Comenzó con una pelea entre ”cueveros» y se transformó en una investigación clave que tiene en vilo a la política. La Justicia analiza una serie de maniobras para obtener dólares al tipo de cambio oficial en pleno cepo, durante el gobierno de Alberto Fernández. La causa en sus comienzos indagaba la posible vinculación entre financistas y funcionarios del Banco Central. Luego incorporó el “circuito paralelo” para autorizar importaciones, conocido como Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA). Los chats y audios en poder de los investigadores judiciales reflejan una supuesta intermediación con “la gente de adentro” para obtener un rédito de entre el 10 y el 15% de las importaciones.

Alrededor de Martín Migueles, un joven que comenzó como ladero de Elías Piccirillo, el financista conocido como el “rey del blue”, aparecen “la vieja del Central”, “la señora” y “Pato”, los sobrenombres que usan en los chats para identificar a los cómplices que conseguían dólares baratos o facilitaban importaciones.

Con diferentes roles, “la vieja del Central”, “la señora” y “Pato” permitían acelerar los trámites a cambio de un sistema aceitado de coimas. ¿Quiénes son lo máximos responsables? Antes de que se levante el secreto de sumario, la Justicia pidió identificar a los funcionarios que intervinieron en una serie de operaciones sospechosas dentro de la Secretaría de Comercio, la exAFIP y el Banco Central, por entonces comandadas por Matías Tombolini, Carlos Castagneto y Miguel Ángel Pesce, respectivamente.

“Deberá aportarse un listado completo de los funcionarios que intervinieron en los procesos de aprobación de SIRA durante el año 2023, debiendo identificar específicamente a aquellos que participaron en la aprobación de las solicitudes”, se lee en los oficios enviados a los tres organismos.

“Contestaron parcialmente, dijeron que la autorización final era de la Secretaría de Comercio, pero faltan los nombres”, dijo anoche una fuente de la investigación.

Concretamente, se pidió información sobre los trámites realizados por tres empresas: Nemes Fuentes N. y Mazzarini S. S.H, Técnicas Ferroviarias Argentina (TEFASA), propiedad de Miguel Ángel Jiménez (vicepresidente de Racing durante la gestión de Víctor Blanco), y Fizika S.R.L.

Con esto, la fiscalía a cargo de Franco Picardi busca subir en la escala de responsabilidades del presunto “circuito paralelo”.

Las pruebas surgieron de la extracción del teléfono de un exsocio del financista Elías Piccirillo, Martín Migueles.

El expediente expone una trama con personas que tenían llegada a filiales gubernamentales. Ejemplo de ello es “la señora”, quien “presumiblemente tendría intervención en áreas estatales vinculadas con la evaluación o aprobación de dichas solicitudes” en la Secretaría de Comercio y otros organismos que participaban en el circuito administrativo del sistema SIRA.

El 2 de marzo de 2023, una persona identificada como “Ariel Saponara” le escribió a Migueles: “Che tenés algún contacto para liberar las declaraciones de importación. Yo tengo un amigo que entre todas las cometas se va al 15%. Pero capaz hay algunos por unos puntos menos. Son auto elevadores y repuestos de las mismas máquinas”. El exsocio de Piccirillo le respondió: “La sira?”. Luego le envió un audio: “Si, bol…, esa yo la saco al toque, la saco rápido la SIRA y a mí me cobran más o menos un 11 o un 12 por ciento”.

Saponora es un abogado que trabajó en el Ministerio de Seguridad de la Ciudad y tiene vínculos con el mundo policial. Llamativamente, en su sitio de Linkedin figuraba como personal de Presidencia de la Nación, pero en los registros oficiales no tiene ingresos a la Casa Rosada. El viernes, luego de la difusión de su nombre, decidió cerrar esa página.

Tras recibir el encargo de Saponora, Migueles se contactó con “el Pipo”, a quien la Justicia identificó como Héctor Ezequiel Caputto. “Escúchame tengo esto, a ver si lo podemos armar. Ahí te copio y te pego y avísame”, le avisó a través de un audio. Y le copió un mensaje en el que detallaba que se trataba de importación de maquinaria.

