Luego de que el interventor judicial José Luis Napoleón Gambetta convocara a elecciones internas en el Partido Justicialista (PJ) de Salta, este fin de semana se confirmó que se presentaron 24 listas para participar del proceso de normalización ordenado por la Justicia Federal.

Tal como habían anunciado a finales de mayo, los comicios están previstos para el 2 de agosto próximo. Aparentemente, el cronograma original se mantendría sin cambios y la votación se realizaría con boleta de papel, de acuerdo con las aclaraciones requeridas por las autoridades judiciales.

Hasta el momento, la inscripción contemplaría la reserva de nombre, la designación de apoderados y la constitución de domicilio legal. Según trascendió, entre las listas presentadas, dos corresponderían a la Juventud Peronista, mientras que las restantes representarían a distintos sectores de la provincia, incluyendo la Capital, el interior, el norte, el sur y el departamento Anta.

De acuerdo con la información obtenida por El Tribuno, este abanico territorial como señal de una participación amplia en la convocatoria. Por el momento, la presentación de listas corresponde solo a la primera etapa del cronograma electoral y no implica aún la oficialización de candidaturas.

Tras anotarse las 24 listas, se abrirá una fase de negociaciones, acuerdos y eventuales unificaciones en el PJ salteño. Desde el sector afín al gobernador Gustavo Sáenz, no se descartaría la conformación de una lista de unidad. No obstante, indicaron que ninguno de los listados representaría al ala kirchernerista.

Según está planteado en el cronograma electoral, el reconocimiento oficial de las listas podrá realizarse hasta el 23 de junio. Posteriormente, la presentación de listas de candidatos será del 24 al 27 de junio, etapa en la que deberán conocerse los nombres concretos que competirán por los cargos.

El proceso interno se produce tras una larga disputa por la conducción partidaria cuando, en febrero del 2025, el Consejo Nacional del PJ intervino el distrito Salta, que hasta entonces estaba liderado por Esteban Amat Lacroix.

A partir de este movimiento, la intervención designó como interventores a Sergio Berni y María Luz Alonso, pero la decisión fue judicializada. En mayo de 2025, la jueza María Servini declaró inválida la intervención, al considerarla arbitraria, aunque la Cámara Nacional Electoral suspendió ese fallo y el PJ salteño continuó bajo intervención.

En febrero de este año, la conducción nacional desplazó a Berni y nombró a Pablo Kosiner al frente del partido. No obstante, las impugnaciones y pedidos de elecciones internas derivaron en una nueva intervención judicial. Fue así que el pasado 15 de mayo, la Justicia Electoral designó a José Luis Napoleón Gambetta como interventor, con la misión de normalizar el partido y convocar a internas.

Según el fallo, la magistrada reclamó la falta de actos y/o convocatorias concretas que tuvieran como objetivo normalizar el espacio político. Por este motivo, consideró que la intervención había sido utilizada como una herramienta para provocar un vaciamiento institucional que afectó de forma directa los derechos de los afiliados.

En línea con esto, recordó que la intervención partidaria prevista en la Ley 23.298 es una herramienta excepcional, destinada a restablecer la normalidad solo en contextos de acefalia de órganos, renuncias masivas o incumplimiento de elecciones internas. Por lo que, en este caso, consideró que funcionó como un “mecanismo abusivo” que no logró resolver los conflictos internos de la jurisdicción.

A pesar de que dio cuenta de que las autoridades anteriores tenían previsto celebrar las internas el 25 de octubre de este año, la jueza Servini criticó el llamado al calificarlo como tardío en relación con el vencimiento de la intervención y carecería de garantía de concreción de actos electorales verificables.

En este contexto, señaló que la única vía para asegurar la normalización institucional era la intervención judicial. Por esto, dispuso que Gambetta tendrá la obligación de presentar informes quincenales sobre sus acciones y mantener informado al Juzgado Federal con competencia electoral en Salta. Además, deberá garantizar que el proceso electoral se desarrolle con transparencia, estableciendo fechas y procedimientos claros para la elección interna de autoridades.

La vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires y presidenta del Senado bonaerense, Verónica Magario, convocó a sesionar en la Cámara alta provincial en lo que será la primera sesión ordinaria del 2026. La dilación en las reuniones se da como producto de la compleja convivencia dentro del peronismo que aún persiste por las designaciones en las vicepresidencias del cuerpo, la integración de las comisiones y ahora los futuros representantes del Poder Legislativo dentro del Consejo de la Magistratura bonaerense. Pese a ello, con la jornada del próximo miércoles, la presidencia de Cámara logró posponer el pedido de sesión especial que pergeña realizar La Libertad Avanza en acuerdo con otros bloques, tal como sucedió -y se llevó adelante- semanas atrás en la Cámara de Diputados bonaerense, cuando la oposición buscó sesionar para votar proyectos referidos al funcionamiento de IOMA.

El bloque de Fuerza Patria en la Cámara alta provincial tiene quórum propio. Sin embargo, las diferencias entre el kirchnerismo y el Movimiento Derecho al Futuro, también se trasladan a la dinámica legislativa, al punto que el presidente de la bancada, Sergio Berni, exterioriza sus diferencias con Magario en cada oportunidad que considera pertinente. “Estamos ante una situación inédita, hace sesis meses que no sesionamos”, decía la semana pasada ante periodistas en un desayuno al que convocó por el Día del Periodista. La línea argumentativa fue ratificada esta semana por el senador libertario Diego Valenzuela. El intendente en uso de licencia de Tres de Febrero, asumió la presidencia de la comisión de Asuntos Municipales el miércoles último. Su designación como presidente fue cuestionada por la senadora cristinista, María Inés Laurini, al considerar que Valenzuela había sido puesto al frente de esa comisión mientras estaba en licencia como senador -ya que el dirigente libertario también se había pedido reserva de cargo en la Cámara alta para asumir un rol dentro del gobierno nacional, en Migraciones, aunque finalmente nunca fue designado y entonces regresó al Senado-. También sugirió que la comisión debía ser presidida por alguien del peronismo, pues el PJ gobierna la mayor cantidad de distritos de la provincia de Buenos Aires. En la reunión de comisión, Valenzuela, planteó que debía ser hacer el reclamo ante las autoridades de la Cámara.

Luego del encuentro, enfatizó que “si bien hoy pusimos en marcha la comisión y hay algunas que ya arrancaron, estamos muy demorados. Estamos peor que en la pandemia. Así que estamos considerando desde el lugar nuestro, que somos 10 senadores de La Libertad Avanza, quizá en diálogo con otros bloques que tienen afinidades con lo que hay que hacer con la Provincia, poder avanzar con algún pedido de sesión especial o, bueno, mover la rueda”. Ese día, la vicepresidenta de la Cámara convocó a sesionar para el miércoles próximo. También regresará la apertura de los palcos de prensa en el recinto.

Sin embargo, hay un tema que ronda en el marco de acuerdos no resueltos en la Cámara alta. Son los representantes del Poder Legislativo para el Consejo de la Magistratura provincial. El Senado debe designar siete representantes, de los cuales cuatro serían para el bloque de Fuerza Patria. Hay un problema: en la bancada solo cuentan con tres abogados, condición excluyente para ser parte del órgano que define las ternas para cargos judiciales a cubrir en la Provincia. Los tres abogados son los senadores Sergio Berni —presidente del bloque y referente del cristinismo—, Fernando Coronel —del MDF— y Marcelo Feliú —que se mueve de manera autónoma—. A finales del año pasado, a sabiendas de esta situación, la Legislatura modificó la ley que ordena el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Allí dispuso que la representación fuera por órgano, más allá de si se tratase de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores.

Entonces, lo que se pergeñó semanas atrás para cubrir la cuarta vacante del Senado es que la Cámara de Diputados vote la designación del diputado Mariano Cascallares (cercano a la estructura política de Kicillof). El tema se puso en consideración en la reunión de labor parlamentaria previa a la sesión en Diputados y estaba avanzado que así sería; sin embargo, en medio de la sesión se decidió posponer esa votación, producto de la presión que se ejerció desde el Senado para retener su representatividad. Desde Diputados, las miradas apuntaron al Poder Ejecutivo por haber frenado el preacuerdo alcanzado, en particular a la Secretaría General de Gobierno, Agustina Vila, quien se ocupa de las negociaciones con la Legislatura en nombre del Ejecutivo.

