POLITICA
Fraude, facturas falsas y empresas que se enriquecen: los argumentos de la nueva acusación a Tapia y Toviggino

El pedido de detención de Pablo Toviggino y Claudio “Chiqui” Tapia es el final de un extenso dictamen, de casi 200 páginas, plagado de informes bancarios y de decenas de documentos elaborados por organismos estatales encabezados por la agencia de recaudación ARCA. Los jerarcas de la AFA están acusados de haber liderado una asociación ilícita y de un lavado de dinero millonario que comenzó en 2018.
Según la acusación del fiscal federal de Santiago del Estero Pedro Simón, el dinero ilícito provenía de tres fuentes: una defraudación en perjuicio de la Asociación del Fútbol Argentino; la omisión de ingresar los impuestos que correspondían a ARCA al engañar al Fisco Nacional sobre el verdadero tributo debido, lo que se obtuvo mediante la emisión de facturas que se presumen falsas, y la omisión de liquidar divisas y compra de moneda extranjera en el mercado informal.
Según el dictamen, a la cabeza de la organización estaban Tapia y Toviggino, pero en total hay 26 personas imputadas. En el listado aparecen dos hijos del tesorero de la AFA; su hermano, Darío Fabián; su pareja, María Florencia Sartirana; el abogado Juan Pablo Beacon (su exmano derecha); Carlos Bruno Seguel (un ladero de Beacon); y quienes aparecen en los papeles como los dueños de la mansión de Pilar: Luciano Pantano y su madre jubilada, Ana Lucía Conte.
También están incluidas varias personas con domicilio en la provincia de Santiago del Estero que habrían sido utilizadas como “prestanombres” en el armado de las sociedades.
En la investigación se mencionan, en total, 16 empresas. Se destacan Malte SRL, utilizada para comprarle la quinta de Villa Rosa a Carlos Tévez en junio 2023, SOMA SRL, WICCA SAS y Real Central SRL.
También aparecen DCT SRL, Bori SRL, HT SRL, Norte Argentino SRL, Lindor SRL, Barwa SRL, Maroma SA, Segon SRL, Carbello SRL, Servicios Neurus SA, Servicios Lindor SA, y Vandap SAS.
La primera etapa de la maniobra, siempre según la investigación, era insertar el dinero que provenía de las maniobras ilícitas en el sistema financiero a través de estas sociedades.
Muchas de las empresas emitían facturas a favor de la AFA para justificar las transferencias.
La segunda etapa consistía en “la estratificación del dinero”. “Una vez que las empresas recibían las transferencias de parte de la AFA, se emitían facturas a favor de ellas mismas (facturas inter-bloque) para dificultar el rastreo del dinero”, destacó el fiscal Simón, que pidió una larga lista de medidas de prueba.
El siguiente paso fue la compra de bienes. La Justicia analizó decenas de operaciones inmobiliarias, compra de vehículos, viajes al exterior, y hasta la instalación de la bodega “La Vigilia”, ubicada en la provincia de Mendoza, y el centro de belleza “La Fleur de Sartí” (a nombre de las empresas de la mujer de Toviggino). Solo de vehículos, son casi 20 páginas.
A eso se suma la constitución de plazos fijos, inversiones en acciones y la compra de dólar MEP de parte de las empresas para lograr rendimientos en el circuito formal.
¿Cuál era el rol de Tapia? “Habría convalidado y permitido la sustracción de fondos de la AFA al autorizar las transferencias a favor de las empresas de Toviggino, con presunto conocimiento del motivo real por el que se giraba el dinero”, dijo el fiscal al pedir las detenciones.
La causa que derivó en el pedido de detención de Tapia y Toviggino y otras 22 personas (solo quedaron afuera los dos hijos del tesorero) comenzó en diciembre del año pasado, a partir de una denuncia de Aldo Sergio Parodi. La investigación estuvo a cargo de Simón y del fiscal auxiliar Pedro Basbus Turk.
