POLITICA
Kicillof respalda un pedido clave de la Junta Electoral y prepara el terreno para desdoblar en 2027
El gobierno de la provincia de Buenos Aires recibió con los brazos abiertos la propuesta que lanzó hace casi un mes la Junta Electoral bonaerense, antes de que rote la presidencia del organismo: se trata de un anteproyecto de ley para ampliar los plazos electorales para las elecciones provinciales del año que viene. En lo formal el objetivo es que los cambios hechos a las apuradas en los comicios del año pasado queden efectivizados en una normativa firme, ante la posibilidad de que Kicillof vaya nuevamente a desenganchar las elecciones provinciales de las nacionales.
El respaldo de parte del Ejecutivo era esperable y también ancla a la discusión interna del peronismo, como se dio durante el año pasado. Ahora, para evitar sobresaltos y con un escenario incierto de si habrá elecciones Primarias o no, o si se votará con boleta única en papel los cargos provinciales —como sucederá para presidente y el resto de las candidaturas nacionales—, el organismo competente del proceso electoral provincial buscará tener un terreno ordenado.
“Nos parece interesante”, opinaron cerca de Kicillof sobre el anteproyecto que lleva la firma de la ya expresidenta de la Junta Electoral, Hilda Kogan, ante la consulta de Infobae. Sucede que, con el recambio de autoridades en la Corte bonaerense, quien preside también asume el control de la Junta. Desde el 19 de abril, el titular de la Corte y Junta Electoral es Sergio Torres. Que haya sido Kogan quien impulsó el anteproyecto de ley que fue remitido al Ministerio de Gobierno bonaerense tiene su propio componente. El vínculo entre la hoy ministra del máximo tribunal de Justicia bonaerense y Kicillof es conocido, bueno y fluido. Lo mismo con algunos de los ministros provinciales, como por ejemplo Carlos Bianco, con quien tuvo que coordinar el proceso electoral del año pasado cuando la provincia decidió desdoblar la elección.
Con Torres la relación es distinta. De hecho, semanas atrás el presidente de la Corte presionó fuerte para que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo avancen con las coberturas de las cuatro vacantes en la Corte y juntó a las presidencias del Senado bonaerense –Verónica Magario– y de Diputados –Alejandro Dichiara– para entregarles el proyecto de ley de autarquía judicial, en otro gesto de autonomía.
La posibilidad del desdoblamiento electoral explica parte del anteproyecto que se impulsó desde la Junta Electoral, un organismo que también integran otras figuras cercanas a Kicillof como el presidente del Tribunal de Cuentas, Federico Thea, ex secretario general de Gobierno bonaerense. Kicillof no descarta, como sucedió el año pasado, llevar adelante un desdoblamiento electoral y que se elija su sucesión con anticipación a la elección nacional. ¿Qué hay detrás de esa estrategia? Su proyección nacional. Los intendentes que le responden tampoco ven con malos ojos esa alternativa que en términos provinciales fue efectiva el año pasado, aunque —con los resultados puestos— sin el mismo efecto en las elecciones a diputados nacionales. Esa decisión fue y continúa siendo una de las críticas que emanan desde el kirchnerismo hacia el mandatario provincial.
El anteproyecto de la Junta Electoral propone llevar a 80 días, como mínimo, el plazo entre la presentación de alianzas y la elección primaria. Actualmente es de 60 días. También sugiere modificar la brecha entre la presentación de candidatos y los comicios. Mientras que la normativa actual establece un plazo de 50, el texto impulsado por Kogan lo amplía a 60 días.
Como sucedió el año pasado cuando Kicillof decretó el desdoblamiento electoral, la Junta Electoral sostiene los mismos argumentos para ampliar plazos. Remarca que extender los plazos para la presentación de alianzas y listas de candidatos ayuda a fortalecer la estabilidad sistémica y a fomentar coaliciones sólidas. Además, ampliar el tiempo para la presentación y oficialización de listas facilita el principio de participación y previene la exclusión de candidaturas por errores de forma, considerando el gran volumen de trabajo administrativo que implica la oficialización. El organismo también remarca que “una ampliación de los plazos permitiría, por un lado, humanizar el trabajo de los empleados de la Junta atento a su extenso volumen; pero también y centralmente, garantizar que los partidos políticos cuenten con el tiempo suficiente para ejercer su derecho de defensa y puedan competir en la contienda electoral”.
