POLITICA
El Gobierno recurrió a la Corte para evitar el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario
El Gobierno nacional decidió llevar a la Corte Suprema de Justicia su reclamo para no cumplir con la ley de financiamiento universitario que lo obliga a aplicar inmediatamente la norma y actualizar los salarios docentes y los programas de becas.
Además, pidió que los jueces de la Corte Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti se excusen de votar en este caso, pues son docentes universitarios en funciones o en uso de licencia, lo que los hace decidir en causa propia.
La ley de medidas cautelares contra el Estado, aprobada por iniciativa de Cristina Kirchner, cuando los jueces jaqueaban sus medidas de gobierno, señala que la sola apelación de una cautelar mediante un recurso extraordinario suspende la medida, con lo que en el Gobierno señalan que, con la sola presentación de este escrito, no les corresponde pagar.
El Poder Ejecutivo dijo que hay riesgo de parálisis del Estado si debiera cumplir con la ley de financiamiento educativo aprobada por el Congreso. Fue luego de que un juez de primera instancia y una Cámara le ordenaron acatar una medida cautelar y actualizar los salarios.
Contra esos fallos, el Estado presentó un recurso extraordinario federal, que fue firmado por representantes del Ministerio de Capital Humano y el Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio.
Allí el Poder Ejecutivo le solicitó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que revoque de forma urgente la medida cautelar que lo obliga a aplicar los aumentos salariales y presupuestarios dispuestos por la Ley 27.795.
En un escrito donde el Gobierno hace advertencias extremas sobre el impacto económico de esta medida y cuestiona a los jueces que le fallaron en contra, el oficialismo dijo que no puede cumplir con la ley.
Se basó en “el colapso financiero del Estado”, la “violación del orden presupuestario”, la “intromisión en la división de poderes” y la supuesta “parcialidad de los jueces” que decidieron hasta ahora en el caso.
El Ministerio de Capital Humano argumentó que cumplir con la medida judicial requeriría reasignar el 90,30% de la totalidad de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado al financiamiento exclusivo de las universidades.
Según el Ejecutivo, desviar esos recursos desataría consecuencias catastróficas, ya que implicaría “una parálisis significativa del funcionamiento de los tres Poderes del Estado, como, por ejemplo, la suspensión del patrullaje de las fuerzas federales en las calles de la Ciudad de Rosario, la suspensión en la provisión de alimentos en las cárceles federales, o el cierre de todos los juzgados federales, la Corte Suprema de Justicia, y el cierre de ambas cámaras legislativas”.
El Poder Ejecutivo sostuvo que el Decreto 759/25 -que firmó el presidente Javier Milei para suspender la aplicación de la ley educativa porque dice que no tiene presupuesto- no desconoció un deber jurídico, sino que cumplió con el ordenamiento administrativo vigente, el cual impide ejecutar gastos sin un respaldo claro de ingresos.
Para defender esta postura, el escrito cita el mandato de la ley de presupuesto: “Toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos. En caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional”.
Además, el Ejecutivo advirtió que los fallos previos ignoraron la reciente Ley de Presupuesto 2026, que impone expresamente que el Estado “deberá presentar una ejecución con resultado financiero equilibrado o superavitario”.
Para los abogados del Estado, la decisión de los tribunales inferiores interfiere inconstitucionalmente en las facultades reservadas al Presidente y al Congreso.
Argumentaron que obligarlos a actualizar partidas de gasto sin prever cómo aumentar los ingresos pone en peligro toda la macroeconomía y la asistencia a los sectores vulnerables.
Por ello, consideraron que el fallo representa “una gravísima violación del principio de división de poderes y una ilegítima intromisión en la esfera de competencias del Congreso y del Poder Ejecutivo”.
El Gobierno, además, denunció que los magistrados intervinientes actuaron guiados por intereses personales, ya que muchos de ellos dictan clases en instituciones públicas.
A su vez, la administración de Milei solicitó que Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti se excusen de votar en este expediente por tener cargos docentes vigentes o en licencia.
El Gobierno les exige apartarse y que los que decidan sean conjueces para “garantizar la imparcialidad”.
El proceso judicial que derivó en esta presentación extrema ante la Corte Suprema comenzó a fines del año pasado y estuvo marcado por fallos adversos para el Gobierno en las instancias inferiores.
El derrotero judicial de la ley se inició el 29 de octubre de 2025, cuando el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rectores de diversas universidades nacionales interpusieron una acción de amparo contra el Estado Nacional.
