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Milei reapareció para defender su política económica y está convencido de que el modelo no tiene fisuras

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No es la batalla cultural. No es la interna política. No es el riesgo opositor ni tampoco la línea editorial de los sectores de la prensa. El gobierno nacional sabe que la discusión es por la economía. Por la política económica y por la sustentabilidad del plan. En definitiva, por el rumbo elegido por Javier Milei. La conversación pública, de arriba hacia abajo, es transversal. Un día se instala por la morosidad de la población. Al día siguiente por la caída de salarios frente a la inflación. Y luego por el cierre de alguna empresa que genera impacto por el mensaje que da uno de sus dueños al reconocer que “son 50 años tirados a la basura porque no pude llegar a nada”.

Por eso el Presidente reapareció con la intensidad característica desde la redes sociales para defender él mismo el “modelo Milei”. “Hasta ayer creí que no había algo más estúpido que aceptar el déficit cero, mientras proponen aumentar de modo brutal el gasto subiendo impuestos que recaudan poco y nada. Me equivoqué, hay imbéciles que no sólo proponen aumentar aún más los gastos sino que al mismo le suman baja de impuestos”, escribió el martes por la mañana. Cierto es que luego del viaje a Colombia para la asunción de Abelardo de la Espriella, el 7 de agosto, Milei estuvo recluido en la Quinta de Olivos.

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Más allá de las operaciones para mostrarlo como “aislado”, el mandatario tuvo reuniones con distintos ministros y empresarios. Comunicaron a los que eligieron que se sepa. Hubo tiempo también para ex funcionarios de Mauricio Macri, como el economista Sebastián Galiani, quien fuera viceministro de Hacienda durante el breve paso de Nicolás Dujovne. Galiani habló de la reunión que tuvo en X. Luego borró el mensaje. Si bien no quedó claro por qué, dijo a este cronista que no lo hizo por presión del Ejecutivo, sino “porque se llenó de respuestas agresivas e irrespetuosas que no tenían nada que ver con el contenido del tuit. No me interesaba seguir alimentando eso”. Por suerte no lee los tuits del Presidente.

La inflación mayorista en julio fue de 0,8% y el Gobierno lo celebró

Más allá de la anécdota, contó haberlo visto “super convencido” del plan económico. Y fue más allá: “Tiene un plan claro y muy razonable. Dice ‘yo empecé y no tenía fuerza parlamentaria. Con ayuda del PRO hicimos cosas en los primeros dos años. Luego aumenté esa fuerza pero estoy en minoría. Estoy protegido porque puedo vetar leyes que antes no podía yo solo, así que lo fiscal está asegurado. Cuando sea reelecto voy a tener mayoría en Diputados y estar a dos o tres senadores del quórum en el Senado’”.

Las dudas, por más que le pese a quienes estuvieron con el Presidente, surgen a raíz de ese convencimiento de que el modelo no tiene fisuras y que el rumbo elegido es casi perfecto. ¿Piensan eso los ministros? Milei no espera defensas públicas. Elige hacerlo por su cuenta. Por eso prepara dos discursos para contrarrestar una mirada generalizada del estancamiento (“La economía crece despacio, en torno al 2% anual, mucho más despacio de lo que nos gustaría”, reconoció el presidente del Banco Central, Santiago Bausili). El primero será el jueves en el Council of the Americas. Algunos adelantan que “atenderá a más de un empresario, como ya lo hizo con Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla”. Al día siguiente, hablará en la Bolsa de Comercio de Rosario. Agustín Laje En Infobae a la mañana fue contundente: “Occidente experimenta vientos que vienen por derecha (…) vienen por el bolsillo y la seguridad. Si los gobiernos de derecha de Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Bolivia y Perú no logran mejorarle el metro cuadrado a la gente, entonces el péndulo se irá rápidamente hacia el otro lado, hacia la izquierda”.

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Paolo Rocca, uno de los empresarios apuntados por Milei (@nachomartinfilms)

Milei, sin embargo, tiene una fecha prevista para esa batalla cultural, que no corresponde al metro cuadrado. Estará en Washington el 14 de octubre en un evento en el Hispanic Heritage, que organizan La Derecha Diario y el Latino Wall Street en Washington.

