POLITICA
La Argentina sumó un nuevo contacto diplomático con China, pero la anunciada visita de Milei a Beijing aún no tiene fecha
El canciller Pablo Quirno se reunió este martes en Nueva York con su par chino, Wang Yi, al margen del Debate Abierto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU), en el segundo encuentro bilateral de alto nivel entre ambos países en menos de cuatro meses. Es un nuevo contacto diplomático, pero la prometida visita de Javier Milei a Beijing, anunciada por primera vez a fines de 2024 y reiterada en enero de este año, todavía no tiene fecha oficial.
Quirno describió el encuentro como una continuación “de la conversación que mantuvimos en febrero pasado en Múnich”, donde ambos cancilleres se habían visto al margen de la 62ª Conferencia de Seguridad. En aquella ocasión, según consignó Cancillería de manera oficial, los temas centrales fueron la ampliación de exportaciones argentinas, nuevas inversiones y los avances en proyectos de infraestructura como las represas del sur.
Ayer, en Nueva York, y según informó el propio canciller en su cuenta de X, el diálogo fue sobre “los desafíos que enfrenta el sistema multilateral” y “el estado de la agenda bilateral”, además de intercambiar posiciones sobre la próxima elección del secretario general de la ONU. Durante su intervención en el plenario, Quirno pidió una reforma profunda de la ONU y respaldó la candidatura de Rafael Grossi, actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica.
La sesión del Consejo de Seguridad fue convocada por China, que ocupa la presidencia rotatoria del organismo durante mayo, bajo el lema “Defensa de los propósitos y principios de la Carta de la ONU y fortalecimiento del sistema internacional centrado en la Organización”. Wang Yi presidió el debate, al que asistieron más de cien delegaciones.
La visita que no llega
El trasfondo del encuentro es la visita presidencial que Milei prometió y que aún no se materializó. En septiembre de 2024, el mandatario argentino describió a China como “un socio comercial muy interesante, porque no hace exigencias, solo pide que no los molesten”, y anticipó un viaje a Beijing para enero de 2025. Ese viaje nunca ocurrió. A comienzos de 2026, volvió a confirmar sus planes: “Tenemos una muy buena relación comercial con China. Tenemos que intentar comerciar con todos los países del mundo”, dijo al ser consultado sobre si el viaje seguía en agenda.
En Davos, en enero de este año, Milei fue más explícito ante la audiencia del Foro Económico Mundial: “Mi plan es abrirme a la Unión Europea, abrirme a los Estados Unidos y abrirme a China. Quiero una economía abierta”, afirmó en una entrevista con Bloomberg. Minutos antes había compartido escenario con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como uno de los miembros fundadores del llamado “Board of Peace”.
Esa imagen resume la tensión que rodea la visita: Milei es el aliado latinoamericano más cercano a Trump, y Washington ya ejerció presión explícita para que Buenos Aires recorte sus vínculos con Beijing. El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, llegó a afirmar que Milei estaba “comprometido a sacar a China” de Argentina. Una semana después, y ante la consulta de Infobae, el funcionario norteamericano aclaró que no le pidió a la Argentina terminar el swap con China, pero apuntó a bases militares y centros de observación.
El informe del Congreso y la presión de seguridad
La tensión entre el vínculo comercial y las exigencias geopolíticas quedaron expuesta a fines de febrero, cuando el Comité Selecto sobre la Actividad de China en el Hemisferio Occidental del Congreso de Estados Unidos (EEUU) publicó un informe titulado “Atrayendo a América Latina hacia la órbita de China”. El documento identificó al menos once instalaciones espaciales vinculadas a China en América del Sur, con casos específicos en Argentina: en las provincias de Neuquén, San Juan y Santa Cruz.
“Beijing usa la infraestructura espacial en América Latina para recopilar inteligencia adversaria y fortalecer las capacidades bélicas futuras del Ejército Popular de Liberación”, señaló el informe del Comité, que se apoyó en imágenes satelitales, fuentes abiertas y documentos de planificación chinos. El documento advirtió sobre una estrategia de “fusión civil-militar” de Beijing, algo que retomó el subsecretario de Estado para Seguridad Internacional y Control de Armamento de EEUU, Thomas G. DiNanno, cuando visitó Buenos Aires el mes pasado.
