POLITICA
A doce días del Mundial, tres fiscales investigan a Tapia y Toviggino por sus operaciones en EE.UU.
A sólo doce días del inicio del Mundial de Fútbol en Estados Unidos, la maquinaria estadounidense proyecta su sombra sobre la Asociación del Fútbol Argentino. Fiscales federales del Departamento de Justicia investigan la operatoria de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia en distintos puntos del territorio norteamericano, los movimientos de cientos de millones de dólares y la eventual comisión de delitos bajo su jurisdicción.
Las tareas iniciales quedaron a cargo de al menos tres fiscales, dos en Washington DC y otro en el estado de Florida, según reconstruyó . Juntos, dieron los primeros pasos para recolectar información alrededor de TourProdEnter LLC, la empresa del productor teatral Javier Faroni que, según la documentación que analizó , se convirtió en la recaudadora de fondos de la AFA en el exterior durante la gestión de Tapia y Pablo Toviggino.
Los fiscales Patrick Gushue y Christopher Ting se desempeñan en la capital estadounidense. El primero integra la Unidad de Integridad Bancaria y dirige el Programa Piloto de Premios para Denunciantes Corporativos del Departamento de Justicia, donde trabaja desde 2012 y fue uno de los hombres de confianza del entonces fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder.
Por su parte, Ting se incorporó al Departamento de Justicia durante los últimos años, tras el regreso de Donald Trump al Salón Oval. Proveniente del sector privado, trabajó antes en Latham & Watkins LLP. Ya como fiscal, obtuvo condenas notables, incluidas las de lavadores de activos a través de bancos.
Desde Florida, también el fiscal Michael Berger participa en las pesquisas iniciales sobre la operatoria bajo sospecha de la gerenciadora TourProdEnter LLC con cientos de millones de dólares de la AFA. Desde la Fiscalía Federal para el distrito Sur de Florida, Berger se desempeña como abogado litigante senior, con casos resonantes. Entre ellos, el del ex contralor general de Ecuador, Carlos Ramón Polit Faggioni, condenado a 10 años de prisión por lavar en Miami los sobornos que había cobrado durante la función pública.
Juntos, Gushue, Ting y Berger comenzaron a indagar sobre las actividades de TourProdEnter LLC desde que asumió como agente de cobro de los contratos que la AFA firmó con patrocinantes y otras empresas durante los últimos años. En particular, los movimientos de dinero dispuestos por Faroni y su esposa, Erica Gillette, a través del sistema financiero estadounidense.
solicitó al Departamento de Justicia consultar de manera formal a los fiscales Gushue, Ting y Berger sobre la pesquisa -que puede abarcar desde requerir documentación a bancos y empresas, y entrevistas con personas al tanto de lo ocurrido, de manera directa o colateral-, pero al cierre de esta edición no había sido posible.
Según documentación que obtuvo y analizó durante los últimos meses, Gillette y Faroni —otrora legislador de Sergio Massa— movieron cientos de millones de dólares a través de cuentas que operaron en al menos cinco bancos: Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank.
A través de esos bancos, TourProdEnter LLC gestionó al menos US$260 millones de la AFA, aunque —de acuerdo con los registros bancarios que analizó — sólo una porción de esos fondos se abocó a solventar gastos legítimos de la entidad que preside “Chiqui” Tapia. Por el contrario, al menos US$57 millones se giraron a 10 sociedades “pantalla” cuyas contraprestaciones no figuran en la documentación relevada y que eran controladas por beneficiarios de planes sociales que residían en Bariloche o la ciudad de Buenos Aires. También, giros a dos sociedades ligadas a Toviggino y su familia (SOMA SRL y Cabello SRL) y a su pareja, y a la familia de un supuesto “guía espiritual” de la Selección.
