POLITICA
El Gobierno recurrió a la Corte para evitar el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario
El Gobierno nacional decidió llevar a la Corte Suprema de Justicia su reclamo para no cumplir con la ley de financiamiento universitario que lo obliga a aplicar inmediatamente la norma y actualizar los salarios docentes y los programas de becas.
Además, pidió que los jueces de la Corte Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti se excusen de votar en este caso, pues son docentes universitarios en funciones o en uso de licencia, lo que los hace decidir en causa propia.
La ley de medidas cautelares contra el Estado, aprobada por iniciativa de Cristina Kirchner, cuando los jueces jaqueaban sus medidas de gobierno, señala que la sola apelación de una cautelar mediante un recurso extraordinario suspende la medida, con lo que en el Gobierno señalan que, con la sola presentación de este escrito, no les corresponde pagar.
El Poder Ejecutivo dijo que hay riesgo de parálisis del Estado si debiera cumplir con la ley de financiamiento educativo aprobada por el Congreso. Fue luego de que un juez de primera instancia y una Cámara le ordenaron acatar una medida cautelar y actualizar los salarios.
Contra esos fallos, el Estado presentó un recurso extraordinario federal, que fue firmado por representantes del Ministerio de Capital Humano y el Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio.
Allí el Poder Ejecutivo le solicitó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que revoque de forma urgente la medida cautelar que lo obliga a aplicar los aumentos salariales y presupuestarios dispuestos por la Ley 27.795.
En un escrito donde el Gobierno hace advertencias extremas sobre el impacto económico de esta medida y cuestiona a los jueces que le fallaron en contra, el oficialismo dijo que no puede cumplir con la ley.
Se basó en “el colapso financiero del Estado”, la “violación del orden presupuestario”, la “intromisión en la división de poderes” y la supuesta “parcialidad de los jueces” que decidieron hasta ahora en el caso.
El Ministerio de Capital Humano argumentó que cumplir con la medida judicial requeriría reasignar el 90,30% de la totalidad de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado al financiamiento exclusivo de las universidades.
Según el Ejecutivo, desviar esos recursos desataría consecuencias catastróficas, ya que implicaría “una parálisis significativa del funcionamiento de los tres Poderes del Estado, como, por ejemplo, la suspensión del patrullaje de las fuerzas federales en las calles de la Ciudad de Rosario, la suspensión en la provisión de alimentos en las cárceles federales, o el cierre de todos los juzgados federales, la Corte Suprema de Justicia, y el cierre de ambas cámaras legislativas”.
El Poder Ejecutivo sostuvo que el Decreto 759/25 -que firmó el presidente Javier Milei para suspender la aplicación de la ley educativa porque dice que no tiene presupuesto- no desconoció un deber jurídico, sino que cumplió con el ordenamiento administrativo vigente, el cual impide ejecutar gastos sin un respaldo claro de ingresos.
Para defender esta postura, el escrito cita el mandato de la ley de presupuesto: “Toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos. En caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional”.
Además, el Ejecutivo advirtió que los fallos previos ignoraron la reciente Ley de Presupuesto 2026, que impone expresamente que el Estado “deberá presentar una ejecución con resultado financiero equilibrado o superavitario”.
Para los abogados del Estado, la decisión de los tribunales inferiores interfiere inconstitucionalmente en las facultades reservadas al Presidente y al Congreso.
Argumentaron que obligarlos a actualizar partidas de gasto sin prever cómo aumentar los ingresos pone en peligro toda la macroeconomía y la asistencia a los sectores vulnerables.
Por ello, consideraron que el fallo representa “una gravísima violación del principio de división de poderes y una ilegítima intromisión en la esfera de competencias del Congreso y del Poder Ejecutivo”.
El Gobierno, además, denunció que los magistrados intervinientes actuaron guiados por intereses personales, ya que muchos de ellos dictan clases en instituciones públicas.
A su vez, la administración de Milei solicitó que Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti se excusen de votar en este expediente por tener cargos docentes vigentes o en licencia.
El Gobierno les exige apartarse y que los que decidan sean conjueces para “garantizar la imparcialidad”.