“No creo que los lugares para el Consejo de la Magistratura se vayan a resolver en la sesión de este miércoles. No queda claro cómo es el procedimiento en estos casos. El Senado debería designar a sus representantes y, si falta uno, comunicarlo a Diputados para que cubra la vacante”, planteó un senador de la oposición ante la consulta de este medio.

Diputados sesionó la semana pasada, pero la designación de Cascallares quedó frenada por el momento. Aparece otro tema: “La verdad es que no se sabe cuándo vamos a volver a sesionar en Diputados, cuando tengamos sesión insistiremos de nuevo para votar al representante de la Magistratura, salvo que el gobernador tenga otra idea”, remarcó un diputado del peronismo. El mismo legislador, cercano a Cristina Kirchner, consideró: “Es un problema del MDF, de hecho nosotros que somos La Cámpora íbamos a votar a un diputado del gobernador, son ellos los que se tienen que poner de acuerdo”. Por lo pronto, el miércoles hay sesión en el Senado bonaerense. Fue convocada a las 13 horas y se pautó como hora de finalización las 23:59, con lo cual nadie descarta que -de mínima- se solicite una prórroga sin hora al momento de dar inicio al encuentro legislativo.

Este mes se cumplieron seis meses del funcionamiento del nuevo Congreso de la Nación, tras la asunción de 127 diputados el pasado 10 de diciembre, la mitad del total de sus miembros. De ese total, 95 fueron debutantes, sin experiencia previa en la Cámara baja.

En este primer semestre de 2026, se presentaron un total de 1.354 proyectos de ley, 691 de resolución (pedidos de informes) y 1.088 de declaración.

La mayoría de las iniciativas de ley fueron impulsadas por diputados de la oposición, algo usual históricamente, ya que son los más proclives a presentar proyectos que buscan marcarle la agenda al oficialismo.

El bloque con más integrantes nuevos es el de La Libertad Avanza (LLA): 55 de sus 95 miembros actuales. Es el que más creció respecto del período anterior y, hoy, es el más numeroso. A su vez, es bancada en la que la mayoría de sus integrantes no tenían experiencia legislativa, o incluso política previa, cuando ingresaron.

Le sigue en cantidad de debutantes el bloque de Unión por la Patria (UxP), con 43 legisladores nuevos de 93 miembros. El peronismo/kirchnerismo es la segunda minoría y es el sector que tuvo una mayor renovación de integrantes, aunque – a diferencia de LLA – con militancia previa de algún tipo.

Lejos en número, luego, aparecen el bloque de Provincias Unidas con 7 miembros nuevos de una bancada de 18; el PRO, con 6 diputados que ingresaron en diciembre de sus 12 actuales; la UCR, con 4 nuevos de 6.

A continuación, siguen los espacios provinciales y de izquierda: el bloque Independencia, que responde al mandatario tucumano Osvaldo Jaldo, con dos integrantes debutantes de un total de 3; Innovación Federal, con dos diputados nuevos de un total de 9 que tiene esta bancada integrada por representantes de Misiones, Salta, San Luis y Formosa; el PTS-Frente de Izquierda con una renovación de sus dos integrantes; Elijo Catamarca, alineado con el mandatario peronista Raúl Jalil, con un legislador nuevo de los tres que forman esta bancada que se abrió de UxP; el Partido Obrero en el Frente de Izquierda, con uno nuevo de de uss dos miembros; Producción y Trabajo, ídem; y finalmente, los monobloques Defendamos Córdoba, La Neuquinidad y Primero San Luis, cuyos integrantes debutaron el 10 de diciembre.

Los de menor productividad

Del análisis de los datos publicados en el sitio web de la Cámara baja que hizo Infobae, 24 diputados presentaron menos de 10 proyectos en total, incluidos los de ley, resolución y declaración: 18 legisladores son de LLA, 2 son de la UCR y del bloque Independencia, y el resto de La Neuquinidad y de Primero San Luis.

De los 127 nuevos legisladores, 4 no presentaron ningún proyecto de ley en estos seis meses desde el 10 de diciembre, todos de La Libertad Avanza, los de “menor productividad” legislativa.

Los proyectos de ley son las más relevantes, y requieren la aprobación de ambas Cámaras, a diferencia de los de resolución y declaración que se refieren a cuestiones internas del cuerpo, pedidos de informes, expresión de posiciones o recomendaciones.

