El actual subsesecretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad, Martín Matzkin, asumirá como diputado nacional por La Libertad Avanza en reemplazo de Adrián Ravier, quien fue designado como nuevo vocero presidencial.

Con este movimiento, el espacio político referenciado en la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sumará un nuevo integrante en la Cámara de Diputados. Matzkin forma parte del equipo de la funcionaria nacional y desembarcó en el Gobierno de Javier Milei de su mano.

La incorporación del funcionario a la Cámara baja se concretará una vez que Ravier formalice su renuncia a la banca para asumir oficialmente sus nuevas funciones como portavoz del Ejecutivo nacional.

Matzkin completará el mandato correspondiente a la representación por la provincia de La Pampa hasta diciembre de 2029 y se integrará al bloque oficialista en un momento de reconfiguración dentro del Gobierno nacional.

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La llegada del dirigente pampeano al Congreso es leída en el oficialismo como un fortalecimiento de la estructura política de Bullrich dentro del Poder Legislativo, donde la ministra busca ampliar su influencia en la construcción parlamentaria de La Libertad Avanza.

Antes de incorporarse a la administración libertaria, Matzkin desarrolló su carrera política en el PRO, espacio en el que también militó Bullrich antes de su acercamiento al proyecto encabezado por Milei.

El recambio se produce luego de que el Presidente resolviera designar a Ravier como nuevo vocero presidencial, en reemplazo de Manuel Adorni.

Matzkin tiene 52 años y es abogado. Es sobrino de Jorge Rubén Matzkin, histórico jefe de los diputados menemistas en años de privatizaciones y reforma del Estado.

Entre 2015 y 2017 Martín Matzkin fue juez de Faltas en Catriló, en La Pampa. Además, durante la presidencia de Mauricio Macri fue representante del gobierno nacional en el Ente Ejecutivo Embalse Casa de Piedra. En 2020 fue síndico de Pampetrol, la empresa energética provincial donde lo designaron en representación de la oposición.

Diputados, La Libertad Avanza, Patricia Bullrich

El Monumento Nacional a la Bandera de Rosario recuperó este miércoles su estado original tras más de una década de obras paralizadas, con una inversión que superó los 4.000 millones de pesos y que debió ser asumida íntegramente por la provincia de Santa Fe después de que el gobierno nacional desistiera de concluir los trabajos. La restauración integral del complejo, uno de los sitios de mayor valor histórico y simbólico de la Argentina, fue presentada el 17 de junio, tres días antes del Día de la Bandera, en un acto que reunió a más de 4.500 alumnos de cuarto grado llegados desde distintos puntos del país para protagonizar la primera Promesa de Lealtad a la insignia patria.

El edificio que conmemora el lugar donde el general Manuel Belgrano enarboló por primera vez la enseña nacional, desafiando las órdenes del poder central, fue abandonado durante más de diez años. Cuatro administraciones nacionales se sucedieron sin que los trabajos llegaran a término. Los pagos a la empresa contratista dependían, según lo describió el propio intendente de Rosario, de si el presidente o la presidenta de turno asistía al acto del 20 de junio: entonces se abonaban algunos certificados y la obra avanzaba apenas unos centímetros. Cuando no había visita oficial, la parálisis se imponía.

Fue el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien tomó la decisión de cortar ese ciclo. La provincia asumió una deuda de 1.456 millones de pesos que el Estado nacional mantenía con la contratista y destinó otros 2.600 millones para completar las tareas pendientes. Con esos recursos, y sin financiamiento federal, se ejecutó la restauración que el intendente Pablo Javkin definió con una frase que sintetiza el trasfondo político del asunto: “Si hubiera sido el Obelisco, lo hubieran recubierto en oro, pero el Monumento Nacional a la Bandera, en la ciudad de Rosario, no se terminó, y no se iba a terminar”.

El acto inaugural se realizó en el Patio Cívico del complejo y estuvo encabezado por Pullaro y Javkin. El gobernador fue directo al describir la lógica que hizo posible el desembolso: “Lo hicimos con recursos de la provincia de Santa Fe, de todos los santafesinos. Porque, lo decimos con mucha claridad, cuando los recursos públicos se administran con austeridad, y cuando no se roba, la plata alcanza en la República Argentina”.

“La inmensidad del Monumento Nacional a la Bandera habla por sí misma. Creo que no tenemos que agregar ningún adjetivo para describir esta majestuosidad”, expresó Pullaro.

Javkin, por su parte, trazó una línea directa entre el episodio histórico de Belgrano y la disputa política que rodeó a la restauración: “En nuestros 300 años, no hay día más importante que el que Belgrano enarboló bandera aquí. Es la historia de una pelea todavía no resuelta. ¿En dónde mira el país su desarrollo? ¿En el interior, que es donde se genera la riqueza, el trabajo, el esfuerzo de la Argentina? ¿O en el poder central en Buenos Aires? Con distintos símbolos, con distintos hechos, siempre fue así, siempre fue la misma pelea».