En casi cuatro meses se obtuvieron informes de la Anses, del Renaper, de la Dirección de Migraciones, de los Registros de la Propiedad Inmueble y Automotor, y de ARCA, entre otros organismos. Solo en la provincia de Santiago del Estero se individualizaron 35 inmuebles.
“La inserción de los bienes en el mercado se realizó de manera progresiva, en etapas, y en el marco de una organización criminal asentada y coordinada que operó, al menos, desde el año 2018 hasta el 2026″, destacó el fiscal.
La investigación patrimonial de las sociedades arrojó algunas sorpresas. La empresa HT SRL, dedicada a la venta de combustible, y con apenas un empleado registrado, fue creada en 2016 y comenzó con un patrimonio neto de $17.390. En 2024, finalizó con un patrimonio neto de $2.026.874.657, lo que significa que se multiplicó aproximadamente 116.552 veces.
Otro ejemplo. La empresa Segon, controlada por SOMA, arrancó en 2022 y al año siguiente ya facturaba $1.223.836.010, lo que implica un crecimiento de aproximadamente 2587%, (más de 25 veces la facturación original). En 2024 facturó $3.483.552.687,13 (crecimiento del 184,6%) y 2025 un total de $5.822.716.162.
La empresa Carbello SRL se destaca por la compra de bienes por mas de dos millones de dólares.
El fiscal enumera siete bienes: El Deán, Lote B, adquisición por $12000000; El Deán, Lote C, adquisición por $28000000; Lote 3A, adquisición por US$235.950; Lote 3B, adquisición por US$627.900; Lote X, adquisición por US$315.900; inmueble en calle pública, zona rural, por US$200.000; inmueble en calle pública, zona rural, por US$420250.
Otro caso especial es del SOMA SRL, donde aparece la pareja de Toviggino. Se encontraron a su nombre una docena de vehículos, varios de lujo, un avión privado matrícula LV-FUT, pero lo que más llamó la atención de los investigadores fue el nivel de facturación a partir de 2021. “Registra acreditaciones bancarias en el año 2022 por $1.831.176.994, en el 2023 $7.048.180.804, en el 2024 por $32.634.470.137 y en el 2025 por $5.043.601.193“, resume la causa.
Los informes bancarios revelaron el nivel de facturación cruzada con la AFA. Uno de los bancos reveló que desde la entidad de Tapia y Toviggino se transfirieron $3.633.013.825,80 a las cuentas de Soma, Malte, Segón, Servicios Lindor, y Servicios Neurus en el Banco Coinag.
Otro informe destacó que la AFA le transfirió a la cuenta de Segon SRL del Banco de Santiago del Estero $1.328.266.369,20. En total suman $4.961.280.195 entre 2022 y 2025. Y la cuenta es provisoria porque todavía faltan algunos informes. Además del monto de los movimientos, lo que llamó la atención de los investigadores es que apenas se recibían los fondos pasaban a otras cuentas en menos de 48 horas.
Para justificar semejantes transferencias, se emitieron decenas de facturas. Según el fiscal Simon, el jefe de esa organización era Toviggino.
También se investigaron los domicilios declarados por cada una de las sociedades y sus integrantes. Ese análisis reveló que la mayoría de las empresas estaban entrelazadas y que respondían a las mismas personas. “Este entrecruzamiento prueba que existe una unidad de dirección y administración, lo que sugiere que la voluntad social de todas estas firmas es manejada por un mismo equipo contable o directivo, facilitando la creación de gastos ficticios y el movimiento circular de dinero”, destacó el fiscal.
¿Por qué se piden detenciones?
El fiscal Simón sostuvo que se trata de una organización criminal “que posee vínculos tanto nacionales como internacionales, en la que los imputados gozan de una solvencia económica de tal cuantía que, de tomar conocimiento de la existencia de esta causa, podrían salir del país y, de esta manera, frustrar su comparecencia al proceso”. Además, argumentó que la lista de imputados podría ampliarse en las próximas semanas. La detención sería una manera de preservarlos.