Debate legislativo con la interna como trasfondo
Más allá de que la intención del Ejecutivo va en línea con lo que promovió la Junta Electoral, la definición pasará por la Legislatura bonaerense. Esa instancia, admiten en el gobierno de Kicillof, se presenta como una complejidad. “Lo deberá decidir la Legislatura; ya sabemos cómo es”, reconocen. En el terreno legislativo, Kicillof tiene escasa injerencia.
La interna del peronismo que desanda el cristinismo, el Frente Renovador y el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), suma capítulos semana a semana. Actualmente, se da por la composición en las comisiones, tanto en Diputados como en el Senado, donde hay un escenario apenas un poco más ordenado con la designación de quiénes integrarán cada comisión, aunque no así qué sector la presidirá. Esa discusión sigue.
Cuando el año pasado, la Junta Electoral pidió modificar plazos, se generó una fuerte reacción interna en el oficialismo bonaerense. La postura de La Cámpora y el sector identificado con el cristinismo se caracterizó en un principio por el escepticismo y la desconfianza, lo que profundizó las tensiones con el gobernador Axel Kicillof.
El pedido partió del propio Kicillof, quien argumentó la necesidad de una mayor flexibilidad para ordenar el proceso electoral. En este contexto, los principales referentes legislativos del kirchnerismo, Facundo Tignanelli (presidente del bloque de Diputados) y Teresa García (presidenta de Senadores, hoy diputada nacional), decidieron no asistir a la reunión clave convocada por la Junta Electoral Bonaerense. Su ausencia fue interpretada por el entorno del gobernador como una señal de resistencia interna. Sin embargo, luego el peronismo se mostró uniforme para modificar la ley electoral de manera excepcional y para las elecciones del 2025.
elecciones
POLITICA
Atlas, el programa del Foro Internacional por la Democracia que une a referentes con futuros líderes
El Foro Internacional por la Democracia (FID) lanzó Atlas, un programa semanal que propone un formato poco frecuente en el debate político latinoamericano: sentar en la misma mesa a figuras con décadas de trayectoria pública y a jóvenes que dan sus primeros pasos en la discusión de ideas. Con la conducción de Waldo Wolff, presidente del organismo, cada emisión combina el análisis de la actualidad internacional con una apuesta deliberada por la formación de nuevos referentes comprometidos con los valores democráticos.
El programa opera en un escenario que el propio FID describe como adverso para las instituciones: la desinformación, la polarización y el debilitamiento de los sistemas democráticos marcan la agenda global. Ante ese diagnóstico, Atlas no se limita a convocar voces expertas para comentar la coyuntura. La propuesta es más ambiciosa: los jóvenes participantes no ocupan un rol decorativo ni se limitan a escuchar. Realizan análisis, formulan preguntas y aportan perspectivas propias junto a invitados de reconocida trayectoria, en un intercambio que el Foro concibe como un puente generacional.
Esa arquitectura del programa —donde la experiencia y la formación emergente conviven en pie de igualdad— es lo que distingue a Atlas dentro del ecosistema de contenidos políticos en español. La iniciativa no apunta solo a informar, sino a construir una cantera de líderes capaces de participar con responsabilidad en la conversación pública sobre democracia, libertad y derechos humanos.
Desde su lanzamiento, el ciclo recibió a personalidades de distintos ámbitos. Entre los invitados que ya visitaron el estudio figuran el consultor político Jaime Durán Barba, el activista y tecnólogo Santiago Siri, además de diplomáticos, académicos, periodistas, dirigentes y especialistas nacionales e internacionales. La diversidad de perfiles no es casual: responde a la voluntad del FID de abordar los principales acontecimientos globales desde ángulos múltiples, sin restringir el debate a una sola disciplina o corriente de pensamiento.