Su pretensión principal era declarar inconstitucional el Decreto 759/2025, una norma con la que el Poder Ejecutivo había frenado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795) hasta que se determinaran las fuentes para financiarla dentro del presupuesto general.
Como mecanismo de urgencia, los rectores solicitaron una medida cautelar para obligar al Gobierno a aplicar la actualización de salarios docentes y de los programas de becas.
El 23 de diciembre de 2025, el juez de primera instancia Martín Cormick hizo lugar a la medida cautelar innovativa: ordenó no aplicar el decreto presidencial y dictó el inmediato cumplimiento de las actualizaciones salariales de la ley universitaria.
El 29 de diciembre de 2025, el Estado apeló la medida. En su argumentación, planteó que la cautelar equivalía a una “sentencia anticipada” irreversible y advirtió el gravísimo impacto que tendría sobre la estabilidad macroeconómica.
El 31 de marzo de 2026, la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal con la firma Sergio Gustavo Fernández y Jorge Eduardo Morán confirmó el fallo de primera instancia y ratificó la medida cautelar a favor de las universidades.
La Cámara desestimó los argumentos oficiales bajo dos posturas contundentes. En materia jurídica, consideró que la insistencia del Congreso en aprobar la ley educativa la dotaba de verosimilitud e implicaba que el Gobierno no podía suspenderla amparándose en leyes de responsabilidad financiera anteriores.
La discusión parlamentaria se dio en medio de marchas estudiantiles y de los gremios en defensa del financiamiento universitario con una gran movilización juvenil que encendió la alarma en el Gobierno, dado que parte de esos manifestantes integraban la base electoral de Milei.
Ante esta orden de ejecución inmediata impartida por la Cámara, que según los cálculos del Ministerio de Economía obligaría al Estado a destinar el 90,30% de todo el crédito de gastos primarios disponible exclusivamente a la educación superior, el Gobierno decidió frenar la medida interponiendo el recurso extraordinario para que los jueces de la Corte revoquen la medida cautelar.
Hernán Cappiello,Conforme a
MENDOZA.- Se cerró hoy un nuevo capítulo de la guerra entre Mendoza y La Pampa. Luego de más de 50 años de reclamos, el gobierno nacional decidió este viernes, a través de un decreto, otorgarle a Mendoza el 100% de las regalías de la represa hidroeléctrica Los Nihuiles, en San Rafael, sobre el río Atuel. Sin embargo, el conflicto entre ambas jurisdicciones se profundizará y ya amenaza con seguir en los tribunales.
Es que ambas provincias aseguran que irán a la Justicia. Por un lado, Mendoza solicitará recuperar el dinero de los años no percibidos, que se estima en unos US$700 millones. La Pampa, bajo la conducción del peronista Sergio Ziliotto, asegura que su tierra vecina “ya se robó un río”, por el Atuel, y que la demandará para que no la siga perjudicando y pueda seguir percibiendo el 50% de las regalías.
Así las cosas, en la provincia del oeste argentino, gobernada por el radical Alfredo Cornejo, celebran la decisión 982/2026 del Ejecutivo, que deroga un decreto de 1973, publicado en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. De esta manera, Mendoza pasará a percibir el canon del 12% en regalías por ser dueña del complejo hidroeléctrico, y no del 6% como venía cobrando desde hace décadas, sobre el importe correspondiente a la energía vendida.
“Mendoza recibirá el 100% de las regalías de Los Nihuiles. Esta decisión reafirma un principio que sostuvimos desde el primer día: nuestros recursos estratégicos no se negocian”, expresó Cornejo, y agregó: “Defender el patrimonio de los mendocinos es una obligación de quienes tenemos la responsabilidad de gobernar”.
En este sentido, el mandatario cargó contra quienes cuestionaban el histórico reclamo mendocino. “Mientras algunos ponían en duda ese camino, los hechos demuestran que actuar con firmeza, con argumentos y defendiendo los intereses de Mendoza fue la decisión correcta. Vamos a seguir haciendo valer los derechos de la provincia y defendiendo su patrimonio y su futuro cada vez que sea necesario”, sostuvo el radical.
Su par pampeano también se despachó con todo en sus perfiles públicos, principalmente en X, donde dejó asentado su malestar con lo dispuesto por las autoridades nacionales, hoy aliadas con el mendocino. “No solo Mendoza nos robó un río. Ahora, junto al Gobierno de Milei, que deroga el decreto 1560/73, nos quitan sus regalías. ¡No nos quedaremos quietos! El Río Atuel también es pampeano!!!“, expresó el gobernador justicialista, anticipando la presentación de un recurso en los tribunales para que se revierta la medida.
