Tras el intento fallido de uno de los acusados del caso $LIBRA, Mauricio Novelli, por obtener la nulidad judicial del contenido de su teléfono celular, su socio Manuel Terrones Godoy busca ahora bloquear otro eje de la pesquisa. Le reclamó al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que vuelva sobre sus propios pasos y no le solicite a Meta Platforms el contenido privado de seis cuentas de Instagram: dos propias y cuatro de otros acusados. Y el magistrado accedió de manera provisoria al pedido, al menos hasta escuchar la opinión de la Fiscalía y los querellantes.

Meta es la empresa detrás de Facebook, Instagram y WhatsApp.

Terrones Godoy procura así que los mensajes y documentos que él y otros acusados intercambiaron por esa plataforma no lleguen a la Justicia argentina. Para eso, sus abogados Nicolás Grimaldi y Tomás Briganti presentaron un recurso de reposición con apelación en subsidio de la orden que ya había dado el juez Martínez de Giorgi la semana pasada y pidieron la nulidad de esa orden por considerarla arbitraria, desproporcionada y violatoria de garantías constitucionales.

El recurso presentado contempla que, si es rechazado por el juez, sea tratado por una instancia superior.

El planteo de Terrones Godoy apunta contra la resolución del viernes 10, cuando el juez requirió a Meta el historial completo de conversaciones privadas y archivos multimedia de seis cuentas vinculadas a la investigación por el lanzamiento y colapso del criptoactivo $LIBRA.

Según los defensores, esa decisión carece de fundamentación suficiente y habilita una “intromisión irrestricta” en la vida privada de los imputados.

Martínez de Giorgi había requerido a Meta, en particular, “que proporcione la información de contenido, específicamente el historial de conversaciones privadas y los archivos multimedia” de cuentas que pertenecen a Terrones Godoy, al estadounidense Hayden Mark Davis y al “abrepuertas” de la Casa Rosada, Mauricio Novelli.

El requerimiento judicial también alcanzaba a una cuenta del otrora asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sergio Morales, quien se presentó en al menos un evento durante 2024 como “coordinador de Asesoramiento Técnico de la Presidencia” y figuró como “asesor oficial” del presidente Javier Milei en el borrador de “acuerdo de asociación” que firmaron Milei y Davis.

El exhorto judicial ahora bajo la lupa también alcanzaba al CEO de la plataforma Cube Exchange, Bartosz Lipinski, quien firmó una carta de intención con el presidente Milei para desarrollar negocios en la Argentina, según confirmó la empresa a y admitió el hermano de Hayden Davis.

“No es un contrato en sí, pero la carta de intención está firmada y sellada por Javier Milei”, subrayó Gideon Davis en 2024, en un podcast que intentaron borrar tras el estallido del escándalo.

Pero ayer, y como consecuencia de la presentación de la defensa de Terrones Godoy, el juez dispuso suspender provisoriamente la ejecución de la medida que había ordenado a pedido del fiscal instructor, Eduardo Taiano. La suspendió, aclaró, hasta tanto se resuelva el planteo, y dio intervención a las partes para que se expidan sobre el recurso interpuesto.

La decisión del juez Martínez de Giorgi de acudir a Meta también había dividido las aguas entre las querellas y “amicus curiae” presentados en el expediente. Consideraban que la medida puede aportar evidencias adicionales sobre cómo fue el vínculo entre los acusados, pero también resultaba una forma de “patear la pelota afuera”.

“El fiscal tiene pedidos de indagatoria presentados para que cite a Novelli, a Terrones Godoy, a Morales, y antes a los hermanos Milei, pero dilata la investigación, y con este pedido podría retrasarla mucho más”, indicó uno de los letrados consultados, que ya mantuvo varios contrapuntos con la Fiscalía.

En su escrito, la defensa de Terrones Godoy sostuvo que el requerimiento del juez a Meta no fija límites temporales ni criterios de búsqueda, lo que —a su entender— lo convierte en una “orden en blanco”. Argumentó que esa amplitud impide controlar la pertinencia de la prueba y vulnera el derecho de defensa, ya que no delimita qué conversaciones serían relevantes para la causa ni en qué período deberían enmarcarse.

Los abogados también cuestionaron que el juez haya adoptado la medida sin una motivación autónoma, limitándose —según indicaron— a reproducir los argumentos del Ministerio Público Fiscal. Esa falta de fundamentación, sostuvieron, configura un vicio que torna nula la resolución, lo previsto en el Código Procesal Penal.

Otro de los ejes del planteo fue la presunta afectación del derecho a la intimidad. La defensa advirtió que el acceso al “historial completo” de las cuentas implicaría exponer comunicaciones ajenas al objeto de la investigación, protegidas por la Constitución Nacional. En ese sentido, señaló que una vez producida la intromisión, el daño sería irreparable, aun si la medida fuera posteriormente revocada.

