POLITICA
La Cámara de Casación rechazó el pedido de prisión domiciliaria de Lázaro Báez
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la decisión de denegarle la prisión domiciliaria al empresario Lázaro Báez, condenado a 14 años de prisión por fraude y lavado de dinero en varios casos de corrupción ligados con Cristina Kirchner.
Báez alega que tiene problemas de salud, pero los jueces del Tribunal Oral Federal 4 que lo condenaron entendieron que puede ser atendido intramuros en la cárcel de Ezeiza donde cumple su condena.
Ahora la defensa de Báez insistió ante la Cámara Federal de Casación donde los jueces de la Sala IV Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky resolvieron, por mayoría, rechazar su recurso y confirmar la negativa a su pedido de prisión domiciliaria.
Carbajo, autor del primer voto, y Hornos confirmaron el fallo del juez de ejecución del tribunal oral Guillermo Costabel, que había rechazado el pedido. Costabel incluso visitó un sábado a Báez en su celda antes de decidir.
Ahora los camaristas consideraron que no se verifican al momento circunstancias que justifiquen la morigeración del régimen de detención.
“La mera invocación de cuestiones de salud no constituye un argumento suficiente para proceder, sin más, a la concesión de la prisión domiciliaria”, dijo Carbajo.
El juez señaló que “la defensa no ha logrado demostrar, tampoco en esta oportunidad, que la privación de la libertad en el establecimiento carcelario implique un menoscabo a la vida o integridad personal de Báez, ni tampoco que sus patologías crónicas no puedan ser atendidas adecuadamente de permanecer intramuros”.
Carbajo sostuvo que las patologías crónicas que presenta el condenado se encuentran bajo tratamiento y son adecuadamente atendidas en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.
Señalaron que existe un riguroso control judicial y que la defensa no pudo establecer una imposibilidad de asistencia médica dentro de la cárcel ni que hubiera “un menoscabo a la vida o integridad personal” de Báez.
Hornos sostuvo que cumplir la condena “en prisión domiciliaria es excepcional y de carácter restrictivo” por cuanto su análisis debe basarse en razones de salud, edad avanzada, situaciones de especial vulnerabilidad o riesgos acreditados.
El magistrado destacó que las constancias reunidas muestran un escenario de seguimiento médico sostenido, con controles, interconsultas y derivaciones que, aun cuando revelan la necesidad de mantener una supervisión clínica estricta y eventualmente reforzada, no alcanzan para demostrar, de momento, que el tratamiento de sus afecciones no pueda ser garantizado en el ámbito penitenciario.
“La adopción de nuevas medidas de seguimiento o de derivaciones extramuros no constituye demostración de una imposibilidad de asistencia en el actual lugar de alojamiento, sino la manifestación del control judicial activo y de la necesidad de adecuar la respuesta sanitaria a la evolución del cuadro clínico del condenado”, remarcó Hornos.
Además, sostuvo que la pena no se agota en su dimensión resocializadora, sino que tiene una “función expresiva, reafirma el orden jurídico vulnerado y materializa el repudio institucional frente a las transgresiones más graves al pacto democrático”.
“Toda flexibilización excesiva en el modo de cumplimiento debilita ese mensaje y no permite satisfacer los fines constitucionales y convencionales que el derecho penal está llamado a cumplir”, continuó Hornos.
El juez descartó que la modalidad de cumplimiento de pena sea inmutable, pues se encuentra sujeta a la permanente evaluación del juez de ejecución competente. Según Hornos, será Costabel quien, en atención a la evolución de las circunstancias del caso, deberá valorar la pertinencia de mantener o modificar el modo de cumplimiento, considerando especialmente el estado de salud de Báez.
Por último, Hornos consideró que el cuadro que presenta el condenado exige -y seguirá exigiendo- un seguimiento clínico riguroso, pero las constancias incorporadas no permiten afirmar, por el momento, que la permanencia intramuros comporte, en las actuales condiciones, un riesgo incompatible con la continuidad de la ejecución de la pena bajo la modalidad vigente.