“No buscamos una relación confrontativa, pero no aceptaremos una posición de debilidad. Así que competiremos económica y militarmente. Sí, algunas de esas áreas de infraestructura nos preocupan”, declaró en una conferencia de prensa a la que asistió Infobae. DiNanno reconoció la complejidad del cuadro: “Yo entiendo que tanto Estados Unidos como Argentina tienen una relación comercial muy compleja con los chinos. Tenemos que equilibrar nuestros intereses comerciales con nuestros intereses de seguridad nacional. Es un verdadero reto para nosotros”.
El mar argentino como campo de disputa
La competencia entre potencias por el espacio estratégico argentino no se limita al plano espacial. El 19 de mayo, la Armada Argentina y el Comando Sur de Estados Unidos firmaron una Carta de Intención para lanzar el Programa Protección de los Bienes Comunes Globales, una alianza de cinco años que habilita la participación de fuerzas navales estadounidenses en tareas de vigilancia y patrullaje en el Atlántico Sur y la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina.
Apenas un día después de la firma del acuerdo naval, el Departamento de Estado de EEUU anunció la revocación de la visa del exfuncionario argentino Pablo Ferrara Raisberg, excoordinador general de Cancillería durante la gestión de Diana Mondino y exrepresentante ante el Consejo Federal Pesquero (CFP). El subsecretario de Estado Christopher Landau informó que la medida alcanzó a 24 individuos de distintos países, acusados de facilitar o beneficiarse de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. “Aquellos que ilegalmente agotan los recursos pesqueros disponibles para Estados Unidos y el mundo no son bienvenidos en nuestro país”, sostuvo Landau en un posteo en X.
Al mismo tiempo, se hizo público otro informe del Congreso de EEUU que alertó sobre cómo China usa su flota pesquera como herramienta de presión diplomática en la región, con casos puntuales en el mar argentino.
El peso de la economía
Detrás de la diplomacia hay números que explican la cautela argentina. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en diciembre de 2025 las exportaciones argentinas a China alcanzaron los 761 millones de dólares, con una variación interanual de +125,3%, mientras que las importaciones desde el gigante asiático sumaron 1.522 millones de dólares (+26%). China se convirtió ese mes en el mayor socio comercial de Argentina, superando a Brasil. El dato más reciente disponible —marzo de 2026— muestra que la tendencia se sostiene: las exportaciones a China crecieron un 139,3% interanual, aunque las importaciones cayeron un 5,3%.
Esa gravitación económica tuvo expresión concreta en Shanghái entre el 18 y el 20 de mayo, cuando Argentina participó en la feria SIAL China 2026, una de las exposiciones de alimentos más grandes de Asia. La presencia fue coordinada por PromArgentina, la agencia nacional de promoción de exportaciones e inversiones. Antes del inicio de la feria, autoridades del gobierno argentino y del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) mantuvieron un encuentro en el Ministerio de Comercio de la República Popular de China (MOFCOM), donde se informó que la cuota de importación de Argentina hasta el 12 de mayo se había cumplido en un 32% y se confirmó que no habrá cambios en la asignación de cuotas.
Benjamin Gedan, director del programa para América Latina del Wilson Center, sintetizó el dilema en declaraciones a AP en febrero de este año. “Argentina depende de la demanda insaciable de China por la energía, los alimentos y los minerales de América del Sur, y Estados Unidos nunca reemplazará ese mercado”.
El swap, en la cuenta regresiva
Uno de los instrumentos que mejor ilustra esa dependencia es el swap de monedas entre el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el Banco Popular de China (PBOC). El acuerdo marco, renovado en agosto de 2023, vence el 6 de agosto de 2026, y los próximos vencimientos de los tramos activados operarán en julio de este año. A lo largo de 2025, el BCRA redujo el tramo activado en un 78%: de 21.000 millones de yuanes —unos 3.097 millones de dólares— al cierre de 2024, a 7.000 millones de yuanes —aproximadamente 1.032 millones de dólares— al 31 de diciembre de 2025. Al 14 de enero de 2026, el saldo había caído a 4.600 millones de yuanes, equivalentes a unos 679 millones de dólares, según consta en los estados contables del propio BCRA.