Uno de esos cuatro legisladores de LLA que no presentaron proyectos de ley desde que asumieron el 10 de diciembre es Adrián Ravier, de La Pampa, el flamante vocero presidencial. Este economista muy cercano a Javier Milei sólo presentó 2 proyectos de declaración (uno de repudio por el atentado contra Donald Trump en Washington, y otro por las pintadas en fachadas públicas y privadas, atribuidas al diputado nacional Juan Grabois), y 3 de resolución (un homenaje al Papa Francisco en el primer aniversario de su fallecimiento; un repudio a la agresión física sufrida por el diputado nacional Federico Pelli en Tucumán; y una modificación del artículo 128 del Reglamento de la Cámara para acotar las cuestiones de privilegio).

Su colega Nicolás Emma, electo por la Ciudad de Buenos Aires, no presentó ninguna iniciativa en estos seis meses, pero sí entre 2023 y 2025 ya que integraba la lista legislativa de LLA cuando Milei ganó la presidencia, y asumió la banca que dejó el primer mandatario al ir a la Casa Rosada. De profesión abogado, es presidente del Partido Libertario de la Ciudad.

María Luisa González Estevarena, electa por la Provincia de Buenos Aires, tampoco presentó proyectos de ningún tipo hasta ahora. Fue hasta diciembre legisladora porteña. Ingresó a la Legislatura de la Ciudad por el PRO, alineada con Patricia Bullrich, pero pegó el salto al bloque libertario cuando la entonces ministra de Seguridad se alineó con LLA.

Agustín Pellegrini, electo por Santa Fe y vicepresidente de LLA en esa provincia, tampoco impulsó iniciativas de ningún tipo, según figura en el sitio oficial de la Cámara baja.

Desde el 10 de diciembre hubo solo seis sesiones: tres en período extraordinario y tres ordinarias, el 8 y 29 de abril (informe del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni), y el 20 de mayo.

En estos seis meses de la renovación de la Cámara, el cuerpo aprobó la ley de Presupuesto 2026, la de Inocencia Fiscal, la Reforma Laboral, el Régimen Penal Juvenil que significó la baja de imputabilidad, la modificación de la Ley de Glaciares, la llamada Ley Hojarasca (derogación de legislación obsoleta) y cambios en la ley de Zonas Frías. Todas fueron iniciativas promovidas por el Ejecutivo. En el período de sesiones extraordinarias, entre diciembre y finales de febrero, solo se trata el temario que envía el Presidente.

Más allá de asistir a las reuniones del pleno, los diputados participan en distintas comisiones, en un número que varía entre 5 y 9, para discutir los distintos proyectos y emitir dictámenes.

La dieta mensual que cobran – a mayo – es $6 millones brutos ($4,5 millones netos), más un plus de $600.000 por gastos de representación.

“Soldados del Ejecutivo”

Desde el bloque de LLA sostuvieron, ante la consulta de Infobae, que “no es la tarea principal” de los legisladores del oficialismo presentar proyectos y que, en cambio, sí deben apoyar las iniciativas del Ejecutivo. “No es un valor para nosotros. Somos conscientes que somos soldados del Ejecutivo, y ese es el mandato popular que planteamos ya en la campaña”.

“Se habló en la escuela parlamentaria que las iniciativas que alguno pueda querer presentar, se acuerdan con el equipo parlamentario de Ignacio Devitt (Secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación). Todo el bloque está alineado con ese objetivo. La excepción son proyectos de declaración de interés en sus provincias o beneplácito o repudio por algún hecho», explicaron.

Pusieron como ejemplo, el proyecto de regulación del lobby que estuvo trabajando el diputado de LLA Andrés Laumann (Entre Ríos), que había sido enviado a revisión del Ejecutivo cuando entró la iniciativa sobre el mismo tema que impulsa el Gobierno. “Llegó el de Ejecutivo antes de que sea revisado el de Laumann. Pero finalmente, en los cambios que se están acordando con la oposición, se están tomando aspectos muy parecidos al qué él había elaborado y que no había llegado a presentar”, señalaron fuentes del bloque libertario.