El proceso judicial que derivó en esta presentación extrema ante la Corte Suprema comenzó a fines del año pasado y estuvo marcado por fallos adversos para el Gobierno en las instancias inferiores.
El derrotero judicial de la ley se inició el 29 de octubre de 2025, cuando el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rectores de diversas universidades nacionales interpusieron una acción de amparo contra el Estado Nacional.
Su pretensión principal era declarar inconstitucional el Decreto 759/2025, una norma con la que el Poder Ejecutivo había frenado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795) hasta que se determinaran las fuentes para financiarla dentro del presupuesto general.
Como mecanismo de urgencia, los rectores solicitaron una medida cautelar para obligar al Gobierno a aplicar la actualización de salarios docentes y de los programas de becas.
El 23 de diciembre de 2025, el juez de primera instancia Martín Cormick hizo lugar a la medida cautelar innovativa: ordenó no aplicar el decreto presidencial y dictó el inmediato cumplimiento de las actualizaciones salariales de la ley universitaria.
El 29 de diciembre de 2025, el Estado apeló la medida. En su argumentación, planteó que la cautelar equivalía a una “sentencia anticipada” irreversible y advirtió el gravísimo impacto que tendría sobre la estabilidad macroeconómica.
El 31 de marzo de 2026, la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal con la firma Sergio Gustavo Fernández y Jorge Eduardo Morán confirmó el fallo de primera instancia y ratificó la medida cautelar a favor de las universidades.
La Cámara desestimó los argumentos oficiales bajo dos posturas contundentes. En materia jurídica, consideró que la insistencia del Congreso en aprobar la ley educativa la dotaba de verosimilitud e implicaba que el Gobierno no podía suspenderla amparándose en leyes de responsabilidad financiera anteriores.
La discusión parlamentaria se dio en medio de marchas estudiantiles y de los gremios en defensa del financiamiento universitario con una gran movilización juvenil que encendió la alarma en el Gobierno, dado que parte de esos manifestantes integraban la base electoral de Milei.
Ante esta orden de ejecución inmediata impartida por la Cámara, que según los cálculos del Ministerio de Economía obligaría al Estado a destinar el 90,30% de todo el crédito de gastos primarios disponible exclusivamente a la educación superior, el Gobierno decidió frenar la medida interponiendo el recurso extraordinario para que los jueces de la Corte revoquen la medida cautelar.
Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
Karina Milei activó la mesa electoral 2027: aproximaciones con los aliados y definiciones post Mundial
El categórico triunfo de La Libertad Avanza en octubre del 2025 ratificó la estrategia desplegada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que por estos días activó los primeros contactos con gobernadores aliados camino a los comicios presidenciales de 2027. Para la tarea habilitó una mesa que la integran el ministro del Interior, Diego Santilli, y los primos Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados y vice de la fuerza, aunque no asistió a la primera edición, y Eduardo “Lule” Menem, armador nacional y subsercretario de Gestión Institucional.
Este martes, los representantes del Poder Ejecutivo recibieron a los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Rios) y Alfredo Cornejo (Mendoza) en el despacho del Ministerio del Interior ubicado en la planta baja de Casa Rosada, que promete será sede de nuevas ediciones con aliados al regreso del viaje de la funcionaria que integra la delegación que acompaña al presidente Javier Milei en Israel.
La foto del intercambio fue difundida por los canales oficiales y el temario del mismo combinó gestión con estrategia electoral. En la lista de contactos pendientes figuran también Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), y Leandro Zdero (Chaco). “La idea es hablar con todos”, garantizó ante este medio un alfil violeta.
Ante los primeros sondeos, desde el armado libertario remarcaron a Infobae que el espacio postergará las definiciones para después del Mundial 2026 que iniciará el 11 de junio y culminará el 19 de julio de este año. “No tiene sentido plantear algo antes. Se plancha todo por un mes. Intuyo que todos los espacios van a hacer lo mismo”, admitió ante este medio una fuente del espacio.
El intercambio del martes no fue casual: Frigerio y Cornejo son dos de los cuatro gobernadores que cerraron acuerdos en clave electoral en 2025. Más allá de que la comunicación oficial aseguró que se los mandatarios provinciales consiguieron la aprobación de la administración para avanzar con obras de infraestructura, a través de inversiones privadas, al menos dos asistentes confirmaron que hubo una primera aproximación para repetir la sintonía en 2027.
