POLITICA
La Base Naval Integrada renueva en Ushuaia debates sobre hipótesis de conflicto y la carrera científica por la Antártida

La reactivación política de la Base Naval Integrada de Ushuaia anunciada por el presidente Javier Milei volvió a poner en discusión un proyecto que arrastra décadas de demoras y que suele confundirse con otra iniciativa: la del Área Antártica Internacional de Ushuaia, proyecto incluido por el gobierno nacional en 2006 como proyecto prioritario para Tierra del Fuego. Aunque ambos comparten el mismo territorio, se trata de planes con lógicas, actores y objetivos distintos.
El proyecto de la Base Naval Integrada, que albergará a la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército, se ubica en terrenos navales próximos al aeropuerto internacional de Ushuaia, en las tranquilas aguas del Canal de Beagle, y su planificación comenzó en los años 90. Tras intentos y proyectos fallidos, la obra actual tuvo su “piedra fundacional” en 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández, aunque nunca mostró avances significativos.
Según información oficial de ese año, el proyecto prevé un muelle de aproximadamente 1050 metros de desarrollo de atraque, instalaciones específicas para logística antártica, edificios de servicios marítimos, infraestructura para el Área Naval Austral y la Base Naval Ushuaia y, finalmente, viviendas para el personal.
La infraestructura contempla, además, un edificio de servicios marítimos de 2540 metros cuadrados y un complejo logístico antártico, de unos 10.100 metros cuadrados, con galpones, talleres, depósitos, oficinas y cámaras frigoríficas. Una segunda etapa suma otros 39.000 metros cuadrados de instalaciones para el Comando del Área Naval Austral.
Hipótesis de conflicto y zona de riesgo
Cuando se intenta acceder a información detallada de proyectos para la defensa, las fuentes oficiales son rotundas: “Hay que preservar datos y ser cautelosos a la hora de dar pormenores que excedan lo que informa oficialmente el Ministerio de Defensa”.
“Existe la hipótesis de conflicto. De hecho, la creó el propio primer ministro británico, Andy Burnham, al anunciar que va a reforzar las defensas y la capacidad militar en las Islas Malvinas. Ahí empieza una escalada del conflicto. Tenemos que ser muy prudentes en la información sobre las capacidades defensivas argentinas”, afirma Alejandra Portatadino, ingeniera a cargo de la obra de la Base Naval Integrada, en diálogo con .
“La fuga de información y qué se publica es sensible y preocupante, porque es una región que tiene parte de su territorio usurpado, en riesgo permanente de conflicto. A veces, por el afán de informar se pierde la conciencia de la seguridad nacional”, explicó.
Se trata, en esencia, de una obra que lleva adelante la Armada con un doble objetivo estratégico: aumentar la capacidad de presencia y control argentino en el Atlántico Sur y de logística para transformar a Ushuaia en una plataforma que permita la proyección hacia la Antártida, con foco en la base Petrel.
La propia documentación oficial del Ministerio de Defensa definió la obra como “un centro logístico para el Sostenimiento de la actividad antártica”, destinado a permitir que las bases nacionales puedan ser abastecidas de manera rápida y eficiente desde Ushuaia, en complemento con el desarrollo de la base antártica conjunta Petrel.
Según información oficial, el área de Defensa reconoció este año que la progresión de los trabajos está condicionada por la disponibilidad financiera del Estado. El último porcentaje de avance cuantificado se mantuvo en 9,13% (agosto de 2025).
En 2024 el entonces ministro de Defensa y actual diputado Luis Petri había estimado que la construcción demandaría unos 300 millones de dólares, con una partida específica de más de 163 millones de dólares incluida en el presupuesto 2025, aunque la obra perdió continuidad en su financiamiento.
El Área Antártica Internacional
A diferencia de la Base Naval Integrada, de impronta militar y bajo la órbita directa de la Armada, el Área Antártica Internacional tiene sustento público-privado y un objetivo de apoyo a los programas antárticos, operatoria que hoy concentra Chile.