Capítulo previo
El interés de los fiscales estadounidenses sobre la fortuna que acumuló la AFA incluyó un capítulo previo con el Ministerio de Seguridad argentino, según reconstruyó . Esa cartera, liderada entonces por Patricia Bullrich, ya en septiembre de 2024 había alertado a funcionarios de Estados Unidos sobre focos de riesgo potencial vinculados a la entidad deportiva, tras una reunión con Guillermo Tofoni, el mismo empresario que impulsó los “discoveries” para que los bancos entreguen información sobre las operaciones de TourProdEnter LLC que de otro modo serían confidenciales.
En aquel momento, agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) estimaron que la disputa entre Tofoni, el “Chiqui” Tapia y la AFA no incluía aristas suficientes para impulsar una investigación criminal en Estados Unidos. Pero el escenario cambió luego de que revelara, desde fines de diciembre, un entramado de ingeniería financiera, bancaria y societaria con epicentro en Florida.
La pesquisa periodística expuso que TourProdEnter LLC funcionó como un “embudo” que recaudó cientos de millones de dólares de la AFA de multinacionales como Adidas (US$60 millones) y Warner (US$40 millones), durante la vigencia del cepo cambiario en la Argentina, con cotizaciones muy dispares entre el dólar oficial y “blue”.
Por ese contrato con la AFA, vigente hasta diciembre de este año, la empresa de Faroni y su mujer se quedó con el 30% de todos los ingresos de la entidad en el exterior, después de impuestos, durante los últimos cuatro años. No sólo eso: también embolsó el 10% de las salidas de dinero vinculadas a la logística.
Ahora, las indagaciones de los fiscales Gushue, Ting y Berger pueden prosperar o quedar en el camino. Estados Unidos acumula antecedentes dispares con el dinero argentino. Uno de ellos fue la pesquisa preliminar destinada a confiscar activos en el territorio de los Estados Unidos derivados de la corrupción kirchnerista, que tuvo como disparador al fallecido secretario privado de los Kirchner, Daniel Muñoz.
Aquella investigación, que reveló en 2019, quedó en manos de funcionarios del Departamento de Justicia y agentes del FBI que integraban la llamada Sección de Lavado de Dinero y Recupero de Activos (Mlars, por sus siglas en inglés) y que, bajo el mando del agente Jared Randall, empujaron un “proyecto” de nombre singular: la llamada Iniciativa de Recupero de Activos de la Cleptocracia.
Durante los primeros meses de 2025, en tanto, expertos de la Sección Fraudes de la División Criminal del Departamento de Justicia también abrieron la puerta a indagaciones preliminares sobre lo ocurrido alrededor de la gestación, lanzamiento y colapso del criptoactivo $LIBRA. Lo hicieron tras recibir al menos un “reporte de operaciones criminales” contra el estadounidense Hayden Davis y otros involucrados.
El mundo del fútbol, sin embargo, aportó uno de los casos más resonantes del último medio siglo. El llamado “FIFAgate” estalló el 27 de mayo de 2015 con la detención de varios altos dirigentes de la FIFA en Zúrich, días antes del congreso de la entidad. El escándalo abarcó a varios argentinos. Entre ellos, al entonces CEO de Torneos, Alejandro Burzaco, que primero se fugó, pero luego colaboró con el Departamento de Justicia a cambio de un trato más benigno. También, los empresarios dueños de Full Play, Hugo y Mariano Jinkis, que ahora negocian un acuerdo en Nueva York, tras resistir un pedido de extradición desde 2015.
Ahora, Tapia quedó bajo la lupa.
Hugo Alconada Mon,Conforme a
El paso del presidente Javier Milei por Madrid generó un particular revuelo en España. No sólo cargó contra su par Pedro Sánchez, con quien nunca se reunió, sino que discutió e insultó a periodistas por preguntas respecto a temas como la ausencia de encuentros con aliados políticos suyos en plena campaña electoral y el estancamiento económico en la Argentina.
La agresión que más llamó la atención en la prensa española fue contra Julia Molina, periodista política de Cadena SER, la radio más escuchada del país ibérico, y quien le había preguntado a Milei si su visita resultaba “incómoda para el Partido Popular y para Vox”. A lo que el presidente argentino, con tono altanero y agresivo, respondió: “Me parece una visión muy propia de gente corta intelectualmente y miserables políticos. Quizás, vale para tu caso”.