“Está bueno juntarse con los gobernadores que lideran nuestras alianzas en las provincias y empezar a pelotear para adelante”, destacó un funcionario al tanto del despliegue de la mesa que permitirá sentar las bases a futuro.
Desde una de las provincias admitieron que la reunión persigue la idea de “diseñar una estrategia en conjunto para el año que viene”, aunque remarcaron que “fue una primera charla incipiente” en el que se barajaron los distintos escenarios. “Fue un mix. No fue exclusivamente electoral, tampoco hubo pedido de apoyo porque son dos gobernadores que están apoyando y acompañando”, ampliaron.
Como contó este medio, los libertarios maduran desde hace tiempo la idea de consolidar y sumar alianzas con los representantes provinciales, algo que inició en 2025. El único condicionamiento aparente gira en torno a los tiempos del calendario electoral. “Si adelantan es porque claramente no son aliados”, supo plantear una importante voz con acceso al despacho presidencial en tema a Infobae semanas atrás.
Luego del primer contacto, aclaran que de la única manera que la Casa Rosada vería con buenos ojos el adelantamiento electoral es si el oficialismo provincial compite en alianza el sello violeta.
Con varios meses de distancia, y un Mundial mediante, el campamento violeta se prepara tender puentes que les permita completar los múltiples lugares entre el Congreso, las provincias y municipios. De buen vínculo con la menor de los Milei, Santilli -en despliegue de la articulación con las provincias- se sumó a la tarea que desempeñaron los Menem desde el inicio de mandato lo que vuelve recurrente el contacto entre los dos funcionarios y el legislador.
En paralelo, en Balcarce 50 aspiran a modificar las reglas del sistema democrático y maduran los detalles del proyecto de reforma política que incluirá la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), pero también apuesta a modificar el sistema de financiamiento de los partidos políticos. Pese a que configura una de las principales claves, aún no está listo el texto final de la normativa que promete resistencia de varios sectores de la oposición.
Business,Domestic Politics,Corporate Events,South America / Central America,Government / Politics
POLITICA
Caso $LIBRA: la Justicia suspende una solicitud de información a Meta tras un pedido de uno de los acusados
Tras el intento fallido de uno de los acusados del caso $LIBRA, Mauricio Novelli, por obtener la nulidad judicial del contenido de su teléfono celular, su socio Manuel Terrones Godoy busca ahora bloquear otro eje de la pesquisa. Le reclamó al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que vuelva sobre sus propios pasos y no le solicite a Meta Platforms el contenido privado de seis cuentas de Instagram: dos propias y cuatro de otros acusados. Y el magistrado accedió de manera provisoria al pedido, al menos hasta escuchar la opinión de la Fiscalía y los querellantes.
Meta es la empresa detrás de Facebook, Instagram y WhatsApp.
Terrones Godoy procura así que los mensajes y documentos que él y otros acusados intercambiaron por esa plataforma no lleguen a la Justicia argentina. Para eso, sus abogados Nicolás Grimaldi y Tomás Briganti presentaron un recurso de reposición con apelación en subsidio de la orden que ya había dado el juez Martínez de Giorgi la semana pasada y pidieron la nulidad de esa orden por considerarla arbitraria, desproporcionada y violatoria de garantías constitucionales.
El recurso presentado contempla que, si es rechazado por el juez, sea tratado por una instancia superior.
El planteo de Terrones Godoy apunta contra la resolución del viernes 10, cuando el juez requirió a Meta el historial completo de conversaciones privadas y archivos multimedia de seis cuentas vinculadas a la investigación por el lanzamiento y colapso del criptoactivo $LIBRA.
Según los defensores, esa decisión carece de fundamentación suficiente y habilita una “intromisión irrestricta” en la vida privada de los imputados.
Martínez de Giorgi había requerido a Meta, en particular, “que proporcione la información de contenido, específicamente el historial de conversaciones privadas y los archivos multimedia” de cuentas que pertenecen a Terrones Godoy, al estadounidense Hayden Mark Davis y al “abrepuertas” de la Casa Rosada, Mauricio Novelli.