El escrito también alertó sobre el riesgo de que la medida funcione como una “excursión de pesca”, es decir, una búsqueda indiscriminada de información en la expectativa de encontrar eventualmente elementos incriminantes. Según los letrados, ese tipo de prácticas resulta incompatible con los estándares constitucionales que exigen que las medidas de prueba sean concretas, delimitadas y proporcionales.

Además, los defensores hicieron referencia a antecedentes de filtraciones dentro del expediente, al señalar que ya se difundieron públicamente chats extraídos del celular de Novelli. A su criterio, ello refuerza el peligro de que una recolección masiva de datos privados derive en nuevas exposiciones mediáticas con impacto sobre la imagen y el honor de los imputados.

En paralelo, la defensa propuso alternativas menos invasivas, como la aplicación de filtros por palabras clave o la delimitación de períodos específicos, con el objetivo de acotar el acceso a la información estrictamente vinculada con los hechos investigados.

Ahora, la decisión sobre el alcance de esa medida quedó en suspenso. El juez deberá resolver si mantiene el requerimiento a Meta en los términos originales, lo modifica o lo deja sin efecto, en medio de una disputa que enfrenta las necesidades de la investigación con los límites que imponen las garantías constitucionales.

El pedido de detención de Pablo Toviggino y Claudio “Chiqui” Tapia es el final de un extenso dictamen, de casi 200 páginas, plagado de informes bancarios y de decenas de documentos elaborados por organismos estatales encabezados por la agencia de recaudación ARCA. Los jerarcas de la AFA están acusados de haber liderado una asociación ilícita y de un lavado de dinero millonario que comenzó en 2018.

Según la acusación del fiscal federal de Santiago del Estero Pedro Simón, el dinero ilícito provenía de tres fuentes: una defraudación en perjuicio de la Asociación del Fútbol Argentino; la omisión de ingresar los impuestos que correspondían a ARCA al engañar al Fisco Nacional sobre el verdadero tributo debido, lo que se obtuvo mediante la emisión de facturas que se presumen falsas, y la omisión de liquidar divisas y compra de moneda extranjera en el mercado informal.

Según el dictamen, a la cabeza de la organización estaban Tapia y Toviggino, pero en total hay 26 personas imputadas. En el listado aparecen dos hijos del tesorero de la AFA; su hermano, Darío Fabián; su pareja, María Florencia Sartirana; el abogado Juan Pablo Beacon (su exmano derecha); Carlos Bruno Seguel (un ladero de Beacon); y quienes aparecen en los papeles como los dueños de la mansión de Pilar: Luciano Pantano y su madre jubilada, Ana Lucía Conte.

También están incluidas varias personas con domicilio en la provincia de Santiago del Estero que habrían sido utilizadas como “prestanombres” en el armado de las sociedades.

En la investigación se mencionan, en total, 16 empresas. Se destacan Malte SRL, utilizada para comprarle la quinta de Villa Rosa a Carlos Tévez en junio 2023, SOMA SRL, WICCA SAS y Real Central SRL.

También aparecen DCT SRL, Bori SRL, HT SRL, Norte Argentino SRL, Lindor SRL, Barwa SRL, Maroma SA, Segon SRL, Carbello SRL, Servicios Neurus SA, Servicios Lindor SA, y Vandap SAS.

La primera etapa de la maniobra, siempre según la investigación, era insertar el dinero que provenía de las maniobras ilícitas en el sistema financiero a través de estas sociedades.

Muchas de las empresas emitían facturas a favor de la AFA para justificar las transferencias.

La segunda etapa consistía en “la estratificación del dinero”. “Una vez que las empresas recibían las transferencias de parte de la AFA, se emitían facturas a favor de ellas mismas (facturas inter-bloque) para dificultar el rastreo del dinero”, destacó el fiscal Simón, que pidió una larga lista de medidas de prueba.

El siguiente paso fue la compra de bienes. La Justicia analizó decenas de operaciones inmobiliarias, compra de vehículos, viajes al exterior, y hasta la instalación de la bodega “La Vigilia”, ubicada en la provincia de Mendoza, y el centro de belleza “La Fleur de Sartí” (a nombre de las empresas de la mujer de Toviggino). Solo de vehículos, son casi 20 páginas. 

A eso se suma la constitución de plazos fijos, inversiones en acciones y la compra de dólar MEP de parte de las empresas para lograr rendimientos en el circuito formal.

¿Cuál era el rol de Tapia? “Habría convalidado y permitido la sustracción de fondos de la AFA al autorizar las transferencias a favor de las empresas de Toviggino, con presunto conocimiento del motivo real por el que se giraba el dinero”, dijo el fiscal al pedir las detenciones.

La causa que derivó en el pedido de detención de Tapia y Toviggino y otras 22 personas (solo quedaron afuera los dos hijos del tesorero) comenzó en diciembre del año pasado, a partir de una denuncia de Aldo Sergio Parodi. La investigación estuvo a cargo de Simón y del fiscal auxiliar Pedro Basbus Turk.