En diálogo con , Molina, que está en ese medio desde hace nueve años, relató su experiencia. “Había mucha expectativa por Milei; es un personaje muy polémico que viene a las puertas de las elecciones [de noviembre]. Además, nos interesaba mucho qué relación llevaba con el Partido Popular y VOX (dos partidos opositores), que parece que han intentado no sacarse una foto con él”, introdujo.
“No puedo saber por qué le pareció mal mi pregunta, porque creo que fue pertinente dentro del debate que se estaba dando en España sobre la forma en la que se estaban comportando el PP y VOX”, agregó Molina, quien formó parte de una guardia periodística en la salida del Real Casino de Madrid, tras el desayuno organizado por Nueva Economic Forum.
La pregunta de la cronista respondía al hecho de que el líder del partido derechista VOX, Santiago Abascal, se excusó de recibir a Milei al aducir actos de campaña en el norte de España, aunque luego se saludaron por videollamada. Y hasta último momento estuvo en duda un encuentro con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que finalmente lo recibió en una reunión privada.
Por otro lado, insistió en que los dirigentes políticos de España no insultan al periodismo, como sí suele hacer Milei en discursos y mensajes en redes sociales. “Yo soy periodista política y nunca recibí un insulto personal por parte de un dirigente, sea del partido que sea”, marcó Molina.
La foto con dirigentes del PP y VOX podría no ser bien vista por los españoles, ya que Milei pregona políticas de fuerte ajuste que provocaron consecuencias negativas sobre los salarios y el consumo. “Hay parte del discurso de Milei que no encaja con el votante español. Cuando habla de motosierra y de cortar fondos públicos, eso en España está muy arraigado, como la salud, las jubilaciones, incluso para el votante de derecha. Entonces, sus palabras pueden meter a estos partidos en problemas antes de las elecciones”, consideró.
En las oportunidades que tuvo para interactuar con periodistas o responder preguntas escritas, el Presidente profirió más insultos, dardos y cuestionamientos. Entre los destinatarios estuvo un cronista de La Sexta, que le había preguntado por aquellos argentinos que no llegan a fin de mes. “¿Vos podés vivir diez días sin comer y sin beber? Eso es un eslogan barato para afectar a la institucionalidad. Es tan así que después salieron a aclarar que en realidad uno lo que puede tener son privaciones, entonces ahí lo que tenés que mirar es el indicador de pobreza. Si vos querés abrazarte a un eslogan emocional, amo tu corazón, pero no puedo respetar tu cerebro”, le espetó Milei.
Durante el desayuno, los cronistas pudieron enviar preguntas por escrito para que Milei las respondiera. “Los periodistas nos sorprendimos al escuchar palabras tan duras contra colegas argentinos, pero tampoco nos esperábamos que fuese a arremeter contra nosotros cuando lo recibimos a la salida”, completó Molina en diálogo con este medio.
Al llegar el turno de una pregunta del diario Clarín, que también mencionó la supuesta frialdad de Vox y el PP ante su visita, el Presidente llenó de críticas al diario y a la periodista que la había formulado. “¿Esta pregunta quién la hizo? Seguro que un periodista argentino, porque son muy precarios y la lógica no les suele funcionar. Trabajan con falacias, por eso vamos a pasarle la oportunidad al hombre que no es argentino”, dijo para evitar responder algunas de las consultas durante el foro.
Cuando el presentador quiso retomar el hilo de lo que venía diciendo, Milei le pidió: “Repetímela bien, así les contesto a los corruptos de Clarín. Es un medio corrupto, lleno de periodistas corruptos, que además son mentirosos seriales. Un medio que se puso de acuerdo con un conjunto de delincuentes políticos para voltear un gobierno y que le licúe la deuda. Y que además hizo una ley de medios y además modificó la ley de sociedades para perjudicar a los tenedores”.