En su disidencia, Borinsky sostuvo que correspondía hacer lugar al recurso, revocar la decisión del juez Costabel y conceder la prisión domiciliaria. Consideró que el empresario ya tiene 70 años cumplidos, lo que le permite este beneficio no automático, y ponderó el cúmulo de patologías crónicas que padece.
Para Borinsky, la atención médica brindada por el Servicio Penitenciario Federal había resultado “reactiva y tardía”, en una modalidad incompatible con los fines constitucionales de la pena. El juez subrayó que en una colonoscopia se detectó y extrajo una lesión en el colon y que existió una posterior recomendación médica de internación.
Borinsky también argumentó sobre los derechos de los dos menores que integran el núcleo familiar del condenado, resaltando la necesidad de resguardar el interés superior del niño, conforme lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño.
Por último, el juez se refirió a la actual pareja de Báez, que atraviesa un proceso oncológico, y dijo que una red de apoyo familiar ampliada, bajo estrictos controles, permitiría una mejor protección de esos derechos de los niños sin afectar los fines de la sanción penal.
confirmaron el fallo del juez de ejecución,Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
Cuadernos de las coimas: un testigo dio detalles de un auto clave para el presunto circuito de recaudación
El juicio oral de los Cuadernos de las Coimas, donde se juzga un mecanismo de sobornos vinculado al reparto de obra pública durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, continúa este jueves con la declaración de nuevos testigos pedidos por la fiscalía.
El primero en declarar fue César Neira, de 69 años, quien durante cuatro años estuvo a cargo de la cochera presidencial, ubicada en la intersección de las avenidas Alem y Córdoba y dependiente de la Secretaría General de la Presidencia.
Neira explicó que tenía bajo su órbita a los choferes y que se ocupaba de los vehículos oficiales. La acusación le preguntó si había tenido contacto con un auto en particular: un Ford Focus, patente HBU-606.
Se trata de un vehículo que la automotriz le otorgó a Presidencia como un “préstamo de cortesía” y que figura en los cuadernos del chofer Oscar Centeno como uno de los autos utilizados para la recaudación.
Neira, que declaró de manera virtual, dijo hoy no saber nada sobre el vehículo, aunque luego de que la fiscalía le exhibiera un acta firmada por él, en la que constaba que lo había retirado de la automotriz en 2008, afirmó recordar la entrega.
El auto es una pieza de peso en la acusación porque aparece en varias de las anotaciones del chofer Centeno. El 30 de julio de 2009, por ejemplo, los cuadernos registran un viaje al domicilio de la familia Kirchner en Recoleta para que Roberto Baratta le entregara a Daniel Muñoz, secretario de Néstor Kirchner, una recaudación estimada en 2.400.000 de dólares. Muñoz llegó al lugar, siempre según las anotaciones del chofer Centeno, en un “Ford Focus HBU 606 gris plata”.
En agosto de 2009, Ceteno registra que le entregaron a Muñoz un bolso y una valija carrito llena de pesos y que Muñoz se trasladaba en el “Ford Focus 5 puertas HBU 606″.
Noticia en desarrollo
Federico González del Solar,Los cuadernos de las coimas,Conforme a
POLITICA
Extranjerización de tierras: un historiador explicó cómo nació el debate y cuáles son las zonas bajo mayor presión
El oficialismo en el Senado decidió retirar del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo que habilitaba la venta de tierras rurales a capitales extranjeros. La definición se tomó tras una reunión entre sectores aliados y la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich, quien enfrentó un nuevo revés político. El resto del proyecto quedó reservado para el debate programado para este jueves a las 14.
Pablo Volkind, historiador y coordinador del Observatorio de Tierras, consideró que la decisión “es un paso importante”. El investigador recordó en Infobae en Vivo A las Nueve que el debate sobre la extranjerización de tierras se intensificó en 2008, luego de la compra de un pueblo en La Rioja por capitales norteamericanos, hecho que “provocó el debate que derivó en la sanción de la ley en 2011”.
El especialista explicó que existen lagos controlados por extranjeros, como el caso del magnate Joe Lewis en la Patagonia, y remarcó la dificultad para el acceso público en esos territorios.