En casi cuatro meses se obtuvieron informes de la Anses, del Renaper, de la Dirección de Migraciones, de los Registros de la Propiedad Inmueble y Automotor, y de ARCA, entre otros organismos. Solo en la provincia de Santiago del Estero se individualizaron 35 inmuebles.

“La inserción de los bienes en el mercado se realizó de manera progresiva, en etapas, y en el marco de una organización criminal asentada y coordinada que operó, al menos, desde el año 2018 hasta el 2026″, destacó el fiscal.

La investigación patrimonial de las sociedades arrojó algunas sorpresas. La empresa HT SRL, dedicada a la venta de combustible, y con apenas un empleado registrado, fue creada en 2016 y comenzó con un patrimonio neto de $17.390. En 2024, finalizó con un patrimonio neto de $2.026.874.657, lo que significa que se multiplicó aproximadamente 116.552 veces.

Otro ejemplo. La empresa Segon, controlada por SOMA, arrancó en 2022 y al año siguiente ya facturaba $1.223.836.010, lo que implica un crecimiento de aproximadamente 2587%, (más de 25 veces la facturación original). En 2024 facturó $3.483.552.687,13 (crecimiento del 184,6%) y 2025 un total de $5.822.716.162.

La empresa Carbello SRL se destaca por la compra de bienes por mas de dos millones de dólares.

El fiscal enumera siete bienes: El Deán, Lote B, adquisición por $12000000; El Deán, Lote C, adquisición por $28000000; Lote 3A, adquisición por US$235.950; Lote 3B, adquisición por US$627.900; Lote X, adquisición por US$315.900; inmueble en calle pública, zona rural, por US$200.000; inmueble en calle pública, zona rural, por US$420250.

Otro caso especial es del SOMA SRL, donde aparece la pareja de Toviggino. Se encontraron a su nombre una docena de vehículos, varios de lujo, un avión privado matrícula LV-FUT, pero lo que más llamó la atención de los investigadores fue el nivel de facturación a partir de 2021. “Registra acreditaciones bancarias en el año 2022 por $1.831.176.994, en el 2023 $7.048.180.804, en el 2024 por $32.634.470.137 y en el 2025 por $5.043.601.193“, resume la causa.

Los informes bancarios revelaron el nivel de facturación cruzada con la AFA. Uno de los bancos reveló que desde la entidad de Tapia y Toviggino se transfirieron $3.633.013.825,80 a las cuentas de Soma, Malte, Segón, Servicios Lindor, y Servicios Neurus en el Banco Coinag.

Otro informe destacó que la AFA le transfirió a la cuenta de Segon SRL del Banco de Santiago del Estero $1.328.266.369,20. En total suman $4.961.280.195 entre 2022 y 2025. Y la cuenta es provisoria porque todavía faltan algunos informes. Además del monto de los movimientos, lo que llamó la atención de los investigadores es que apenas se recibían los fondos pasaban a otras cuentas en menos de 48 horas.

Para justificar semejantes transferencias, se emitieron decenas de facturas. Según el fiscal Simon, el jefe de esa organización era Toviggino.

También se investigaron los domicilios declarados por cada una de las sociedades y sus integrantes. Ese análisis reveló que la mayoría de las empresas estaban entrelazadas y que respondían a las mismas personas. “Este entrecruzamiento prueba que existe una unidad de dirección y administración, lo que sugiere que la voluntad social de todas estas firmas es manejada por un mismo equipo contable o directivo, facilitando la creación de gastos ficticios y el movimiento circular de dinero”, destacó el fiscal.

¿Por qué se piden detenciones? 

El fiscal Simón sostuvo que se trata de una organización criminal “que posee vínculos tanto nacionales como internacionales, en la que los imputados gozan de una solvencia económica de tal cuantía que, de tomar conocimiento de la existencia de esta causa, podrían salir del país y, de esta manera, frustrar su comparecencia al proceso”. Además, argumentó que la lista de imputados podría ampliarse en las próximas semanas. La detención sería una manera de preservarlos. 

Además de la prisión preventiva, el fiscal solicitó decenas de allanamientos y la inhibición general de bienes de todas las personas físicas y de las sociedades. En cuanto a la defraudación, planteó que debe ser investigada por la justicia federal de la Capital Federal ya que “el domicilio donde operaba la AFA hasta febrero del año 2026 fue en calle Viamonte 1366”. 

Según fuentes judiciales consultadas por este medio, las medidas ahora deben ser resueltas por el juez federal de Catamarca, Guillermo Díaz Martínez, pero la causa podría terminar en manos del juez de Santiago del Estero, Santiago Argibay, que ya fue recusado por la Fiscalía porque se detectó que su hija le vendió una propiedad al hermano de Toviggino en julio del 2024.