POLITICA
La Casación trata la propuesta de Carlos Mahiques de regular la relación de los jueces con la prensa
Las autoridades de la Cámara Federal de Casación se reúnen esta mañana y entre los temas a tratar incluyeron la propuesta presentada la semana pasada por el camarista Carlos Mahiques para regular la relación entre los jueces y la prensa.
En un documento dirigido al presidente del tribunal, Diego Barroetaveña, el padre del ministro de Justicia de Javier Milei, Juan Bautista Mahiques, repudió el martes pasado lo que llamó una “incesante promoción y difusión en los medios audiovisuales de información y publicaciones falsas, distorsionadas o erróneas vinculadas con la magistratura y sus integrantes” y propuso medidas institucionales drásticas para blindar al Poder Judicial frente al discurso mediático.
En primer lugar, sugirió la “instalación de una vocería u organismo de prensa que sistematice desde el mismo tribunal la difusión en tiempo y forma” de las sentencias, con la intención de que la ciudadanía reciba información de una “fuente rigurosa, confiable y oficial”.
Pero lo más llamativo es que propuso regular los vínculos personales entre los actores del sistema judicial y el periodismo. Mahiques instó a incorporar normas deontológicas a los reglamentos que regulen estas relaciones y que se sancione éticamente como una “grave falta el intercambio de información o de ‘favores’ que luego son utilizados por el periodismo como ‘fuentes judiciales’ no revelables”.
El temario de hoy del Acuerdo de Superintendencia de la Casación -encuentro del que participan los presidentes de las cuatro salas y el de la Cámara- incluye, en el punto 3: “Presentación del señor titular de la vocalía nro. 7, Dr. Carlos Alberto Mahiques”. Tras la exposición que haga este juez, en la reunión de hoy se decidirá qué curso se le da a su propuesta.
En diálogo con , magistrados del tribunal advirtieron que esta iniciativa implica un avance sobre la libertad de prensa y que solo cabe archivarla. Pero otro de los camaristas dijo que no estaría mal analizar la posibilidad de crear una vocería. En este punto, la propuesta roza a la Corte Suprema, creadora del Centro de Información Judicial (CIJ), alertan en el primer piso de los tribunales de Comodoro Py, donde hoy expondrá Mahiques su plan a sus colegas.
En su nota de la semana pasada, Mahiques denunció una “promiscuidad informativa” y un “periodismo oportunista y mercenario” que debe ser enfrentado por un interlocutor judicial formado que “desmonte el fácil argumento de ‘buenos y malos’, la intolerancia maniquea y extrema, y que desenmascare a los inquisidores morales de doble estándar”.
El juez, a quien recientemente el Senado le dio acuerdo para continuar en el cargo más allá del tope de los 75 años de edad, sostuvo que el resguardo de una información pública “recta y objetiva” es una exigencia republicana que se está viendo vulnerada por un tratamiento mediático que privilegia el impacto emocional por sobre el análisis fáctico.
Mahiques denunció un proceso de “acoso mediático” contra los integrantes del Poder Judicial y puntualizó que los temas judiciales han sido objeto de “innumerables comentarios, artículos o editoriales en portales digitales y -con particular virulencia en la grilla televisiva y on line de la empresa S.A. La Nación+-”.
Denunció que un grupo de comunicadores, a los que calificó peyorativamente como “epígonos”, se dedican a deslizar sospechas y afirmar falsedades sobre los magistrados. Mahiques acusó a estos sectores de aludir a los jueces —incluyéndose a sí mismo— “con términos y calificaciones pretendidamente sarcásticas o caricaturescas cuando no decididamente injuriosas”.
Para el magistrado, no se trata de hechos aislados, sino de un patrón de hostilidad protagonizado por lo que llama “nuevos sicofantes” que montan operaciones contra el Poder Judicial. Mahiques advirtió que estos ataques tienen un “efecto corrosivo ocasionado a la imagen, la dignidad y la legitimidad de la Justicia como un poder del Estado”.
Anunció que analiza tomar medidas legales en lo que respecta a lo que se escribe o dice sobre él: “De mi parte habré de evaluar si ese hostigamiento pretendidamente informativo, por su encono y sesgo descalificador, tiene relevancia en el ámbito civil o penal como merecedor de reparación o de sanción a sus responsables físicos o jurídicos”.
Se declaró víctima de desprotección: “Los jueces y funcionarios, Sr. Presidente, carecemos de toda protección legal frente a la crítica exacerbada, el escarnio y el escrache, pues todo suele quedar impune bajo el tinglado protector de la libertad de expresión o de la garantía de ‘preservación de las fuentes’”.
Mahiques, de 75 años, fue ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires en la gestión de María Eugenia Vidal. Renunció después de seis meses. Fue nombrado camarista en la Casación ordinaria (tribunal que trata delitos comunes, como homicidios y robos) y desde allí fue trasladado, con la firma de Mauricio Macri, a la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país.