Wolff, quien conduce cada emisión, preside una organización que se define por su pluralismo y su vocación de diálogo. El FID nació con el objetivo de generar un espacio donde las ideas y la formación de nuevos liderazgos sean protagonistas, en contraposición a los discursos que fragmentan y polarizan el debate público. Atlas es, en ese sentido, la expresión más visible de esa agenda.
El programa forma parte de una estrategia más amplia que el Foro lleva adelante en América Latina. El FID trabaja en un proceso de expansión regional que contempla el desarrollo de representaciones en distintos países del continente, con el propósito de consolidar una red de intercambio, formación y cooperación entre líderes, especialistas y jóvenes comprometidos con la defensa de las instituciones. La idea es que Atlas funcione como eje de contenidos de esa comunidad en crecimiento, con alcance regional y producción sostenida.
Más allá del programa televisivo, el Foro desarrolla iniciativas de formación, encuentros y materiales de análisis que complementan lo que cada emisión de Atlas pone en pantalla. Esa combinación de formatos responde a una convicción que atraviesa toda la propuesta del FID: las democracias no se sostienen únicamente desde las instituciones formales, sino también a través de ciudadanos con capacidad para pensar, dialogar y asumir roles de liderazgo en sus comunidades.
Con esa lógica, cada capítulo de Atlas funciona como un espacio de práctica real para los jóvenes que participan. El contacto directo con figuras que han transitado la política, la diplomacia, el periodismo o la academia les permite no solo adquirir conocimiento, sino también desarrollar la habilidad de sostener posiciones propias frente a interlocutores con mayor recorrido. Es, en la visión del Foro, una forma concreta de acortar la distancia entre la formación y la acción.
Atlas se puede ver todos los lunes, desde las 19.30, en el canal de YouTube del FID.
POLITICA
Caso $LIBRA: la Justicia congeló 25 billeteras cripto y busca identificar a los beneficiarios finales de la maniobra
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó congelar 25 billeteras con criptoactivos vinculadas a la investigación por el caso $LIBRA y requirió a seis plataformas internacionales que informen las identidades de sus titulares y el historial completo de movimientos, según consta en una copia de la resolución judicial que obtuvo .
La decisión busca impedir que los activos vinculados a $LIBRA continúen desplazándose mientras la Justicia intenta determinar quiénes estuvieron realmente detrás del circuito financiero de la presunta maniobra. La resolución se dictó a pedido del fiscal federal a cargo de la pesquisa, Eduardo Taiano, sobre la base de un informe técnico de la Policía Federal.
La resolución constituye la primera medida patrimonial de envergadura adoptada por la Justicia argentina dentro del expediente $LIBRA. Representa el primer intento por inmovilizar activos presuntamente vinculados con la maniobra investigada e identificar a sus eventuales beneficiarios finales mediante requerimientos simultáneos a las plataformas Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat y Bitfinex de intercambio de criptoactivos.
En una resolución de 24 carillas, el magistrado también ordenó que cada exchange entregue el legajo completo de sus clientes bajo el estándar KYC (Know Your Customer), que incluye documentación de apertura de cuenta, memorandos internos, registros de conexiones IP, interacciones dentro de la plataforma, datos de cuentas bancarias vinculadas y el historial íntegro de transacciones asociadas a las direcciones señaladas.
Con esa documentación, los investigadores buscarán reconstruir quién abrió cada cuenta, desde qué dispositivos e IP operó, qué cuentas bancarias utilizó para ingresar o retirar dinero fiduciario, qué otras billeteras estuvieron asociadas y cuál fue el recorrido completo de los fondos. La tarea quedó a cargo del Departamento Técnico del Cibercrimen de la Policía Federal Argentina (PFA).