“La tierra es un bien limitado, excluyente, y no se puede reproducir. Muchos países son muy cuidadosos porque saben que es algo que no se reproduce”, afirmó Volkind. El historiador alertó sobre la importancia de los controles estatales en la venta de suelo y el impacto en la soberanía nacional.
Límites actuales y distribución de la extranjerización
La Ley de Tierras vigente establece que hasta un 15% del territorio nacional puede quedar en manos de capital extranjero. Según Volkind, actualmente la extranjerización representa cerca del 5%, lo que equivale a 13 millones de hectáreas, “el equivalente a Santa Fe”. El investigador aclaró que, con el marco legal vigente, podrían venderse 26 millones de hectáreas más, aunque esto no sucedió hasta el momento.
El debate sobre la necesidad de modificar la ley se centró en los departamentos que ya superan el límite del 15%. “Hay 36 departamentos en el país que superan ese porcentaje, algunos llegan al 60%”, detalló Volkind.
Los territorios se ubican en la zona cordillerana, desde Salta hasta Tierra del Fuego, y en áreas ribereñas del río Paraná, donde se concentran recursos estratégicos como litio y tierras raras.
Volkind indicó que “las 13 millones 200 mil hectáreas registradas son el piso de la extranjerización y no el techo”, ya que persisten dificultades para registrar la totalidad de las operaciones. La concentración de compras ocurre en zonas con recursos naturales, no en regiones agrícolas tradicionales.
Debate sobre los intentos de reforma y el interés por zonas estratégicas
El historiador sostuvo que la intención de modificar la ley responde al interés por zonas específicas con alta concentración de recursos, más que a la falta de tierras disponibles para la venta. “A lo que le interesa al capital extranjero no es comprar tierra en cualquier lado, sino en donde están los recursos”, señaló Volkind. En departamentos donde la extranjerización supera el 15%, la ley vigente ya impide nuevas ventas.
La normativa actual limita que más de un 30% del total de tierras extranjerizadas pertenezca a la misma nacionalidad y fija un máximo de mil hectáreas para cada capital extranjero en la región pampeana.
Volkind advirtió que el alineamiento del gobierno argentino con capitales norteamericanos genera preocupación ante una posible flexibilización de estos límites. “No nos podemos hacer los sonsos que tenemos un gobierno nacional alineado como pocos en la historia argentina con el capital norteamericano”, expresó.
Al mismo tiempo diferenció entre inmigrantes históricos que se asentaron en el país y capitales extranjeros que buscan invertir en grandes extensiones. “No es lo mismo Peter Thiel o Lewis que los colonos que recibieron 33 hectáreas en Esperanza”, puntualizó.
Concentración de tierras y grandes propietarios
La discusión sobre extranjerización se vincula con la concentración de tierras en manos de pocos actores. Volkind planteó la gravedad de que una sola persona o empresa posea grandes extensiones: “¿Está bien que una persona en un país tenga un millón cien mil hectáreas y que eso impacte en el acceso de la mayoría de la población?”, preguntó.
El ejemplo de Benetton ilustra la magnitud del fenómeno. La empresa posee un millón cien mil hectáreas en Argentina. Volkind subrayó que la concentración de tierras afecta el desarrollo territorial, el acceso a recursos y la posibilidad de crecimiento de la población rural, más allá de la nacionalidad del propietario.
El debate sobre el empleo generado por estos grandes propietarios también surgió en el intercambio. Volkind insistió en que el foco debe estar en el impacto estructural de la concentración, no en la nacionalidad del capital.
Nación, provincias y la administración de recursos estratégicos
El investigador señaló la tensión histórica entre el poder central y las provincias en el manejo de tierras y recursos. Sostuvo que “debe haber regulaciones nacionales y políticas estratégicas que contemplen intereses generales, más allá de los intereses provinciales o locales”.
Volkind no rechazó la explotación de recursos como el litio o el petróleo, pero consideró que el eje debe ponerse en “cuánto se reinvierte localmente y cuánto genera crecimiento nacional”.
En el plano internacional, comparó que países como Paraguay y los centroamericanos restringen la venta de tierras fronterizas a extranjeros, mientras que Chile permite excepciones con autorización del Ejecutivo. Consideró que el Estado nacional debe mantener la regulación en materias sensibles para la soberanía y el desarrollo.