Desde la década de 1990, distintos gobiernos provinciales y nacionales plantearon la necesidad de dotar a Ushuaia de infraestructura portuaria, aérea y logística para sostener las operaciones antárticas y captar parte de la actividad internacional vinculada al continente blanco”, explica Daniel Leguizamón, uno de los referentes de mayor trayectoria en política antártica.
Mientras la Base Naval Integrada responde a una lógica de defensa y soberanía -ampliar la capacidad operativa de la Armada en el Atlántico Sur, el Polo Logístico Antártico “apunta a un desarrollo económico-productivo y científico-comercial, destinado a atraer programas antárticos internacionales, empresas de turismo y logística civil, en una lógica más cercana a la que rige en Punta Arenas, del lado chileno”.
Aunque formalmente diferenciados, ambos proyectos -la Base Naval Integrada Ushuaia y el Polo Logístico Antártico- han sido concebidos por sucesivas gestiones como componentes complementarios de una misma estrategia: reforzar la presencia argentina en la Antártida, mejorar las capacidades logísticas nacionales y posicionar a Ushuaia como un nodo relevante en el sistema antártico internacional. Lamentablemente, ambos proyectos han fracasado con la misma fuerza con la que cada tanto son impulsados.
“Tenemos una gran brecha con la infraestructura del lado chileno: hay 24 programas antárticos internacionales que operan con base en Punta Arenas y ninguno lo hace desde Ushuaia”, señala el especialista en temas antárticos.
Defensa nacional y lógica científica
Por la ubicación geográfica de la obra y su proyección sobre el Atlántico Sur, Leguizamón afirma que “la distinción entre la Base Naval y el Polo Logístico Antártico remite a una tensión más amplia: la que existe entre la lógica de defensa y soberanía en el Atlántico Sur y la lógica científica que rige, por el tratado internacional, la actividad en el propio continente antártico”.
El Tratado Antártico, suscripto en 1959 y del que la Argentina es miembro fundador y parte consultiva, estableció un régimen específico para el continente.
Según explica a el sociólogo Fernando Chiesa, referente de la Fundación Innovación Fueguina (Finnova) “se trata de un acuerdo al que se llegó el siglo pasado entre 12 países originales para congelar los reclamos de soberanía, en el marco del cual se pusieron de acuerdo en no realizar actividades militares en el continente y sí actividades científicas”.
La Argentina es el país con mayor continuidad histórica de presencia en el continente, sostiene reclamos de soberanía territorial sobre el sector antártico y despliega su actividad científica a través del Instituto Antártico Argentino y la Dirección Nacional del Antártico, ambos con funciones desde Buenos Aires, algo que suele ser criticado en Tierra del Fuego, donde diferentes sectores reclaman que deberían tener la operación principal.
Como un avance significativo, Chiesa cuenta que “después de 30 años logramos que en octubre se haga en Ushuaia la Reunión de Administradores de Programas Antárticos Latinoamericanos (RAPAL), cuyo objetivo es que los países que integran el bloque latinoamericano coordinen una agenda común de cuestiones técnicas, ambientales, operativas y logísticas en el marco del Tratado Antártico”.
“Que la RAPAL se realice en Ushuaia refuerza su posición como una de las cinco puertas de entrada a la Antártida en un momento en que el Atlántico Sur cobra cada vez más relevancia geopolítica”, explica.
“Es una oportunidad única y concreta de generar más trabajo, inversiones y desarrollo para Tierra del Fuego y para la Argentina”, sostiene Chiesa.
Esa doble vara -soberanía y defensa del lado argentino continental e insular; ciencia y cooperación internacional del lado antártico propiamente dicho- explica por qué el gobierno nacional puede presentar simultáneamente la Base Naval Integrada como una “acción de soberanía” en el Atlántico Sur y, al mismo tiempo, sostener el compromiso con el régimen científico y desmilitarizado del Tratado Antártico.