El reconocimiento a la necesidad de reactivar la economía vino con el anuncio que permitió a los bancos privados prestar hasta un 15% de sus depósitos a empresas que no sean generadoras de dólares. La medida flexibiliza un control que está desde el 2001 en la Argentina. El Gobierno insiste que la situación financiera es distinta a la que vivió el país hace 25 años. Las dudas y las alertas llegaron por parte de ex funcionarios de Cambiemos, no del peronismo. Hernán Lacunza, ex ministro de Macri y precandidato a Presidente, sentenció: “Ya hicimos eso a fines de los noventa y terminamos con la pesificación asimétrica, no cometamos los mismos errores”. El ex titular del BCRA, Guido Sandleris, también criticó: “La medida erosiona uno de los pocos consensos relevantes que la Argentina había logrado construir en materia de política económica: una regulación prudencial muy estricta del sistema bancario en dólares. La modificación del artículo 23 del Decreto 905/02 permitirá a los bancos destinar hasta el 15% de los depósitos en dólares al otorgamiento de préstamos a empresas que no generan dólares. El monto autorizado es acotado; el precedente que se establece, no”.

Infobae consultó a un operador de la city porteña, con una de las ALyC más grandes del mercado, quien adhirió a las dudas de sostenibilidad planteadas en el mediano y largo plazo: “Si ves la crisis de Hungría en 2008-2010 y la crisis en todos los países bálticos del 2010-2012, en todos la crisis fue por descalce de moneda de los bancos. Se tentaron todos en fondearse en euros porque era más barato y prestaron y nadie lo podía devolver cuando vino la crisis”. El equipo del ministro de economía, Luis Caputo, no respondió. El funcionario tuvo que ponerle el cuerpo a un evento electoral. Se mostró en la Ciudad con la legisladora libertaria Pilar Ramírez, mano derecha de Karina Milei. Estuvieron en una heladería. “La economía está helada”, se mofó un economista vía WhatsApp.

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Pilar Ramírez y Luis Caputo en la sucursal de Lucciano's junto a su CEO, Christian Otero

Más allá del convencimiento -a veces obsesivo- del Presidente, el ala política del Gobierno salió a buscar una señal clara de alianza con otros sectores de derecha. En ese sentido se leyó la primera reunión de los libertarios con el PRO. Más desconfianza que otra cosa, fue una primera foto para un acuerdo que está lejos de concretarse. La voz de Macri no es la única y eso genera ruido. La caja histórica del partido amarillo está, por primera vez desde que asumieron en diciembre del 2007, en peligro. Por lo que plantan los libertarios y por la interna del espacio. El ex presidente no quiere a su primo Jorge para la reelección. Cree que no llega. Así de simple. El jefe de gobierno, en cambio, cree que si la gestión se acomoda en algunos aspectos, como el manejo de la basura, donde Matías Lanusse avanza sin freno, hay una chance. El riesgo es concreto. Asoman candidatos que podrían generar un daño irreparable para las aspiraciones del oficialismo.

El primero es Horacio Rodríguez Larreta. Sean 6 u 8 puntos propios, lo mismo da. Hay quienes apuntan a una gran coalición opositora con peronistas adentro. A la hora de ganar, todo vale. Por ahora todo está en la especulación y en posteos y reels de Instagram del ex jefe de gobierno que comparten peronistas como Alberto Fernández. Un like del ex presidente puede ser más dañino que una operación en su contra, pensará Larreta. Ahora bien, si el PRO decide bajar a su candidato a Presidente, esto será toda una novedad. Y un reconocimiento de la estricta necesidad de supervivencia, como le sucede a la Unión Cívica Radical. En 2015, el PRO tuvo candidato. Macri llegó a la presidencia. En 2019 fue por la reelección y perdieron. En 2023 tuvo dos candidatos: Larreta y Patricia Bullrich. Hoy los dos están en las veredas opuestas a Macri. En 2027 podría quedar fuera del juego nacional para sostener los territorios conquistados. “Mauricio nunca dirá lo que realmente quiere. Así jugó en política por 30 años. Mal no le fue”, planteó ante este cronista un dirigente del PRO que lo quiere de nuevo al frente en la boleta.

Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri y Patricia Bullrich (Franco Fafasuli)

¿Qué hay en frente? El peronismo vendió como una gran cumbre política la reunión de sus principales figuras (las mismas que durante el FdT). Sin embargo, con el correr de los días, la ansiedad de muchos dirigentes de segunda línea se fueron apagando. Por lo pronto, todos comparten la necesidad de tener la alternativa de una primaria si es que no se llega a un acuerdo de unidad. ¿Repetir la interna abierta entre Carlos Menem y Antonio Cafiero en 1989 es una posibilidad concreta? Si. Pero lo marcan más los libros de historia que la coyuntura.

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En la actualidad, parece más difícil por dos cuestiones, según armadores del peronismo que hicieron un análisis ante diversas trincheras. El primero, la película del peronismo, más allá de una foto. El PJ tuvo en esa interna la única elección real de toda su historia por esa vía para definir candidatos nacionales. No cuentan, allí, las PASO que le dió Sergio Massa a Juan Grabois. “Fue como Macri contra Ernesto Sanz”, relatan. El segundo, más pragmático por la consecuencia de la derrota y el presupuesto necesario: nadie compite si piensa que pierde. Para perder es mejor arreglar antes y sacar algo. La derrota te lleva a no sacar nada. Además, los inversores de la política aportan con encuestas en la mano. Oferta y demanda. Nadie apuesta dinero por 15 puntos. “¿Vos te imaginás a Massa peleando una interna con Kicillof si sabe que pierde? ¿Qué sentido tiene? O viceversa”, agregaron a este medio. ¿Cuánto sale una candidatura? Para Presidente oscila los 100 millones de dólares. Para gobernador, la mitad. La boleta única de papel ayudará a ajustar el presupuesto. Pero el resto sigue igual. “La interna le conviene al que gana. A menos que la encuesta previa sea muy pareja, habrá que conciliar”.

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La Justicia federal investigará a Claudio Tapia por presunto enriquecimiento ilícito en su cargo en la CEAMSE

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La Justicia federal de Comodoro Py investigará una denuncia contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, por presunto enriquecimiento ilícito en su función como directivo de la CEAMSE, la empresa estatal mixta entre la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires que gestiona los residuos del Área Metropolitana.

La denuncia fue presentada en abril por el empresario Guillermo Tofoni, quien mantiene un litigio con Tapia, y sostiene que el dirigente registró “un crecimiento real de la liquidez” de aproximadamente el 1.000% entre 2017 y 2024, un salto que, según planteó, “excede con creces cualquier índice inflacionario del período” y no encuentra correlato en los ingresos lícitos que el propio Tapia declaró en ese lapso.

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El caso había sido presentado originalmente ante la Justicia porteña, pero se abrió una disputa de competencia porque la CEAMSE es un organismo interjurisdiccional. El fiscal Gerardo Pollicita entendió en una primera instancia que la causa debía tramitar en la Ciudad, mientras que el fiscal José Agüero Iturbe sostuvo que correspondía a la Justicia federal; finalmente la Cámara Federal de Comodoro Py resolvió que el expediente quede radicado en el fuero federal, a cargo del juez Ariel Lijo. El magistrado ya había tenido un rol en otra causa vinculada a Tapia: en 2021 cerró una investigación por irregularidades en contratos firmados por la AFA, en la que Tofoni también resultó sobreseído. Hasta el momento no se produjeron medidas de prueba en el nuevo expediente.

Claudio «Chiqui» Tapia y el intendente de Luján Leonardo Boto en la firma del contrato por los residuos del municipio. (Foto: Ceamse)

Según el análisis que Tofoni acompañó en su presentación, en 2017 Tapia había declarado un patrimonio compuesto por cuatro propiedades con un valor fiscal de $17 millones, un vehículo y $1,5 millones en efectivo. La declaración jurada correspondiente a 2024, en cambio, consigna más de $1.002 millones en depósitos distribuidos en múltiples cuentas bancarias —entre ellas una cuenta corriente con más de 517 millones—, más de $39 millones en efectivo y US$246.206 en caja de ahorro a valor oficial, lo que representa una liquidez total cercana al millón de dólares. La denuncia también repara en los ingresos que Tapia declaró por sus otras funciones: $100.233.144 anuales como presidente de la CEAMSE y $718.536.500 anuales como vicepresidente de la CONMEBOL. La presidencia de la AFA, en tanto, es un cargo ad honorem.