Pese a la devolución acelerada, el presidente del BCRA, Santiago Bausili, confirmó el 19 de mayo que el organismo negocia una prórroga del instrumento. “Estamos hablando con ellos para extenderlo. No hay planes para eliminarlo”, declaró en conferencia de prensa.
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POLITICA
El presidente de la Corte bonaerense cerró la Convención de Lenguaje Claro: “Comprender es un derecho”
La III Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible concluyó este viernes en La Plata con la firma de la Declaración de La Plata, un acuerdo que creó la Red Iberoamericana de Lenguaje Claro y Accesible. La iniciativa reunió a instituciones de habla española y portuguesa que buscan impulsar una comunicación pública comprensible y garantizar el derecho de la ciudadanía a comprender la información que recibe de organismos estatales y privados.
El cierre fue encabezado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires (SCBA), Sergio Torres; el vicepresidente del tribunal, Daniel Soria; y el director de la Real Academia Española (RAE) y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, Santiago Muñoz Machado.
La convención fue organizada por la SCBA y la RAE. Participaron más de 1.200 asistentes y se registraron 275 disertaciones. Durante su discurso de clausura, Torres precisó que las actividades incluyeron 45 mesas de exposición, distribuidas en seis sesiones simultáneas, con más de 260 ponentes y 1.500 participantes en modalidades presencial y virtual.
El encuentro reunió a integrantes de poderes judiciales, administraciones públicas, organismos legislativos, universidades, academias de la lengua, colegios profesionales, bibliotecas públicas y organizaciones no gubernamentales. Hubo representantes de Argentina, España, México, Cuba, Puerto Rico, Guatemala, El Salvador, Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Brasil.
La Declaración de La Plata otorga una dimensión iberoamericana al trabajo que hasta ahora articulaba la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible. El documento fue firmado por la Suprema Corte bonaerense, como presidenta del Consejo Asesor de la red y anfitriona de la convención; la Secretaría General Iberoamericana; la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura; la RAE; la Asociación de Academias de la Lengua Española; la Academia Argentina de Letras; la Academia de las Ciencias de Lisboa y la Academia Brasilera de Letras.
El nuevo espacio procurará establecer mecanismos estables de cooperación e intercambio de experiencias entre instituciones de habla española y portuguesa. La propuesta apunta a impulsar estrategias, procedimientos y herramientas lingüísticas y tecnológicas que permitan comunicaciones más accesibles en ámbitos públicos, judiciales, legislativos, administrativos y privados.
Muñoz Machado definió la red como un ámbito de trabajo entre entidades que asumen el lenguaje claro y accesible como una herramienta al servicio de los derechos de la ciudadanía. El propósito es facilitar vínculos más transparentes, inclusivos y eficaces entre las organizaciones y la sociedad.
Torres sostuvo que la diversidad jurídica, social y cultural de Iberoamérica exige construir formas de comunicación que contemplen las realidades locales y las distintas condiciones de vulnerabilidad. Destacó los consensos obtenidos durante las jornadas para promover criterios comunes que permitan que los mensajes sean entendidos por quienes deben utilizarlos.
En su discurso, el presidente de la SCBA planteó que uno de los principales resultados de la convención consiste en consolidar la idea de que “comprender es un derecho fundamental, y hablar claro es nuestra obligación para garantizar ese derecho”.
La definición vinculó el lenguaje claro con la capacidad de las personas para tomar decisiones libres e informadas. Para Torres, una comunicación eficaz debe colocar a la persona destinataria en el centro, atender a su contexto y contemplar las dificultades que pueden afectar la comprensión de una norma, una sentencia, un trámite administrativo o una información institucional.
“¿Para qué? Para algo tan preciado como poder decidir libremente”, afirmó el magistrado al repasar las discusiones que atravesaron las seis áreas temáticas del encuentro. También señaló que el debate no debe limitarse al lenguaje jurídico o estatal, ya que la necesidad de claridad alcanza a toda comunicación que pueda incidir en el ejercicio de derechos.
