La Casa Rosada analiza denunciar al juez Raúl Horacio Ojeda, que fue asesor del kirchnerismo y suspendió la reforma laboral a pedido de la CGT.

El debate se da luego de que el juez Raúl Horacio Ojeda, que intervino en primera instancia, rechazara la presentación del procurador del Tesoro Nacional, Sebastián Amerio, con el argumento de que se presentó “sin contar con matrícula profesional”.

En esa “exclusión por incompatibilidad”, como consideró Ojeda, incluyó también a los subprocuradores, Santiago Castro Videla y Julio Pablo Comadira, que también intervienen en el caso.

El argumento fue rebatido de plano desde la Procuración y la Casa Rosada. Aludieron al fallo “Punte”, de la propia Corte Suprema, en el que se consideró que: ”no cabe exigirle al Sub Procurador del Tesoro de la Nación su inscripción en la matrícula federal, para actuar como representante del Estado Nacional en la causa, en virtud de su calidad sobreviniente, pues la ley le impide ejercer la profesión de abogado con motivo del cargo que desempeña″, en referencia a la ley 22.192.

En la jefatura de los fiscales consideraban este viernes que: “Si hasta anoche (en referencia a cuando se presentó el per saltum) hablábamos de gravedad institucional ahora estamos frente a un intento de avasallamiento absoluto sobre el Poder Ejecutivo del derecho de defensa del Estado Nacional y supondría un abuso de poder inadmisible por parte de un magistrado de la justicia ordinaria».

En ese sentido, fuentes de la Procuración aludieron a que se está analizando: “denunciar al juez ante el Consejo de la Magistratura, solicitar a la Corte Suprema una ampliación del per saltum para considerar la causa urgente en base a este hecho nuevo y denunciar al juez penalmente por abuso de poder»

El per saltum presentado en la noche del jueves señala que, con la sola presentación, debe tener “efecto suspensivo” sobre la sentencia de Ojeda, quien dictó una medida cautelar que suspendió 82 artículos de la reforma laboral sancionada por el Congreso.

Tal como contó , el Gobierno reaccionó para revertir esa sentencia y la Secretaría de Trabajo, que depende del Ministerio de Capital Humano, con el patrocinio legal de la Procuración, que encabeza Amerio, realizó esta presentación.

Ojeda es un juez laboral de primera instancia que fue funcionario del Ministerio de Trabajo como jefe de asesores de Juan Carlos Tomada durante el kirchnerismo. Su fallo congeló las principales reformas de la ley de modernización laboral que logró el Gobierno.

En lugar de apelar a la Cámara Laboral o de esperar un fallo de la Justicia contencioso administrativo federal, el Gobierno fue directamente a la Corte en un recurso de salto de instancia. Es algo excepcional y busca una respuesta rápida del máximo tribunal, ya que demorar el caso implica un riesgo para la vigencia de la ley.

Tras el intento fallido de uno de los acusados del caso $LIBRA, Mauricio Novelli, por obtener la nulidad judicial del contenido de su teléfono celular, su socio Manuel Terrones Godoy busca ahora bloquear otro eje de la pesquisa. Le reclamó al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que vuelva sobre sus propios pasos y no le solicite a Meta Platforms el contenido privado de seis cuentas de Instagram: dos propias y cuatro de otros acusados. Y el magistrado accedió de manera provisoria al pedido, al menos hasta escuchar la opinión de la Fiscalía y los querellantes.

Meta es la empresa detrás de Facebook, Instagram y WhatsApp.

Terrones Godoy procura así que los mensajes y documentos que él y otros acusados intercambiaron por esa plataforma no lleguen a la Justicia argentina. Para eso, sus abogados Nicolás Grimaldi y Tomás Briganti presentaron un recurso de reposición con apelación en subsidio de la orden que ya había dado el juez Martínez de Giorgi la semana pasada y pidieron la nulidad de esa orden por considerarla arbitraria, desproporcionada y violatoria de garantías constitucionales.

El recurso presentado contempla que, si es rechazado por el juez, sea tratado por una instancia superior.

El planteo de Terrones Godoy apunta contra la resolución del viernes 10, cuando el juez requirió a Meta el historial completo de conversaciones privadas y archivos multimedia de seis cuentas vinculadas a la investigación por el lanzamiento y colapso del criptoactivo $LIBRA.

Según los defensores, esa decisión carece de fundamentación suficiente y habilita una “intromisión irrestricta” en la vida privada de los imputados.