Sol Agusti,Javier Milei,Tierra del Fuego,Conforme a
POLITICA
Por los viajes de Milei y Villarruel, Bartolomé Abdala quedará a cargo del Ejecutivo la próxima semana

La próxima semana, Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado y senador de La Libertad Avanza, quedará al frente del Poder Ejecutivo nacional. La situación se dará por la coincidencia de los viajes internacionales del presidente Javier Milei y de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quienes cumplirán agendas oficiales en el exterior.
Según lo establece la Ley 20.972, cuando tanto el presidente como la vicepresidenta se encuentran fuera del país, la responsabilidad de la jefatura del Estado recae de forma transitoria en el presidente provisional del Senado. Por ese motivo, Abdala asumirá las funciones presidenciales hasta el regreso de Milei.
No será la primera vez que el legislador por San Luis ocupe ese rol. Entre el 8 y el 9 de diciembre de 2025, Abdala ya había quedado a cargo del Ejecutivo por los viajes simultáneos de Milei a Noruega y Villarruel a Madrid. En esa ocasión, el senador expresó en sus redes sociales: “Ante los compromisos internacionales del presidente Javier Milei y de la vicepresidenta Victoria Villarruel, tengo el honor de estar a cargo del Poder Ejecutivo. Es un orgullo inmenso para mí asumir esta responsabilidad histórica”.
La designación de Abdala como presidente interino marca un hecho poco frecuente: un representante de San Luis vuelve a ocupar la máxima magistratura, algo que no sucedía desde diciembre de 2001, cuando Adolfo Rodríguez Saá fue presidente entre el 23 y el 30 de ese mes.
Según pudo saber TN, durante su gestión transitoria, Abdala permanecerá en su despacho del Senado, cumpliendo las funciones correspondientes y sin salir de la ciudad de Buenos Aires. El senador estará a cargo del Poder Ejecutivo hasta el regreso de Milei, previsto para el sábado 3 de octubre.
Argentina Week con Javier Milei

Entre el próximo miércoles 30 de septiembre y el viernes 2 de octubre, el Presidente Javier Milei encarará una nueva gira internacional que lo llevará a París, Francia, para encabezar la segunda edición de la Argentina Week.
El jefe de Estado estará acompañado por parte de sus ministros, una docena de gobernadores y una delegación de empresarios, Javier Milei buscará mostrar el respaldo del círculo rojo nacional para ratificar el rumbo de su gestión y atraer a potenciales inversores globales.
El foro fue diseñado por la Embajada argentina en París que conduce Ian Sielecki.
Acompañarán al Presidente, la secretaria General, Karina Milei; los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores); Luis Caputo (Economía); Federico Sturzenegger (Desregulación), Juan Bautista Mahiques (Justicia); Mario Lugones (Salud); y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.
Entre los mandatarios provinciales confirmados que asistirán al evento organizado por la embajada argentina en Francia están: Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan); Raúl Jalil (Catamarca) y Claudio Vidal (Santa Cruz).
Actividad de Villarruel

La vicepresidenta, Victoria Villarruel, participará del XII Foro Parlamentario Iberoamericano que se celebrará en Madrid los días 1 y 2 de octubre y reunirá a representantes parlamentarios de países iberoamericanos, y será inaugurado por el Rey de España Felipe VI.
La sesión inaugural se celebrará en el Congreso de los Diputados con las palabras de la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, del secretario general iberoamericano, Andrés Allamand; el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; y el presidente del Senado de España, Pedro Rollán. La inauguración terminará con la intervención de Su Majestad el Rey.