El magistrado tomó la decisión de congelar esas billeteras ante “la ausencia de un ente rector en materia de criptomonedas” y para “evitar un perjuicio de imposible reparación ulterior”. En otras palabras, entendió que la naturaleza descentralizada del ecosistema cripto exige adoptar medidas cautelares tempranas para impedir que los activos continúen desplazándose y dificulten aún más su eventual recuperación o rastreo.
Martínez de Giorgi estimó “indispensable” la medida para “prevenir manejos, transferencias o disposiciones de bienes que podrían constituir el producto o provecho del delito que se investiga, asegurar un eventual recupero de activos y evitar que se sigan cometiendo delitos durante el transcurso de la tramitación del sumario”.
Para el magistrado, además, el informe elaborado por el Departamento Técnico del Cibercrimen reúne los dos requisitos exigidos para disponer una medida cautelar de este tipo: la “verosimilitud del derecho” y el “peligro en la demora”, es decir, el riesgo de que el paso del tiempo torne ineficaz la investigación si los fondos continúan moviéndose.
Martínez de Giorgi fundamentó esos dos requisitos en el artículo 23 del Código Penal, que faculta al juez de instrucción a disponer este tipo de medidas desde el inicio de la investigación, y en el artículo 518 del Código Procesal Penal de la Nación, que permite adoptarlas incluso antes del auto de procesamiento cuando existe peligro en la demora. La resolución dedica buena parte de sus fundamentos a justificar precisamente ese punto: que, frente al riesgo de dispersión de los activos, el congelamiento puede ordenarse aun antes de que existan procesamientos para preservar un eventual decomiso y evitar que la investigación pierda eficacia.
Qué reveló el informe
La solicitud de la fiscalía, que tiene delegada la investigación, se apoyó en un informe que reconstruyó el flujo de fondos mediante la técnica de backward tracing -trazabilidad a la inversa- y análisis OSINT.
La reconstrucción elaborada por el Departamento Técnico del Cibercrimen permitió seguir casi paso a paso el recorrido del dinero. Según el informe, los investigadores lograron reconstruir una “secuencia continua e ininterrumpida” de transacciones que conecta las primeras billeteras identificadas como “Team Libra Wallets” con cuentas abiertas en exchanges centralizados, donde ahora buscan identificar a sus titulares.
Según ese trabajo, los fondos investigados partieron de un conjunto de billeteras denominadas “Team Libra Wallets”, desde las cuales se movilizaron millones de tokens hacia el protocolo descentralizado de liquidez Meteora Libra entre el 14 y el 15 de febrero de 2025. Esos saldos confluyeron luego en una wallet intermediaria común. Desde esa billetera se transfirieron fondos, el 25 de noviembre de 2025, hacia otra dirección catalogada por la plataforma de análisis forense Arkham como “Solana First Funder: Libra – Squads Vault – Milei CATA”.
De acuerdo con el informe, esa dirección funcionaba bajo la infraestructura de Squads, un sistema de billeteras multifirma (multisig) sobre la red Solana que exige múltiples autorizaciones para liberar fondos, en lugar de depender de una única clave privada. Y a partir de esa billetera, la investigación identificó dos salidas de fondos distintas y simultáneas.
El 10 de mayo de 2026, según el informe policial, se inició una salida masiva de fondos mediante el protocolo de interoperabilidad descentralizado de Bridge Finance: 499.058,3 USDC fueron enviados desde Solana y, en el término de apenas 16 segundos, el equivalente —498.539,85 USDT— llegó a una billetera de la red Tron. La operación se ejecutó mediante un esquema de solvers, entidades automatizadas con liquidez en ambas redes que permiten concretar transferencias entre blockchains sin necesidad de utilizar una casa de cambio tradicional.
Según el informe, antes de esa transferencia principal, la billetera de destino en Tron recibió un pequeño depósito de 50 TRX proveniente de una billetera caliente de Bybit, un movimiento compatible con el fondeo previo necesario para afrontar las comisiones de red de la operación siguiente.
