POLITICA
Kicillof reunió a su tropa tras el desembarco de Santilli como jefe de Gabinete y trazó el plan para 2027
LA PLATA.− El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reunió a su tropa tras la asunción de Diego Santilli como jefe de Gabinete de Javier Milei y comenzó a definir la estrategia que tendrá a los dos modelos antagónicos en la carrera hacia 2027.
Según pudo saber , entre los partidarios del gobernador una consigna quedó clara: “Hay que hacer el esfuerzo de construir algo distinto”. Distinto a la oferta de La Libertad Avanza, pero también a la de Cristina y Máximo Kirchner.
En el espacio opositor al peronismo, Santilli ya aparece lanzado como candidato a gobernador de Buenos Aires y como instrumento de la reelección del presidente Javier Milei. En ese rol, la semana pasada repitió que Kicillof es el “peor gobernador de la historia”.
El mandatario provincial, que aspira a suceder a Milei, llamó a su tropa a silencio. “No vamos a caer en ninguna provocación: nuestra única agenda es la de dar respuestas a las necesidades de nuestro pueblo”, instruyó. Kicillof entiende que La Cámpora busca hacerlo entrar en el conflicto interno.
“Hoy enfrentamos a un gobierno nacional que aplica un modelo de exclusión y que forma parte de un entramado internacional impulsado por la derecha más poderosa a nivel global”, sostuvo Kicillof ante intendentes, legisladores y funcionarios del Movimiento Derecho al Futuro.
Varios de los presentes el último viernes en La Plata, como el ministro Gabriel Katopodis y el exintendente de Avellaneda Jorge Ferraresi, están listos para competir con Santilli, cuerpo a cuerpo, por la Gobernación.
A Ferraresi incluso lo reemplazó su esposa, Magdalena Sierra, al frente del municipio de Avellaneda, para dejarlo liberado de cara a la campaña por la gobernación para el año próximo. El alcalde de la tercera sección electora es el primero en explicitar que trabajar para suceder a Kicillof.
Diferentes a Cristina
Kicillof fue claro en la consigna con que se trabajará hacia 2027. Esto es, diferenciarse del espacio con el que llegó al poder en 2019: “Tenemos que hacer el esfuerzo de construir algo nuevo”, dijo. Es decir: diferenciarse de Cristina y Máximo Kirchner, que construyen una candidatura por ahora en silencio.
Kicillof arma desde el MdF, sin consensuar con la expresidenta y su hijo. Incluso ya le planteó a su tropa que se prepare para una interna. “Nuestro accionar está guiado por el debate para tomar decisiones y actuar: estamos representando un espacio con vocación de llegar a todos los territorios, que despierta un enorme interés en todas las provincias y busca sumar a quienes quieren proponer un modelo distinto para la Argentina”, afirmó.
Cerca del gobernador afirmaron a que llegó el momento de tomar decisiones asertivas: acelerar el armado en el país, el tono de la propuesta, el armado territorial y de la ingeniería electoral.
“Tiene que ser más claro que es Axel es candidato nacional. Y construir con quienes quieren bancarlo”, se enfatizó en la Gobernación.
Santilli tiene instrumentos e instrucciones para frenar la construcción del gobernador. El primer instrumento es financiero. Las trasferencias de Nación a la provincia correspondientes a la coparticipación federal y las leyes especiales ya cayeron un 2,2% en el primer trimestre de este año, respecto del año pasado, según un informe reciente del exsenador de UCR+ Cambio Federal Marcelo Daletto.
Es apenas un detalle. Kicillof reclama una cifra exorbitante: 24,6 billones de pesos que la provincia dejó de percibir desde que Milei llegó al poder, en concepto de deudas directas del gobierno nacional con la provincia ($4,1 billones), saldos de obras públicas comprometidas ($9,2 billones), deudas por discontinuidad de programas nacionales ($13,4 billones), caída de recursos de origen nacional ($5,3 billones) y caída de los recursos de origen provincial dada la recesión ($2,6 billones).