Mahiques fue uno de los magistrados que quedó envuelto en el caso Lago Escondido, en 2022, por un viaje que hicieron con empresarios y lobbistas a la estancia de Joe Lewis, en la Patagonia, y por la difusión de presuntos chats que daban cuenta de cómo los integrantes de ese viaje intentaron que los detalles de la invitación no trascendieran. Estuvo imputado -junto con su hijo que hoy es ministro- cuando la causa estaba en el Sur, pero luego el caso pasó a los tribunales de Comodoro Py, donde la causa fue anulada y todos los acusados fueron sobreseídos sin que la fiscalía apelara.
En febrero pasado, su nombre quedó asociado a las investigaciones de la AFA, cuando reveló que había celebrado su último cumpleaños en la quinta de Pilar atribuida a Pablo Toviggino, tesorero de la federación de fútbol. Su hijo, exfiscal general porteño, juró como ministro de Justicia en marzo y en una de sus primeras medidas envió al Senado el pliego para que su padre siga en el cargo cinco años más (lo que fue aprobado el 19 de mayo).
En el cierre de su presentación de la semana pasada, Mahiques citó al juez italiano Giovanni Falcone (asesinado en 1992 en un atentado explosivo de la Cosa Nostra): advirtió sobre la aplicación de una “lógica mafiosa” por parte de los poderosos que buscan condicionar a la Justicia para obtener resoluciones favorables a sus intereses. Según la nota, el método consiste en un proceso de degradación pública: “Primero los ensucian, luego los aíslan, y finalmente los matan”.
Mahiques concluyó que, en el caso de los medios de comunicación, este ataque representa una “muerte lenta por desgaste personal y erosión simbólica” de los jueces. Por ello, consideró urgente “re-institucionalizar el debate entre los jueces y los medios” y hallar un modo de “mesurar la desmesura” antes de que el Poder Judicial sea reducido a un simple “servidor del discurso mediático”.
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POLITICA
Internas y apuro en el Congreso: se reúne la Mesa Política para definir la estrategia por las reformas
La instancia de deliberación de estrategia política que tiene la Casa Rosada, más conocida como Mesa Política, volverá a reunirse hoy a las las 13:00 para acordar cuáles son los proyectos que se priorizarán en las próximas semanas en la agenda legislativa. En el interior del Gobierno existen importantes matices sobre cuáles son los caminos a adoptar, mientras persiste una presión de la oposición para imponer sus temas en la agenda política.
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, convocó para este martes en Casa Rosada a la mesa que integran el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el asesor presidencial, Santiago Caputo; la senadora nacional Patricia Bullrich; el secretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; y el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández. El único ausente con aviso es el ministro de Economía, Luis Caputo, que se encuentra en Tailandia para asistir a la reunión anual del FMI.
Se trata de la reanudación de las conversaciones de estos funcionarios luego de que la semana pasada se cancelara la reunión por motivos de agenda. El panorama parece cada vez más apremiante debido a que faltan aproximadamente seis semanas para que termine el período de sesiones ordinarias del Congreso y el oficialismo tiene un cuello de botella con decenas de reformas y proyectos que se encuentran con media sanción o sin tratar en alguna de las dos cámaras.
Una de las voces autorizadas de esa mesa afirma que “el tema más importante” a deliberar será la sesión convocada por la oposición para este jueves que busca debatir la derogación total del DNU 70/2023, la prórroga de la Emergencia en Discapacidad y proyectos sobre morosidad de familias. Aunque la oposición reconoce que no tiene los votos suficientes, apuesta a una masiva movilización —prevista desde las 10:30, con la participación de universitarios, jubilados, la CGT, la CTA, organizaciones de discapacitados y grupos de inquilinos— para que presione a los diputados del “medio” para que acompañen.
“Ese es el tema prioritario para esta reunión”, afirma una de las personas que armó el temario para la cumbre en Casa Rosada. Uno de los integrantes de la Mesa añadió: “La sesión del jueves es importante, creemos que lo del DNU 70 debería quedar desarticulado después del fallo de la Corte Suprema”. El máximo tribunal restituyó de manera provisoria la vigencia de la Ley de Tierras, facilitando que el oficialismo pueda convencer a varios de sus aliados de que no den quórum para la sesión. La oposición estaría considerando bajar al recinto a pesar de no tener los números, pero dejar en evidencia a quienes no contribuyan a iniciar la sesión.
Infobae consultó con cuatro funcionarios que asistirán al encuentro y, en el conglomerado de opiniones, pudo recabarse que tratarán de hablar de las reuniones informativas que se desarrollarán por estos días por el Presupuesto 2027, la Reforma Política y de los proyectos de Sociedades, Soberanía Nacional y el Super RIGI, entre otros.
