POLITICA
El Gobierno recurrió a la Corte para evitar el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario

El Gobierno nacional decidió llevar a la Corte Suprema de Justicia su reclamo para no cumplir con la ley de financiamiento universitario que lo obliga a aplicar inmediatamente la norma y actualizar los salarios docentes y los programas de becas.
Además, pidió que los jueces de la Corte Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti se excusen de votar en este caso, pues son docentes universitarios en funciones o en uso de licencia, lo que los hace decidir en causa propia.
La ley de medidas cautelares contra el Estado, aprobada por iniciativa de Cristina Kirchner, cuando los jueces jaqueaban sus medidas de gobierno, señala que la sola apelación de una cautelar mediante un recurso extraordinario suspende la medida, con lo que en el Gobierno señalan que, con la sola presentación de este escrito, no les corresponde pagar.
El Poder Ejecutivo dijo que hay riesgo de parálisis del Estado si debiera cumplir con la ley de financiamiento educativo aprobada por el Congreso. Fue luego de que un juez de primera instancia y una Cámara le ordenaron acatar una medida cautelar y actualizar los salarios.
Contra esos fallos, el Estado presentó un recurso extraordinario federal, que fue firmado por representantes del Ministerio de Capital Humano y el Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio.
Allí el Poder Ejecutivo le solicitó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que revoque de forma urgente la medida cautelar que lo obliga a aplicar los aumentos salariales y presupuestarios dispuestos por la Ley 27.795.
En un escrito donde el Gobierno hace advertencias extremas sobre el impacto económico de esta medida y cuestiona a los jueces que le fallaron en contra, el oficialismo dijo que no puede cumplir con la ley.
Se basó en “el colapso financiero del Estado”, la “violación del orden presupuestario”, la “intromisión en la división de poderes” y la supuesta “parcialidad de los jueces” que decidieron hasta ahora en el caso.
El Ministerio de Capital Humano argumentó que cumplir con la medida judicial requeriría reasignar el 90,30% de la totalidad de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado al financiamiento exclusivo de las universidades.
Según el Ejecutivo, desviar esos recursos desataría consecuencias catastróficas, ya que implicaría “una parálisis significativa del funcionamiento de los tres Poderes del Estado, como, por ejemplo, la suspensión del patrullaje de las fuerzas federales en las calles de la Ciudad de Rosario, la suspensión en la provisión de alimentos en las cárceles federales, o el cierre de todos los juzgados federales, la Corte Suprema de Justicia, y el cierre de ambas cámaras legislativas”.
El Poder Ejecutivo sostuvo que el Decreto 759/25 -que firmó el presidente Javier Milei para suspender la aplicación de la ley educativa porque dice que no tiene presupuesto- no desconoció un deber jurídico, sino que cumplió con el ordenamiento administrativo vigente, el cual impide ejecutar gastos sin un respaldo claro de ingresos.
Para defender esta postura, el escrito cita el mandato de la ley de presupuesto: “Toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos. En caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional”.
Además, el Ejecutivo advirtió que los fallos previos ignoraron la reciente Ley de Presupuesto 2026, que impone expresamente que el Estado “deberá presentar una ejecución con resultado financiero equilibrado o superavitario”.
Para los abogados del Estado, la decisión de los tribunales inferiores interfiere inconstitucionalmente en las facultades reservadas al Presidente y al Congreso.
Argumentaron que obligarlos a actualizar partidas de gasto sin prever cómo aumentar los ingresos pone en peligro toda la macroeconomía y la asistencia a los sectores vulnerables.
Por ello, consideraron que el fallo representa “una gravísima violación del principio de división de poderes y una ilegítima intromisión en la esfera de competencias del Congreso y del Poder Ejecutivo”.
El Gobierno, además, denunció que los magistrados intervinientes actuaron guiados por intereses personales, ya que muchos de ellos dictan clases en instituciones públicas.