Al cierre del discurso, el intendente resumió el significado del día: “Hoy, le devolvemos a la Argentina un Monumento Nacional a la Bandera con el esfuerzo de la provincia de Santa Fe y con el corazón de la ciudad de Rosario”.

Los trabajos comenzaron con una etapa de diagnóstico integral que incluyó inventarios, informes técnicos, registros fotográficos, relevamientos de patologías y estudios sobre muros y estructuras. A partir de ese análisis se definieron las intervenciones necesarias para revertir el deterioro acumulado por el tiempo y la falta de mantenimiento sistemático.

Uno de los sectores más visibles de la intervención fue el Propileo, donde se ejecutaron tareas de limpieza profunda, tomado de juntas, impermeabilización de los revestimientos de travertino y recuperación integral del cielorraso. También fueron restauradas las luminarias de bronce, las esculturas de las Américas y las ánforas ornamentales. El sistema eléctrico y de iluminación fue renovado por completo, con reemplazo de luminarias, reflectores y columnas interiores.

El pasaje lateral sobre calle Santa Fe, que arrastraba problemas históricos de filtraciones, recibió una solución de fondo: se realizó una excavación integral del talud, se incorporaron barreras hidrófugas y se recuperaron los espacios verdes y superficies afectadas. En la base de la proa, los altorrelieves y esculturas de piedra fueron sometidos a limpieza especializada, remoción de elementos extraños y aplicación de tratamientos protectores contra la humedad. Las esculturas alegóricas del Río Paraná, el Océano y los Puntos Cardinales también formaron parte de esa intervención.

El mástil principal fue restaurado en su totalidad, con reparación de componentes mecánicos, recuperación de elementos de bronce, reemplazo de la baliza superior y pintura completa de la estructura. En los espacios interiores, la sala de exposiciones ubicada bajo la torre fue renovada, mientras que la Sala de las Banderas recibió una transformación más profunda: se intervinieron todas las vitrinas y marcos de bronce, se reemplazaron los vidrios, se instaló un nuevo sistema de iluminación y se pintó el recinto de forma integral. Por primera vez, el espacio cuenta con un sistema de climatización frío-calor para preservar las piezas exhibidas.

La torre y el ascensor también fueron parte del proyecto. El ascensor fue modernizado mediante la automatización de su sistema, las rejas del mirador fueron reemplazadas por estructuras de acero inoxidable y se restauraron las puertas de bronce y los vidrios de acceso a los balcones panorámicos.

Al término del acto, los funcionarios se trasladaron al Patio Cívico para el corte de cinta oficial. Allí, más de 4.500 niñas y niños de escuelas de distintas provincias del país protagonizaron la primera Promesa de Lealtad a la Bandera frente al monumento ya restaurado. Con esa ceremonia quedaron abiertas las actividades oficiales por el Día de la Bandera, que culminarán el sábado 20 de junio con el acto central y los festejos populares.

El Gobierno ya tiene listos los cambios a la Ley de Inocencia Fiscal, pero demora su envío al Congreso por el impacto político del caso Manuel Adorni y por la tensión que atraviesa la negociación con los aliados. En el Ejecutivo reconocen que el proyecto está terminado, pulido y en condiciones de ser remitido, aunque ahora la prioridad será concentrar los esfuerzos en las iniciativas que ya ingresaron al Parlamento.

La reforma fue enviada a la mesa política de Nación, que funciona como instancia interna de definición sobre reformas, votaciones y estrategia parlamentaria. En la Casa Rosada describen ese ámbito como una suerte de órgano decisorio del oficialismo: allí se ordenan prioridades, se evalúan costos políticos y, según el caso, se elevan los temas a Javier Milei o se resuelven directamente dentro del dispositivo de conducción.

Los cambios a Inocencia Fiscal habían surgido de las reuniones que el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo con contadores y tributaristas. La idea original era enviar el proyecto al Congreso apenas estuviera terminado para reforzar el régimen, ampliar su alcance y dar más seguridad jurídica a los contribuyentes que quisieran incorporar fondos al circuito formal. Ese cronograma ahora quedó alterado.

En Balcarce 50 explican que la demora no responde a un problema técnico, sino político. El texto ya está cerrado, pero el Gobierno no quiere abrir un nuevo frente de discusión legislativa en medio de la crisis por Adorni, que tiene frenada parte de la agenda parlamentaria, tensiona la relación con PRO, UCR y bloques provinciales, y obligó al oficialismo a negociar contrarreloj para evitar una derrota en el Senado.