Una vez radicados los fondos en la red Tron, el flujo ingresó a una cuenta de concentración. Desde allí, según el informe de Cibercrimen, se desplegó una estrategia de pitufeo digital o smurfing, es decir, la fragmentación sistemática de grandes sumas en múltiples transferencias de menor monto para dificultar su rastreo e identificación. La investigación también identificó 17 “puentes” de criptoactivos USDC o USDT desde la red Solana hacia la red Tron, todos depositados inicialmente en una misma billetera antes de comenzar su redistribución.
En paralelo, la misma billetera “Solana First Funder” derivó otro tramo de fondos hacia la red Ethereum: siete “puentes” de USDC a USDT, depositados entre el 4 y el 17 de junio de este año en una wallet que después redistribuyó el dinero en al menos ocho operaciones de entre 600.000 y 800.000 dólares hacia otra dirección de Ethereum, según el mismo informe. Ese segundo circuito sugiere que la dispersión de activos no se limitó al ecosistema Solana-Tron, sino que también alcanzó la red Ethereum, ampliando el alcance técnico de la maniobra reconstruida por los investigadores.
Para los investigadores, esa secuencia muestra un patrón compatible con maniobras destinadas a dispersar rápidamente los activos entre distintas plataformas y jurisdicciones, complicando tanto su rastreo como un eventual recupero. En otras palabras, la hipótesis de la fiscalía es que logró seguir el recorrido del dinero desde las primeras billeteras asociadas al lanzamiento de $LIBRA hasta cuentas alojadas en plataformas que aplican procedimientos de identificación de clientes, un punto donde el anonimato propio del ecosistema cripto podría comenzar a ceder ante la evidencia documental.
A partir de ahora, una de las claves del expediente será la respuesta que remitan los exchanges internacionales. La información KYC solicitada por el juez podría establecer si las billeteras congeladas estuvieron controladas por alguno de los imputados, por terceros vinculados con ellos o por personas que hasta ahora no habían aparecido en el expediente. También permitirá determinar si distintas billeteras respondían a un mismo operador o a una estructura coordinada, un aspecto central para reconstruir la arquitectura financiera de la presunta maniobra. También podría abrir nuevas líneas de investigación y ampliar el universo de sospechosos.
Hugo Alconada Mon,Corrupción en la Argentina,Justicia Federal,Conforme a
POLITICA
Diputados opositores piden citar al embajador del Reino Unido tras el paso de un buque de guerra británico por aguas argentinas
El bloque de Unión por la Patria (UxP) en la Cámara de Diputados pidió una reunión con el embajador del Reino Unido en Buenos Aires, David Cairns, y presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo por el tránsito del patrullero oceánico HMS Medway de la Royal Navy por aguas bajo jurisdicción argentina.
El episodio ocurrió entre el 4 y el 5 de julio, cuando el buque británico zarpó desde Puerto Argentino, en las Islas Malvinas, y llegó al puerto de Punta Arenas, en Chile.
Los diputados Guillermo Michel, Guillermo Snopek, Juan Pablo Luque, Pablo Yedlin, Ernesto “Pipi” Alí, Kelly Olmos, Moira Lanesan Sancho, Emir Félix y Victoria Tolosa Paz expresaron su preocupación por la navegación del HMS Medway durante su trayecto hacia Chile.
Además, Michel y el resto de los legisladores presentaron un pedido de informes en la Cámara baja dirigido al canciller Pablo Quirno y al ministro de Defensa, Carlos Presti, para que el Gobierno explique qué información tenía sobre el desplazamiento del patrullero británico. También solicitaron que se informe si el Reino Unido notificó previamente la navegación, tal como establecen los acuerdos suscriptos entre ambos países en 1990, tras la reanudación de las relaciones diplomáticas interrumpidas por la guerra de 1982, y si el Ejecutivo prevé presentar un reclamo diplomático.