A su vez, la administración de Milei solicitó que Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti se excusen de votar en este expediente por tener cargos docentes vigentes o en licencia.
El Gobierno les exige apartarse y que los que decidan sean conjueces para “garantizar la imparcialidad”.
El proceso judicial que derivó en esta presentación extrema ante la Corte Suprema comenzó a fines del año pasado y estuvo marcado por fallos adversos para el Gobierno en las instancias inferiores.
El derrotero judicial de la ley se inició el 29 de octubre de 2025, cuando el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rectores de diversas universidades nacionales interpusieron una acción de amparo contra el Estado Nacional.
Su pretensión principal era declarar inconstitucional el Decreto 759/2025, una norma con la que el Poder Ejecutivo había frenado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795) hasta que se determinaran las fuentes para financiarla dentro del presupuesto general.
Como mecanismo de urgencia, los rectores solicitaron una medida cautelar para obligar al Gobierno a aplicar la actualización de salarios docentes y de los programas de becas.
El 23 de diciembre de 2025, el juez de primera instancia Martín Cormick hizo lugar a la medida cautelar innovativa: ordenó no aplicar el decreto presidencial y dictó el inmediato cumplimiento de las actualizaciones salariales de la ley universitaria.
El 29 de diciembre de 2025, el Estado apeló la medida. En su argumentación, planteó que la cautelar equivalía a una “sentencia anticipada” irreversible y advirtió el gravísimo impacto que tendría sobre la estabilidad macroeconómica.
El 31 de marzo de 2026, la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal con la firma Sergio Gustavo Fernández y Jorge Eduardo Morán confirmó el fallo de primera instancia y ratificó la medida cautelar a favor de las universidades.
La Cámara desestimó los argumentos oficiales bajo dos posturas contundentes. En materia jurídica, consideró que la insistencia del Congreso en aprobar la ley educativa la dotaba de verosimilitud e implicaba que el Gobierno no podía suspenderla amparándose en leyes de responsabilidad financiera anteriores.
La discusión parlamentaria se dio en medio de marchas estudiantiles y de los gremios en defensa del financiamiento universitario con una gran movilización juvenil que encendió la alarma en el Gobierno, dado que parte de esos manifestantes integraban la base electoral de Milei.
Ante esta orden de ejecución inmediata impartida por la Cámara, que según los cálculos del Ministerio de Economía obligaría al Estado a destinar el 90,30% de todo el crédito de gastos primarios disponible exclusivamente a la educación superior, el Gobierno decidió frenar la medida interponiendo el recurso extraordinario para que los jueces de la Corte revoquen la medida cautelar.
Hernán Cappiello,Conforme a
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“Ponga un tuit”: Redrado dijo que una confirmación de EE.UU. sobre el swap con la Argentina ayudaría a bajar el riesgo país

El expresidente del Banco Central Martín Redrado habló este jueves sobre el rumbo económico del gobierno y se refirió a la problemática del riesgo país que volvió a superar los 630 puntos básicos y se ubicó en 636 puntos.
En diálogo con Solo una vuelta más por TN, el economista aseguró: “Está claro que hay dudas en el mercado, cuando el lunes pasado, usted debe haber visto que en la reunión que tuvo y que trascendió en el banco JP Morgan de Nueva York, un inversor le preguntó al ministro: ‘Está el swap con Estados Unidos?’ Y el ministro dijo que sí. A mí no me cabe la menor duda de que el ministro está diciendo la verdad”.
Y amplió: “No importa lo que piense este economista, lo que importa es lo que piense la gente. Hay dudas en el mercado, en los inversores, si realmente el swap con Estados Unidos está. ¿Sabe cómo se soluciona eso? Un llamado al secretario del Tesoro, por favor ponga un tuit, el swap de 20 mil millones de dólares está. Y con eso se termina la discusión.
“Yo le aseguro que eso hace bajar al riesgo país, mucho más que la discusión sobre la elección del año que viene”, agregó Redrado.