Leer más: Yategate: la Justicia reactivó la causa contra Insaurralde y busca información sobre sus comunicaciones y cuentas en el exterior

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Tapia integra la CEAMSE desde 2014, cuando fue designado vicepresidente por Mauricio Macri, entonces jefe de gobierno porteño, y pasó a presidir el organismo a partir de 2024 por decisión del gobernador bonaerense Axel Kicillof. Se trata de la segunda causa judicial que involucra el patrimonio de Tapia como funcionario público: el resto de los expedientes que enfrenta están vinculados a su gestión en la AFA, donde él y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, están procesados por retención indebida de impuestos, y son investigados además por el manejo de los fondos de la asociación, por presuntas facturas falsas y por la compra de una mansión en Pilar que se le atribuye a Tapia. Varias de esas denuncias también fueron presentadas por Tofoni, dueño de World Eleven, la empresa que organizaba partidos amistosos de la Selección argentina y cuyo contrato con la AFA fue dado de baja durante la gestión de Tapia.

Claudio Tapia, AFA, ceamse

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Los cuadernos de las coimas: Baratta amplía su descargo con críticas a los empresarios que aseguraron haberle entregado dinero

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Luego de que su situación en el juicio por los Cuadernos de las coimas se complicara con la declaración de directivos del grupo Techint, el exfuncionario kirchnerista Roberto Baratta, ex mano derecha de Julio De Vido y uno de los principales recaudadores de la maniobra, amplía su declaración indagatoria por pedido de sus defensores y apunta contra los testigos que aseguraron haberle entregado dinero.

“Zabaleta, Betnaza y Paolo Rocca están todos sobreseídos. El único imputado y elevado a juicio oral por estos hechos soy yo”, sostuvo el exfuncionario.

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Su descargo tiene como protagonistas a Luis Betnaza y Héctor Zabaleta, que declararon como testigos y admitieron haber realizado pagos a Baratta, en un tramo del juicio que lo tiene solo al exfuncionario como acusado.

“Hubo una clara diferenciación en el trato y en los procesos de la etapa de instrucción. Hubo una clara asimetría procesal de Techint con respecto a otros empresarios”, siguió, con críticas a la instrucción y a la causa en general, a la que definió como una “operación de inteligencia”.

Los directivos de Techint fueron sobreseídos en el caso, en un expediente separado, porque la Justicia entendió que sus entregas de dinero no fueron parte del esquema de pagos ligado a la obra pública, sino que se habían producido en la crisis que el grupo atravesaba en Venezuela durante la expropiación de una de sus empresas. “Nadie apeló”, se quejó el exfuncionario.

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Baratta, exsubsecretario de Planificación, está acusado como miembro organizador de la asociación ilícita que, según la fiscalía, habrían liderado Néstor y Cristina Kirchner entre 2003 y 2015.

Su situación es una de las más comprometidas en el caso: lo señalan los cuadernos de su exchofer Oscar Centeno, los dedos de muchos de los arrepentidos y testigos y distintos registros telefónicos.

Apoyado en diapositivas, ofreció un descargo que combinó una defensa de la gestión de Cristina Kirchner, críticas al actual Gobierno y la identificación de presuntas contradicciones en el relato de Betnaza y Zabaleta.

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No aportó elementos que permitieran sostener que esos pagos no se ejecutaron, pero los negó. “A mí no me pagaron nada”, decía una de sus filminas. “Ni Zabaleta ni Betnaza me dieron nunca ningún pago, nunca, a través de un llamado telefónico, de los cientos que tuve, les solicité nada”, completó.

Noticia en desarrollo




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El oficialismo cambió de estrategia en Diputados y acompañó el debate sobre morosidad y discapacidad: “No quisieron dar la foto de más de 133”

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La Cámara de Diputados aprobó un emplazamiento para que las comisiones avancen con proyectos sobre discapacidad y morosidad. La votación reunió 249 votos afirmativos, uno negativo y ninguna abstención. El cronograma prevé debates sobre discapacidad el 16 y 23 de septiembre, y sobre morosidad el 29 de septiembre. Así lo afirmó en Infobae A las Nueve Pablo Juliano, diputado nacional de Provincias Unidas.

