de todo el país en la implementación de tecnología de monitoreo electrónico, y se enfoca en aquellos casos de acusados que no pasaron por una cárcel o alcaidía.

“Los jueces vienen reclamando la necesidad de contar con pulseras sobre todo para casos que necesitan monitorear pero que no aplican para ir a un establecimiento penitenciario”, deslizaron fuentes oficiales.

En sus considerandos, la decisión oficial remarca que la expansión del modelo acusatorio -encabezado por los fiscales- en la mayoría de las provincias hizo crecer la adopción de medidas de control alternativas a la prisión ante quienes enfrenten juicios penales, mientras el proceso judicial continúa.

Puntualmente, el programa resalta que estos mecanismos son de utilidad “tanto para supervisar medidas de coerción personal durante el proceso” judicial, como para “controlar modalidades de cumplimiento de penas o medidas privativas de la libertad fuera de establecimientos penitenciarios”, dice la resolución.

Lo saliente es que también plantea “acompañar la implementación de respuestas previstas por el régimen de responsabilidad penal juvenil”, que esta semana comenzó a aplicarse en todo el país, a excepción de la provincia de Buenos Aires, luego del habeas corpus colectivo dictado por la jueza Marta Pascual que suspendió la norma por 60 días.

A quiénes se les aplicará el nuevo protocolo

El alcance del Programa de Asistencia Tecnológica para la Supervisión de Medidas Restrictivas de la Libertad Ambulatoria -su nombre oficial- funcionará bajo la órbita de la Subsecretaría de Política Criminal de la cartera de Justicia, y tendrá como fin colaborar con el Poder Judicial en casos de asistencia tecnológica en personas que:

• Tienen restricciones procesales, por ejemplo, prohibición de acercamiento o arresto domiciliario sin haber estado presos.
• Cumplen detención domiciliaria por condena, sin ingresos previos a la cárcel.
• Afrontan medidas o sanciones según la Ley 27.801 de Régimen Penal Juvenil, es decir, adolescentes en conflicto con la ley.

En cada situación, la implementación dependerá de una orden judicial, previa evaluación de la situación personal y domiciliaria del acusado, y solo si la persona cumple con los requisitos del programa.

La implementación de las tobilleras y dispositivos es acotado para los delitos federales. Según los últimos datos disponibles del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), de un total de 12.643 personas con prisión domiciliaria en 2024, el 54,71% –es decir, 6.917 personas– estaban bajo vigilancia electrónica.

Cómo funcionará el programa

La responsabilidad del monitoreo efectivo recaerá en una empresa. Fuentes de la cartera de Mahiques indican que solo la firma Surely SA ofrece ese servicio. La función del Ministerio será la de intermediario entre la empresa y el Poder Judicial, por lo que no asumirá el control ni vigilancia directa de los arrestos o supervisión del dispositivo. En lo operativo, el Ministerio de Justicia centralizará la logística y el financiamiento con sus propios recursos. También ofrecerá capacitación a jueces y equipos judiciales.

Ante una alerta que surgiera en el monitoreo, la empresa proveedora de las tobilleras deberá dar aviso inmediato a la autoridad judicial que investiga el caso. También deberá compartir periódicamente toda la información al programa, que estará a cargo el abogado Brian Ezequiel Gallo en carácter ad honorem.

De esta forma, el programa permitirá realizar un sistema de seguimiento que controle el uso real de los dispositivos, el avance de los procesos judiciales y el nivel de cumplimiento de las restricciones.

Así, se centralizará información sobre la cantidad de dispositivos asignados y en stock, para detectar cuellos de botella y necesidades de compra; la etapa procesal en la que se encuentran los monitoreados; el delito investigado en cada caso; y datos demográficos de las personas bajo vigilancia electrónica.

Actualmente, el ministerio de Seguridad nacional, a cargo de Alejandra Monteoliva, tiene bajo su órbita funciones similares. Según informaron desde esa cartera, la medida del ministerio de Justicia “complementa” las atribuciones del área. Cuando haya “solapamiento” de casos, el protocolo establece su derivación.