El dato más incómodo es que Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, adhirieron al Régimen Simplificado de Ganancias en medio de la investigación judicial sobre el crecimiento patrimonial del jefe de Gabinete. En el Gobierno aclaran que el trámite no implicó un blanqueo de dólares ni una exteriorización de fondos, pero admiten que el cruce entre el caso Adorni y la reforma de Inocencia Fiscal vuelve más sensible el envío del proyecto.

De todos modos, en Nación sostienen que la postergación no se explica sólo por la adhesión del jefe de Gabinete al régimen. El argumento central es que el oficialismo no tiene margen para sumar nuevas negociaciones con aliados mientras intenta contener los pedidos de interpelación y moción de censura contra Adorni, ordenar el tratamiento de las reformas ya presentadas y evitar que cada apertura del recinto se convierta en una oportunidad para golpear al ministro coordinador.

La decisión oficial es centralizar los esfuerzos en los proyectos que ya están en el Congreso. En esa lista aparecen el paquete de inviolabilidad de la propiedad privada, el Súper RIGI, la ley de lobby, Hojarasca y Zonas Frías, entre otros expedientes que requieren votos de aliados y gobernadores. La Casa Rosada cree que dispersar la agenda con nuevas iniciativas puede complicar aún más una negociación que ya quedó condicionada por el caso Adorni.

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La misma lógica alcanza a otros proyectos que el Gobierno tenía previsto enviar al Congreso en las próximas semanas, como juicio por jurados y una nueva tanda de desregulación. En distintos despachos reconocen que esas iniciativas siguen en carpeta, pero que ahora deberán esperar una ventana política más ordenada. “Primero hay que sacar lo que ya está adentro”, resumen en Nación.

El caso Adorni impactó directamente sobre ese calendario. En el Senado, el oficialismo logró postergar una sesión que podía derivar en una ofensiva contra el jefe de Gabinete, pero la discusión quedó abierta para el 25 de junio, con la posibilidad de avanzar hacia una interpelación el 2 de julio. En Diputados, el Gobierno también evalúa con cuidado los tiempos del Súper RIGI y del acuerdo con holdouts, porque teme que la oposición use el recinto para instalar pedidos contra el ministro coordinador.

En ese contexto, la reforma de Inocencia Fiscal pasó de ser una iniciativa económica de envío inminente a un proyecto en espera. Para Caputo, el cambio sigue siendo relevante: busca reforzar el esquema con el que el Gobierno pretende que una parte de los dólares fuera del sistema ingrese al circuito formal, empuje actividad y acompañe la remonetización de la economía. Pero en la mesa política entienden que el momento parlamentario no ayuda.

El proyecto apunta a modificar el régimen simplificado de Ganancias y a dar más previsibilidad a los contribuyentes. Entre los cambios que se discutieron con especialistas aparece la eliminación de topes de ingreso y patrimonio para ampliar el universo de adherentes, ajustes sobre la llamada “discrepancia significativa”, más instancias de rectificación antes de perder beneficios, límites al uso de presunciones por parte de ARCA y reglas de bancarización para las operaciones.

El objetivo técnico es reducir el temor a que una persona que ingresa al régimen termine expuesta a fiscalizaciones amplias sobre ejercicios anteriores por errores formales, diferencias de criterio o inconsistencias menores. En Economía sostienen que, si el contribuyente acepta la declaración simplificada, paga en término y cumple con los requisitos, debe tener un marco de seguridad jurídica más robusto para operar con fondos que hoy están fuera del sistema formal.

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La reforma también contempla beneficios vinculados a sanciones y multas. En el diseño que circula entre tributaristas, el contribuyente podría acceder a condonaciones o mecanismos de regularización si adhiere al régimen y cumple determinadas condiciones. El Gobierno presenta esa arquitectura como una herramienta para formalizar actividad sin lanzar un blanqueo tradicional ni abrir una discusión tributaria más amplia.

La discusión política, sin embargo, quedó atravesada por el caso Adorni. En la Casa Rosada saben que cualquier modificación que amplíe beneficios fiscales o limite herramientas de control de ARCA puede ser leída por la oposición como una norma a medida del jefe de Gabinete, aunque en Economía insistan en que la reforma fue pensada antes de la crisis actual y responde a pedidos de contadores, tributaristas y contribuyentes.

Por eso, el Gobierno eligió frenar el envío y esperar. La mesa política deberá definir cuándo existe margen para reactivar la iniciativa sin sumar ruido a una agenda legislativa ya saturada. Mientras tanto, Caputo mantiene el proyecto listo, pero la Casa Rosada prioriza contener el frente Adorni, ordenar los votos para las reformas que ya están en trámite y evitar que una nueva ley económica termine absorbida por la crisis política del jefe de Gabinete.

Gobierno, Manuel Adorni