Además de la prisión preventiva, el fiscal solicitó decenas de allanamientos y la inhibición general de bienes de todas las personas físicas y de las sociedades. En cuanto a la defraudación, planteó que debe ser investigada por la justicia federal de la Capital Federal ya que “el domicilio donde operaba la AFA hasta febrero del año 2026 fue en calle Viamonte 1366”.
Según fuentes judiciales consultadas por este medio, las medidas ahora deben ser resueltas por el juez federal de Catamarca, Guillermo Díaz Martínez, pero la causa podría terminar en manos del juez de Santiago del Estero, Santiago Argibay, que ya fue recusado por la Fiscalía porque se detectó que su hija le vendió una propiedad al hermano de Toviggino en julio del 2024.
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POLITICA
Adepa rechazó los insultos de Milei a medios y periodistas: “Incluyeron expresiones de una violencia inusual para el debate democrático”

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN (Enviada especial).- En el tramo final de su 64ª Asamblea Anual, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) advirtió sobre el “deterioro del debate democrático” y cuestionó al presidente Javier Milei y a sus funcionarios por los ataques lanzados contra el periodismo durante el último semestre, un período marcado por la escalada de insultos propinados a la prensa.
“No corresponde pedir silencio a los funcionarios. Corresponde reclamarles que ejerzan su derecho a expresarse dentro de las reglas y responsabilidades que impone el sistema republicano”, demandó Adepa en su informe de la Comisión de Libertad de Prensa e Información. La institución planteó que el “agravio” y la “estigmatización”, especialmente cuando proviene de altos funcionarios públicos, “deterioran el debate democrático y pueden generar un efecto contagio sobre el conjunto de la sociedad”.
“La libertad de prensa no incluye un derecho a no ser criticado. Pero existe una diferencia esencial entre responder, debatir o refutar una información y promover la degradación personal de quienes la producen”, agregó la entidad. Y completó: “Cuando el insulto proviene de la máxima autoridad estatal, y se repite sistemáticamente, la asimetría de poder entre quien agrede y quien es agredido transforma el episodio en un problema que excede ampliamente una disputa entre individuos”.
Adepa, que reúne a más de 180 empresas periodísticas del país, consideró que los calificativos pronunciados últimamente por Milei “incluyeron expresiones de una violencia inusual para el debate democrático”.
Según reveló la institución, solo en una semana de agosto se registraron 335 mensajes contra la prensa republicados por la cuenta del Presidente, además de 26 publicaciones propias y 21 alusiones despectivas al periodismo en intervenciones públicas. “En esos pocos días fueron señalados por su nombre al menos 16 periodistas y cuestionadas nueve empresas de comunicación” con calificativos como “periodistas corruptos”, “ensobrados” y “simios con micrófono”.
La entidad advirtió, además, sobre dos episodios concretos ocurridos en las últimas semanas. Uno de ellos fue la exposición de Milei ante alumnos de la Escuela ORT, en la que alentó a los estudiantes a abuchear a los periodistas. “El jefe del Estado no se limitó a cuestionar una cobertura o a discutir una información: incentivó a menores de edad a manifestar hostilidad hacia una actividad indispensable para la democracia”, indicó Adepa.
El segundo episodio involucró a Luis Caputo, ministro de Economía, quien, frente a una publicación periodística que consideró falsa, sostuvo que “la Justicia debería actuar” y que era necesaria “una ley que castigue este tipo de conductas”. “El Presidente respaldó públicamente el planteo”, remarcó la entidad en su documento.
Frente a ese planteo, Adepa afirmó que “el ordenamiento jurídico ya dispone de herramientas para resolver esos conflictos” y sostuvo que una legislación como la propuesta por Caputo “podría otorgar a las autoridades un poder incompatible con los estándares democráticos de libertad de expresión y generar un fuerte efecto inhibitorio sobre la investigación y la difusión de asuntos de interés público”.
El informe semestral –titulado “IA, apropiación de contenidos y deterioro del debate público”– fue presentado por el titular de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Daniel Dessein (La Gaceta).