Otros aspectos legislativos: expropiaciones, desalojos y manejo del fuego
Entre otras cosas, Volkind manifestó su desacuerdo con la eliminación de restricciones que impiden el cambio de uso del suelo tras incendios. Explicó que la normativa busca impedir que los incendios intencionales sirvan para depreciar tierras y facilitar su destino inmobiliario o turístico.
Diferenció entre la imposibilidad de cambiar el uso del suelo y la prohibición de trabajar la tierra luego de un incendio. “Si es tu uso principal y vivís de eso, debería contemplarse”, afirmó. Y propuso discutir alternativas legislativas que reconozcan realidades productivas sin desproteger los recursos naturales.
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Diputados impulsan una declaración de respaldo a la visita del papa León XIV a la Argentina
La visita del papa León XIV a la Argentina del 8 al 11 de noviembre ya generó impacto político en el Congreso. El diputado nacional por Córdoba Juan Brügge presentó el primer proyecto parlamentario de declaración sobre la presencia del jefe de la Iglesia católica en el país.
El mensaje del legislador busca expresar el deseo de que la visita del papa “contribuya a fortalecer los valores del encuentro, la fraternidad, el diálogo, la paz, la solidaridad y el compromiso con el bien común”.
Entre los fundamentos de su iniciativa, que tiene que ser aprobada por ambas cámaras parlamentarias, Brügge destacó que el Pontífice recorrerá Buenos Aires, Luján y Córdoba y sostuvo que la inclusión de esas ciudades le otorga al acontecimiento “una profunda significación institucional, federal, cultural y espiritual”.
Además, señaló que “la visita de un sumo pontífice trasciende el ámbito estrictamente religioso”. “Su presencia representa una oportunidad para convocar al conjunto de la sociedad argentina a renovar el compromiso con la dignidad de cada persona, la convivencia democrática, la amistad social y cívica, el diálogo entre los distintos sectores y la construcción de una comunidad más justa y solidaria”, agregó.
El itinerario del Papa comenzará en Uruguay, continuará por la Argentina y concluirá en Perú entre el 6 y el 17 de noviembre de 2026. La gira fue confirmada este miércoles por el Vaticano y en la Casa Rosada ya dispusieron la conformación de una comisión interministerial para organizar al detalle la agenda local.
La última visita de un papa a la Argentina tuvo lugar en 1987, cuando Juan Pablo II permaneció en el país entre el 6 y el 12 de abril. Fue recibido por el entonces presidente Raúl Alfonsín como parte de una gira regional que también incluyó Chile y Uruguay. Durante su estadía recorrió las ciudades de Buenos Aires, Bahía Blanca, Viedma, Mendoza, Córdoba y Rosario.
Apoyo de otros bloques
Otro de los legisladores que se expresó sobre la visita fue el diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica. “Será una oportunidad para promover y fortalecer la cultura del encuentro, el diálogo y la búsqueda del bien común, en un tiempo que necesita más puentes que divisiones”, afirmó.
El legislador, cercano a Elisa Carrió, agregó: “Como argentinos, nos une también el legado del papa Francisco, que llevó al mundo un mensaje de fraternidad, justicia y cuidado de la casa común. Que esta visita y su mensaje nos ayuden a renovar el compromiso con una Argentina más unida, fraterna y esperanzada”.
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Desde el oficialismo, la diputada Bárbara Andreussi también celebró la confirmación del viaje. “Celebro con inmensa alegría esta noticia que llena de esperanza a todos los argentinos. Recemos por el Santo Padre y por la fe de toda la Iglesia, y encomendemos nuestra patria a la intercesión de Nuestra Señora de Luján”, expresó la legisladora de La Libertad Avanza.
Andreussi integra el Movimiento Popular Jujeño, espacio desde el que surgió la primera confirmación pública de la visita del papa León XIV al país, luego de que la ex diputada Cristina Guzmán anticipara el viaje pastoral días atrás.
papa León XIV, Congreso, Juan Brügge
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