Santilli tiene además encomendada la tarea de gestionar en el Congreso la eliminación de las PASO. Kicillof apuesta a que una PASO lo posicione ante sus rivales internos como el único candidato competitivo como presidente de la Nación. La eliminación de este instrumento expone al gobernador a una mayor presión ante La Cámpora y Cristina Kirchner, que reclama una visita a San José 1111 para acordar los términos de una candidatura. En tanto, avisó Máximo Kirchner, el espacio no tiene un candidato “por default”.
Santilli asumió en la Jefatura de Gabinete con el objetivo de ser candidato a gobernador, pero en esta variable tiene otro adversario interno: el diputado Sebastián Pareja, armador de Karina Milei en la provincia.
En la provincia la apuesta es a todo o nada: no hay balotaje. Se gana o se pierde por un voto. Para arrebatarle el poder al peronismo, Santilli necesita no sólo coordinar esta fricción con Pareja. También debe unificar espacios con los antiguos aliados de Pro, como la UCR, que en la última elección se negaron a acompañar. Un ejemplo es Daletto: pasó de ser senador por la UCR a un espacio ahora proclive a apoyar a Kicillof. Y desde allí logró un asiento en el directorio del Banco Provincia.
Santilli deberá hacer campaña en el conurbano como el jefe de Gabinete de un gobierno que no habilita fondos para la provincia. Será una bandera del espacio de Kicillof. “Vamos a aclarar a todos que es él quien no envía en dinero para obras postergadas”, se jactan en la Gobernación.
La elección de la provincia de Buenos Aires plantea, además, otro reto. Todo indica que en caso de que se suspenda la PASO nacional, Kicillof buscará anticipar los comicios provinciales, tal como sucedió en septiembre de 2025. Entonces, el peronismo ganó. Estos comicios desdoblados serán fundamentales para que el ahora gobernador peronista, que no tiene reelección, pueda consolidar y proyectar un triunfo desde Buenos Aires a Nación.
Pero sólo se podrá desdoblar en caso que no haya PASO en el orden nacional, porque por ley las PASO provinciales están atadas a las primarias nacionales. Y en La Plata entienden que no dan los tiempos jurídicos para armar una PASO nacional en agosto, una elección provincial en septiembre y una presidencial en octubre.
La alternativa, que observa como más favorable el MdF, es que la Legislatura desenganche las primarias bonaerenses de las nacionales. Pero este escenario es altamente improbable: la Cámara de Diputados está regida por aliados de Máximo Kirchner y en el Senado la vicegobernadora Verónica Magario está condicionada por la presidencia del bloque peronista a cargo de Sergio Berni.
Berni sostiene que su esposa, Agustina Propato, es candidata a gobernadora: en caso de sostener esa postulación, la exdiputada deberá enfrentarse con referentes que juegan por fuera del MdF, como los intendentes Federico Achával (Pilar), Leandro Nardini (Malvinas Argentinas), Mayra Mendoza (Quilmes) y Mariel Fernández (Moreno) o el diputado Máximo Kirchner. Demasiados candidatos para acordar un cambio de reglas en la Legislatura.
María José Lucesole,Axel Kicillof,Conforme a,Axel Kicillof,,Cara o ceca. El plan de Milei para la reelección,,Frío frío,,Charlas reservadas. Massa esquiva la interna entre Cristina y Kicillof, pero busca mediar para evitar una ruptura en 2027
La Unión Cívica Radical (UCR) pedirá información pública sobre los supuestos terroristas que mencionó Javier Milei al referirse a controles migratorios. La diputada nacional Karina Banfi afirmó en Infobae Al Mediodía que buscará determinar si las cifras aluden a expulsiones, rechazos de ingreso o antecedentes penales.
Banfi consideró que el Congreso debe pedir explicaciones por las declaraciones de Javier Milei sobre personas vinculadas al terrorismo. La diputada cuestionó la falta de precisión sobre las cifras y los procedimientos mencionados.
Afirmó que el vocero presidencial aclaró que esas personas no fueron expulsadas del país. Según explicó, la aclaración apuntó a rechazos de visas o autorizaciones de ingreso.
Al mismo tiempo remarcó que una expulsión requiere un procedimiento diferente. Señaló que una persona debe haber cometido un delito en el país para que las autoridades impulsen esa medida.