Por otro lado, Miguel González, periodista de El País, fue desplazado a la fuerza mientras intentaba grabar las respuestas del Presidente. Los cronistas de y Clarín, que intentaban obtener esa información, tampoco fueron admitidos en la ronda del libertario ante algunos canales de televisión españoles.
revuelo,contra su par Pedro Sánchez,,https://t.co/sccUbIKpQf,pic.twitter.com/f8tjtfZA9F,October 21, 2026,la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso,pic.twitter.com/kdFcVaIMWb,October 21, 2026,Lucía Pereyra,Javier Milei,España,Conforme a
POLITICA
Diputados debate la ley de inviolabilidad de la propiedad privada mientras siguen las negociaciones por Discapacidad
La Cámara de Diputados sesiona este miércoles con un temario atravesado por proyectos sensibles para el Gobierno: endeudamiento familiar, discapacidad y Ley de Tierras.
La oposición había impulsado esos asuntos y el oficialismo convocó una sesión propia para tratarlos, en un escenario donde el número para el quórum y las votaciones aparece ajustado.
Minutos antes de que comenzara la sesión, se conoció una negociación abierta entre el oficialismo, los aliados e incluso el peronismo para aprobar por consenso una nueva ley de Discapacidad.
Se espera un largo debate, de más de 16 horas.
Negocian cambios en Discapacidad
Apenas comenzó el debate por la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada muchos diputados de todos los bloques se pararon y se retiraron del recinto.
Esto no tuvo nada que ver con una decisión de vaciar el recinto o de irse a almorzar ya que se fueron a los despachos del último piso del Palacio Legislativo para tratar de acordar un proyecto de ley en Discapacidad. “Si hay acuerdo, se adelanta el tema” que hoy está en el anteúltimo lugar, dejaron trascender.
El acuerdo que se está trabajando es si el oficialismo acepta todos los pedidos del diputado nacional por Misiones y presidente del bloque Argentina Federal, Oscar Herrera Ahuad. “Si el oficialismo aceptan todo lo que pide Oscar hay que acompañarlo y en todo caso pelear que saquen el recorte del Presupuesto”, señaló un diputado del peronismo. “Si se acepta todo cuando vayamos a debatir presupuesto se cambia ahí”, señaló un diputado de LLA.
Las conversaciones están centradas en los puntos que pide el misionero. En el caso de las pensiones no contributivas (artículos 5° y 6°) sustituye el artículo 9° de la Ley 13.478. Mantiene los requisitos para acceder a la pensión: Certificado Único de Discapacidad (CUD), DNI, ciudadanía argentina (o residencia de cinco años para extranjeros), ingresos netos inferiores a dos salarios mínimos vitales y móviles, no estar amparado por otro régimen previsional y aprobar una evaluación socioeconómica. El monto de la prestación equivale al 70% del haber mínimo jubilatorio.
El otro punto es que Financiamiento (artículo 7°). El gasto se afronta con partidas del Ministerio de Salud. Si el crédito no alcanza, se cubre con compensación presupuestaria desde la Jefatura de Gabinete de Ministros, que deberá garantizar la continuidad inmediata de las prestaciones. Se fija que el ingreso por beneficiario no podrá ser inferior en términos reales al del ejercicio anterior.
Además, pide que se mantenga la compatibilidad laboral (artículo 9°). La pensión es compatible con un vínculo laboral formal mientras los ingresos no superen los dos salarios mínimos vitales y móviles. Si se supera ese monto, opera la suspensión automática, pero el beneficiario puede solicitar la rehabilitación inmediata al finalizar el vínculo laboral o si sus ingresos bajan.
Si hay acuerdo, existe la posibilidad que el proyecto obtenga una muy buena cantidad de votos con el fin de mandar un fuerte señal al Ejecutivo que se opone al proyecto que presentó su propio bloque en Diputados.
Distintas organizaciones se manifiestan en la Plaza del Congreso a la espera de que se debata la nueva ley.
El oficialismo defendió el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada
Con una referencia a una leyenda sobre Alejandro Magno y citas de San Agustín, Santo Tomás de Aquino y John Locke, el diputado Santiago Santurio defendió como miembro informante el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada.