Consultado sobre las dudas más frecuentes que recibe, el exfuncionario detalló: “Preguntan por los riesgos macroeconómicos, preguntan si el Banco Central tiene dólares suficientes para hacerle frente a los compromisos de deuda, que no me cabe duda que los va a cumplir, pero también para los procesos de dolarización que lamentablemente existen en la Argentina cuando hay periodos electorales”.
“Una economía necesita tener equilibrio fiscal y social”, dijo Redrado
Sobre el rumbo económico del gobierno de Javier Milei, Redrado especificó que “el talón de Aquiles que tiene este programa en este momento es el nivel de actividad y la creación de empleo formal. No puede ser que el equipo económico diga que se ha creado empleo informal y que eso es bueno para la economía. Una economía necesita tener equilibrio fiscal y equilibrio social”.
“Qué curioso que en este contexto, donde se habla tanto de inversiones, cuando mirás el agregado de si aumenta la inversión, cae la inversión este año”, concluyó el economista.
El riesgo país
El indicador que elabora JP Morgan marca la confianza de los inversores y la sobretasa que debe pagar un país para emitir deuda sobre los bonos del Tesoro estadounidense. Por eso, al subir, encarece el costo financiero de una emisión de deuda.
POLITICA
Peter Lamelas afirmó que “Estados Unidos está comprometido y apuesta con fuerza al futuro de Argentina y al gobierno de Milei”

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, eligió Tucumán para lanzar un contundente mensaje en términos diplomáticos sobre la relación bilateral.
“Estados Unidos está aquí, está presente, está comprometido y apuesta con fuerza al futuro de la Argentina”, afirmó.
Lo dijo este jueves durante su disertación en la segunda edición del Foro Argentina Andina, organizado por la Fundación Federalismo y Libertad y la Fundación Friedrich Naumann con el apoyo del Instituto Republicano Internacional (IRI), en el Hilton Garden Inn Tucumán.
El diplomático fue más lejos al referirse al respaldo de Washington al gobierno del presidente Javier Milei de cara a las elecciones de 2027. “Estamos apoyando este gobierno, el gobierno de Milei. Y si siguen en este rumbo, si siguen con estos cambios, si siguen con esta libertad, vamos a seguir apoyando a Argentina después”, sostuvo ante referentes del sector público, privado y académico que se dieron cita en la capital tucumana.
Lamelas subrayó que ese apoyo no es retórico: “Esto es capital real. Es apoyo concreto para equipamiento, tecnología e infraestructura de primer nivel”.

Antes de su presentación en el Foro, el embajador se reunió con el gobernador Osvaldo Jaldo. El propio Lamelas publicó un mensaje al respecto en su cuenta de X: “Charlamos sobre la sólida relación comercial que nos une, con exportaciones de la provincia hacia Estados Unidos que fortalecen los lazos económicos entre ambos países, el enorme potencial para seguir creciendo y el valor de la libertad como motor de desarrollo”.
Más tarde, en el centro de su discurso estuvo el Corredor Andes-Atlántico, una iniciativa bilateral lanzada la semana pasada en Nueva York que Lamelas describió como “un acuerdo estratégico para conectar los recursos del noroeste a la región andina, a los puertos en el Atlántico y del mundo”.
El proyecto contempla obras en ferrocarriles, ductos, puertos e infraestructura digital, y estará respaldado por el Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos (EXIM), que puso a disposición una línea de crédito de hasta USD 7.000 millones hacia 2027. Ese monto podría ampliarse si Argentina profundiza las reformas económicas en curso. Los fondos no constituyen un desembolso único ni inmediato: se trata de una combinación de créditos, garantías y seguros, y cada proyecto requerirá la aprobación final de las instancias correspondientes.
“Esta inversión ayuda a que el mundo se dé cuenta de que Estados Unidos tiene confianza en la Argentina”, afirmó Lamelas, quien también precisó que la línea podría extenderse si el país mantiene el sendero de reformas impulsado por Milei.