“Escúchame, dale, perfecto entonces. Esta sería la primera que me pasás, ahí hablo con la señora esta, a ver si le sirve directamente que se lo mande así“, se lee en una de las respuestas atribuidas a Caputto. Según la investigación, ese hombre se encargaba de “canalizar las solicitudes hacia quienes tenían capacidad de influir en su aprobación”.

Los clientes brotaban. En una conversación del 30 de marzo de 2023, Migueles habla con Caputto de otro cliente. “Es un pingazo el chabón, boludo, es muy amigo del manco”, dice. Unos días después, vuelve sobre el mismo tema y alude directamente a Daniel Scioli. “Pipo, ahí me dieron el ok de esas 152 lucas, metele pata boludo, metele pata que entramos derecho ahí con Scioli papá, metele pata, ¿cómo podemos hacer con eso?”. Fuentes judiciales explicaron que el funcionario no forma parte de los investigados en la causa.

¿Cómo calculaban su presunta ganancia? En un trámite de autorización del SIRA presuntamente gestionado por Caputto y Migueles, se detalla que la mercadería a importar costaba $54.600. Una vez que avanzó, Caputto le explicó al financista: “Escúchame, serían 54600 lo que era la SIRA, por 200, lo que era el dólar oficial, da 10 palos 920. Eso por el 15%, que es lo que nos cobran adentro, es un palo 638, divido el blue, 376, da 4356 dólares. Eso es lo que tenemos que dejar adentro. O sea que esos 4356 es lo que tenemos que pagar adentro nosotros. Vos le cobraste el 10% blue, o sea el 10 blue de 54600 son 5460 dólares más o menos. Menos lo que tenemos que pagar adentro, nos quedan 1100 USD para repartir más o menos. Avísame vos como queres hacer con…no sé si hablaste algo con Pato, no sé si hablaste con él (…)”.

Los investigadores todavía intentan identificar a “la señora” y “Pato” como parte del grupo que trabajaba con Migueles. Todos ellos hacían las gestiones en los tres organismos por donde pasaba el SIRA.

procuró contactar al exsecretario de Comercio, Matías Tombolini, y al exjefe de AFIP, Carlos Castagneto, pero no tuvo éxito. Otra fuente del caso señaló que “no existían en el ámbito de la AFIP usuarios habilitados para operar con el sistema automatizados”. Asimismo, allegados a la gestión de Pesce en el BCRA negaron la existencia de un “circuito paralelo”. Sin embargo, en el expediente hay cinco funcionarios de ese organismo investigados por el mercado del blue. Uno de ellos, Romina García, aseguró en una conversación grabada de manera clandestina por Elías Piccirillo que había “gente de arriba entongada”.

En un procedimiento que evalúa un posible incumplimiento al Código de Ética, las autoridades del Banco Central interrogaron a García sobre ese audio. “Señala que ella no tiene pruebas de eso, que lo dijo porque estaba nerviosa, y como para llevar la conversación, que ni sabe porque lo hizo y que está dispuesta a rectificarse en la justicia” (sic), dejaron sentado en un documento oficial que se sumó a la causa judicial.

Según sumarios del BCRA, el circuito del blue movió al menos US$900 millones. La ganancia era tan amplia como la brecha cambiaria. ¿Había connivencia entre los funcionarios y los financistas? “La vieja del central, se llevó una fortuna, y exige exige, si gana plata igual”, le escribió Francisco Hauque a Migueles el 7 de mayo de 2021.

La auditora clave

Los chats encontrados en el teléfono de Migueles llegan hasta mediados de marzo, justo después de la detención de Elías Piccirillo por el operativo ilegal en las inmediaciones del Palacio Duhau. El 28 de ese mes, Migueles habla con Francisco Hauque, el financista emboscado por Piccirillo. “Hay que prender el ventilador. Ya está amigo. Vallejos Fernández. Todos unas mierdas. Que vayan todos presos. Me cansé”, se queja Hauque. Y agrega: “Me dejaron en bola. Acá nadie va a disfrutar nada”.