“Violar la propiedad privada y su discusión viene de los griegos, y está mal si lo hace un grupo de individuos o la fuerza”, afirmó. También sostuvo que “el límite del Estado es importante para el goce de los derechos de los ciudadanos” y planteó que el poder público debe garantizar esa protección.
Durante su exposición, Santurio destacó los cambios previstos en materia de expropiaciones. Señaló que el Estado no puede avanzar “de manera caprichosa” y propuso establecer “parámetros claros” para declarar un bien de utilidad pública, reducir el perjuicio sobre la propiedad privada y garantizar una indemnización acorde con el valor del bien.
Sobre los desalojos, afirmó que, ante la ocupación de un inmueble, el derecho del propietario debe ser restituido con rapidez. “El respetar la propiedad privada debe ser una política de estado, para garantizar que no la sacar ni un delincuente ni un burócrata de turno”, concluyó.
Por el dictamen de minoría, se anotaron los diputados Diego Giuliano, Maximiliano Ferraro y Martín Lousteau para plantear una alternativa a la iniciativa del oficialismo.
Minuto de silencio por luto
La Cámara rindió homenaje a Alberto Frade, padre de la diputada Mónica Frade, tras conocerse su fallecimiento.
Los legisladores se pusieron de pie y realizaron un minuto de silencio como símbolo de luto.
Se desestimaron planteos sobre pymes, universidades, ciencia y riesgo climático
El diputado Gerardo Martínez, de Unión por la Patria, pidió tratar como apartamiento de reglamento un paquete de proyectos de apoyo a las pequeñas y medianas empresas. La moción fue rechazada: obtuvo 114 votos afirmativos y 122 negativos.
Por otro lado, Mariela Coletta, de Provincias Unidas, propuso modificar la Ley de Administración Financiera, en medio de cuestionamientos al uso de esa norma para no cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. El pedido fue rechazado con 122 votos afirmativos y 116 negativos.
El diputado Diego Giuliano, de Unión por la Patria, solicitó tratar un proyecto de gestión integral del riesgo climático asociado al fenómeno de El Niño. La propuesta prevé un plan de prevención con actualización anual y prioridades definidas para el país. La votación registró 124 votos afirmativos y 113 negativos.
La diputada Adriana Serquis, de Unión por la Patria, pidió el apartamiento del reglamento para girar a la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva el expediente 2988-2026, respaldado por 35 firmas. El proyecto establece condiciones para la sostenibilidad y protección del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) e incluye una recomposición presupuestaria no inferior a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley. La moción fue rechazada con 117 votos afirmativos y 123 negativos.
El debate por la emergencia pediátrica: rechazado
Otro pedido de apartamiento del reglamento fue impulsado el del diputado Pablo Yedlin (UP), para tratar la prórroga de la emergencia pediátrica, cuya vigencia vence este miércoles 21 de octubre. La iniciativa contempla la exención del Impuesto a las Ganancias para las guardias médicas y la asignación de fondos para los hospitales pediátricos, incluido el Hospital Garrahan.
La diputada Silvana Guidici (PRO) sostuvo que no es necesario votar una prórroga de la emergencia pediátrica porque el Presupuesto ya contempla recursos para el área. Durante su intervención, realizó una defensa de la inversión prevista por el Gobierno, lo que generó rechazos de Claudia Palladino (UP) Romina del Plá (FIT-PO).
La votación concluyó con 125 afirmativos y 117 negativos, por lo que fue rechazado el apartamiento.
Se rechazaron pedidos por la Ley Segovia y el FAL
Al inicio de la sesión, el diputado Pablo Juliano (Provincias Unidas) pidió un apartamiento del reglamento -que requiere una mayoría agravada de tres cuartos de los votos emitidos – para tratar la denominada “Ley Segovia”, una iniciativa impulsada por legisladores de distintos bloques. El proyecto toma su nombre de Yamila Segovia, una abogada que durante años promovió la búsqueda del padrastro de su hermana, acusado de haber abusado de ella cuando era menor de edad.