El foro de Adepa contó ayer con la presencia de dos emisarios del gobierno nacional: Fabián Fernández, secretario de Comunicación y Prensa, y Ariel Ferrentino, responsable de la comunicación partidaria de La Libertad Avanza.
Límites al periodismo y judicialización
Adepa también expresó preocupación por las “restricciones al acceso a las fuentes”, en alusión a la prohibición del ingreso a los periodistas acreditados a la Casa Rosada dispuesta en abril y levantada una semana más tarde, aunque se mantuvieron las limitaciones para movilizarse dentro de Balcarce 50.
“El acceso de la prensa a las fuentes oficiales permite hacer efectivo el derecho de la ciudadanía a recibir información pública a través de una pluralidad de canales”, destacó la entidad.
En paralelo, la institución valoró distintas decisiones de la Justicia que consideró “relevantes” para la libertad de expresión y el ejercicio periodístico. Entre ellas, mencionó la revocación de las prohibiciones de contacto y difusión impuestas a periodistas en el caso promovido por Claudio Tapia y Pablo Toviggino, y el sobreseimiento definitivo del periodista Daniel Santoro, quien había sido acusado de integrar una supuesta banda de espías y extorsionadores que buscaba incriminar a Cristina Kirchner en causas por corrupción.
“La respuesta frente a los errores del periodismo no puede ser una verdad oficial, una ley destinada a castigar publicaciones, la restricción del acceso a las fuentes, la judicialización preventiva de investigaciones ni la inducción al desprecio social hacia quienes informan”, resumió Adepa, y agregó: “La calidad de una democracia depende también de que quienes poseen las mayores responsabilidades institucionales comprendan que tener derecho a pronunciarlas no los exime de responder por el clima público que ayudan a construir”.
Para la entidad, proteger un “ecosistema plural” requiere del profesionalismo de los medios, la tolerancia y el respeto de los poderes públicos, la prudencia de la Justicia ante “cualquier medida capaz de producir censura previa o autocensura” y la consciencia de toda la dirigencia de que “las palabras pronunciadas desde posiciones de poder tienen consecuencias que suelen extenderse mucho más allá de quienes inicialmente las reciben”.
Inteligencia Artificial
La Inteligencia Artificial (IA) fue, junto con la libertad de prensa, uno de los ejes del foro anual de Adepa realizado en Tucumán. En cuanto al impacto de esta herramienta sobre la práctica periodística, la entidad reclamó que las plataformas tecnológicas compensen a los medios –creadores de la información que alimenta esta tecnología– tanto en lo que hace a los derechos de propiedad intelectual como al reconocimiento económico.
“La protección de la propiedad intelectual no es un obstáculo negociable, sino un pilar fundamental para la supervivencia del ecosistema mediático: la utilización indiscriminada de contenidos protegidos para entrenar modelos de lenguaje y alimentar algoritmos de búsqueda, sin la debida compensación a sus creadores, amenaza la viabilidad económica de la prensa”, señaló la entidad.
La institución planteó que el esfuerzo de quienes producen información verificable debe ser “debidamente reconocido”, y advirtió que debe evitarse que la tecnología se “apropie” y “desvalorice el insumo básico de la democracia”.
Asimismo, Adepa subrayó la importancia del trabajo periodístico en la verificación de los hechos, la investigación, la contextualización, la mirada editorial independiente y la construcción de confianza.
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POLITICA
Malvinas: el Gobierno ajusta el proyecto que enviará al Congreso y evalúa ampliar las sanciones a todas las actividades productivas

El Gobierno estudia extender las nuevas sanciones por Malvinas a todas las actividades productivas que se desarrollen en las islas sin autorización argentina, como parte de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que Javier Milei prepara para enviar al Congreso. La Casa Rosada busca que el régimen deje de estar concentrado en los hidrocarburos y analiza un esquema más amplio para abarcar otras explotaciones económicas.
La minería es uno de los sectores que el Ejecutivo tiene sobre la mesa. “Minería sí”, aseguran en Nación sobre su posible incorporación. La pesca también está bajo análisis y la ganadería, la agricultura y el turismo forman parte de las actividades que se discuten técnicamente, aunque todavía no existe una definición final sobre todas ellas.
