Cristina Kirchner publicó este miércoles una columna de opinión en medios internacionales —entre ellos El País, de España, y Libération, de Francia— en la que defendió su inocencia y cuestiona la condena que la inhabilita de por vida para ejercer cargos públicos, al tiempo que anunció una presentación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU).

La expresidenta, que cumple arresto domiciliario en Buenos Aires tras ser condenada a seis años de prisión por la causa Vialidad, abrió su texto con una advertencia sobre el rol del poder judicial en las democracias. “Cuando la Justicia deja de actuar como garante de los derechos fundamentales y comienza a interferir en la disputa política, la democracia se vacía de contenido”, escribió.

En ese marco, calificó su inhabilitación perpetua como una forma de “proscripción” y sostuvo que ese mecanismo representa “una de las formas más sofisticadas de erosión democrática de nuestro tiempo. No hay tanques en las calles ni clausura del Congreso. Las instituciones permanecen formalmente en funcionamiento. Pero, poco a poco, el espacio de la soberanía popular va siendo sustituido por decisiones judiciales que terminan definiendo quién puede o no participar en la disputa política”.

La columna, firmada por la propia Kirchner, se publicó en simultáneo con la conferencia de prensa en la que su equipo de defensa formalizó la presentación de una Comunicación Individual ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. El planteo sostiene que el proceso judicial violó garantías previstas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado ratificado por Argentina.

“No se trata de recurrir a una instancia internacional por mera disconformidad con decisiones judiciales. Se trata de someter al escrutinio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos la actuación de quienes condujeron mi juzgamiento”, precisó la exmandataria.

CFK también señaló que el proceso al que fue sometida estuvo “marcado por arbitrariedades incompatibles con los principios del debido proceso legal y por un ambiente de hostilidad que también expresa el machismo estructural todavía presente en sectores del sistema de justicia argentino».

En ese pasaje, extendió el argumento más allá de su situación personal: “No se trata solamente de la persecución contra la única mujer electa y reelecta para ejercer la Presidencia de la Nación Argentina. Se trata del intento de excluir de la vida política a una dirigente elegida democráticamente por millones de ciudadanos. Cuando esto ocurre, la violación deja de afectar únicamente a quien ocupa el banquillo de los acusados. Alcanza el derecho político de cada elector a elegir libremente a sus representantes.”

Para conducir esa etapa internacional, la defensa incorporó a dos juristas extranjeros: el brasileño Rafael Valim, vinculado al equipo legal del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ambos participaron junto al abogado Alberto Beraldi en la conferencia de prensa celebrada en el NH Hotel del microcentro porteño.

“No busco privilegios ni excepciones. Exijo únicamente aquello que todo ciudadano tiene derecho a esperar: un juicio imparcial, independiente y compatible con las garantías internacionales asumidas por el propio Estado argentino”, afirmó Kirchner en la columna.

La exmandataria fue condenada por el Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF 2) por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en el marco de la causa Vialidad, que investigó irregularidades en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015. La sentencia fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal en noviembre de 2024 y quedó firme el 10 de junio de 2025, cuando la Corte Suprema rechazó los recursos presentados por las defensas. El 2 de julio de 2026, el máximo tribunal también dejó firme un decomiso de $684.990 millones de pesos contra Kirchner, el empresario Lázaro Báez y otros condenados.

En la columna, la expresidenta también recordó el atentado que sufrió el 1 de septiembre de 2022, al que describió como “un episodio de extrema gravedad que puso en riesgo mi vida y evidenció hasta qué punto la violencia política puede amenazar la convivencia democrática”. El texto cerró con una afirmación de alcance colectivo: “Continuaré defendiendo mi inocencia con todos los instrumentos que el Estado de Derecho pone a disposición de los ciudadanos. Lo hago por mí, pero también por todos aquellos que creen que ninguna democracia permanece íntegra cuando la Justicia deja de proteger derechos para decidir el destino de la política”.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, está integrado por 18 expertos independientes y no dicta órdenes a los Estados miembros, sino recomendaciones. Deberá realizar primero un examen de admisibilidad para determinar si la presentación reúne los requisitos necesarios para avanzar. Si supera esa instancia, el organismo podrá requerir información al Estado argentino antes de emitir un pronunciamiento sobre el fondo del reclamo.

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El Gobierno buscará votar el pliego de Santiago Bausili después de aprobar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. En el Ejecutivo descartan presentar otro candidato negociado con los aliados y la oposición dialoguista, y aseguran que intentarán reforzar la continuidad del actual titular de la autoridad monetaria. “Primero la reforma y después el pliego de Bausili”, expresan en Nación.

La Casa Rosada no prevé tratar ambos expedientes en paralelo. La prioridad inmediata es sancionar los cambios que Javier Milei presentará este jueves por cadena nacional y que apuntan a limitar el financiamiento monetario del Tesoro, restablecer la preservación del valor de la moneda como mandato central y elevar los requisitos para remover al presidente y al directorio del organismo.