Los que más proyectos presentaron

En el otro extremo, los nuevos diputados de Unión por la Patria son los que más iniciativas de todo tipo presentaron. Lideran el ranking entre todos los legisladores que asumieron el 10 de diciembre, considerando los proyectos de ley, resolución y declaración.

Juan Carlos Molina, de profesión cura y electo por Santa Cruz, sin mandatos previos, presentó o firmó 173 iniciativas, de las cuales, 60 proyectos fueron de ley (ocupa el tercer lugar si se consideran solo este tipo de normas presentadas). Otros 18 proyectos fueron de declaración y 95 proyectos de resolución.

Le sigue la bonaerense Agustina Propato, con 172, en total, de los cuales 61 fueron de ley (en segundo lugar si se consideran solo estas iniciativas). Ya había sido diputada nacional por el peronismo, electa en 2021.

El tercer lugar lo ocupa Agustín Rossi, de Santa Fe. En los últimos seis meses firmó 168 iniciativas, de las cuales 40 fueron proyectos de ley. Tampoco es su primer mandato ya que desde 2005 ocupó una banca de diputado nacional por el Frente para la Victoria y retuvo su mandato hasta el 2013. Repitió cargo entre 2017 y 2019 y dejó su banca para asumir en este último año como ministro de Defensa de Alberto Fernández.

Luego aparece en cantidad de iniciativas impulsadas desde el 10 de diciembre, Gabriela Pedrali, electa por La Rioja, quien también había ocupado una banca desde 2021. Firmó 161 proyectos, de los cuales 65 fueron de ley. Es una de las legisladoras más prolíficas, ya que que lidera el ranking de iniciativas de este tipo como autora o cofirmante.

Le siguen Cristian Andino, de San Juan, diputado por primera vez, aparece con 146 proyectos firmados, de los cuales 54 son de ley; y Moira Lanesan Sancho, de Santa Cruz, también novata en su banca, con 46 proyectos de ley, de los 144 que firmó.

En el ranking aparece después Hugo Yasky, el secretario general de la CTA desde 2006 y ex secretario general de la CTERA. Llegó a la Cámara de Diputados en 2017. En el último semestre firmó 137 proyectos de los cuales 41 fueron de ley.

En tanto, María Teresa García, diputada por Buenos Aires y muy cercana a Cristina Kirchner, es autora o coautora de 133 proyectos, entre ellos 56 de ley. Ya había pasado por el Congreso entre 2005 y 2017, y luego fue legisladora provincial bonaerense.

Si se consideran sólo los proyectos de ley, también lideran la tabla los nuevos legisladores de UxP. De los 8 que presentaron más de 40 iniciativas desde diciembre hasta ahora, todos son peronistas/kirchneristas. Lidera el ranking la riojana Pedrali.

Los diputados del oficialismo

Sólo tres diputados de LLA presentaron 10 o más proyectos de ley en este semestre: el salteño Carlos Zapata, 18; y el puntano Carlos Almena y la bonaerense Johana Longo, 10 cada uno.

Otros 8, firmaron entre 7 y 9 iniciativas de este tipo: Laura Soldano, Sabrina Ajmechet, Soledad Molinuevo, Alejandro Fargosi, Laura Rodríguez Machado, María Gabriela Flores, Rosario Goitia y Aníbal Tortoriello.

Si se consideran todas las iniciativas de ley, resolución y declaración que firmaron desde que asumieron en diciembre, el ranking de los libertarios lo encabezan Zapata (52); Almena (41); Soldano, de Córdoba (37); Longo (36); Molinuevo, de Tucumán (36); Soledad Mondaca, de Neuquén (34); Flores, de Salta (32); Adrián Brizuela, de Catamarca (31); Goitía, de Chaco (31) y Federico Pelli, de Tucumán (30).

Cómo se procesó la información

La fuente de información fue el sitio Web de la Cámara de Diputados, de donde se realizó la extracción de datos. De los 257 legisladores en total, se analizó el universo de 127 que asumieron el 10 de diciembre. De este grupo se procedió a la descarga de los proyectos en los que aparecen como autores o confirmantes, discriminando entre proyectos de resolución, de declaración o de ley. La información se cruzó por pertenencia geográfica y de bloque. La fecha de corte para el análisis de los datos fue el 10 de junio.

Procesamiento y visualización de datos: Daniela Czibener

Carga y chequeo: Desiré Santander

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