El texto se trabaja en una mesa reducida y con el articulado todavía abierto. En áreas que participan de la elaboración advierten que se trata de una ley compleja, con “muchísimas cosas en la mesa aún bajo estudio”, y que el Gobierno busca avanzar con cautela antes de cerrar el alcance definitivo.
La discusión parte de una diferencia central. La exploración y explotación de hidrocarburos ya están alcanzadas por la Ley 26.659, mientras que el nuevo proyecto busca determinar qué herramientas pueden extenderse a otras actividades desarrolladas en las islas y a los actores que participan directa o indirectamente de ellas.
La pesca es, hasta ahora, el caso más avanzado dentro de esa ampliación. “Estamos trabajando en eso”, reconocen en el Ejecutivo. La Casa Rosada analiza reforzar las restricciones sobre socios, empresas vinculadas y otros actores que obtengan beneficios económicos de operaciones realizadas bajo licencias británicas.
Ese sector ya cuenta con una herramienta específica. Desde 2008, la Ley Federal de Pesca establece restricciones para quienes reciben cuotas o permisos argentinos y mantienen relaciones jurídicas, económicas o de beneficio con propietarios o armadores que pescan sin autorización nacional.
El punto que busca revisar el Gobierno es hasta dónde extender el concepto de vinculación. Una aplicación más amplia sobre accionistas, sociedades relacionadas, proveedores o grupos empresarios podría incrementar el universo de compañías alcanzadas y obligar a revisar estructuras societarias con intereses tanto en la Argentina continental como en las islas.
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La dimensión económica explica parte del interés oficial. Según la propia estrategia económica de las islas, la pesca y la acuicultura generan alrededor del 58% del producto bruto y constituyen desde hace décadas el principal motor de su economía. La administración isleña busca ahora diversificar ese esquema con petróleo, agricultura, turismo y otros sectores.
La ganadería tiene, a diferencia de la minería, una actividad histórica y consolidada. Los documentos oficiales de las islas definen a la agricultura y la producción ganadera como la columna vertebral económica y social del Camp, las zonas rurales fuera de Puerto Argentino, y destacan especialmente la producción ovina, de lana y de carne.
La estrategia económica 2026-2040 plantea además diversificar el ganado y los cultivos, aumentar la producción local de alimentos y desarrollar productos de mayor valor agregado. La administración de las islas busca reducir así la exposición a la volatilidad de los precios de la lana y sostener la economía rural durante el crecimiento esperado del sector petrolero.

La minería aparece con una lógica diferente. No existe actualmente una explotación minera comercial relevante en las islas, pero sí un marco legal específico y antecedentes de exploración. Por eso, su eventual inclusión en la nueva ley tendría principalmente un carácter preventivo frente a futuros proyectos que puedan ser autorizados por la administración británica.
El principal antecedente es la exploración de oro. Estudios realizados en las islas detectaron partículas del mineral en distintos cursos de agua y dieron lugar posteriormente a campañas geológicas y perforaciones para evaluar posibles depósitos. También existieron antecedentes vinculados con diamantes, pero ninguno derivó en una industria extractiva comparable con la pesca o los hidrocarburos.
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El turismo también figura entre los sectores que el Ejecutivo mantiene bajo evaluación. La estrategia de desarrollo isleña lo identifica como una de las principales vías para diversificar la economía durante los próximos quince años y señala que aportó £15,2 millones en la temporada 2023/2024, con planes para aumentar visitantes y mejorar la conectividad aérea.
El Gobierno analiza que el régimen permita así cubrir tanto actividades ya consolidadas como posibles explotaciones futuras. La lógica que se estudia es que una empresa que participe, financie, provea servicios o se beneficie de una actividad económica en Malvinas sin autorización argentina pueda enfrentar restricciones para operar o contratar en el territorio nacional.