Esta semana, la Cámara de Diputados abrirá el debate del Presupuesto 2027 en comisión, con la presencia del secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Paralelamente, continuará la discusión sobre el proyecto de Defensa de la Soberanía de Malvinas, donde el oficialismo buscará mantener el texto original con mínimas modificaciones, mientras el peronismo impulsa un dictamen alternativo que solo abarca el primer capítulo del proyecto. Además, arrancará el debate de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada —que ya tiene media sanción del Senado— y La Libertad Avanza intentaría reponer mediante un artículo las restricciones a la compra de tierras por extranjeros, eliminadas durante el trámite del proyecto por la Cámara Alta.
El proyecto de Súper RIGI —el régimen de incentivos para inversiones superiores a USD 1.000 millones en industrias del futuro— se encuentra estancado en el Senado desde principios de septiembre, cuando aliados del Gobierno como el PRO, la UCR y el peronismo disidente plantearon objeciones centradas en la protección de los insumos nacionales: exigen que la oferta local sea considerada competitiva siempre que su precio no supere en más de un 15% al de la competencia extranjera, y que se establezca un mecanismo de consulta con entidades empresarias para verificar la existencia de proveedores locales. Sin un guiño desde Balcarce 50 que avale esos cambios —decisión que recae en el Ministerio de Economía—, los aliados advirtieron que no habrá acuerdo, y cualquier modificación al texto obligaría además a que el proyecto regrese a Diputados en segunda revisión. En la misma situación se encuentra el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR).
La Reforma Política —que contempla la suspensión de las PASO— debería terminar de definirse en las próximas semanas. Los negociadores políticos del Gobierno puntualizan que hay “acuerdos de palabras” con varios gobernadores y que el principal escollo se encuentra en un grupo de senadores del radicalismo y de bloques que no responden a ningún jefe provincial. “Es algo que Patricia viene diciendo desde que comenzaron las negociaciones y no le hacen caso”, afirma una fuente de su entorno.
Santilli, en tanto, está apurando las reuniones bilaterales con mandatarios subnacionales y es partidario de cerrar los acuerdos políticos lo antes posible. En esa misma tónica se encuadran los primos Caputo, que consideran que el oficialismo debe relegar capilaridad partidaria en las provincias con tal de poder generar certidumbre de acuerdos políticos y calma en los mercados.
Martín y Lule Menem han marcado una postura diferente en las últimas semanas. Consideran que los gobernadores deben comprometerse a una agenda de desregulación en sus provincias que conlleve bajas impositivas y reducción del tamaño de sus burocracias, llegando a otorgar cargos a libertarios en las administraciones subnacionales para poder auditar ese proceso. “Karina y Lule están menos desesperados por cerrar. Y tiene lógica desde mi punto de vista. Comúnmente los oficialismos tienen menos incentivos para cerrar un año no electoral. Conviene estirarlo un poco más desde este análisis”, analiza un integrante de la Mesa Política en diálogo con Infobae.
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POLITICA
Discapacidad: Rodrigo Sbarra quedó a cargo de forma interina del área por el accidente que sufrió el nuevo secretario
El accidente de tránsito que sufrió a fines de septiembre el secretario nacional de Discapacidad, Pablo Di Liscia, apenas una semana después de su designación, generó nuevamente un clima de incertidumbre en un área especialmente sensible para el gobierno de Javier Milei. Mediante la resolución 1376/2026, firmada por el ministro de Salud, Mario Lugones, el organismo quedó de manera interina a cargo de Rodrigo Sbarra, secretario de Gestión Administrativa de la cartera de Salud, quien afrontó una causa penal hasta 2023.
La seguidilla de recambios en el último mes se suma a las limitaciones presupuestarias del área, que generan reclamos en la calle y dificultades en el Congreso, y a la investigación por presunta corrupción durante la gestión de Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (que fue disuelta tras el escándalo y reconvertida en una secretaría del Ministerio de Salud).
“Encomiéndase al titular de la Secretaría de Gestión Administrativa […] el despacho y la resolución interina de los asuntos concernientes a la Secretaría Nacional de Discapacidad, mientras dure el impedimento temporal de su titular”, indica la resolución 1376/2026, publicada el miércoles pasado.
Es que Di Liscia “sigue en similares condiciones: terapia intensiva e intubado”, comentó una fuente oficial a .
Respecto de la posibilidad de designar a un nuevo secretario de Discapacidad, señaló que “por ahora no hay certezas de qué se va a hacer”.
La resolución también delegó facultades en las subsecretarías de Políticas de Acceso y Apoyos y de Regulación, Certificación y Proyectos, en manos de Esteban Giler y Gianfranco Scigliano, respectivamente. Ambas oficinas dependen de la Secretaría de Discapacidad.
En cambio, Sbarra depende directamente de Lugones. Este secretario es el número dos de la cartera.
