POLITICA
La Armada apartó a nueve militares involucrados en la denuncia por maniobras de fraude
Tras el fuerte impacto que causó el escándalo por la participación de personal militar y civiles de la Armada en presuntas maniobras de fraude, la fuerza naval dispuso el pase a disponibilidad de nueve militares involucrados.
Aunque en la denuncia presentada en la Justicia se mencionaba la participación de 23 personas involucradas, entre militares y civiles pertenecientes a la fuerza naval, el jefe de la Armada, almirante Juan Carlos Romay, apartó de sus funciones a ocho capitanes de corbeta y un suboficial comprometidos en el escándalo Al margen del proceso judicial, por su situación de revista se les aplicará el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas. Respecto al personal civil, la situación es diferente y se maneja por otros marcos regulatorios.
La decisión fue adoptada de acuerdo con la normativa vigente, marcada por la ley para el personal militar y el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas, informaron las autoridades navales en un comunicado.
La denuncia
La propia Armada había presentado ante la Justicia una denuncia penal por maniobras de fraude en el proceso de liquidación de haberes, que se habrían sucedido entre julio de 2022 y enero de 2026, con un perjuicio estimado en $938 millones. Fuentes navales, sin embargo, dijeron a que las investigaciones internas siguen adelante –al margen de la actuación judicial- y revelaron que el monto podría llegar a $1600 millones.
Entre los marinos apartados se encuentra el capitán de navío Ariel Baltasar Atanasoff, jefe del Departamento Revista de la Armada,cuya esposa María del Carmen Prieto, aparece entre las beneficiarias de los pagos indebidos, aunque no integra la fuerza naval. Percibió $152,2 millones en 46 acreditaciones en su cuenta bancaria.
La Armada informó que la sanción preventiva al personal militar tendrá vigencia “hasta tanto se determine la eventual responsabilidad disciplinaria del personal involucrado”
En la denuncia penal se indica que otras tres personas sin relación con la fuerza naval cobraron sumas de dinero. Se trata de Andrés Santana (percibió $99,4 millones), Amalia Cristina Díaz ($91,9 millones) y Natalia Carolina Yahia ($90,4 millones), se indica en la presentación judicial, que recayó en el juzgado federal N° 2, a cargo del magistrado Sebastián Ramos.
Las maniobras irregulares comprenderían la liquidación de falsos viáticos por viajes al exterior, “cobros fantasma” mediante identidades fraguadas y suplementos con retornos. Incluso, en el edificio Libertad, sede de la Armada, trascendió que la teniente de navío que detectó el fraude habría recibido un ofrecimiento de dinero para que no lo revelara a sus superiores.
Según la presentación judicial, para la liquidación de viáticos falsos por servicios en el exterior se habrían asignado montos en moneda extranjera por misiones de comisiones que no se realizaban. En algunos casos, las misiones existían, pero una vez que terminaban se continuaba realizando el pago pese a que no correspondía.
También se investiga si para los “cobros fantasma” se utilizaban números de CUIL de personal retirado o dado de baja de la fuerza. En cuanto a los “suplementos con retorno”, se liquidaban asignaciones, como horas extras y y especialidades como buceo y otros ítems, a personal que no cumplía esas tareas, lo que obligaba a un retorno del 50% de lo cobrado, según trascendió.
La Armada informó oficialmente que ante la detección de irregularidades en el área responsable de la liquidación de haberes al personal, se inició una actuación administrativa que permitió determinar “inconsistencias en las acreditaciones de los sueldos”.
Al comunicar el pase a disponibilidad del personal militar involucrado, la fuerza naval ratificó la “política de tolerancia cero frente a cualquier situación de fraude, corrupción, irregularidad o conducta contraria a la ética y a los valores que rigen a la institución y que pueda menoscabar su prestigio y buen nombre”.
