POLITICA
Fraude, facturas falsas y empresas que se enriquecen: los argumentos de la nueva acusación a Tapia y Toviggino
El pedido de detención de Pablo Toviggino y Claudio “Chiqui” Tapia es el final de un extenso dictamen, de casi 200 páginas, plagado de informes bancarios y de decenas de documentos elaborados por organismos estatales encabezados por la agencia de recaudación ARCA. Los jerarcas de la AFA están acusados de haber liderado una asociación ilícita y de un lavado de dinero millonario que comenzó en 2018.
Según la acusación del fiscal federal de Santiago del Estero Pedro Simón, el dinero ilícito provenía de tres fuentes: una defraudación en perjuicio de la Asociación del Fútbol Argentino; la omisión de ingresar los impuestos que correspondían a ARCA al engañar al Fisco Nacional sobre el verdadero tributo debido, lo que se obtuvo mediante la emisión de facturas que se presumen falsas, y la omisión de liquidar divisas y compra de moneda extranjera en el mercado informal.
Según el dictamen, a la cabeza de la organización estaban Tapia y Toviggino, pero en total hay 26 personas imputadas. En el listado aparecen dos hijos del tesorero de la AFA; su hermano, Darío Fabián; su pareja, María Florencia Sartirana; el abogado Juan Pablo Beacon (su exmano derecha); Carlos Bruno Seguel (un ladero de Beacon); y quienes aparecen en los papeles como los dueños de la mansión de Pilar: Luciano Pantano y su madre jubilada, Ana Lucía Conte.
También están incluidas varias personas con domicilio en la provincia de Santiago del Estero que habrían sido utilizadas como “prestanombres” en el armado de las sociedades.
En la investigación se mencionan, en total, 16 empresas. Se destacan Malte SRL, utilizada para comprarle la quinta de Villa Rosa a Carlos Tévez en junio 2023, SOMA SRL, WICCA SAS y Real Central SRL.
También aparecen DCT SRL, Bori SRL, HT SRL, Norte Argentino SRL, Lindor SRL, Barwa SRL, Maroma SA, Segon SRL, Carbello SRL, Servicios Neurus SA, Servicios Lindor SA, y Vandap SAS.
La primera etapa de la maniobra, siempre según la investigación, era insertar el dinero que provenía de las maniobras ilícitas en el sistema financiero a través de estas sociedades.
Muchas de las empresas emitían facturas a favor de la AFA para justificar las transferencias.
La segunda etapa consistía en “la estratificación del dinero”. “Una vez que las empresas recibían las transferencias de parte de la AFA, se emitían facturas a favor de ellas mismas (facturas inter-bloque) para dificultar el rastreo del dinero”, destacó el fiscal Simón, que pidió una larga lista de medidas de prueba.
El siguiente paso fue la compra de bienes. La Justicia analizó decenas de operaciones inmobiliarias, compra de vehículos, viajes al exterior, y hasta la instalación de la bodega “La Vigilia”, ubicada en la provincia de Mendoza, y el centro de belleza “La Fleur de Sartí” (a nombre de las empresas de la mujer de Toviggino). Solo de vehículos, son casi 20 páginas.
A eso se suma la constitución de plazos fijos, inversiones en acciones y la compra de dólar MEP de parte de las empresas para lograr rendimientos en el circuito formal.
¿Cuál era el rol de Tapia? “Habría convalidado y permitido la sustracción de fondos de la AFA al autorizar las transferencias a favor de las empresas de Toviggino, con presunto conocimiento del motivo real por el que se giraba el dinero”, dijo el fiscal al pedir las detenciones.
La causa que derivó en el pedido de detención de Tapia y Toviggino y otras 22 personas (solo quedaron afuera los dos hijos del tesorero) comenzó en diciembre del año pasado, a partir de una denuncia de Aldo Sergio Parodi. La investigación estuvo a cargo de Simón y del fiscal auxiliar Pedro Basbus Turk.
En casi cuatro meses se obtuvieron informes de la Anses, del Renaper, de la Dirección de Migraciones, de los Registros de la Propiedad Inmueble y Automotor, y de ARCA, entre otros organismos. Solo en la provincia de Santiago del Estero se individualizaron 35 inmuebles.
“La inserción de los bienes en el mercado se realizó de manera progresiva, en etapas, y en el marco de una organización criminal asentada y coordinada que operó, al menos, desde el año 2018 hasta el 2026″, destacó el fiscal.
