La Cámara Federal le dio este jueves un nuevo empujón a uno de los expedientes de corrupción más longevos de Comodoro Py: sumó como querellante a una organización civil en la causa que investiga el presunto vaciamiento de la empresa estatal YPF, que lleva ya 20 años en etapa de instrucción en el juzgado de Ariel Lijo.

Por disposición de la Sala I, al expediente se incorpora como acusador particular Integridad Republicana, una asociación civil que está representada por el abogado Carlos Negri. Desde este jueves, contará con acceso al expediente, podrá proponer medidas de prueba y cuestionar los movimientos de la causa.

De hecho, antes de constituirse como querellante ya había recusado a Lijo, acusándolo de haber anticipado una solución al litigio mediante la inacción, lo cual consideran un “prejuzgamiento encubierto”.

De la sociedad forman parte, entre otros, la exnúmero dos de la UIF durante el macrismo, María Eugenia Talerico; el radical Fabio Quetglas y la exdiputada del ARI Marcela Campagnoli.

Los mismos jueces que hoy sumaron a Integridad Republicana al caso —Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi— en 2024 habían constituido como querellante a Contadores Forenses, una ONG que mantuvo actividad en el expediente pero perdió participación tras el fallecimiento de Alfredo Popritkin.

En ambos casos, los magistrados lo hicieron dando vuelta la decisión del juez Lijo, que había optado por no incorporarlos.

“Entendemos que resulta procedente su constitución como tal […]. Ello, en tanto los hechos y conductas que conforman el objeto de la pesquisa podrían conculcar derechos colectivos fundamentales de la sociedad en general, cuya defensa y protección se encontrarían abarcados por el objeto social de la organización”, dijeron los magistrados.

La asociación estará como querellante en el expediente junto a las provincias de Mendoza y Chubut. En la misma resolución de noviembre con la que el juez decidió no sumar a Integridad Republicana, decidió aceptarlas como querellantes. Son patrocinadas por el abogado Bernardo Saravia Frías, exprocurador del Tesoro durante el macrismo y figura clave en el capítulo internacional de la trama.

El expediente tramita en el Juzgado Federal N° 4, a cargo de Lijo, y bajo intervención de la Fiscalía 7, que durante los primeros años de vida de la causa estuvo bajo el mando del fiscal Carlos Cearras —hoy fiscal de Cámara— y actualmente está a cargo de Ramiro González. La investigación, sin embargo, no fue delegada.

El recorrido

El caso YPF nació en 2006 como una denuncia, pero a los dos años se concretaría el ingreso de la familia Eskenazi a la compañía, lo que se convertiría, por el modo en que se realizó esa operación, en uno de los ejes del expediente.

Entre 2007 y 2011, el Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, ingresó a la compañía al adquirir el 25% de las acciones mediante un esquema de préstamos que se pagarían con los propios dividendos de la empresa.

Según la denuncia, formulada y luego ampliada por Elisa Carrió, para financiar la entrada del Grupo Petersen, YPF sufrió un sobreendeudamiento del 800% entre 2005 y 2012. Además, sostiene que se repartieron dividendos por 5.000 millones de dólares, de los cuales 1.700 millones habrían sido “inexistentes”, es decir, pagados sin ganancias genuinas de la empresa.

En 2012, otro evento con resonancias internacionales volvería a redibujar los contornos del expediente: la estatización de la empresa, impulsada por el entonces viceministro de Economía Axel Kicillof.

La compra de acciones de la empresa desatendió dos artículos del estatuto de la compañía que obligaban a cualquiera que se hiciera con una determinada cantidad de acciones a realizar la misma oferta al resto de los accionistas minoritarios.

El Estado retomó así el control mayoritario de la petrolera -hasta ese momento en manos de la española Repsol-, pero desató una tormenta legal en los Estados Unidos cuando el fondo Burford Capital adquirió los derechos para litigar de dos empresas del Grupo Petersen, que declararon haber quebrado al dejar de recibir los dividendos tras la reestatización de YPF.

Esos derechos de litigio fueron adquiridos por Burford en el marco de un remate de la justicia española que administraba la quiebra.

En septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, dictó la sentencia que condenaba a la Argentina a pagar 16.100 millones de dólares por haber incumplido con aquel estatuto. Pero en marzo de este año, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito revocó el fallo de Preska.

La Corte reconoció que la Argentina no había cumplido con el estatuto, pero sostuvo que las leyes de expropiación están por encima de cualquier estatuto comercial interno de una empresa. Al frente de la estrategia argentina, que se mantuvo en esencia a lo largo de los distintos gobiernos, estuvo Saravia Frías, hoy abogado patrocinante de las provincias querellantes.