Mariano De Vedia,Fuerzas Armadas,Corrupción,Conforme a
POLITICA
Pichetto convocó a construir un “frente nacional” contra el Gobierno que incluya al PJ, a radicales y a Pro
El diputado nacional Miguel Pichetto abogó por la conformación de un frente opositor al Gobierno que nuclee al peronismo, al radicalismo y a sectores de Pro que no se aliaron con la administración del presidente Javier Milei. Y vaticinó un escenario catastrófico en caso de que el jefe del Estado logre la reelección,
Al participar de un encuentro en la sede sindical de la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC), Pichetto lanzó un mensaje de unidad que exceda al peronismo, al que regresó en los últimos meses, en un movimiento que incluyó un encuentro con la expresidenta Cristina Kirchner.
“Hagamos un esfuerzo para unir al peronismo. Hay que hacer un frente nacional. Hay que convocar a otros sectores, también. A radicales que no comparten para nada este modelo autoritario de agresión permanente, a sectores de Pro que no comparten la incorporación al Gobierno. A un montón de sectores que están afuera y, fundamentalmente, al peronismo”, subrayó Pichetto, en un encuentro titulado “Inteligencia artificial aplicada a la reforma laboral y control externo de la explotación minera y petrolera”.
“Hay que superar las diferencias personales para que haya un proyecto de unidad nacional y para que podamos terminar con esto que está ocurriendo en la Argentina, porque un período más de Milei, nos deja sin país”, advirtió el legislador, exsenador y excandidato a vicepresidente en 2019, en fórmula con Mauricio Macri.
Pichetto consideró que la administración Milei es “un gobierno que tiene un componente altamente autoritario y que toma decisiones sobre las que, en algún momento, va a tener que responder ante la Justicia”.
El diputado nacional compartió la jornada sindical con Hugo Quintana, secretario general de APOC, y la especialista en derecho ambiental Marisol Díaz.
Pichetto retornó en los últimos meses al peronismo, luego de años de una lejanía política que llegó a su punto máximo cuando aceptó la candidatura a vicepresidente de Macri, en la elección que ganó la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner. Además de reunirse con la expresidenta en el departamento de la calle San José 1111, donde la exmandataria cumple prisión domiciliaria, anudó encuentros con dirigentes como Guillermo Moreno. También, se mostró cercano al espacio del “peronismo federal” que articulan el auditor general de la Nación Juan Manuel Olmos y el diputado nacional Guillermo Michel, entre otros dirigentes del justicialismo que intentan saltar la grieta entre el cristinismo y el sector del gobernador bonaerense, Axel Kicillof.
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El Senado avanzó este jueves con la media sanción de la nueva ley de biocombustibles, que aumenta los cortes obligatorios de bioetanol del 12% al 15% para las naftas y de biodiésel del 7% al 10% en gasoil.
El proyecto, impulsado principalmente por las provincias del norte del país, fue incluido en el temario tras una negociación con La Libertad Avanza, que obtuvo a cambio apoyo político para avanzar con la sanción definitiva de la ley de Inocencia Fiscal II.
El texto en general fue aprobado con 41 votos positivos, y 25 en contra. Los rechazos fueron del peronismo, del radical bonaerense Maximiliano Abad y los dos senadores de Santa Cruz, Natalia Gadano y José Carambia.
La senadora de Salta Flavia Royón fue la encargada de presentar el proyecto al inicio del debate y también encabezó las negociaciones con otros bloques provinciales para introducir las modificaciones necesarias para destrabar la aprobación.
“Esta iniciativa busca potenciar las cadenas de valor del interior del país, atraer inversiones y generar fuentes de trabajo. Propone un marco integral nuevo para una industria en la que nuestro país ya ha invertido y hoy necesita reglas nuevas. Busca preservar y dar previsibilidad a las capacidades productivas existentes, pero también crear una transición hacia un marco más competitivo. Vamos a pasar de un esquema más regulado donde el Estado determina quién produce, cuánto y a qué precio, a uno donde sea el mercado el que determine los precios”, resumió la senadora cercana al gobernador Gustavo Sáenz.