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Entre los puntos incluidos en el pedido de informes figuran si el tránsito del buque se ajustó a los convenios vigentes entre la Argentina y el Reino Unido; qué actuaciones realizaron la Armada Argentina, el Ministerio de Defensa y la Cancillería una vez detectado el desplazamiento; y qué medidas están previstas para fortalecer el control y monitoreo de los espacios marítimos bajo jurisdicción nacional y resguardar los intereses argentinos en el Atlántico Sur.
Como fundamento de la iniciativa, los legisladores señalaron que distintas versiones periodísticas indicaron que “la Armada Argentina habría detectado el desplazamiento del buque sin que existiera una notificación previa, circunstancia que motivó la intervención de la Cancillería y el análisis de un eventual reclamo diplomático”.
Al mismo tiempo, advirtieron que “el Reino Unido sostiene que la navegación fue comunicada oportunamente mediante los canales correspondientes”, lo que, según afirmaron, genera “versiones contradictorias sobre un hecho de significativa relevancia institucional por el ejercicio soberano de nuestra patria”.
Michel y el resto de los diputados sostuvieron que el Congreso debe ejercer su función de control sobre el Poder Ejecutivo y conocer con precisión cuáles fueron las actuaciones de las autoridades nacionales frente a un episodio que, señalaron, involucra la defensa de la soberanía argentina y la protección de los intereses estratégicos del país en el Atlántico Sur.
El pedido de informes deberá ser tratado por la Comisión de Defensa y, si obtiene dictamen, será sometido a votación en el recinto de la Cámara de Diputados.
Citación al ministro de Defensa
En paralelo, el presidente del bloque de UxP, Germán Martínez, junto con el diputado Agustín Rossi, presentó un pedido para que el ministro de Defensa, Carlos Presti, brinde explicaciones e informes verbales sobre la desafectación de inmuebles bajo la órbita de esa cartera, incluidas las Fuerzas Armadas y los organismos descentralizados.
En la iniciativa, los diputados señalaron que los bienes inmuebles de Defensa poseen características particulares por su ubicación, dimensiones, infraestructura instalada y valor estratégico, lo que los diferencia de otros activos del Estado.
Como ejemplos mencionaron la desafectación, durante el primer semestre de 2026, de inmuebles pertenecientes al Ejército Argentino en las ciudades de Neuquén, La Plata y Corrientes, además de un inmueble de la Armada Argentina en Ushuaia, Tierra del Fuego.
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Los firmantes recordaron que en marzo pasado presentaron otro proyecto para preservar los bienes inmuebles del Estado nacional que se encuentran bajo la jurisdicción del Ministerio de Defensa, incluidas las Fuerzas Armadas y los organismos descentralizados.
Martínez y Rossi sostuvieron que existe una contradicción en la política de defensa del Gobierno de Javier Milei. “Mientras se afirma públicamente que se busca fortalecer a las Fuerzas Armadas, incluso anunciando que un porcentaje de los ingresos por privatizaciones será destinado a la compra de equipamiento militar, simultáneamente se avanza en la venta de los inmuebles que hacen posible su funcionamiento”, señalaron. Y agregaron que esa situación “resulta manifiestamente contradictoria con las políticas implementadas por el Gobierno nacional, que promueven la venta de bienes inmuebles bajo jurisdicción del Ministerio de Defensa, sus organismos descentralizados y las Fuerzas Armadas”.
Los legisladores también vincularon la iniciativa con el contexto internacional. Sostuvieron que, en un escenario atravesado por conflictos armados y crecientes tensiones geopolíticas, como las que se registran en Medio Oriente, “los Estados se orientan a fortalecer sus capacidades militares, preservar sus activos estratégicos y ampliar su infraestructura de defensa”. En ese sentido, afirmaron que “nuestro país, en cambio, avanza en sentido contrario, debilitando infraestructura estratégica de defensa y comprometiendo el patrimonio nacional”.
El proyecto también deberá ser analizado por la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, presidida por el libertario Carlos Zapata.
Diputados, Reino Unido, Islas Malvinas, Unión por la Patria
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