El Foro escuchará conferencias magistrales sobre algunos de los principales desafíos actuales para las democracias como el impacto de la inteligencia artificial, a cargo de la directora de la Fundación ELLIS Alicante, Nuria Oliver; el filósofo y ensayista Daniel Innerarity analizará las amenazas actuales a la democracia, como la fragmentación política, la polarización, la desinformación y los populismos; y el presidente de la Rada de Ucrania, Ruslan Stefanchuk, abordará las amenazas híbridas y la desinformación en un contexto de conflicto armado.
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Habrá intervenciones para abordar las brechas de igualdad de género y el presidente de la Asamblea de la República de Portugal, José Pedro Aguiar-Branco, explicará la importancia de la diplomacia parlamentaria ante los desafíos geopolíticos actuales.
Luego las sesiones de trabajo con la participación de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, y de la delegación legislativa del Senado nacional, integrada por los legisladores Martín Goerling Lara (Pro), Sandra Mendoza (Convicción Federal), Natalia Gadano (Moveré Santa Cruz) y Maximiliano Abad (UCR). se trasladarán a la Cámara del Senado de España.
El viernes 2 de octubre, el Foro continuará en el Palacio del Congreso con una sesión plenaria en la que se presentarán las conclusiones de las cuatro sesiones de trabajo y tendrán lugar las intervenciones de los presidentes y jefes de delegación, donde se esperará el mensaje de Victoria Villarruel.
Bartolomé Abdala, presidente, Javier Milei
POLITICA
La economía suma malas noticias y el juego político del Gobierno no alcanza para contrarrestar el impacto

En apenas 72 horas, el INDEC difundió cuatro informes con números realmente preocupantes, todos de rubros sensibles. El martes, publicó el relevamiento de salarios y el miércoles, difundió los de ventas en supermercados, mayoristas y shoppings, en el mes de julio. El jueves, anotó el Estimador Mensual de Actividad Económica, también de julio. Y ese mismo día, el mayor sacudón fue producido por el registro de pobreza en el primer semestre de este año. Como primera reacción, el oficialismo intentó morigerar el efecto, argumentando cuestiones de coyuntura y ensayando comparaciones estadísticas. Poco, frente al cuadro señalado. Y con un agregado: el juego político más amplio de Olivos no logra amortiguar el impacto de la sucesión de noticias de la economía. Como agravante operan, además, las internas libertarias.
Para el oficialismo, la agenda política de esta semana incluía dos renglones principales, de distinta magnitud y por eso mismo, en este orden: el nuevo viaje de Javier Milei a los Estados Unidos, para asistir a la Asamblea General de la ONU, y el Congreso. El Gobierno sabía que iban a ser días de números negativos o al menos tenía indicios firmes, además de análisis de consultoras como los que anticipaban una suba porcentual en pobreza e indigencia -algo menos que el informe del INDEC- o registraban una nueva caída del consumo masivo en agosto. El punto es que no se trata de una cuestión de circunstancia.
La demanda cruzada entre política y economía es sabida. Los oficialismos apuestan a que los resultados económicos -y más básico, el bolsillo- motoricen los planes políticos, en este caso la reelección presidencial. Cuando ocurre lo contrario -con riesgo sobre la credibilidad- la demanda se invierte: la economía necesita que el juego político del Gobierno sostenga la expectativa y corra el eje del temario público.
El giro presidencial sobre Malvinas fue interpretado en ese contexto y es algo que genera malestar en Olivos. Rechazan ese cuestionamiento como “basura” opositora. Y sostienen que la movida del Gobierno expresa una “estrategia”, cuya elaboración habría comenzado desde la llegada al poder, y no el aprovechamiento -que no sería cuestionable en sí mismo- de la presión de Donald Trump sobre el laborista Andy Burnham.
De todos modos, Malvinas fue el centro de la presencia de Milei en la ONU, con escasa chance de un encuentro en paralelo con Trump, que al final no se produjo. En el discurso ante la Asamblea General, el Presidente ratificó de hecho el alineamiento internacional y buscó explotar su habitual tono más que áspero, aunque esta vez, frente a otra platea. Por eso mismo dejó una contradicción, al reclamar una intervención más efectiva del organismo mundial que acababa de descalificar.