En Balcarce 50 proyectan impulsar el acuerdo para Bausili durante los meses siguientes al debate legislativo. La secuencia tiene una lógica política: el oficialismo quiere definir primero las nuevas reglas de gobernanza del Banco Central y luego regularizar bajo ese marco la situación del funcionario que participa de la elaboración y ejecución del programa monetario.

Bausili ejerce la presidencia “en comisión” desde el 11 de diciembre de 2023. El decreto de designación estableció que completará un período legal que vence el 23 de septiembre de 2028, mientras que el Poder Ejecutivo remitió su postulación al Senado el 18 de diciembre de ese año. El expediente ingresó en la Comisión de Acuerdos, pero todavía no tiene dictamen. El mensaje original de la postulación también fue incorporado al expediente parlamentario adjunto.

El Ejecutivo aclara que una eventual aprobación no abriría automáticamente un nuevo mandato de seis años. El acuerdo serviría, bajo la legislación vigente, para formalizar la designación hasta septiembre de 2028, porque Bausili fue nombrado para completar el período institucional en curso y no por un plazo contado desde el día de su llegada al cargo.

La Carta Orgánica establece que el presidente, el vicepresidente y los directores son designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, duran seis años y pueden ser nombrados nuevamente. También permite cubrir los cargos en comisión mientras se tramita la aprobación parlamentaria, un mecanismo utilizado por gobiernos de distintos signos políticos desde la década de 1990.

En Nación descartan aprovechar la negociación de la reforma para ofrecer la presidencia del BCRA como parte de un acuerdo con bloques dialoguistas. La decisión es defender la continuidad de Bausili y separar las eventuales concesiones sobre el articulado de la discusión posterior sobre el nombre que conducirá la entidad.

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El antecedente más cercano de aprobación tardía es Federico Sturzenegger. Mauricio Macri lo nombró en comisión en diciembre de 2015 y el Senado recién aprobó su pliego en noviembre de 2016, casi un año después, con 56 votos afirmativos. El acuerdo formalizó su continuidad hasta septiembre de 2022, aunque terminó renunciando en junio de 2018.

La historia reciente también muestra presidentes que condujeron el organismo sin completar el acuerdo parlamentario. Luis Caputo fue designado en comisión en junio de 2018 y renunció tres meses más tarde; Guido Sandleris asumió bajo el mismo mecanismo en septiembre de ese año y permaneció hasta el cambio de gobierno de 2019.

Miguel Pesce también inició su gestión en comisión en diciembre de 2019. Alberto Fernández envió su pliego al Senado ese mismo mes y volvió a solicitar el acuerdo en 2022, cuando comenzaba otro período legal, pero el trámite no llegó a completarse antes de que dejara la entidad en diciembre de 2023.

En otros casos, la Cámara alta sí regularizó rápidamente las designaciones. Alejandro Vanoli, por ejemplo, asumió en comisión en octubre de 2014 y obtuvo el acuerdo en diciembre de ese año para completar el mandato que había dejado vacante Juan Carlos Fábrega. La votación terminó con 37 apoyos y 24 rechazos.

La reforma que prepara Milei agrega una dimensión distinta porque apunta a endurecer el procedimiento de remoción. El régimen vigente permite que el Poder Ejecutivo aparte al presidente o a los directores por incumplimiento de la Carta Orgánica, inhabilidades, mala conducta o incumplimiento de los deberes de funcionario público, con el consejo previo de una comisión del Congreso en los últimos dos supuestos. Ese pronunciamiento fue considerado históricamente no vinculante.

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Los principales antecedentes de conflicto son Pedro Pou y Martín Redrado. Fernando de la Rúa removió a Pou en 2001 por “mala conducta”, mientras que Cristina Kirchner desplazó a Redrado en 2010 por su negativa a transferir reservas al Fondo del Bicentenario. En el segundo caso, el Ejecutivo dictó primero la remoción y luego la confirmó tras recibir el consejo de la comisión legislativa.

La Casa Rosada busca reducir ese margen de discrecionalidad mediante causales más taxativas, mayores exigencias procedimentales y una participación legislativa más fuerte. El alcance real del “blindaje” dependerá, sin embargo, de la redacción definitiva y de las cláusulas transitorias: el proyecto deberá establecer expresamente si el nuevo régimen de remoción alcanzará a las autoridades que ya estén en funciones.

El oficialismo presenta la secuencia como parte de una misma estrategia institucional. Primero intentará sancionar una Carta Orgánica que limite la asistencia al Tesoro y otorgue mayor estabilidad a la conducción; después llevará al Senado el pliego pendiente para consolidar a Bausili hasta 2028. La apuesta es insistir con el funcionario que Milei y Luis Caputo consideran “central” para la continuidad del programa económico.