En el caso del Bioetanol, el corte obligatorio subiría del 12% al 15% dentro de los 12 meses posteriores a la sanción. Pero se reservará un 6% para el etanol elaborado con caña de azúcar y 6% para el producido con maíz; el 3% restante quedaría sujeto a competencia entre los productos habilitados.
En el caso del Biodiésel, el corte obligatorio pasaría del 7,5% al 10% en el mismo plazo. A su vez, el proyecto prevé una transición con segmentos diferenciados para firmas “integradas” (vinculadas a grupos aceiteros) y plantas “no integradas” (pymes regionales que no producen la materia prima).
Para llegar al 10% de corte, las no integradas tendrían inicialmente reservado el 6,5% del mercado. Esa proporción bajaría a 5,5% en 2029, a 5% en 2030 y a 4% desde 2031 hasta 2036. Así, una parte creciente del mercado de biodiésel quedaría abierta a la negociación entre empresas integradas y no integradas.
“En el caso del biodiesel, se levanta el corte, se establece una transición hasta el 2036 y eso asegura que la apertura no va a ser abrupta”, señaló Royón.
Sin embargo, las pequeñas y medianas empresas (“no integradas”) presionaron para mantener su participación del 7,5% del mercado, bajo el argumento de que no podrán competir con las grandes aceiteras de Santa Fe y Córdoba, por lo que el mercado terminará concentrándose en muy pocos grandes jugadores.
“Este proyecto tal como está perjudica a La Pampa, San Luis, Entre Ríos, parte de la provincia de Buenos Aires, donde están instaladas las pymes regionales de biodiesel. Se perjudican porque no tienen un segmento específico, porque tienen un problema logístico de distancia de los puertos. Si corresponde segmentar entre caña y maíz el bioetanol, ¿por qué no se puede segmentar entre las pymes alejadas del puerto y las grandes aceiteras?”, planteó el pampeano Daniel Pablo Bensusán (Justicialista).
En la misma línea, el jefe del bloque Justicialista, José Mayans, llamó a posponer la votación para continuar con la negociación sobre Biodiésel. “El pez más grande se va a comer al pez más chico. Nosotros no podemos permitir que eso pase. Nosotros queremos votar la parte de Bioetanol, donde hay acuerdo, pero no podemos votar la parte de Biodiesel por solidaridad con los sectores a los que le van a cerrar la empresa. Esto perjudica al 50% de los pequeños productores, los dejamos en manos de los grandes, que los van a reventar”, dijo José Mayans y pidió que el debate pase a un cuarto intermedio para seguir negociando y llegar a un texto consensuado que sea aprobado por unanimidad. No obstante, la moción de Mayans para pasar a un cuarto intermedio de cinco minutos salió rechazada por amplia mayoría.
El cierre de los libertarios quedó a cargo de Patricia Bullrich, que destacó la necesidad de una transición hacia un mercado más abierto y competitivo, sin producir “un salto al vacío”. “No le estamos diciendo a una pyme que se arregle sola: le estamos dando tiempo, previsibilidad y capacidad de integración”, señaló.
Entre las últimas modificaciones se destaca una cláusula antimonopolio que impide que una empresa o grupo se quede con más del 10% del biodiesel comercializado, con un techo máximo absoluto de cincuenta mil toneladas anuales por firma.
Finalmente, el proyecto fue aprobado en la votación en general por 41 votos positivos y 25 negativos. Ahora el texto será girado a la Cámara de Diputados donde no hay un cronograma previsto para su tratamiendo.
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POLITICA
La fiscalía amplió la acusación contra las empresas petroleras que exploran cerca de Malvinas
El fiscal federal Carlos Stornelli amplió la acusación por la explotación petrolera “clandestina” en torno a las Islas Malvinas y sumó como imputadas a Rockhopper Exploration PLC y a dos de sus subsidiarias, Rockhopper Exploration (Oil) Limited y Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited, además de Navitas Petroleum Development and Production Limited.