La investigación patrimonial de las sociedades arrojó algunas sorpresas. La empresa HT SRL, dedicada a la venta de combustible, y con apenas un empleado registrado, fue creada en 2016 y comenzó con un patrimonio neto de $17.390. En 2024, finalizó con un patrimonio neto de $2.026.874.657, lo que significa que se multiplicó aproximadamente 116.552 veces.
Otro ejemplo. La empresa Segon, controlada por SOMA, arrancó en 2022 y al año siguiente ya facturaba $1.223.836.010, lo que implica un crecimiento de aproximadamente 2587%, (más de 25 veces la facturación original). En 2024 facturó $3.483.552.687,13 (crecimiento del 184,6%) y 2025 un total de $5.822.716.162.
La empresa Carbello SRL se destaca por la compra de bienes por mas de dos millones de dólares.
El fiscal enumera siete bienes: El Deán, Lote B, adquisición por $12000000; El Deán, Lote C, adquisición por $28000000; Lote 3A, adquisición por US$235.950; Lote 3B, adquisición por US$627.900; Lote X, adquisición por US$315.900; inmueble en calle pública, zona rural, por US$200.000; inmueble en calle pública, zona rural, por US$420250.
Otro caso especial es del SOMA SRL, donde aparece la pareja de Toviggino. Se encontraron a su nombre una docena de vehículos, varios de lujo, un avión privado matrícula LV-FUT, pero lo que más llamó la atención de los investigadores fue el nivel de facturación a partir de 2021. “Registra acreditaciones bancarias en el año 2022 por $1.831.176.994, en el 2023 $7.048.180.804, en el 2024 por $32.634.470.137 y en el 2025 por $5.043.601.193“, resume la causa.
Los informes bancarios revelaron el nivel de facturación cruzada con la AFA. Uno de los bancos reveló que desde la entidad de Tapia y Toviggino se transfirieron $3.633.013.825,80 a las cuentas de Soma, Malte, Segón, Servicios Lindor, y Servicios Neurus en el Banco Coinag.
Otro informe destacó que la AFA le transfirió a la cuenta de Segon SRL del Banco de Santiago del Estero $1.328.266.369,20. En total suman $4.961.280.195 entre 2022 y 2025. Y la cuenta es provisoria porque todavía faltan algunos informes. Además del monto de los movimientos, lo que llamó la atención de los investigadores es que apenas se recibían los fondos pasaban a otras cuentas en menos de 48 horas.
Para justificar semejantes transferencias, se emitieron decenas de facturas. Según el fiscal Simon, el jefe de esa organización era Toviggino.
También se investigaron los domicilios declarados por cada una de las sociedades y sus integrantes. Ese análisis reveló que la mayoría de las empresas estaban entrelazadas y que respondían a las mismas personas. “Este entrecruzamiento prueba que existe una unidad de dirección y administración, lo que sugiere que la voluntad social de todas estas firmas es manejada por un mismo equipo contable o directivo, facilitando la creación de gastos ficticios y el movimiento circular de dinero”, destacó el fiscal.
¿Por qué se piden detenciones?
El fiscal Simón sostuvo que se trata de una organización criminal “que posee vínculos tanto nacionales como internacionales, en la que los imputados gozan de una solvencia económica de tal cuantía que, de tomar conocimiento de la existencia de esta causa, podrían salir del país y, de esta manera, frustrar su comparecencia al proceso”. Además, argumentó que la lista de imputados podría ampliarse en las próximas semanas. La detención sería una manera de preservarlos.
Además de la prisión preventiva, el fiscal solicitó decenas de allanamientos y la inhibición general de bienes de todas las personas físicas y de las sociedades. En cuanto a la defraudación, planteó que debe ser investigada por la justicia federal de la Capital Federal ya que “el domicilio donde operaba la AFA hasta febrero del año 2026 fue en calle Viamonte 1366”.
Según fuentes judiciales consultadas por este medio, las medidas ahora deben ser resueltas por el juez federal de Catamarca, Guillermo Díaz Martínez, pero la causa podría terminar en manos del juez de Santiago del Estero, Santiago Argibay, que ya fue recusado por la Fiscalía porque se detectó que su hija le vendió una propiedad al hermano de Toviggino en julio del 2024.
pedido de detención,Nicolás Pizzi,Conforme a
POLITICA
Hernán Lacunza cuestionó un posible acuerdo entre el PRO y LLA y Cristian Ritondo le respondió: “Tengo clarísimo de qué lado estar”
Con las elecciones presidenciales del año que viene como telón de fondo, en los últimos meses se reactivaron conversaciones entre el PRO y La Libertad Avanza para intentar sellar un acuerdo político. El partido fundado y presidido por Mauricio Macri fue el socio principal del Gobierno desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei, pero fueron contadas las veces que funcionaron como un tándem electoral.
