resultó herido de tres disparos frente a un colegio de El Palomar cuando tres delincuentes intentaron asaltar a padres y madres,Inseguridad,Conforme a

Una carta inédita escrita en el año 1833 se conoció por primera vez en las últimas horas y relata cómo fue la ocupación ilegal de las Islas Malvinas por parte del Reino Unido. El documento fue escrito por el gobernador de la provincia de Buenos Aires para su par de Tucumán, que en ese momento ocupaba un rol central en la naciente Argentina.

El escrito está firmado el 21 de enero de 1833 por parte del entonces mandatario bonaerense Juan Ramón Balcarce para su par Agustín Heredia, que estaba al frente del territorio tucumano. Allí habla de un “disgusto” por la noticia “de la violencia y abuso de la fuerza en las Malvinas, ejecutado por un buque de guerra de S. M. B. (Su Majestad Británica)”.

Cabe remarcar que la ocupación ilegal del archipiélago por parte de las fuerzas inglesas ocurrió el 3 de enero de 1833, por lo que lo expresado en el documento es un fiel reflejo de lo que se vivió en Buenos Aires en aquellos tiempos. En ese sentido, la invasión fue encabezada por el comandante británico John Onslow, al mando de la corbeta HMS Clio, quien ordenó arriar y retirar la bandera argentina del territorio.

Justamente, la carta es para comunicar cómo fueron los hechos que transcurrieron en las islas en la fecha mencionada y el trabajo que realizó el comandante José María Pinedo, quien estaba al mando de la goleta de guerra Sarandí en aquel momento.

El oficio tiene como base el parte oficial que Pinedo elevó al gobierno bonaerense tras su regreso. La Sarandí dio fondo en las balizas exteriores de Buenos Aires el 18 de enero de 1833, y tres días después Balcarce formalizó la denuncia por escrito. El gobierno bonaerense definió la acción británica como una agresión cometida mediante el uso de la fuerza contra un Estado con el que el Reino Unido mantenía tratados de amistad y comercio vigentes.

Otro detalle que marca un antecedente inmediato de la situación, que ya era delicada, fue lo que ocurrió en diciembre de 1831, cuando la fragata estadounidense USS Lexington había atacado Puerto Soledad, lo que llevó a las autoridades bonaerenses a intentar reconstruir la colonia. En ese marco, Francisco Mestivier fue designado comandante civil y militar del establecimiento, y la Sarandí partió en septiembre de 1832 hacia el archipiélago. Al llegar, Pinedo instaló a Mestivier en el cargo y continuó navegando para cumplir tareas de patrullaje. Sin embargo, una violenta sublevación en Puerto Soledad terminó con la vida del propio Mestivier. Cuando Pinedo regresó el 31 de diciembre, restableció el orden en la colonia. Dos días después llegaron las fuerzas británicas.

Según el relato que Pinedo transmitió a Balcarce, el 2 de enero de 1833 la corbeta británica HMS Clio se presentó en la isla Soledad. Pinedo envió dos oficiales a bordo del buque con “ofrecimientos de atención y amistad”. Más tarde, cerca de las tres de la tarde, Onslow subió a la Sarandí acompañado por dos oficiales propios. Allí informó que venía “a tomar posesión de las Islas Malvinas” en nombre de Su Majestad Británica y exigió que el pabellón argentino fuera arriado en un plazo de 24 horas.

La carta subraya que Pinedo respondió con protestas formales. El comandante argentino señaló que su deber no le permitía consentir en tan injusta medida sin recibir órdenes expresas de su gobierno, y apeló a las relaciones de amistad entre Buenos Aires y Londres. Cerca de las ocho de la noche del mismo día, Pinedo recibió por escrito la intimación británica. Evaluó resistir, pero encontró dificultades que consideró insuperables. Entonces envió una comisión para reiterar la protesta y comunicarle a Onslow que, si avanzaba con la fuerza, se vería precisado a resistirle, y que por eso esperaba que se postergara la medida hasta recibir instrucciones del gobierno. La comisión regresó a la Sarandí pasadas las diez de la noche sin haber podido hablar con el comandante británico.

A las seis de la mañana del 3 de enero, Pinedo fue personalmente a bordo de la Clio para protestar por última vez. Onslow mantuvo su postura: afirmó que contaba con fuerzas suficientes y que esperaba refuerzos. La carta recoge que Pinedo responsabilizó a Gran Bretaña por el “insulto y de la violación de los respetos debidos a la República”, y dejó en claro que no sería él quien arriara la bandera que flameaba en tierra. Antes de partir, prohibió por escrito que se arriara el pabellón argentino y dejó a cargo del establecimiento a Juan Simón, capataz del lugar, junto con otros hombres.

Para las nueve de la mañana, tropas británicas desembarcaron desde tres botes de la corbeta. Izaron el pabellón británico en una casa ubicada a unas cuatro cuadras de la comandancia y luego arriaron el argentino. La Sarandí permaneció en las islas durante los días siguientes. El 5 de enero, Pinedo se hizo a la vela. Su presencia en la zona, con fuerzas claramente inferiores —la Clio contaba con 18 cañones y aguardaba el apoyo de la corbeta Tyne, de 28—, no ofrecía margen militar real para revertir la situación.

La carta cierra con una declaración de postura oficial. Balcarce anticipa que el gobierno bonaerense sostendría “los derechos de la República Argentina” y promovería las gestiones necesarias “para obtener del Gobierno Británico una digna reparación, el reconocimiento del derecho sobre las Malvinas, y el uso del dominio en aquel territorio”.