Esta última es la misma empresa que días atrás fue apuntada por una jueza federal de Río Grande, que le ordenó frenar los trabajos en el proyecto Sea Lion.
Además, el fiscal pidió enviar un exhorto al Reino Unido para que, por vía diplomática, informe la composición del grupo Rockhopper; y otro a Israel, para relevar la estructura societaria de Navitas Petroleum Development and Production Limited y sus eventuales vínculos comerciales con las empresas británicas.
La causa, que tramita en el juzgado de Ariel Lijo, había comenzado apuntando solo contra Desire Petroleum Limited por explorar y explotar hidrocarburos en la plataforma continental argentina, cerca de las Islas Malvinas, desde 2012, sin autorización del Estado.
Esa imputación se apoyaba en dos resoluciones de la Secretaría de Energía de hace más de una década: la 130/2012, que había declarado esas actividades “ilegales y clandestinas”, y la 457/2013, que directamente inhabilitó a la empresa por veinte años para operar en el país. Dijo entonces que actuaba usufructuando una licencia de exploración otorgada por autoridades británicas en las islas, sin permiso argentino.
Ahora, el fiscal amplió la imputación a partir de documentación remitida por la Cancillería. Desire Petroleum seguía figurando, al menos hasta marzo de este año, entre las empresas con participación en licencias hidrocarburíferas británicas (PL003a, PL003b, PL004a, PL004b, PL004c y PL005, todas en la plataforma continental próxima a Malvinas) pero con Rockhopper Exploration (Oil) Limited y, sobre todo, con Navitas Petroleum Development and Production Limited, de origen israelí.
Rockhopper Exploration Limited ya había sido sancionada en su momento por la Secretaría de Energía mediante las resoluciones 131/2012 y 476/2013 por participar en actividades de exploración y explotación ilegítimas en la plataforma continental.
El gobierno de las islas publicó en marzo de este año una lista actualizada de licencias de producción en la que Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) figura con una participación del 35% en las licencias PL032 y PL033, y en el propio área de descubrimiento Sea Lion. El 65% restante de esas licencias, otra vez, quedaba en manos de Navitas Petroleum Development and Production Limited como operadora.
Navitas Petroleum Development and Production Limited aparece como operadora tanto en las licencias que comparte con Desire Petroleum como en las que comparte con Rockhopper.
Se trata de la misma empresa que la semana pasada fue objeto de una medida cautelar dictada por la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, en el marco de una acción de daño ambiental promovida por la Asociación Civil de Abogados, Abogados/as y Profesionales Ambientalistas y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata, que le ordenó abstenerse de ejecutar el proyecto Sea Lion.
La jueza entendió que la firma no había tramitado nunca la evaluación de impacto ambiental que exige la ley argentina.
Para profundizar la investigación, Stornelli pidió al juzgado que la Secretaría de Energía remita los expedientes completos de las resoluciones sancionatorias de 2012 y 2013 y toda otra actuación vinculada a las cuatro empresas ahora imputadas.
Además, que la Cancillería envíe el expediente completo detrás del informe de la Secretaría de Malvinas; que preste declaración testimonial la embajadora Paula Iris Di Chiario, autora de ese informe; que la Jefatura de Gabinete de Ministros informe sobre denuncias ambientales previas contra las empresas; que el Ministerio de Seguridad reporte si hay actuaciones de las fuerzas federales vinculadas a estas actividades cerca de Malvinas.
Además, solicitó que se libren exhortos de cooperación penal internacional al Reino Unido para obtener la información societaria de las tres empresas del grupo Rockhopper y a Israel, para relevar la estructura societaria de Navitas Petroleum Development and Production Limited y sus eventuales vínculos comerciales con las empresas británicas.
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