Más allá de las diferencias pampeanas por lo actuado por Nación, los ojos se posan sobre los alcances de las normativas, que estipula el beneficio donde se encuentra la fuente hidroeléctrica, dejando atrás el régimen específico de paridad para Los Nihuiles, firmado durante el gobierno de facto de Alejandro Lanusse, y aplicar el marco general previsto por la legislación energética.
“Era la única hidroeléctrica que cobraba regalías con otra provincia, y no como es el criterio y la jurisprudencia, de que cobran las provincias donde está la caída del agua que genera finalmente la energía”, explicó Cornejo.
Así, el nuevo decreto establece que el criterio para determinar sobre el derecho a las regalías debe estar asociado con la localización efectiva de la fuente hidroeléctrica y no simplemente con el recorrido del río, más allá de su caracter interjurisdiccional, como ocurre con el Atuel.
Así, en base a los considerandos de la norma, tanto la ubicación de las instalaciones como los antecedentes de la Corte Suprema avalan el criterio de que las regalías deben ser para la provincia donde se halla efectivamente el aprovechamiento hidroeléctrico.
El Gobierno nacional tomó la decisión en las vísperas del proceso de licitación del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles, convocado mediante el decreto 667/2026, con el objetivo de que el nuevo proceso de concesión tenga un marco regulatorio definido.
La disputa también tiene vinculación con otro reclamo histórico de La Pampa, lo que exaspera los ánimos: el carácter interjurisdiccional del Atuel, determinado por la Corte en 1987, y el posterior incumplimiento de Mendoza de un caudal mínimo fluvioecológico.
Por estas horas, el gobierno mendocino festeja el reconocimiento nacional del derecho de Mendoza sobre las regalías de Los Nihuiles, ya que considera que marca un “punto de inflexión” en un reclamo iniciado hace más de 50 años. En ese sentido, indicaron que la provincia continuará ahora con el proceso judicial para recuperar los recursos correspondientes a períodos anteriores, que llegaría a los US$700 millones de dólares.
Además, avanzará con la nueva concesión para impulsar inversiones que permitan “recuperar y ampliar la generación hidroeléctrica, de modo que el mayor aprovechamiento de los recursos estratégicos se traduzca en más infraestructura, desarrollo y mejores servicios para los mendocinos”, indicaron desde el gobierno provincial.
deroga un decreto de 1973,,pic.twitter.com/VyPQVZL3Fh,September 11, 2026,https://t.co/hQn91esVXU,pic.twitter.com/ZORkeXUIXH,September 11, 2026,licitación del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles,,incumplimiento de Mendoza de un caudal mínimo fluvioecológico.,Pablo Mannino,Conforme a
El presidente Javier Milei firmó el Decreto 982/2026, publicado en el Boletín Oficial, por el cual el gobierno nacional reconoció el derecho de Mendoza a percibir el 100% de las regalías hidroeléctricas generadas por el Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles. La norma dejó sin efecto el Decreto 1560/73 y puso fin a más de cinco décadas durante las cuales esos recursos se distribuían entre la provincia cuyana y La Pampa. El gobernador Alfredo Cornejo encabezó este viernes una conferencia de prensa junto al ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, y a la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, para celebrar el reconocimiento y detallar los pasos que seguirá la Provincia.
Además de percibir las regalías en forma íntegra a partir de ahora, Mendoza readecuará la demanda judicial iniciada en 2022 ante la Corte Suprema de Justicia para reclamar los montos que no percibió durante los años en que estuvo vigente el esquema anterior.
El origen de la disputa se remonta a 1973, cuando aquella resolución estableció un esquema de reparto que Mendoza siempre consideró injusto. Durante más de 50 años, la provincia sostuvo que las regalías debían corresponderle en su totalidad, dado que la generación de energía se produce íntegramente dentro de su territorio. El fundamento jurídico descansa en el dominio originario que las provincias tienen sobre sus recursos naturales: el aprovechamiento hidroeléctrico —con su infraestructura, su inversión y la energía que produce— es un bien distinto del agua del río Atuel, cuyo carácter interjurisdiccional compartían ambas provincias. El nuevo decreto recoge ese criterio y lo traduce en una decisión de alcance concreto.
Cornejo señaló que el decreto confirma que Los Nihuiles era “la única hidroeléctrica que cobraba regalías con otra provincia”, en contra del criterio y la jurisprudencia que establece que las regalías corresponden a las provincias donde se produce la caída del agua que genera la energía. El mandatario remarcó que el fallo pone en evidencia que a Mendoza “le asiste el derecho” y “la razón” en su postura de que la generación realizada dentro de su territorio no debía ser compartida con La Pampa por el solo hecho de que el río Atuel sea interprovincial.