Quién es Sbarra
En un área que acumuló controversias a lo largo del gobierno de Milei, quedó al frente un hombre cuyo currículum en la función pública tampoco está exento de polémicas.
Sbarra se desempeñó como subsecretario de Coordinación del Ministerio de Producción de Mauricio Macri, entre 2015 y 2019, y luego fue denunciado por el hallazgo de un sobre con 10.000 dólares en un escritorio del despacho que ocupaba hasta que dejó su función.
Entonces, afrontó una causa penal –iniciada por el Ministerio de Desarrollo Productivo del gobierno de Alberto Fernández, que dependía de Matías Kulfas– durante más de tres años, hasta que finalmente fue sobreseído en diciembre de 2023.
El fiscal Gerardo Pollicita le hizo un requerimiento de justificación patrimonial y los bienes de Sbarra fueron sometidos a una serie de peritajes. Si bien él había dicho que el dinero se lo había “plantado” el kirchnerismo, los investigadores judiciales entendieron que era suyo, pero que no había motivos para avanzar con una causa por lavado de dinero ni por enriquecimiento ilícito porque tenía una situación patrimonial que justificaba que tuviera ese dinero en efectivo.
Sbarra es licenciado en Economía por la UBA y magíster en Finanzas por UCEMA. Antes de ser el número dos de Lugones –cargo al que llegó el 7 de julio pasado–, en este gobierno se desempeñó como subsecretario de Coordinación Administrativa del Ministerio de Salud y, previamente, como subsecretario de Gestión Administrativa de la Jefatura de Gabinete.
Antes de su desembarco en la gestión de Cambiemos, el funcionario tuvo un paso por la administración pública como asesor en los ministerios de Economía y Producción entre 2005 y 2011, durante los gobiernos kirchneristas, y del gobierno porteño.
Incertidumbre en Discapacidad
Este último capítulo se suma a una larga serie de controversias que atravesaron la gestión de Milei en materia de discapacidad. Solo en el último mes, tres funcionarios estuvieron a cargo del área.
El 21 de septiembre, Alejandro Vilches renunció en medio de las tensiones internas del Gobierno por los recortes presupuestarios. Su corrimiento se conoció tras la presentación del proyecto de Presupuesto 2027, que incluía la derogación de aspectos centrales de la ley de discapacidad vigente, como el nomenclador y la actualización automática de los valores de las prestaciones. En paralelo, los legisladores oficialistas negociaban con sus aliados una salida para el conflicto.
Vilches, a su vez, había asumido tras la salida forzada de Spagnuolo, extitular de Andis, apartado en agosto del año pasado en medio de la difusión de una serie de audios atribuidos a él, en los que hablaba sobre irregularidades en el organismo y mencionaba a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem. El 22 de septiembre pasado, la Cámara Federal confirmó los procesamientos de Spagnuolo y de otras 18 personas investigadas por presuntos desmanejos en el área.
Tras la renuncia de Vilches, el Gobierno designó a Di Liscia como su reemplazante, quien había ocupado cargos en las gestiones macristas de María Eugenia Vidal (provincia de Buenos Aires) y de Horacio Rodríguez Larreta (Capital).
Sin embargo, el 29 de septiembre pasado, apenas una semana después de su nombramiento, sufrió un accidente de tránsito mientras circulaba en moto, lo que le provocó varias fracturas.
Finalmente, el miércoles pasado se publicó la resolución que dejó el área bajo la responsabilidad de Sbarra.
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El periodista brasileño Rogério Tomaz Jr. cuestionó al Gobierno de Javier Milei después de que las autoridades argentinas le impidieran ingresar al país y lo obligaran a regresar a Brasil. En sus redes sociales, calificó la deportación como “prácticamente un trofeo” y sostuvo que la decisión estuvo vinculada con sus críticas políticas al Presidente.
Tomaz publicó una foto desde el aeropuerto de Guarulhos, en San Pablo, mientras esperaba un vuelo a Brasilia. “Tengo mucho orgullo del camino que elegí y construí en mi vida. Ser deportado, a causa de mis críticas políticas, por un gobierno de narcos, pedófilos, ladrones de criptomoneda y agresores de jubilados es prácticamente un trofeo para mí”, escribió.
En otro mensaje, el periodista se refirió al escenario político de Brasil, donde se enfrentan el presidente Lula da Silva y el candidato opositor Flávio Bolsonaro. “En Brasil (todavía) hay democracia, pero estamos en serio riesgo de convertirnos en una Argentina. ¡Vamos que vamos!”, expresó.
La expulsión también provocó un cruce en redes con el asesor presidencial Santiago Caputo, que había celebrado la medida. “Te falló el operativo, campeón”, publicó el funcionario después de conocerse que Tomaz Jr. no había podido ingresar al país.
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