El requerimiento judicial también alcanzaba a una cuenta del otrora asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sergio Morales, quien se presentó en al menos un evento durante 2024 como “coordinador de Asesoramiento Técnico de la Presidencia” y figuró como “asesor oficial” del presidente Javier Milei en el borrador de “acuerdo de asociación” que firmaron Milei y Davis.
El exhorto judicial ahora bajo la lupa también alcanzaba al CEO de la plataforma Cube Exchange, Bartosz Lipinski, quien firmó una carta de intención con el presidente Milei para desarrollar negocios en la Argentina, según confirmó la empresa a y admitió el hermano de Hayden Davis.
“No es un contrato en sí, pero la carta de intención está firmada y sellada por Javier Milei”, subrayó Gideon Davis en 2024, en un podcast que intentaron borrar tras el estallido del escándalo.
Pero ayer, y como consecuencia de la presentación de la defensa de Terrones Godoy, el juez dispuso suspender provisoriamente la ejecución de la medida que había ordenado a pedido del fiscal instructor, Eduardo Taiano. La suspendió, aclaró, hasta tanto se resuelva el planteo, y dio intervención a las partes para que se expidan sobre el recurso interpuesto.
La decisión del juez Martínez de Giorgi de acudir a Meta también había dividido las aguas entre las querellas y “amicus curiae” presentados en el expediente. Consideraban que la medida puede aportar evidencias adicionales sobre cómo fue el vínculo entre los acusados, pero también resultaba una forma de “patear la pelota afuera”.
“El fiscal tiene pedidos de indagatoria presentados para que cite a Novelli, a Terrones Godoy, a Morales, y antes a los hermanos Milei, pero dilata la investigación, y con este pedido podría retrasarla mucho más”, indicó uno de los letrados consultados, que ya mantuvo varios contrapuntos con la Fiscalía.
En su escrito, la defensa de Terrones Godoy sostuvo que el requerimiento del juez a Meta no fija límites temporales ni criterios de búsqueda, lo que —a su entender— lo convierte en una “orden en blanco”. Argumentó que esa amplitud impide controlar la pertinencia de la prueba y vulnera el derecho de defensa, ya que no delimita qué conversaciones serían relevantes para la causa ni en qué período deberían enmarcarse.
Los abogados también cuestionaron que el juez haya adoptado la medida sin una motivación autónoma, limitándose —según indicaron— a reproducir los argumentos del Ministerio Público Fiscal. Esa falta de fundamentación, sostuvieron, configura un vicio que torna nula la resolución, lo previsto en el Código Procesal Penal.
Otro de los ejes del planteo fue la presunta afectación del derecho a la intimidad. La defensa advirtió que el acceso al “historial completo” de las cuentas implicaría exponer comunicaciones ajenas al objeto de la investigación, protegidas por la Constitución Nacional. En ese sentido, señaló que una vez producida la intromisión, el daño sería irreparable, aun si la medida fuera posteriormente revocada.
El escrito también alertó sobre el riesgo de que la medida funcione como una “excursión de pesca”, es decir, una búsqueda indiscriminada de información en la expectativa de encontrar eventualmente elementos incriminantes. Según los letrados, ese tipo de prácticas resulta incompatible con los estándares constitucionales que exigen que las medidas de prueba sean concretas, delimitadas y proporcionales.
Además, los defensores hicieron referencia a antecedentes de filtraciones dentro del expediente, al señalar que ya se difundieron públicamente chats extraídos del celular de Novelli. A su criterio, ello refuerza el peligro de que una recolección masiva de datos privados derive en nuevas exposiciones mediáticas con impacto sobre la imagen y el honor de los imputados.
En paralelo, la defensa propuso alternativas menos invasivas, como la aplicación de filtros por palabras clave o la delimitación de períodos específicos, con el objetivo de acotar el acceso a la información estrictamente vinculada con los hechos investigados.