El imputado, Alberto Martín del Valle, permaneció prófugo durante más de 14 años, lo que abrió un debate judicial sobre una posible prescripción de la causa. La propuesta busca modificar el artículo 67 del Código Penal para establecer que el plazo de prescripción se interrumpa mientras el acusado permanezca rebelde, prófugo o tenga una orden de captura vigente, en casos de delitos sexuales contra menores y en determinadas situaciones de trata de personas.
La solicitud se rechazó con 121 votos a favor y 120 en contra. La presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, reiteró su compromiso de que la semana que viene citaría a su comisión para iniciar el tratamiento del tema.
Otra de las solicitudes fue retirar el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), sancionado durante la reforma laboral, solicitado por la diputada Vanesa Siley. La discusión se centró en si la votación debía realizarse de forma nominal.
Durante el debate, y fuera de micrófono, Siley le gritó al presidente de la Cámara, Martín Menem: “Son burros”.
La moción fue rechazada con 111 votos afirmativos y 126 negativos.
Minutos antes de que comenzara la sesión, los periodistas Maru Duffard y Federico Mayol anticiparon que podría cerrarse un acuerdo entre el oficialismo y la oposición para aprobar una nueva ley de Discapacidad consensuada.
“El peronismo está analizando los cambios que pidieron los aliados y el Gobierno estaría dispuesto a aceptar en términos de pensiones por discapacidad y nomencladores”, informó Mayol en Infobae en Vivo.
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Cámara de Diputados,DNU 70,Argentina,sesión parlamentaria,oposición
La exprocuradora Alejandra Gils Carbó fue indagada este martes en el juicio oral por presuntas irregularidades en la compra, realizada durante su mandato, del edificio de la Procuración General de Perón 667, en el centro porteño.
Gils Carbó, acusada del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, pidió que se leyera su declaración indagatoria de 2017, dijeron fuentes judiciales, y no respondió preguntas del fiscal Marcelo Colombo ni de los jueces del Tribunal Oral Federal 8.
En aquel descargo, la exprocuradora negó haber tenido participación en la presunta maniobra para direccionar aquella licitación y apuntó contra Guillermo Bellingi, quien se desempeñaba como subdirector general de Administración de la Procuración y había tenido intervención en el proceso de contratación.
Bellingi, que murió antes del comienzo del juicio, era mediohermano del productor de seguros Juan Carlos Thill, que cobró una comisión de $3 millones por su intervención en la operatoria.
El juicio comenzó el 22 de septiembre. Investiga la adquisición, en 2013, del edificio donde funciona actualmente la Procuración General. Según la acusación, a cargo del fiscal Colombo, el proceso de contratación fue direccionado para beneficiar a la empresa vendedora, Arfinsa, mediante una maniobra que permitió el pago de comisiones millonarias a intermediarios privados.
Arfinsa pagó una comisión de $7,7 millones a la inmobiliaria Jaureguiberry por su intervención en la compraventa, y esta, a su vez, transfirió poco más de $3 millones a Thill por supuestas tareas de asesoramiento.
Los investigadores sostienen que el productor de seguros había tenido acceso anticipado a información sobre los pliegos y las fechas de la licitación a través de su medio hermano, que intervenía en el procedimiento de contratación desde la Procuración.
La investigación estuvo a cargo del fiscal Eduardo Taiano, quien en julio de 2017 pidió la indagatoria de Gils Carbó cuando ella todavía era su jefa.
Junto con Gils Carbó son juzgados otros tres acusados: Thill, Bárbara Jaureguiberry, representante de la inmobiliaria Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios, y Adrián González Fischer, exdirectivo de Arfinsa, la empresa propietaria del inmueble.
Todos llegaron a juicio acusados de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
Como abogada, la exprocuradora Gils Carbó defiende en el juicio oral por los cuadernos de las coimas al empresario Gerardo Ferreyra, exvicepresidente y accionista de Electroingeniería.
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