La definición central será hasta dónde llegará finalmente ese esquema transversal. La Casa Rosada tiene decidido endurecer el régimen sobre hidrocarburos, trabaja sobre la pesca y mantiene bajo evaluación minería, ganadería, agricultura y turismo. El texto que llegue al Congreso determinará si las sanciones pasan de un modelo principalmente petrolero a uno capaz de abarcar el conjunto de las actividades productivas desarrolladas en las islas.
Gobierno, Islas Malvinas
POLITICA
Bullrich se mostró preocupada por “la velocidad” de la recuperación y pidió que la baja de impuestos “llegue a todos”

La senadora nacional Patricia Bullrich, líder del bloque oficialista en la Cámara alta, volvió a mostrar su preocupación por el ritmo de la recuperación económica y expresó su deseo de que la baja de impuestos de los sistemas como el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) pueda ser “para todos”.
Las definiciones de la exministra de Seguridad se dieron en una charla en la Universidad de San Andrés y fueron en línea con otros comentarios que Bullrich hizo en ocasiones anteriores.
Bullrich es hasta ahora la única referente del oficialismo que se animó a mostrar diferencias en público y en privado, al marcar su preocupación por distintos parámetros de la economía. Los manifestó tanto en público como puertas adentro del Gobierno de Javier Milei, en distintas reuniones de gabinete y en la mesa política.
“A mi me gustaría más que podamos bajar impuestos para todos. Porque, si no, el que accede al RIGI o Súper RIGI tiene una baja de impuestos, pero hay un montón de empresas, industrias, comercios, servicios tecnológicos, que les cuesta competir porque la Argentina sigue siendo un país con un costo alto”, dijo en uno de los tramos de su exposición.
En otra parte de su exposición, ante una consulta, sostuvo: “En este momento esa velocidad me preocupa muchísimo. Me preocupa que esa velocidad esté al ritmo de lo que cada argentino necesita, para que el año que viene sienta que el esfuerzo que hizo tuvo un sentido”.
Ambos comentarios fueron en línea con expresiones que la excandidata presidencial de Pro tuvo en agosto pasado. Como en su paso por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Bullrich expresó: “Sabemos que algunos sectores están pasando un momento difícil”.
Las expresiones de la senadora fueron apenas un día después de que el presidente Javier Milei hablara en el Council of the America, ocasión en el que el mandatario defendió el programa económico y descartó de plano la necesidad de cambios.
En su exposición, la jefa del bloque libertario en el Senado, reconoció los logros en materia macroeconómica de la administración libertaria, pero marcó que aún resta que esos resultados se reflejen de manera más clara en la vida cotidiana de la población.
Bullrich se preguntó: “¿Qué necesitamos? Que haya confianza para que la velocidad de estos cambios se vean en cada familia argentina, en cada Pyme, en cada empresa grande, en la economía de todos los días”.
Por esos días, en un encuentro con empresarios pyme, Bullrich también marcó a través de un tuit que se necesita “más velocidad en los resultados” de la gestión para que la gente los perciba en su economía familiar.
También valoró en esa publicación en las redes sociales el modelo económico impulsado por el mandatario: “El rumbo es el correcto. Y este camino es parte de un proceso de transformación profundo”.
Tras ello, planteó: “Lo que necesitamos es más velocidad en los resultados para que el cambio se sienta en la vida cotidiana”. Y sobre el final reconoció que “no es fácil”, aunque se trata de un “esfuerzo” necesario para “construir un país normal y con futuro”.
Previamente, en la Bolsa de Comercio de Córdoba admitió las dificultades económicas. “Los planes de estabilización tienen momentos difíciles, pero hay que seguir este camino; si nos desviamos nos caemos”, dijo.
Bullrich es la dirigente del oficialismo que más diferencias marcó con algunos de los casos más controvertidos del gobierno. Como la situación del ahora exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, por su demora presentar sus declaraciones juradas, en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
Y también cuando el Gobierno intentó retirar el pliego de María Verónica Michelli, entonces candidata a jueza de un tribunal oral en La Plata, y cuya postulación Milei impugnaba por ser cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, de .
en un encuentro con empresarios pyme,Conforme a
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