El hallazgo de las cuatro hojas de la carta fue realizado en el Archivo Histórico de la provincia de Tucumán, durante trabajos en la recuperación y conservación del patrimonio documental. El organismo señaló que el descubrimiento fue posible gracias a una tarea cotidiana que busca preservar documentos relevantes para la historia provincial y nacional.

Asimismo, el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales de Tucumán, Raúl Albarracín, destacó la importancia de esta política y remarcó que el propósito es generar una memoria activa: “El Archivo Histórico, por instrucciones de nuestro gobernador, lleva adelante todo un programa de actividades que no solamente se limita a la conservación de la riqueza documental que tenemos en el archivo, a su socialización, sino también a que tengamos un espacio de reflexión”.

Se espera que este jueves el gobernador Osvaldo Jaldo, junto al resto de los funcionarios y al director del Archivo Histórico, Javier Critto, hagan la entrega del documento histórico.

Este viernes vence el plazo que tiene Manuel Adorni para responder el requerimiento de la Justicia y justificar su patrimonio en la causa en la que es investigado por presunto enriquecimiento ilícito. El exjefe de Gabinete ya había conseguido una prórroga de 15 días y ahora deberá presentar su descargo o solicitar una nueva extensión.

Según pudo saber TN, en la Justicia creen que Adorni podría pedir una nueva postergación, aunque hasta el momento no hay una presentación formal en ese sentido y habrá que esperar al vencimiento del plazo.

El motivo estaría relacionado con el acceso a parte del contenido del celular del contratista Matías Tabar, uno de los testigos clave de la investigación. Adorni había solicitado obtener las conversaciones vinculadas con él para preparar su respuesta al requerimiento patrimonial y ese material le fue entregado la semana pasada.

En entorno de Adorni sostiene que las reparaciones en la casa de Indio Qua no costaron US$ 245 mil —tal declaró Tabar ante la Justicia— y por eso quiere acceder a todas las conversaciones y facturas que presentó el contratista.

Por ese motivo, una de las posibilidades que manejan en tribunales es que la defensa argumente que necesita una o dos semanas adicionales para analizar esa prueba antes de contestar los más de 20 puntos planteados por el fiscal Gerardo Pollicita.

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La primera intimación había otorgado a Adorni 15 días para presentar las explicaciones. Antes de que venciera ese plazo, su defensa pidió más tiempo con el argumento de que necesitaba acceder a los archivos utilizados en la investigación. El juez Ariel Lijo hizo lugar al planteo y le concedió otros 15 días. Esa prórroga vence este viernes.

Qué tiene que explicar Adorni ante la Justicia

El requerimiento de justificación patrimonial busca reconstruir el origen de los fondos utilizados por Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, durante el período investigado. La fiscalía analiza bienes, inversiones, créditos y deudas, pero también gastos, pagos en efectivo, movimientos en moneda extranjera y transferencias.

El eje central pasa por los US$200 mil que él mismo dijo haber invertido en Bitcoins en 2014, lo que le habría generado una ganancia de 300 mil dólares. La Justicia espera que pueda aportar documentos sobre las compras de esa criptomoneda y sus inversiones a lo largo de estos años.

Entre los principales puntos, Adorni deberá explicar de dónde salió el dinero para comprar un departamento ubicado en Miró 550, en Caballito, y el lote 380 del country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

La Justicia también puso la lupa sobre las refacciones realizadas en ambos inmuebles. En el caso de la propiedad del country, uno de los puntos centrales son los US$245.000 que, según el expediente, fueron abonados a Tabar por la remodelación integral de la vivienda.

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El fiscal le pidió que individualice el origen de las sumas utilizadas y aporte recibos y documentación respaldatoria. También deberá justificar los fondos empleados para comprar muebles destinados al departamento de Caballito, que habrían sido pagados en dólares y en efectivo.

Los viajes realizados por el grupo familiar son otro de los ejes. La investigación detectó desplazamientos a distintos destinos internacionales y gastos realizados tanto con tarjetas como en efectivo. Entre ellos aparece un viaje a Aruba, donde se registraron desembolsos por US$14.696.

El requerimiento también alcanza a otros gastos familiares, alquileres temporarios, expensas, cuotas escolares y operaciones realizadas a través de terceros.

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El análisis patrimonial determinó que Adorni y Angeletti realizaron pagos en efectivo por $51,7 millones y US$374.081 entre diciembre de 2023 y mayo de 2026.

En total, los gastos relevados durante el período alcanzaron $272,8 millones y US$402.578. La fiscalía busca establecer especialmente de dónde provinieron los dólares utilizados, ya que el 92,9% de las erogaciones realizadas en moneda extranjera fueron abonadas en efectivo.

Otro punto bajo análisis es la diferencia entre los ingresos comprobados y los gastos del grupo familiar. Según el expediente, los recursos acreditados sumaron $229,7 millones, mientras que los egresos registrados llegaron a $272,8 millones: una diferencia superior a $43 millones.

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La evolución de las deudas también forma parte del requerimiento. Durante el período investigado, el pasivo declarado pasó de $92,4 millones a $317,3 millones. La fiscalía detectó la incorporación de cuatro nuevas deudas en dólares con particulares y pidió explicaciones sobre su origen, condiciones y utilización.

Además, Adorni deberá responder por una tenencia declarada superior a US$500.000 y explicar qué activos vendió para obtener esas divisas, las fechas de las operaciones, quiénes fueron los compradores y cuál fue la trazabilidad del dinero.

El requerimiento de justificación patrimonial es una instancia previa a una eventual declaración indagatoria. Una vez que Adorni presente sus explicaciones, la fiscalía deberá analizar si resultan suficientes. Si no lo fueran, la investigación podría avanzar hacia una nueva etapa procesal.

Manuel Adorni