El gobernador vinculó el reconocimiento con otro antecedente en que la Provincia logró recuperar recursos que consideraba propios: el resarcimiento obtenido durante su primer mandato por la Promoción Industrial, que le reportó a Mendoza 1.023 millones de dólares, fondos que el propio Cornejo describió como los que hoy financian obras de agua, energía y rutas. En esa misma línea, el mandatario afirmó que la defensa de los recursos provinciales se articula con una relación que combina acompañamiento y litigio: “Cuando hay que litigar, pedir y demás, estamos haciéndolo siempre en defensa de la provincia”, sostuvo.
El reclamo judicial que continuará a partir de ahora busca recuperar lo que Mendoza dejó de percibir durante las décadas en que el Decreto 1560/73 estuvo vigente. Según explicó Cornejo, el monto actualizado de ese reclamo ronda los 680 millones de dólares. Para canalizarlo, la Provincia readecuará la demanda que presentó ante la Corte Suprema en 2022 y ajustará los montos reclamados al nuevo escenario jurídico que abre el decreto nacional.
El anuncio también se produce en un momento crítico para el sistema hidroeléctrico. Mema detalló que las centrales del complejo Los Nihuiles sufrieron una merma considerable: de una capacidad de 290 megawatts pasaron a producir solo 90, como consecuencia del daño en dos de sus unidades. Frente a ese deterioro, la Provincia avanza en paralelo con el proceso de definición de una nueva concesión que permita atraer capitales privados para recuperar y ampliar la capacidad instalada.
El ministro puso el decreto en perspectiva histórica y remarcó que “esta injusticia nació en 1973”, según sus declaraciones ante la prensa. A lo largo de ese período se sucedieron distintas instancias jurídicas y convenios sin que el reclamo mendocino prosperara. Para Mema, el cambio implica que la Provincia ya no percibirá la mitad de las regalías sino su totalidad, lo que modifica de forma sustancial el volumen de recursos que recibirá: “A partir de hoy, no solamente vamos a cobrar lo que nos corresponde, sino que lo vamos a cobrar íntegramente, porque veníamos cobrando la mitad”, afirmó.
Sobre el esquema de la nueva concesión, el titular de la cartera de Infraestructura fue claro en cuanto al rol que deberá cumplir el Estado: controlar que las obras se ejecuten, garantizar que la inversión se concrete y cobrar el porcentaje correspondiente sobre la energía generada. “Nuestra visión es muy clara, lo que necesitamos es inversión privada, y necesitamos generar las mejores condiciones para que vengan e inviertan la mayor cantidad posible, en el menor tiempo posible”, indicó Mema en la misma conferencia.
Latorre, por su parte, profundizó en el fundamento jurídico del reconocimiento. La ministra explicó que las provincias tienen soberanía y dominio originario sobre sus recursos y que el caso de Los Nihuiles permite distinguir con precisión entre el agua del río —de carácter interjurisdiccional— y el aprovechamiento hidroeléctrico que se lleva a cabo dentro del territorio mendocino. “No es solamente el río, el agua, que compartimos por ser interjurisdiccional con otra provincia, es también la pendiente, es también la inversión para generar, a través del agua y de esa pendiente, energía, que es una cosa, es un bien susceptible de apropiación distinto totalmente del agua y del salto”, precisó ante los periodistas.
La funcionaria también destacó el trabajo de la Asesoría de Gobierno y de la Fiscalía de Estado en la defensa del patrimonio provincial durante todos estos años y trazó con claridad las dos vías que abre el decreto. La primera es judicial y apunta hacia atrás: reclamar lo que Mendoza fue obligada a compartir con otra provincia durante décadas. La segunda mira hacia adelante: articular una nueva concesión que, con mayor inversión privada, permita incrementar la generación. En palabras de Latorre, “mayor inversión es mayor producción, mayor producción es mejor aprovechamiento de los recursos y mayor percepción de regalías”, lo que se traduciría en más fondos disponibles para servicios como salud, seguridad y educación.
SAN MIGUEL DE TUCUMÁN (Enviada especial).- La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) renovó sus autoridades este viernes, en la última jornada de la 64ª Asamblea General de la entidad, que se realiza desde el miércoles en esta ciudad.