Ahora, la decisión sobre el alcance de esa medida quedó en suspenso. El juez deberá resolver si mantiene el requerimiento a Meta en los términos originales, lo modifica o lo deja sin efecto, en medio de una disputa que enfrenta las necesidades de la investigación con los límites que imponen las garantías constitucionales.
Hugo Alconada Mon,Conforme a
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, empezó a completar el álbum de fotos que fue a buscar en España, en el marco del encuentro de la Movilización Progresista Mundial. Por la tarde, en Barcelona, el mandatario bonaerense se reunió con el presidente de Colombia, Gustavo Petro. El líder colombiano planteó que el mandatario provincial “posiblemente sea el presidente de Argentina”, para “sacarla del colapso”. Se reunieron en la biblioteca Gabriel García Márquez.
Kicillof fue a España el jueves y regresará a Argentina el sábado. Invitado por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se esperaba que el mandatario participara del panel Acción Progresista y Multilateralismo en un Mundo Fragmentado: Relaciones UE-América Latina en Tiempos de Disrupción, organizado por FEPS. Por superposición de agenda el mandatario provincial no llegó. Lo lamentó Aloizo Mercadante presidente del Banco Nacional de Desenvolvimento Económico y Social de Brasil y ex ministro de Justicia de ese país. “Es una pena que Kicillof no tuvo tiempo de participar, pero más allá de que no esté aquí lo importante es derrotar a Milei”, cerró el panel.
Kicillof fue a España para mostrarse como una de las figuras que el progresismo -o argentinizado, según el propio Kicillof, “el campo nacional y popular”- tiene para enfrentar al gobierno de Javier Milei en las elecciones del año que viene. Fue en búsqueda de respaldo. Aunque en las entrevistas que brindó en distintos medios evitó hablar de candidaturas, sostuvo lo que viene planteado en Argentina: que este es un año de construcción política y que ya habrá tiempo de hablar de nombres. Solo que sus interlocutores en tierras europeas ya lo consideran candidato.
“Eres como la resistencia en la Argentina”, le dijo el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, este viernes en el encuentro que mantuvieron en el Ayuntamiento de dicha ciudad. Con Collboni, el gobernador bonaerense selló un acuerdo “de hermanamiento entre los distritos para afianzar la cooperación”.
“La dirección que le está imprimiendo Trump al mundo, que en Argentina se ve representada por Milei, genera mucho daño: gran parte de la dirigencia política global no está de acuerdo con esa línea y vino a Barcelona a manifestar su rechazo”, sostuvo el Gobernador bonaerense como lectura de su recorrida y agregó: “Estos encuentros son fundamentales para generar debates entre organizaciones de distinto tipo y, sobre todo, presentar una posición conjunta de rechazo a los atropellos que se están viviendo en muchos países”.
Además de Petro, el mandatario de la provincia de Buenos Aires se reunió con la vicepresidenta del Parlamento Europeo, la alemana, Katarina Barley. Además, pese a no haber llegado a estar en el panel de la Movilización Progresista Mundial, tuvo un encuentro con Aloizio Mercadante para analizar los avances hacia la firma de un acuerdo de cooperación e inversiones junto al Consejo Federal de Inversiones y la provincia de Buenos Aires.
En el ámbito político, también mantuvo una reunión con la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró Soler, y el secretario adjunto de Organización y de Transparencia y Acción Democrática, Borja Cabezón. El objetivo del encuentro fue coordinar acciones políticas entre el PSOE y el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires a nivel global.
El mandatario bonaerense además dialogó con el expresidente de Chile, Gabriel Boric, con quien coincidió en la necesidad de coordinar acciones entre las fuerzas políticas de América Latina para contrarrestar el avance de la ultraderecha.
Por último, se reunió con Nancy Okail y Matt Duss, presidenta y vicepresidente del Center for International Policy, un think tank vinculado al Partido Demócrata de los Estados Unidos. En esa ocasión, se acordó mantener un canal de intercambio para el desarrollo de proyectos conjuntos.
Al cierre de esta nota, Kicillof participaba de la cena de líderes que se realizaba en el marco de la Movilización Progresista Mundial y la I Cumbre España-Brasil. Allí se verá con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez y el mandatario brasilero, Luiz Inácio Lula Da Silva.
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