El otro foco de interés político, para el círculo de Olivos, estaba puesto en las dos cámaras del Congreso. Esperaba aplacar en Diputados el tema de discapacidad y coronar proyectos en el Senado, después de algunos disgustos. Lo que ocurrió es significativo, pero no nuevo: las tensiones domésticas complican hasta la coronación de jugadas propias. Vale repasarlo.
El proyecto de Presupuesto 2027 incluyó un ajuste de tal magnitud en el área de discapacidad que fue calificado como un gesto de insensibilidad por socios de LLA. También provocó rechazo dentro del oficialismo, porque desarmaba el acuerdo que venía tejiendo en Diputados para tratar de ganarle la pulseada a la oposición, que había impuesto el tratamiento efectivo del tema. El cortocircuito fue serio, porque además realimentó recelos de aliados. Hubo rápidas tratativas, con atención directa de Martín Menem, y el oficialismo dio marcha atrás con ese tramo del Presupuesto para lograr dictamen.
Visto así, el Gobierno volvía a pagar costos por un daño autoprovocado, pero salía de un terreno de derrota y allanaba su camino para ir a la búsqueda de votos, con la mirada puesta en el tratamiento en el recinto. El clima doméstico -con proyección hacia socios y dialoguistas- volvió a enrarecerse en las últimas horas, cuando trascendió que el acuerdo para lograr dictamen es cuestionado especialmente por el equipo de Luis Caputo. Es decir, no se trataría de una historia cerrada.
El malestar inicial había sido expuesto por Patricia Bullrich. Otros, en cambio, optaron por la reserva. La senadora evitó ir a la cuestión de fondo y prefirió concentrar su descarga -con señal directa a Economía- sobre dos aspectos: el desconocimiento de la “mesa política” del oficialismo y el efecto desgastante en la relación con aliados y dialoguistas en general.

Los recelos y malestares tiñen buena parte de lo que sucede en el Senado. El oficialismo pudo celebrar esta semana que finalmente logró número para convertir en ley el proyecto que recorta subsidios al consumo de gas en zonas frías. En cambio, aprobó pero con modificaciones la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central. Hubo un entendimiento, que incluyó al peronismo y tuvo a Bullrich como eje -en su condición de jefa del bloque violeta-, para modificar el requisito impuesto en el texto original del proyecto para remover a las autoridades del banco. Quedó establecida la mayoría absoluta (la mitad más uno de los votos). El Ejecutivo pretendía que fuera mayoría de dos tercios. El texto vuelve a Diputados y parece imposible revertir la decisión de la Cámara alta.
La senadora tuvo además otro gesto crítico -extensible a Jorge Macri-, respecto de la ofensiva sobre dos juezas -una porteña, Laura De Marinis, y otra de Lomas de Zamora, Marta Eba Pascual- que de diferente forma se pronunciaron en contra de la baja de la edad de imputabilidad de menores. Las dos decisiones fueron revocadas en el escalón de las cámaras. La senadora rechazó los planteos a favor del juicio político a las juezas y sostuvo que, más allá de su conocida posición en la materia, estas cuestiones deben ser resueltos en las instancias judiciales.
Por supuesto, la disputa entre Olivos y Bullrich no se circunscribe a estas últimas muestras de juego propio. Existen diferentes especulaciones sobre la apuesta de la senadora para las elecciones del 2027. Está claro, en cambio, que se trata de un proceso de construcción política. Y eso es lo que provoca tensión con el círculo de Olivos. El efecto aumenta cuando la economía hace crujir la realidad política.
La semana amplificó esas preocupaciones. El informe sobre salarios del mes de julio indica que el promedio de los trabajadores registrados -privados y públicos- estuvo dos décimas por encima de la inflación respecto del mes anterior y quedó 3,7 puntos porcentuales por debajo en la comparación interanual. Sólo la heterogénea franja de trabajo informal, siempre motivo de discusión, supera al IPC.