“Cuando vos hablás de terroristas tienen que haber cometido un delito en el país para poder ser expulsados”, sostuvo. Y dijo que existe “todo un procedimiento para que eso suceda”.
La diputada se refirió a cifras que incluyeron 20 mil y 30 mil casos en distintos momentos de la conversación. Por ese motivo, pidió que los registros oficiales determinen cuántas personas recibieron rechazos de ingreso.
“Dijo que eran treinta mil”, afirmó. Luego añadió que la explicación incluyó “diez mil del año pasado” y “veinte mil en este año”.
“Voy a hacer un pedido de acceso”, afirmó Banfi. La diputada dijo que utilizará la Ley de Acceso a la Información Pública para conocer qué quiso decir el Presidente. “Quiero conocer exactamente qué es lo que quiso decir el presidente”, aseguró.
Según contó en Infobae Al Mediodía, buscará establecer si Migraciones rechazó el ingreso de personas con antecedentes penales. También pretende conocer si existió información oficial sobre amenazas contra la Argentina.
La legisladora señaló que la Ley de Migraciones permite impedir el ingreso de personas con antecedentes criminales. Aclaró que esa facultad no equivale a expulsar del país a personas acusadas de terrorismo. “Para tener los datos y para constatar”, dijo.
Banfi cuestionó la forma en que Milei presentó el asunto. “El presidente dice cualquier cosa permanentemente”, sostuvo la diputada. Según precisó, los funcionarios luego realizan “malabares” para explicar esas declaraciones.
Asimismo, pidió separar los datos de las interpretaciones políticas. “Lo más importante es la evidencia”, sostuvo. Banfi afirmó que la ley permite negar el ingreso a personas con antecedentes penales.
La ley de discapacidad y el dictamen de mayoría
Entre otras cosas, la diputada puso foco en el debate sobre la discapacidad, el endeudamiento familiar y la seguridad migratoria en una agenda que incluye una votación prevista para el 14 de octubre. La discusión reúne proyectos con impacto en prestaciones, créditos y controles de ingreso al país.
La funcionaria sostuvo que la iniciativa tuvo respaldo de bloques dialoguistas y de La Libertad Avanza. “Todos aquellos que creemos que una prórroga de la emergencia no tiene principalmente los resortes necesarios”, dijo. El peronismo no acompañó el dictamen, según señaló Banfi durante la entrevista.
La legisladora planteó que el proyecto busca reemplazar una nueva prórroga de la emergencia por una norma permanente. A su criterio, una emergencia fija un plazo y deja decisiones futuras en manos de otra gestión.
Banfi afirmó que la ley incorpora medidas que ya figuraban en la emergencia. Su propuesta apunta a que esas herramientas continúen vigentes después de diciembre de 2027. “Nosotros lo que buscamos es que queden de manera permanente”, explicó Banfi.
La diputada puso el foco en los prestadores que asisten a personas con discapacidad. “Un cronograma de pago” constituye el punto central del acuerdo, según sostuvo.
Indicó que los prestadores necesitan cobrar por los servicios que brindan a personas con discapacidad. Y afirmó que el texto actualiza sistemas que, según su descripción, quedaron afectados por la inflación del gobierno de Alberto Fernández.
La diputada señaló que el proyecto puede lograr una aprobación amplia en el Congreso. Dijo que una votación por unanimidad resultaría posible si el peronismo acompaña el trabajo con organizaciones del sector. “Viendo incluso el trabajo que se está haciendo con el colectivo de discapacidad”, planteó, “la posibilidad de que salga por unanimidad” sería “muy sano”.
Por otra parte, la legisladora aseguró que el Gobierno cambió su posición sobre discapacidad después de conflictos legislativos y presupuestarios. La diputada atribuyó ese giro a una actitud pragmática de la administración nacional.
Aclaró que esa interpretación corresponde a su mirada personal. Y vinculó el cambio con la llegada del Papa y la atención pública sobre el colectivo de discapacidad.