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Aunque el Congreso permanece cerrado por receso de invierno, el Gobierno ya está analizando la forma de destrabar uno de los proyectos prioritarios que tiene en carpeta, la reforma política, que pretende cambiar el sistema electoral en el país, por lo que se vuelve una definición clave de cara a las negociaciones por las eventuales alianzas en las provincias.

En un principio, el oficialismo nacional planteó la eliminación definitiva de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una idea que mantienen desde el inicio de la gestión.

Sin embargo, incluso antes del freno legislativo por las vacaciones, y ante la falta de votos de los aliados, La Libertad Avanza aceptó estudiar otras alternativas para evitar así que todo el proyecto se cayera.

Quien llevó adelante las conversaciones fue la jefa del bloque violeta en el Senado, Patricia Bullrich, aunque con la intervención del jefe de Gabinete, Diego Santilli.

El martes, “El Colo” recibió en la Casa Rosada a Juan Pablo Valdés, mandatario de Corrientes, una de las provincias con las que, a pesar de haberlo intentado, no se llegó a un acuerdo electoral en 2025.

En aquel entonces, el antecesor del actual gobernador, Gustavo Valdés, se negó a competir que cualquier otro candidato que no fuera su hermano, por lo que los libertarios decidieron ir por afuera y terminaron siendo duramente derrotados.

Por su parte, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en su rol de titular del partido, tendrá sus propios encuentros políticos en los próximos días.

La funcionaria viajará la semana que viene a Chaco para verse con uno de sus históricos aliados, Leandro Zdero, y es probable que también a Raúl Jalil en Catamarca y a al senador Gerardo Zamora en Santiago del Estero.

“Falta mucho para la definición de las listas y de las alianzas. Hay que ver primero si va a haber PASO o no, entre muchos otros factores que van a influir”, reconocía ante Infobae uno de los armadores de LLA.

En este sentido, en el oficialismo remarcan que “el único objetivo real para el 2027 es que el Presidente consiga su reelección y todo lo que se haga va a ser para eso”.

En lo que respecta al Congreso, las autoridades nacionales reconocen que hay un retraso en las reformas, pero sostienen que “lo más importante es blindar todas las medidas económicas y el proyecto en general”.

”Hay un total de 13 gobernadores que tienen relación buena con nosotros. Yo los conozco y sé que no se van a tirar si no ven que hay agua en la pileta”, remarcó una fuente de Casa Rosada.

Para el entorno de Milei, los mandatarios locales “están viendo que hay una posibilidad, que hay un Presidente que en sus provincias está bien”.

De hecho, a pesar de los informes negativos de algunas consultoras y organismos, como el Índice de Confianza en el Gobierno que elabora la Universidad Torcuato Di Tella, en el entorno presidencial confían en que el sello de La Libertad Avanza sigue fuerte.

“A nosotros nos da que está estable. Hubo una caída con el tema de Adorni, pero se mantuvo ahí. Nunca estuvo tan mal como algunos decían ni tan bien como marcaban otros. Está estable“, argumenta uno de los estrategas.

Para el equipo que diseña los planes de comunicación, “especialmente cuando medís una gestión durante un periodo largo de tiempo, para poder entender cómo se comporta la sociedad, hay que ver todo el panorama”.

“A veces hay picos para arriba o para abajo, pero vos lo que vas observando es cómo se comporta la serie histórica”, remarcan.

Aunque en Balcarce 50 se muestran confiados y fuertes, varios de los gobernadores aseguran que las negociaciones por los eventuales acuerdos electorales no es algo que los vaya a condicionar para apoyar los proyectos de ley que quiere la Nación.

El tema de las PASO es un ejemplo de ello, ya que muchos no están de acuerdo con que se eliminen, principalmente porque quieren dirimir sus internas locales sin tener que decidir apoyar solamente a un candidato presidencial.

“No hemos tenido respuesta hasta el momento”, respondió un mandatario aliado que propuso implementar las “listas colectoras” para solucionar el conflicto.

De acuerdo con lo que precisaron en Balcarce 50, las alternativas que ahora están sobre la mesa es que, en lugar de eliminar las primarias, únicamente se suspendan en el 2027.

Otra opción es aceptar la idea de la PAS, que impulsa el PRO, entre otros espacios, para que dejen de ser obligatorias y pasen a ser optativas, con comicios en los que compitan los partidos que tienen más de una boleta.

Todos estos escenarios debatirá la mesa política libertaria cuando vuelva a reunirse, luego de que se suspendiera el encuentro de este martes debido a que un de sus principales integrantes, Karina Milei, estaba de viaje en Perú, como parte de la comitiva que acompañó al Presidente en el acto de asunción de Keiko Fujimori.

Tras el receso invernal, el Congreso volverá a funcionar el 6 de agosto, para cuando el Gobierno pretende convocar a una mega sesión para tratar varias de las reformas que ya fueron enviadas.

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