Los registros de julio sobre ventas en supermercados, mayoristas y shoppings expusieron números variados, con una mejora interanual en el último rubro. Sin embargo, los tres mostraron bajas en el acumulado de los primeros siete meses del año.
El informe del EMAE mostró caídas en relación con el mes anterior (-2,9%) y también en el registro interanual (-1,4%). Como viene sucediendo desde hace rato, algunos renglones como minería, producción agropecuaria, pesca -esta vez, de manera muy significativa- muestran crecimiento y otros como industria y comercio repiten caídas.
El peor dato, claro, lo aportó el informe sobre pobreza en el primer semestre de este año. Llegó al 32,3%, que traducido a nivel nacional representa dos millones más de pobres y eleva a 15 millones el total. Las cifras exponen un crecimiento en comparación con el primer semestre del 2025 (31,6%), una diferencia que es mayor si se toman los segundos seis meses del año pasado (28,2%).
Dos datos se destacan por encima de todo. El primero: se quiebra la línea de descenso anotada a partir del pico del primer semestre del 2024 y extendida hasta el final del 2025. El segundo, más de fondo: se afirma un piso duro de pobreza, alrededor del 30%. Declaraciones en la vereda libertaria -con arrastre de autocelebración- y condenas desde franjas opositoras -con aire de chicana- sólo agregan patetismo político. Se trata del peor registro de la realidad.
luciano ingaramo / comunicació
POLITICA
La Casa Rosada cuestiona el dictamen de la ley de Discapacidad y presiona para introducir cambios

Las tensiones internas por Discapacidad volvieron a aparecer en el Gobierno después de que La Libertad Avanza avanzara en Diputados con un dictamen que no fue convalidado por Economía, Salud ni Legal y Técnica. La Casa Rosada abrió ahora una negociación interna para intentar acercar posiciones antes de que el proyecto llegue al recinto.
“Avanzaron solos”, sostiene un funcionario cercano al equipo económico sobre la conducción parlamentaria. En ese sector aseguran que el Ministerio de Economía no aprobó el texto que terminó firmándose y que tampoco recibió el aval de las otras dos áreas que intervienen en la definición jurídica y sanitaria de la iniciativa.
Cerca de Karina Milei reconocen el problema y aseguran que están negociando con Economía para conseguir su respaldo. “Por ahora están en que lo vetan si sale así. Vamos a arreglar igual, pero a Javier y a Toto no les gustó”, explican en el oficialismo. La definición todavía no está cerrada.
El conflicto vuelve a exponer los problemas de coordinación que el Gobierno ya había reconocido en la discusión por Discapacidad. En la Casa Rosada admiten que el texto parlamentario avanzó sin un acuerdo previo de todas las áreas y que ahora buscan evitar que la diferencia vuelva a convertirse en una disputa pública.
La posición de Javier Milei, según funcionarios que conocen su postura, sigue más cerca de los cambios que el Ejecutivo incluyó originalmente en el Presupuesto 2027. Ese capítulo planteó modificaciones en el esquema de prestaciones y pensiones que luego generaron cuestionamientos de los aliados y obligaron al oficialismo a reabrir la negociación.
El nuevo dictamen tomó otra dirección. La Libertad Avanza consiguió 42 firmas frente a 36 del despacho opositor en el plenario de Discapacidad y Presupuesto, con apoyo del PRO, la UCR y bloques provinciales. Eso le permitirá al texto oficialista ser considerado primero cuando el tema llegue al recinto.
La iniciativa propone reemplazar la emergencia por un régimen permanente y mantiene varios puntos reclamados por los aliados: pensiones no contributivas, cobertura médica, compatibilidad con determinados ingresos laborales, universalidad del nomenclador, actualización de aranceles y un cronograma para pagar compensaciones adeudadas a prestadores.
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