Banfi afirmó que el Gobierno entendió que una disputa prolongada con el sector no le dio resultados. Según su planteo, la administración nacional no cuenta con los votos necesarios para sostener esa confrontación.
“Es un sector extremadamente vulnerable”, dijo. También sostuvo que “generar una pelea, como viene haciéndolo durante dos años, no le sirvió para nada”.
La diputada sostuvo que la agenda de discapacidad reúne reclamos de organizaciones, instituciones religiosas y la Iglesia. Afirmó que ese escenario empujó al oficialismo a aceptar propuestas que antes no respaldaba.
Al mismo tiempo describió problemas internos en el Gobierno durante el diseño de proyectos legislativos. Algunas carteras, según precisó, elaboran iniciativas que luego llegan al Congreso con cambios no previstos.
La diputada citó como ejemplos la ley de lobby, la cuestión de soberanía y el capítulo de discapacidad dentro del presupuesto. De acuerdo con la legisladora, esas diferencias generan problemas posteriores en la comunicación política.
Banfi evitó centrar su crítica en la figura del Presidente. “Me importa más cuáles son los datos y cuáles son los registros”, afirmó al explicar su posición sobre las políticas públicas.
La legisladora sostuvo que los gobiernos deben ordenar las cuentas sin excluir a sectores vulnerables. “Cuando vos dejás estos sectores afuera, yo creo que el costo después que pagamos todos los argentinos es más caro”, dijo.
El endeudamiento familiar y los límites de una regulación
Entre otras cosas, la legisladora abordó el debate parlamentario sobre endeudamiento familiar y morosidad. La diputada cuestionó que la comisión tenga una fecha obligatoria para emitir dictamen.
Según explicó, el emplazamiento limita la posibilidad de discutir los proyectos con mayor profundidad. Banfi afirmó que el número de votos puede imponerse sobre el contenido de las propuestas.
Advirtió sobre los riesgos de intervenir en relaciones contractuales entre privados. Dijo que una regulación de tasas o topes puede afectar la oferta de crédito. “El problema no se resuelve siempre con una ley”, afirmó Banfi.
La diputada planteó que la Argentina necesita ampliar el acceso al crédito y mejorar la trayectoria financiera de quienes solicitan préstamos.
Sostuvo que muchas personas tienen una historia crediticia limitada. Según señaló, esa situación restringe sus posibilidades de acceder a nuevos préstamos y mejores condiciones financieras.
La diputada informó que los bloques dialoguistas trabajan en un proyecto propio. El texto buscaría incorporar mecanismos que ya funcionan en otros países para ampliar la oferta crediticia.
También recordó el debate sobre la anterior ley de alquileres. La legisladora afirmó que la norma alteró la oferta de viviendas y perjudicó a quienes necesitaban alquilar.
La diputada reconoció que votó aquella ley y luego impulsó su derogación. “Fue un error”, dijo al referirse a esa decisión parlamentaria.
Para cerrar, aseguró que el decreto 70 derogó la norma y modificó el mercado de alquileres. Afirmó que la baja de la inflación redujo algunas presiones, aunque los valores todavía no descendieron.
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POLITICA
Un intendente peronista del conurbano eximirá de tasas y les perdonará deudas a los mayores de 75 años
El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray (Partido Justicialista), anunció que su municipio no les cobrará tasas y les condonará deudas a las personas mayores de 75 años, siempre y cuando perciban ingresos de hasta dos haberes jubilatorios mínimos y tengan una única vivienda. El jefe comunal afirmó que tomó la medida porque la situación económica “golpea de lleno a los adultos mayores”.
Gray impulsó una ordenanza que se aprobó por unanimidad en el Concejo Deliberante, en la que se establece que los mayores de 75 años, que perciban ingresos por hasta dos jubilaciones mínimas (el haber mínimo de octubre es de $435.748,51) y tengan una única vivienda quedarán exentos del pago de nueve tasas y de las deudas por otras tres imposiciones municipales.
Según informó la Municipalidad de Esteban Echeverría en un comunicado, los beneficiarios de la ordenanza quedarán exentos del pago de la Tasa por Servicios Generales; la Contribución Especial para Obras Públicas; la Contribución Especial por Servicios Complementarios de Salud y Seguridad; Derechos de Oficina; Patentes de Rodados; Carnet de Conducir; Derechos de Cementerio; Tasa por Servicios Asistenciales, y Derechos por Servicios de Tránsito y Transporte.