El “costo” de aplicar el sistema

Aunque no suelen contar con el visto bueno de la opinión pública, las tobilleras permiten resolver situaciones procesales y de condena de diferente índole. Desde un punto de vista técnico, el costo de aplicar estos dispositivos electrónicos frente a una prisión preventiva carcelaria resulta “significativamente inferior” en términos de gasto estatal para controlar a un imputado o condenado, argumenta la resolución.

En lo jurídico, el ministerio de Justicia también defiende este tipo tipo de medidas alternativas. La resolución cita el fallo “Nápoli” de la Corte Suprema de Justicia y los tratados internacionales vigentes, que limitan el encierro preventivo a los casos estrictamente necesarios y es una medida de “carácter excepcional destinada exclusivamente a asegurar los fines del procedimiento, sin que pueda asumir naturaleza punitiva anticipada”, sostiene el documento.

Para la persona investigada o condenada en el régimen domiciliario, le permite conservar sus vínculos familiares, laborales y educativos, y evita los efectos negativos del primer ingreso al encierro. Una dimensión que suele ser tenida en cuenta para los adolescentes que infringen la ley, y que el sistema penal, al menos de lo declarativo, busca resocializar.

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La Justicia federal de Comodoro Py investigará una denuncia contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, por presunto enriquecimiento ilícito en su función como directivo de la CEAMSE, la empresa estatal mixta entre la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires que gestiona los residuos del Área Metropolitana.

La denuncia fue presentada en abril por el empresario Guillermo Tofoni, quien mantiene un litigio con Tapia, y sostiene que el dirigente registró “un crecimiento real de la liquidez” de aproximadamente el 1.000% entre 2017 y 2024, un salto que, según planteó, “excede con creces cualquier índice inflacionario del período” y no encuentra correlato en los ingresos lícitos que el propio Tapia declaró en ese lapso.

El caso había sido presentado originalmente ante la Justicia porteña, pero se abrió una disputa de competencia porque la CEAMSE es un organismo interjurisdiccional. El fiscal Gerardo Pollicita entendió en una primera instancia que la causa debía tramitar en la Ciudad, mientras que el fiscal José Agüero Iturbe sostuvo que correspondía a la Justicia federal; finalmente la Cámara Federal de Comodoro Py resolvió que el expediente quede radicado en el fuero federal, a cargo del juez Ariel Lijo. El magistrado ya había tenido un rol en otra causa vinculada a Tapia: en 2021 cerró una investigación por irregularidades en contratos firmados por la AFA, en la que Tofoni también resultó sobreseído. Hasta el momento no se produjeron medidas de prueba en el nuevo expediente.

Según el análisis que Tofoni acompañó en su presentación, en 2017 Tapia había declarado un patrimonio compuesto por cuatro propiedades con un valor fiscal de $17 millones, un vehículo y $1,5 millones en efectivo. La declaración jurada correspondiente a 2024, en cambio, consigna más de $1.002 millones en depósitos distribuidos en múltiples cuentas bancarias —entre ellas una cuenta corriente con más de 517 millones—, más de $39 millones en efectivo y US$246.206 en caja de ahorro a valor oficial, lo que representa una liquidez total cercana al millón de dólares. La denuncia también repara en los ingresos que Tapia declaró por sus otras funciones: $100.233.144 anuales como presidente de la CEAMSE y $718.536.500 anuales como vicepresidente de la CONMEBOL. La presidencia de la AFA, en tanto, es un cargo ad honorem.

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Tapia integra la CEAMSE desde 2014, cuando fue designado vicepresidente por Mauricio Macri, entonces jefe de gobierno porteño, y pasó a presidir el organismo a partir de 2024 por decisión del gobernador bonaerense Axel Kicillof. Se trata de la segunda causa judicial que involucra el patrimonio de Tapia como funcionario público: el resto de los expedientes que enfrenta están vinculados a su gestión en la AFA, donde él y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, están procesados por retención indebida de impuestos, y son investigados además por el manejo de los fondos de la asociación, por presuntas facturas falsas y por la compra de una mansión en Pilar que se le atribuye a Tapia. Varias de esas denuncias también fueron presentadas por Tofoni, dueño de World Eleven, la empresa que organizaba partidos amistosos de la Selección argentina y cuyo contrato con la AFA fue dado de baja durante la gestión de Tapia.

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