“Vallejos” en realidad se trataría de Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, otro de los financistas investigados por la maniobra del rulo financiero. Y “Fernández” alude a Valeria Fernández, una contadora que firmó los estados contables de unas 10 casas de cambio sospechadas. Para el fiscal Picardi, esa mujer podría ser un eslabón clave de la maniobra del blue. Por eso pidió allanarla y le secuestró algunos dispositivos que van a ser peritados.

La contadora, vinculada a Juan Manuel Agra, un financista que decía tener llegada a la política, también está siendo investigada en otro expediente que llevan adelante la jueza María Servini y el fiscal Carlos Stornelli. Este viernes, en simultáneo con el levantamiento del secreto, el juez Ariel Lijo le pidió a Servini que se inhiba de seguir avanzando. Hay un tercer expediente por la maniobra del dólar blue en poder de la jueza María Eugenia Capuchetti, que también pidió quedar con todas la causa. La disputa promete escalar hasta la Cámara de Casación. Hay muchos intereses en juego.

El diálogo entre Migueles y Hauque involucra a otros protagonistas de la trama. “Mira como terminé, me robaron la fórmula. Para llenarse todos de guita. A Cirio la quiero bien presa”, se descargó Hauque. Cirio era la mujer de Piccirillo cuando ocurrió el episodio del Palacio Duhau. Esa noche, el financista se reunió con el ex policía “El “Lobo” Smith, acusado de la maniobra, en la casa que le alquilaba a Migueles, en el lote 192 del barrio “El Yacht”.

El funcionario de Tigre que gestionaba los trámites

Del análisis del celular de Migueles también surge una gestión para habilitar una agencia. Se presume que se trata de ARG Exchange, donde convivieron Piccirillo, Migueles y Matías Bocca. Según un sumario del BCRA, esa agencia vendió, en pleno auge del cepo, US$250 millones a otras entidades que no justificaron el origen de los fondos.

Según el expediente, la gestión habría estado a cargo de Daniel Chiliutti, un histórico funcionario de la Municipalidad de Tigre. “Sigue como director en la Secretaría de Gobierno”, confirmaron desde el Municipio ante una consulta de . Los mensajes son del 2022. “Me podés venir a ver mañana a la Secretaría de Gobierno a partir de las 10 de la mañana. Así hablamos un cachito porque no sé qué tenés, qué no tenés, a ver qué podemos hacer”, se escucha en un audio atribuido al funcionario.

contactó a Chilliutti, quien dijo no tener conocimiento de qué se trata.

“Los intercambios analizados permiten advertir la existencia de un canal de comunicación directo y personalizado para la tramitación de un procedimiento administrativo que, en principio, debería sustanciarse a través de los mecanismos institucionales ordinarios”, sostuvo Picardi al pedir los allanamientos de marzo.

Exfuncionarios, con Cristina Kirchner a la cabeza, y empresarios que se beneficiaron con la obra pública arremetieron en las últimas audiencias del juicio de los Cuadernos de las Coimas con una maniobra para debilitar el juicio: pretendieron valerse de las declaraciones de los periodistas de que revelaron la corrupción para denunciar un supuesto complot, pero la fiscalía los frenó y exhortó al tribunal a terminar con ese intento de un “juicio dentro del juicio”.

En un dictamen que lanzó en la última audiencia, la fiscal Fabiana León le reclamó airadamente al tribunal “contener el desborde” de las defensas, que buscan hacer “un juicio dentro del juicio“ para sembrar dudas sobre la investigación del juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli e intentar poner en tela de juicio el vínculo con los periodistas que revelaron el caso.

La semana pasada abrieron la ronda de testigos el periodista de Diego Cabot, que comenzó la investigación que expuso el caso, y la periodista Candela Ini, que colaboró en las averiguaciones.

En las últimas dos audiencias, los abogados de los acusados los interrogaron por más de veinte horas y los sometieron a preguntas repetidas, capciosas, o inapropiadas en algunos casos, para intentar establecer que había un supuesto complot entre los investigadores o conductas inapropiadas de parte de los periodistas.