Daniel Dessein, titular de La Gaceta de Tucumán, es el nuevo presidente del Consejo Ejecutivo para el período 2026-2027, cargo que hasta hoy ocupaba Martín Etchevers (Clarín). En tanto, Etchevers fue elegido para conducir la Comisión de Libertad de Prensa e Información –una de las más relevantes de la institución–, que hasta esta jornada estaba a cargo de Dessein.
En tanto, Cecilia Gargatagli (Mirador Provincial, Santa Fe) asumió como vicepresidenta primera del Consejo Ejecutivo y Luis Tarsitano (El Tribuno, Salta), como vicepresidente segundo. Pablo Deluca (Infobae) se hará cargo de la secretaría General y Tomás Vio (Diario Olé) tomó la secretaría de Organización.
Agustino Fontevecchia (Perfil) revalidó su lugar en la secretaría de Relaciones Institucionales y Miguel Gaíta (La Palabra, Berazategui) fue elegido para la secretaría de Actas. Completan el equipo Juan Carlos Fernández Llano (El Libertador, Corrientes) y Marcelo Almada (Misiones Online, Posadas), quienes siguen como tesorero y protesorero, respectivamente.
La nómina de vocales titulares quedó integrada por Francisco Muñoz (OPI Santa Cruz, Río Gallegos), Ramona Maciel (La Voz del Pueblo, Tres Arroyos), Ricardo Terán (La Capital, Rosario), Carlos Marino (Letra P), Valeria Zitelli (El Ancasti, Catamarca) y Juan Boglione (Nueva Rioja, La Rioja).
Como vocales suplentes fueron elegidos Claudia Bogado (La Mañana, Formosa), Diego Garazzi (Hola Argentina), Gustavo Ick (El Liberal, Santiago del Estero), Carlos Valentini (El Diario de Pringles, Coronel Pringles), Diego Dillenberger (Imagen) y Federico Torres (Río Negro, General Roca).
Comisiones
La asamblea también definió la integración de las comisiones de ADEPA para el próximo período. Además de la Comisión de Libertad de Prensa, ahora en manos de Etchevers, la Comisión de Asuntos Económicos y Resoluciones será presidida por José Santa María (Página 12), con Valentini, de El Diario de Pringles, como vicepresidente, mientras que en el Comité Estratégico seguirá al frente Guillermo Ignacio (TSN Necochea).
José Claudio Escribano () continuará en la presidencia de la Comisión de Premios “Federico C. Massot”.
Por su parte, Andrés D’Alessandro, director ejecutivo de Adepa, coordinará la Comisión de Capacitación Multiplataforma, mientras que la Comisión de Desarrollo Digital será presidida por Diego Fuentes (Diario Huarpe, San Juan), con Vio, de Olé, como vicepresidente. La Comisión de Desarrollo de Medios Locales quedó en manos de Ana Tronfi (ADNSUR, Comodoro Rivadavia), acompañada por Héctor Lebensohn (Democracia, Junín) como vicepresidente y Muñoz, de OPI Santa Cruz, como secretario.
La Comisión de Relaciones Internacionales será conducida por Ick, de El Liberal, con Ignacio Fidanza (La Política Online) como vicepresidente. La Comisión de Bien Público quedó a cargo de Roberto Suárez (Mendoza Today), secundado por Terán, de La Capital, mientras que la de Propiedad Intelectual será presidida por Garazzi, de Hola Argentina, con Nahuel Caputto (El Litoral, Santa Fe) como vicepresidente.
Por su parte, la Comisión de Socios quedó en manos de Dillenberger, de Imagen, con Emilio Magnaghi (Ciudadano News, Mendoza) como vicepresidente, y la de Difusión será presidida por Hugo Ferrer (La Opinión Austral, Río Gallegos).
La Comisión Revisora de Cuentas quedó integrada por Gaíta, Sergio Ducca y Garazzi como titulares, y Gargatagli como suplente.
Entretanto, Carlos Laplacette estará a cargo del servicio de orientación legal en libertad de prensa, y Nicolás Novoa, en el servicio de orientación legal en propiedad intelectual, mientras que Ducca será titular del servicio de orientación tributaria.
Finalmente, D’Alessandro continúa como director ejecutivo de ADEPA y Gabriel Matijas como gerente general.
El foro anual en el que se renovaron las autoridades de ADEPA se realizó en el Hotel Sheraton de San Miguel de Tucumán y tuvo, entre sus principales actividades, un encuentro entre Joaquín Morales Solá, columnista de , y Ricardo Kirschbaum, editor general de Clarín; capacitaciones vinculadas al impacto de la Inteligencia Artificial (IA) sobre la industria periodística; y la presentación del informe sobre la situación de la libertad de prensa en el país.
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