En declaraciones a Infobae durante la apertura de la convención, Torres había explicado que las leyes, resoluciones y sentencias deben informar con precisión qué se decidió, por qué se adoptó esa medida, qué debe hacer la persona involucrada y qué recursos tiene a disposición. El magistrado advirtió que la publicación formal de una norma no garantiza que resulte accesible para quienes necesitan conocerla o aplicarla.
“La persona tiene el derecho, y nosotros como sistema judicial la obligación, de que esa sentencia sea comprendida sin intermediarios y que la persona sepa exactamente lo que está resolviendo y por qué lo está resolviendo”, había señalado Torres a este medio. El titular de la Corte bonaerense planteó que el Estado debe expresarse de forma sencilla para garantizar derechos.
La clausura también dejó como resultado la incorporación de más de 60 organismos e instituciones nacionales a la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible. La SCBA forma parte de esa red desde 2022.
Torres recordó que el Poder Judicial bonaerense adoptó el lenguaje claro y accesible como una política institucional. Señaló que en 2011, cuando era juez federal, publicó un artículo titulado “Hacia un lenguaje democrático”, motivado por los problemas de comunicación que observaba en el ejercicio cotidiano de la función pública.
“Todos los aquí presentes estamos convencidos de que ya no es posible expresarse, sea en el ámbito público o privado, de una manera que no resulte comprensible para nuestros interlocutores”, expresó.
El presidente de la Corte agradeció la participación de las instituciones organizadoras, entre ellas la Procuración General bonaerense, la Municipalidad de La Plata, los ministerios provinciales de Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad, la Universidad Nacional de La Plata y la Academia Argentina de Letras. También reconoció el trabajo del personal judicial que intervino en la preparación de las acreditaciones, la recepción de ponencias, la difusión, el ceremonial, la seguridad y la coordinación de las seis sedes.
Las versiones finales de los trabajos presentados integrarán un libro digital de la convención, cuya publicación está prevista antes de fin de año. Del acto de cierre participaron las demás autoridades, como el Procurador de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, y el Asesor General de Gobierno bonaerense, Santiago Pérez Teruel, entre otros.
POLITICA
Hubo una protesta contra la Corte y Rosenkrantz dijo que “hay que tener temple para soportar las críticas”
Los jueces de la Corte Suprema de Justicia fueron blanco ayer de una protesta en San Martín de los Andes, donde participaron de un encuentro con magistrados de tribunales orales de todo el país. Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti fueron cuestionados por el fallo que provocó que ya no rija más el límite a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
El fallo desató críticas al máximo tribunal y una dura reacción contra el Gobierno en el Congreso, donde la oposición busca hacer caer todo el megadecreto 70/2023, que incluye la derogación de la ley de tierras, derogación que con la sentencia de la Corte recobró vigencia.
Ayer, el máximo tribunal dio a conocer un comunicado en defensa del fallo. Horas después, se realizó una protesta frente al hotel Le Village, en San Martín de los Andes, donde se celebró la reunión de magistrados. El reclamo fue promovido por el gremio estatal de ATE y la agrupación Frente Patria Grande, vinculada al kirchnerismo. Hubo pancartas y afiches contra los jueces, que fueron acusados de “vendepatrias”.
Lorenzetti ya no estaba cuando fue el epicentro de la protesta, ayer por la tarde, y Rosatti todavía no había llegado (se sumó este viernes). Sí se encontraba en el lugar Rosenkrantz, que expuso a las 16 y realizó un llamado a reformar el sistema de selección de jueces.
“Hay que tener temple para soportar las críticas a los fallos”, dijo Rosenkrantz anoche. Lo hizo tras la manifestación, pero también luego de que la propia Corte Suprema difundiera el comunicado, de cuya redacción y difusión Rosenkrantz no participó, en defensa de la sentencia vinculada a la ley de tierras.
El comunicado, dado a conocer por las vocalías de Rosatti y Lorenzetti, estuvo destinado a “aclarar las dudas” que, según afirmó, se generaron en relación con la sentencia del martes. En su declaración, la Corte criticó a quienes, para “presionar sobre el tema” de la ley de tierras, promovieron “discursos de odio y descalificación en las redes sociales”.