Además, “se condonarán las deudas que, en concepto de Tributo Municipal por la Propiedad, Patentes de Rodados y Derechos de Cementerio, más sus intereses, recargos, multas y gastos devengados, mantengan quienes integran el grupo beneficiario con el municipio de Esteban Echeverría y no hayan sido abonadas hasta la fecha de entrada en vigencia de la exención total impositiva anunciada”, se indicó en el comunicado municipal.
Para acceder al beneficio, que regirá desde el 1º de enero del año que viene, los mayores de 75 años del distrito deberán presentar una declaración jurada acompañada por la documentación pertinente.
“Frente a la difícil situación que atraviesa nuestro país, que golpea de lleno a los adultos mayores, desde el municipio decidimos dar una respuesta concreta para aliviar la carga impositiva de quienes más ayuda necesitan”, afirmó Gray al presentar su iniciativa en el Concejo Deliberante de Esteban Echeverría.
La intendencia subrayó en su comunicado que la canasta básica de un adulto, en agosto, llegó a $519.578 y que, además, “se suma el ajuste sobre organismos y prestaciones destinados a las personas mayores”. Entre esos puntos, se destacó “el desfinanciamiento de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y la eliminación de prestaciones del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI)”.
la medida,»Las instituciones importan». Poder Ciudadano alertó sobre la falta de políticas anticorrupción,Tasas transparentes,Esteban Echeverría,Impuestos,Conforme a
POLITICA
Procesaron a un exsocio de Martín Menem y a dos exinterventores de la obra social OSPRERA en una causa por presunta corrupción
El juez federal Sebastián Casanello procesó a Sergio Aguirre, exsocio del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y a dos exinterventores que el Gobierno designó en la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA). La causa investiga presuntos contratos irregulares.
El magistrado los procesó por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta. También les trabó un embargo de $1000 millones.
OSPRERA es la obra social de los trabajadores rurales y el Gobierno la tiene intervenida desde 2024, en medio de un conflicto con el gremio UATRE.
La investigación se centra en la contratación de HTECH, una empresa de Aguirre que se creó en abril de 2024. Según la causa, la firma no tenía antecedentes, empleados ni facturación previa antes de trabajar para la obra social. HTECH le cobró a OSPRERA por servicios de consultoría informática, procesamiento de datos y desarrollo de software. Entre noviembre de 2024 y julio de 2025 recibió unos $266 millones.
Aguirre y Martín Menem fundaron juntos en 2018 la firma TR Nutrition SRL, que se dedica a importar y vender suplementos dietarios.
El contrato con HTECH lo firmó Virginia Montero, la primera interventora de OSPRERA. Su sucesor, Marcelo Petroni, lo renovó y lo amplió. Ambos estaban entre los citados a indagatoria en la causa. Además, la madre de Aguirre, María Casandra Mirabelli, era socia de HTECH y al mismo tiempo trabajaba como secretaria privada de Petroni.
El mensaje del Canciller al gobierno de Kast por la reunión entre empresarios de Malvinas y Chile: “Esperamos que cumplan”
En julio, Casanello había citado a indagatoria a los imputados y había embargado bienes por 920 millones de pesos, entre ellos vehículos de alta gama. En su declaración, Montero justificó la contratación de la empresa. Aguirre, por su parte, negó haber participado en el proceso que terminó con el contrato de su firma y cuestionó que se filtraran datos de la causa.
A comienzos de septiembre, la Sala II de la Cámara Federal porteña anuló parte de la investigación. Los camaristas invalidaron el allanamiento al domicilio de Montero, el secuestro de su teléfono y las pruebas que se obtuvieron de ese aparato. También dejaron sin efecto los embargos sobre el patrimonio de los imputados. Sin embargo, la causa general siguió en marcha a cargo de Casanello, con la intervención del fiscal Guillermo Marijuán.
Martín Menem, Casanello, Justicia
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