Martínez de Giorgi había requerido a Meta, en particular, “que proporcione la información de contenido, específicamente el historial de conversaciones privadas y los archivos multimedia” de cuentas que pertenecen a Terrones Godoy, al estadounidense Hayden Mark Davis y al “abrepuertas” de la Casa Rosada, Mauricio Novelli.

El requerimiento judicial también alcanzaba a una cuenta del otrora asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sergio Morales, quien se presentó en al menos un evento durante 2024 como “coordinador de Asesoramiento Técnico de la Presidencia” y figuró como “asesor oficial” del presidente Javier Milei en el borrador de “acuerdo de asociación” que firmaron Milei y Davis.

El exhorto judicial ahora bajo la lupa también alcanzaba al CEO de la plataforma Cube Exchange, Bartosz Lipinski, quien firmó una carta de intención con el presidente Milei para desarrollar negocios en la Argentina, según confirmó la empresa a y admitió el hermano de Hayden Davis.

“No es un contrato en sí, pero la carta de intención está firmada y sellada por Javier Milei”, subrayó Gideon Davis en 2024, en un podcast que intentaron borrar tras el estallido del escándalo.

Pero ayer, y como consecuencia de la presentación de la defensa de Terrones Godoy, el juez dispuso suspender provisoriamente la ejecución de la medida que había ordenado a pedido del fiscal instructor, Eduardo Taiano. La suspendió, aclaró, hasta tanto se resuelva el planteo, y dio intervención a las partes para que se expidan sobre el recurso interpuesto.

La decisión del juez Martínez de Giorgi de acudir a Meta también había dividido las aguas entre las querellas y “amicus curiae” presentados en el expediente. Consideraban que la medida puede aportar evidencias adicionales sobre cómo fue el vínculo entre los acusados, pero también resultaba una forma de “patear la pelota afuera”.

“El fiscal tiene pedidos de indagatoria presentados para que cite a Novelli, a Terrones Godoy, a Morales, y antes a los hermanos Milei, pero dilata la investigación, y con este pedido podría retrasarla mucho más”, indicó uno de los letrados consultados, que ya mantuvo varios contrapuntos con la Fiscalía.

En su escrito, la defensa de Terrones Godoy sostuvo que el requerimiento del juez a Meta no fija límites temporales ni criterios de búsqueda, lo que —a su entender— lo convierte en una “orden en blanco”. Argumentó que esa amplitud impide controlar la pertinencia de la prueba y vulnera el derecho de defensa, ya que no delimita qué conversaciones serían relevantes para la causa ni en qué período deberían enmarcarse.

Los abogados también cuestionaron que el juez haya adoptado la medida sin una motivación autónoma, limitándose —según indicaron— a reproducir los argumentos del Ministerio Público Fiscal. Esa falta de fundamentación, sostuvieron, configura un vicio que torna nula la resolución, lo previsto en el Código Procesal Penal.

Otro de los ejes del planteo fue la presunta afectación del derecho a la intimidad. La defensa advirtió que el acceso al “historial completo” de las cuentas implicaría exponer comunicaciones ajenas al objeto de la investigación, protegidas por la Constitución Nacional. En ese sentido, señaló que una vez producida la intromisión, el daño sería irreparable, aun si la medida fuera posteriormente revocada.

El escrito también alertó sobre el riesgo de que la medida funcione como una “excursión de pesca”, es decir, una búsqueda indiscriminada de información en la expectativa de encontrar eventualmente elementos incriminantes. Según los letrados, ese tipo de prácticas resulta incompatible con los estándares constitucionales que exigen que las medidas de prueba sean concretas, delimitadas y proporcionales.

Además, los defensores hicieron referencia a antecedentes de filtraciones dentro del expediente, al señalar que ya se difundieron públicamente chats extraídos del celular de Novelli. A su criterio, ello refuerza el peligro de que una recolección masiva de datos privados derive en nuevas exposiciones mediáticas con impacto sobre la imagen y el honor de los imputados.

En paralelo, la defensa propuso alternativas menos invasivas, como la aplicación de filtros por palabras clave o la delimitación de períodos específicos, con el objetivo de acotar el acceso a la información estrictamente vinculada con los hechos investigados.

Ahora, la decisión sobre el alcance de esa medida quedó en suspenso. El juez deberá resolver si mantiene el requerimiento a Meta en los términos originales, lo modifica o lo deja sin efecto, en medio de una disputa que enfrenta las necesidades de la investigación con los límites que imponen las garantías constitucionales.