El embajador dedicó una parte de su exposición a los recursos naturales del noroeste argentino, cuya relevancia estratégica global subrayó con cifras. Argentina concentra hasta el 20% de las reservas mundiales de litio y cuenta con “enormes depósitos de cobre”, aunque advirtió que la disponibilidad del recurso, por sí sola, no alcanza: “La potencia sola, sin atraer inversión, no vale”.
En ese marco, citó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como ejemplo concreto de política de atracción de capitales: según sus datos, el esquema ya atrajo más de USD 120.000 millones en proyectos, de los cuales más de USD 42.000 millones corresponden a minería y energía.
Lamelas también advirtió sobre los riesgos que, a su entender, representa la presencia de ciertos proveedores tecnológicos en la infraestructura crítica del país. Sin mencionar contratos específicos, cuestionó la participación de Huawei y señaló que “las empresas estatales chinas responden a leyes que les obligan a entregar los datos al Estado y al Partido Comunista cuando ellos quieran”, en referencia a la legislación de inteligencia de China. “Un mercado libre no debe ser un mercado ciego”, sentenció, al reclamar la construcción de un “ecosistema digital de confianza” en materia de ciberseguridad.
Para canalizar las oportunidades que describió, el diplomático detalló las herramientas de financiamiento disponibles más allá del EXIM: la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC), que aporta capital privado para proyectos de energía y minería; la Agencia de Comercio y Desarrollo de Estados Unidos (USTDA), que financia estudios para reducir riesgos en grandes inversiones; y recursos del propio Departamento de Estado. Lamelas invitó a los asistentes a presentar sus proyectos ante la embajada y esas agencias.
Al terminar su intervención, José Guillermo Godoy, presidente y fundador de la Fundación Federalismo y Libertad, le entregó un reconocimiento al embajador. El Foro Argentina Andina reunió además a otros disertantes de peso, entre ellos el embajador de la India en Argentina, Ajaneesh Kumar; el vocero presidencial Adrián Ravier; el politólogo Sergio Berensztein; el economista Nicolás Gadano; y Walter Actis, vicepresidente de Supply Chain de YPF. Según lo anunciado previamente, una delegación del Departamento de Estado, el EXIM y la DFC tiene previsto recorrer Buenos Aires, Jujuy y Salta en octubre para identificar proyectos vinculados al Corredor Andes-Atlántico y avanzar en posibles operaciones.
POLITICA
Milei refuerza su vínculo con los gobernadores en París y prepara una nueva pulseada en el Congreso

Javier Milei consiguió en la Argentina Week de París la foto rodeado por 13 mandatarios provinciales aliados y dialoguistas, para mostrar las oportunidades de inversión que ofrece el país, pero también que mantiene abierto un canal de negociación con los gobernadores que necesita para enfrentar una nueva pulseada en el Congreso.
El encuentro reservado e informal que mantuvieron en la sede de la OCDE expuso esos dos planos de la negociación. Milei agradeció públicamente el acompañamiento de los gobernadores al rumbo económico y varios de ellos respondieron con mensajes de respaldo, mientras presentaban ante empresarios europeos los sectores en los que buscan captar capitales.
Participan de la delegación los gobernadores Raúl Jalil, de Catamarca; Leandro Zdero, de Chaco; Ignacio Torres, de Chubut; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Carlos Sadir, de Jujuy; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Rolando Figueroa, de Neuquén; Alberto Weretilneck, de Río Negro; Gustavo Sáenz, de Salta; Marcelo Orrego, de San Juan; Claudio Vidal, de Santa Cruz, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.
Mientras las provincias aprovechan la Argentina Week para ofrecer proyectos productivos, la Casa Rosada comenzó a aceitar acuerdos para su agenda legislativa, que tiene entre sus prioridades la reforma política, y sumó en las últimas horas una urgencia inesperada ante el intento de la oposición de rechazar definitivamente el DNU 70/23, luego de que la Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto el fallo que había declarado inconstitucional el artículo que derogó la Ley de Tierras.