“La Corte Suprema de Justicia de la Nación -dice el comunicado-, continuando con su política de lenguaje claro, se dirige a la opinión pública con la finalidad de despejar dudas que se han generado en relación a la sentencia dictada en la causa ‘Cecim c. el Gobierno Nacional”. Advierte que en el caso “sólo se decidió un aspecto procesal, que se refiere a la legitimación de una asociación para obtener una medida cautelar” y dice que la resolución de la Corte “se ajusta estrictamente” a todos los precedentes del tribunal.
El texto sostiene que “la sentencia no afecta a otras medidas cautelares con el mismo objeto que están en trámite en distintos tribunales” y que “tampoco impide que toda persona que considere que el régimen legal de tierras es inconstitucional, peticione una medida cautelar, cuya procedencia decidirá un juez competente”.
Si bien circuló como un comunicado de la Corte Suprema, no lo hizo por los canales oficiales del tribunal y en la vocalía de Rosenkrantz informaron a que este juez no participó ni consintió la redacción ni la difusión de ese material.
Para el martes próximo, las dos vertientes de la CTA convocaron a una protesta en el Palacio de los Tribunales con la consigna “la patria no se vende, la soberanía no se entrega”. La CGT, en tanto, no definió aún una postura común y mantiene en pie su protesta del jueves 8 “en defensa de la industria nacional”, que tiene como blanco la Secretaría de Industria.
El reclamo de Rosenkrantz
Mientras los manifestantes protestaban frente al hotel Le Village, Rosenkrantz, adentro, exhortaba a sus colegas a “mejorar el proceso de selección de magistrados”.
“La Corte ha intentado, al proponer un nuevo reglamento, ayudar al Consejo de la Magistratura a garantizar que los jueces que se elijan sean los mejores candidatos”, dijo, en alusión al proyecto que él y Lorenzetti enviaron al Consejo para limitar la discrecionalidad en el sistema de selección. Lo mandaron con la expresa pretensión de que fuera aprobado sin cambios sustanciales y cuanto antes, pero el Consejo no se mostró dispuesto a ninguna de las dos cosas. El propio Rosatti, que preside la Corte y también el Consejo, dijo que el proyecto iba a ser “enriquecido” por otras iniciativas, nuevos debates y las opiniones de especialistas de distintas ONG que pidieron ser escuchadas.
Rosenkrantz afirmó ayer que su propuesta de reglamento había sido articulada “alrededor de la convicción” de que el proceso actual “no testea los conocimientos generales de derecho de los aspirantes a la magistratura”, “carece de criterios claros” para evaluar los antecedentes de los jueces y no tiene las debidas herramientas para evaluar “los rasgos personales que son indicadores de competencia y de compromiso con la tarea apropiada de un juez”. También destacó que hoy la evaluación escrita que se toma a los postulantes “no ofrece garantías reales de objetividad” y que “el sistema de entrevistas permite alterar el orden de mérito con consideraciones que no son de mérito”.
Rosenkrantz les reclamó a los representantes de los jueces en el Consejo de la Magistratura que impulsen la reforma. “Aquí están presentes casi todos los jueces candidatos a consejeros del Consejo en las elecciones que se celebrarán en las próximas semanas. Votemos a aquellos que se comprometan a estar a la altura de los requerimientos de la hora”, dijo.
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Tensión en Malvinas: los isleños reclaman que se impongan nuevas restricciones al ingreso de argentinos
Crece la tensión en las Islas Malvinas luego de que un grupo de isleños reclamara restringir el ingreso de argentinos tras denunciar una serie de episodios en los que visitantes habrían desplegado banderas argentinas y carteles vinculados con el reclamo de soberanía.
Según publicó el diario británico Daily Express, los incidentes se habrían multiplicado durante las últimas semanas y llevaron a algunos residentes a pedir que se impida directamente la llegada de argentinos al archipiélago.
Ante esos reclamos, Michael Goss, integrante de la Asamblea Legislativa isleña, admitió que las autoridades están estudiando qué medidas podrían tomar, aunque señaló que por el momento existen limitaciones legales.
“Hay gente de la comunidad que fue bastante clara respecto de querer impedir que visitantes argentinos vengan a las islas”, afirmó Goss. Sin embargo, advirtió: “Tenemos que ser realistas respecto de lo que permite la ley. En este momento no podemos simplemente impedir que la gente venga”.
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