El último antecedente fueron las legislativas del año pasado, donde el resonante triunfo en la provincia de Buenos Aires envalentonó a los partidarios de forjar un acuerdo. No obstante, rumbo al 2027 no hay unanimidad en el PRO.
Este jueves, el autoproclamado precandidato a presidente por el PRO, Hernán Lacunza, fue consultado en IDEA por TN respecto de la posibilidad de un acuerdo electoral con La Libertad Avanza. “Creo que lo mejor que puede pasar para la Argentina es que haya propuestas alternativas, independientes, republicanas, que ofrezcan otras voces, otras ideas”, afirmó. “Si el PRO va junto con La Libertad Avanza, va a desaparecer”, apuntó.
Ante este descargo, quien recogió el guante fue el presidente de bloque del PRO en la Cámara de Diputados y principal articulador con el Gobierno, Cristian Ritondo. “Si las fuerzas del cambio vamos divididas y gana el pasado, lo que desaparece no es un partido, es la oportunidad del país”, expresó a TN el legislador. “Ya lo vivimos en 2019 y lo pagamos carísimo. No podemos tropezar dos veces con la misma piedra”, añadió.
POLITICA
El Gobierno irá a la Corte para no reconocer a Barrionuevo como titular del Sindicato de Gastronómicos
El Gobierno prepara un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para impedir la certificación de autoridades de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), encabezada por Luis Barrionuevo, luego de las elecciones sindicales de diciembre pasado.
La apelación busca cuestionar el fallo de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que convalidó de manera provisoria la conducción nacional del gremio y ordenó a la Secretaría de Trabajo que expidiera el correspondiente certificado de autoridades.
La presentación será elaborada por la Secretaría de Trabajo, conducida por Julio Cordero, luego de que el Gobierno decidió recurrir hasta la última instancia judicial cuando existan decisiones adversas a resoluciones administrativas como la decisión de no reconocer el triunfo electoral de Barrionuevo mientras el resultado siga en medio de una controversia judicial.
La disputa judicial se desarrolla después del deterioro de la relación entre Javier Milei y Barrionuevo, quien había alcanzado un acuerdo en 2023 con el entonces candidato presidencial de La Libertad Avanza para aportarle fiscales de su sindicato en la elección nacional de ese año.
En La Libertad Avanza acusaron al sindicalista de no haber cumplido ese compromiso, mientras que éste decidió romper el vínculo en rechazo del acuerdo electoral de Milei con Mauricio Macri y Patricia Bullrich.
La oposición a Barrionuevo también objetó la decisión de la Sala VI de la Cámara de Apelaciones del Trabajo que otorgó la certificación provisoria a la lista de Barrionuevo. Los apoderados de la nómina Gris/Naranja, encabezada por Dante Camaño, ex cuñado de Barrionuevo y líder de la Seccional Capital de Gastronómicos, denunciaron presuntas irregularidades procesales y sostuvieron que la sentencia se dictó con rapidez para impedir que las partes presentaran recusaciones contra los magistrados.
El planteo opositor afirma que el expediente modificó sin justificación el orden previsto para la integración del tribunal. La notificación oficial indicaba que debían votar los camaristas Carlos Pose y Marina Pisacco, mientras que Gabriela Vázquez sólo debía intervenir ante una disidencia.
Sin embargo, el fallo fue firmado por Pisacco y Vázquez, sin que Pose emitiera su voto ni constara una explicación formal sobre su apartamiento. La oposición cuestionó que se excluyera al vocal titular previsto y se incorporara a una jueza que, según interpreta, no debía participar.
Los representantes de la Lista Gris/Naranja sostuvieron que la celeridad de la sentencia buscó neutralizar recusaciones basadas en intervenciones previas de los integrantes de la Sala VI. Respecto de Pose, señalaron que había fallado a favor del sector barrionuevista en causas relacionadas con la interna sindical.
Según la denuncia, ese antecedente incluyó el rechazo de reclamos de la oposición y la convalidación de actuaciones de la junta electoral oficialista. La crítica apunta a que esas decisiones podían configurar un prejuzgamiento sobre la controversia por la conducción sindical.