La ofensiva opositora ya tiene fecha. Distintos bloques convocaron a una sesión especial para el 15 de octubre y necesitan reunir 129 diputados para abrir el recinto. Si luego consiguen una mayoría simple para rechazar el decreto, el DNU perdería vigencia porque el Senado ya votó en contra en marzo de 2024. El Gobierno vuelve así a depender de los diputados que responden a gobernadores y bloques provinciales para preservar una de las principales herramientas de desregulación de la gestión libertaria.
Las negociaciones por la reforma política
La otra discusión es electoral. Milei pretende avanzar con una reforma política que elimine las PASO o, si no reúne los votos necesarios, volver a suspenderlas para las elecciones de 2027. La Casa Rosada negocia desde hace meses con los mandatarios provinciales para reunir apoyos y el viaje permite concentrar en París a buena parte de los interlocutores con los que deberá cerrar ese acuerdo.
La señal más explícita llegó de Macri. “En la Ciudad estamos convencidos de que el país no debe volver atrás y vamos a acompañar las transformaciones que necesite”, afirmó el jefe de Gobierno porteño. Orrego ya había expresado públicamente su respaldo a eliminar las PASO, mientras que Cornejo volvió a defender la necesidad de sostener las reformas iniciadas por Milei.
El gobernador de Mendoza fue incluso más lejos. En una entrevista con Bloomberg Línea planteó que la continuidad política del proyecto libertario dependerá de la capacidad del Gobierno para construir acuerdos con los mandatarios provinciales y destacó los resultados obtenidos en 2025 en los distritos donde La Libertad Avanza cerró alianzas. También consideró “razonable” volver a suspender las primarias nacionales.
Cornejo trasladó esa posición a sus redes con una foto junto al Presidente con los pulgares hacia arriba. “Valoro el reconocimiento al trabajo de los gobernadores que acompañamos las reformas estructurales, aun desde distintos espacios políticos. Sostener ese camino es clave para darle certidumbre al país”, escribió.
Jalil, uno de los gobernadores peronistas con mejor vínculo con la Casa Rosada, evitó pronunciarse sobre la negociación legislativa, aunque difundió una imagen conversando a solas con Milei. Sáenz también eligió un mensaje político más general y reivindicó el diálogo, el debate de ideas y la construcción de consensos como herramientas para definir la próxima etapa.
En busca de inversiones
La composición de la delegación también le permitió al Gobierno mostrar ante los empresarios europeos que el programa económico tiene interlocutores provinciales alineados con la Casa Rosada.
Los gobernadores llegaron a París con agendas propias y con el foco en sus potenciales productivos en minería, con énfasis en litio; energía; energías renovables; petróleo; gas; agroindustria; alimentos; logística y turismo.
Mendoza consiguió uno de los primeros anuncios. Cornejo informó que la francesa M2I Lifesciences y la mendocina Aerotec invertirán más de US$10 millones para instalar una planta destinada a producir soluciones biológicas contra la Lobesia botrana, con más de 50 empleos directos previstos.
Además, TotalEnergies anunció inversiones por US$10.000 millones en la Argentina, principalmente destinadas a incrementar la producción de gas y a proyectos vinculados con Tierra del Fuego y Neuquén.
Detrás de las fotos y de los mensajes sobre minería, energía y producción, la negociación continuará cuando la comitiva vuelva a Buenos Aires. Los gobernadores necesitan inversiones y respuestas para sus provincias; Milei necesita sus vínculos parlamentarios. El resultado de ese intercambio empezará a medirse rápidamente en Diputados, donde el oficialismo deberá defender el DNU 70/23 y reunir votos para una reforma política que todavía está lejos de tener garantizada.
Gobernadores, Javier Milei, Argentina Week, París
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