El funcionario indicó que el oficialismo decidió participar ante la posibilidad de que el respaldo parlamentario creciera. “No quisieron dar la foto de más de 133”, sostuvo al referirse al número de legisladores que había apoyado una propuesta previa.

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Juliano señaló que la Cámara alcanzó el quórum con 135 diputados, mientras integrantes de La Libertad Avanza permanecían de pie en el recinto. Según su interpretación, el Gobierno evaluó que no podía quedar fuera de una sesión centrada en asuntos que afectan a personas con deudas y a beneficiarios de prestaciones por discapacidad.

El emplazamiento fijó fechas para discapacidad y morosidad

El emplazamiento obliga a las comisiones a tratar los proyectos dentro de un calendario definido. La Cámara debatirá iniciativas sobre discapacidad los días 16 y 23 de septiembre. Las comisiones abordarán la morosidad el 29 de septiembre.

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El diputado sostuvo que el debate sobre morosidad acumuló demoras. Indicó que presentó la misma propuesta 15 días antes de la sesión y que entonces obtuvo 133 votos. Para Juliano, ese antecedente permitió convocar la reunión parlamentaria que definió el nuevo cronograma.

Juliano cuestionó la posición inicial del oficialismo frente al quórum. Relató que representantes del Gobierno contactaron a su espacio durante la mañana de la sesión para comunicar que asistirían. También afirmó que La Libertad Avanza discutió internamente quiénes concurrirían al recinto.

El legislador vinculó la decisión con el respaldo de bloques provinciales. Dijo que esos espacios aportaron votos para alcanzar el quórum y para aprobar el emplazamiento. A su vez, planteó que las dificultades financieras tienen expresiones distintas en cada región del país.

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Pablo Juliano afirmó que el oficialismo cambió de estrategia para no quedar expuesto a una foto con más de 133 votos en contra de su postura inicial - RSFotos

Deudas y acceso al crédito

El funcionario planteó que el Congreso debe buscar una respuesta para las personas con morosidad sin afectar el acceso al crédito. “Yo quiero que el Congreso pueda colocar alguna especie de solución”, afirmó. Su propuesta busca combinar herramientas de refinanciación, criterios de segmentación y un mecanismo no judicial para resolver conflictos.

Al mismo tiempo sostuvo que la Comisión de Presupuesto podía demorar el debate. Explicó que el Gobierno propuso sumar a ese cuerpo junto con las comisiones de Usuarios y Consumidores y Finanzas. Juliano pidió excluirla para evitar iniciativas con impacto fiscal y acelerar la elaboración de un dictamen.

Según explicó, el tratamiento debe concentrarse en medidas que no expongan el proyecto a un veto presidencial. Propuso revisar experiencias de la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y La Rioja. Mencionó planes de refinanciación y programas dirigidos a trabajadores del sector público.

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El legislador también propuso crear una instancia extrajudicial inspirada en la mediación. Ese procedimiento buscaría ofrecer una salida para quienes acumulan deudas y evitar nuevas situaciones de mora. Juliano afirmó que la medida podría reunir consensos entre bloques con posiciones distintas.

El quórum en la sesión de Diputados se alcanzó con 135 legisladores y Juliano señaló que integrantes de La Libertad Avanza permanecían de pie en el recinto (Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicacion Senado)

Consecuencias de la mora

Juliano advirtió que las deudas impagas pueden dejar a personas fuera del sistema financiero durante años. Señaló que su proyecto, llamado Segunda oportunidad, busca revisar ese efecto. La iniciativa apunta a distinguir entre quienes acumulan obligaciones de bajo monto y quienes registran incumplimientos mayores.

El diputado afirmó que el 40% de las personas con morosidad tiene menos de 25 años. Consideró que una deuda inicial no debería impedir el acceso posterior a créditos. También cuestionó que una persona quede registrada durante cinco años por obligaciones que luego regularizó.

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Aismimos citó cifras que, según dijo, surgen de estudios del Banco Central. Indicó que las personas con más de tres meses de mora arrastran entre $370.000 y $420.000. Añadió que cerca de 1,8 millones no logran salir de esa situación.

El legislador diferenció los niveles de morosidad según el tipo de prestador. Afirmó que los bancos registran cerca de 7%, las billeteras virtuales entre 19% y 21%, y los prestadores no bancarios alcanzan 36%.

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