En el caso de Vázquez, la oposición de Gastronómicos recordó que la camarista se había excusado de intervenir en el expediente paralelo “Sasprizza”, ligado al mismo conflicto, al considerar que existía prejuzgamiento. El escrito cuestionó que luego participara de la nueva resolución y votara a favor de la conducción de Barrionuevo sin explicar por qué habrían desaparecido los impedimentos invocados anteriormente.
A Pisacco le atribuyeron una “doble vara” en la causa: le reprocharon haber resuelto con rapidez dos medidas cautelares favorables al barrionuevismo y, al mismo tiempo, haber demorado los recursos que buscaban que la Cámara revisara la validez de los comicios.
La oposición alineada con Camaño considera que esas situaciones comprometen la validez procesal del fallo de la Sala VI de la Cámara, mientras la controversia por la conducción y el patrimonio de la UTHGRA se encamina hacia una eventual definición de la Corte Suprema.
El presidente Javier Milei publicó este jueves por la noche un mensaje en su cuenta oficial de X en el que criticó un editorial publicado por e insultó a sus autoridades y periodistas. La nueva agresión del jefe de Estado se produce a menos de una semana de que avalara indirectamente el accionar de la Justicia de Formosa, que arrestó ilegítimamente a un grupo de periodistas de este medio.
La agresión del mandatario nacional estuvo dirigido contra el director de , Fernán Saguier, a raíz del editorial publicado el 28 de septiembre y titulado “Privilegios que la República no necesita”.
El editorial reflexiona acerca de las llamadas “jubilaciones de privilegio” que reciben los presidentes argentinos tras su paso por la Casa Rosada como titulares del Poder Ejecutivo. Allí se pone en tela de juicio la legitimidad republicana de acceder a este beneficio, que implica un gasto millonario mensual para las arcas del Estado por haber ejercido la Presidencia de la Nación. En la ley 24.018, estas prestaciones son denominadas “asignaciones mensuales vitalicias”.
En su posteo, Javier Milei puso el foco en su decisión de haber renunciado a su jubilación de privilegio y escribió: “Fernán Saguier, jefe de la banda de los sicarios de la pluma, omite que en mi caso he renunciado a la jubilación de privilegio. Al mismo tiempo, no se toma el trabajo de cuestionar a algunas de sus amistades a los cuales les asigna plumas divulgadoras de sus mentiras”.
Tal como informó , en junio de 2024, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aceptó la renuncia de Milei a su jubilación de privilegio una vez que termine su mandato. Previamente, el mandatario había anunciado su decisión a través de un comunicado oficial.
No obstante, el editorial publicado por este medio no se refiere al caso de ningún presidente en específico. En cambio, se pregunta: “¿Qué justificación conserva hoy que el Estado garantice de por vida una renta extraordinaria a una persona por el solo hecho de haber ocupado durante algunos años su más alta magistratura?“.
Con la intención de responder a esta pregunta, reflexiona: “Puede comprenderse que una comunidad quiera honrar a quienes han prestado servicios eminentes. Pero el reconocimiento público no exige necesariamente crear una renta vitalicia, móvil y desvinculada de los aportes efectuados al sistema previsional. Mucho menos parece razonable que ese beneficio pueda proyectarse, bajo ciertas condiciones, sobre los derechohabientes del funcionario fallecido”.
Si bien se destaca que “el ejercicio de la Presidencia constituye el más alto honor que puede conferir la ciudadanía”, también se señala que existe, en la jubilación de privilegio, “una reminiscencia difícil de conciliar con la idea republicana de igualdad ante la ley”. Aun más, cuando se lo compara con los “millones de jubilados cuyos haberes dependen de décadas de aportes y que conocen demasiado bien las dificultades financieras del sistema previsional”.
Tras ello, se plantean una serie de alternativas y propuestas que podrían cambiar esta situación: “Podría establecer reglas razonables para situaciones excepcionales en las que un antiguo mandatario careciera de recursos suficientes; podría mantener la cobertura previsional que corresponda por los aportes efectivamente realizados; y, naturalmente, respetar los derechos adquiridos que constitucionalmente deban ser preservados”.
E insiste: “Lo que merece discusión es la perpetuación automática de una asignación extraordinaria por el mero antecedente de haber ejercido el poder”. ”La República nació, entre otras cosas, para reemplazar los privilegios personales por reglas generales. Quienes han tenido el honor de gobernarla no necesitan una canonjía para demostrar que alguna vez lo hicieron”, concluye el editorial.
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