Arremetieron contra los testigos como si se trataran de delincuentes, cuando en realidad eran los abogados defensores de los verdaderos personajes acusados de delinquir. Muchos de ellos incluso confesaron haber cobrado coimas y otros dijeron haberlas pagado.

El jueves pasado declaró la periodista Candela Ini y las chicanas arrancaron desde el comienzo, en un intento por lograr que se contradiga o confrontándola en busca de detalles sobre recuerdos de hechos ocurridos hace 8 años.

En un cuarto intermedio, sola en una sala contigua al tribunal, se recuperó tras el interrogatorio y regresó para responder preguntas hasta que se hizo de noche.

Fue entonces cuando pidió la palabra la fiscal Fabiana León para exigir la “contención de los desbordes” de las defensas de los acusados, que ocupaban el micrófono pidiendo la incorporación de supuestas nuevas pruebas.

El objetivo de la estrategia es probar supuestas presiones indebidas de Bonadio y Stornelli a los empresarios para que declararan como arrepentidos y otras supuestas irregularidades que ya fueron rechazadas en primera instancia en la Cámara Federal, en la Cámara de Casación y en la Corte Suprema de Justicia. Lo volvieron a intentar.

Por eso, para dar un corte al asunto, la fiscal León denunció que el verdadero objetivo de las defensas es “que el tribunal abra una auditoría general de la instrucción dentro del juicio oral”. “Están pidiendo un juicio dentro del juicio sobre cómo se investigó la causa”, y eso, dijo, no es el objeto del debate, que se encuentra en su etapa final.

De todos modos, León recordó que por más que algunos “arrepentidos” dicen ahora que declararon por temor a ir presos “otros 58 imputados mantuvieron sus versiones, sostuvieron sus acuerdos, no denunciaron coacción o directamente no acompañaron esta narrativa”.

También remarcó que sus confesiones no fueron en soledad, sino actos de su voluntad expuestos ante sus abogados que presentaron escritos y los defendieron.

“Convertir ahora todo en ‘coacción’ exige mucho más que una afirmación tardía; implica describir un acto concreto: quién lo hizo, cuándo, cómo, qué se dijo, qué se exigió, qué consecuencia se impuso y cómo eso determinó causalmente la declaración”, sostuvo León para descalificar la estrategia de las defensas.

“El tribunal de juicio no es un tribunal de alzada permanente de la instrucción”, señaló León, que recordó que todos los planteos de los defensores fracasaron: y reiterarlos ahora no los va a validar.

“Lo que ahora se intenta es volver sobre ese recorrido, pero no por las vías de revisión propias, sino bajo la forma de prueba nueva, ese desplazamiento debe ser rechazado”, señaló y advirtió del “riesgo institucional concreto”. Se refería a que si el tribunal admite o rechaza estas ideas ahora, adelanta cuestiones propias de la sentencia.

“Si cada declaración, testimonio o incidencia habilitara automáticamente una nueva ronda de prueba, el debate se vuelve ingobernable”, dijo la fiscal, pues las declaraciones de Cabot e Ini precipitaron una catarata de pedidos de nuevas pruebas, que son en realidad excusas para plantear cuestiones ya resueltas, que buscan voltear la causa.

“Lo que no corresponde es admitir, bajo apariencia de prueba nueva, una investigación paralela sobre la investigación”, reclamó León a los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli.

La fiscal enumeró que la coacción, el miedo a la detención, la actuación del juzgado y del fiscal, las críticas al origen de la causa, las condiciones de las indagatorias y la falta de registro audiovisual no nacieron en estas audiencias. “Fueron temas conocidos, planteados, litigados, ofrecidos como prueba, rechazados, diferidos o reservados para valoración final, por lo que no pueden reeditarse, ni usarse para introducir nuevas evidencias, que no son nuevas”, aseveró.

El tribunal no está llamado ahora a decidir si esos relatos son verdaderos o falsos, sino si las medidas pedidas por las defensas son nuevas y excepcionales, o intentos de realizar una auditoría sobre cómo se investigó la causa. “No se puede hacer un juicio dentro del juicio”, reclamó la fiscalía.