POLITICA
La CGT endureció la pelea con el Gobierno por el salario mínimo y reclamó llevarlo a casi $1.000.000

La CGT elevó la presión sobre el Gobierno en medio de la negociación por el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). En un duro comunicado difundido este viernes, la central obrera reclamó que el piso salarial se eleve a $911.202 y alcance $993.300 en diciembre, al tiempo que cuestionó la modalidad virtual del Consejo del Salario y acusó al Ejecutivo de vaciar la instancia de diálogo.
“El salario no puede ser un ingreso de pobreza”, sostuvo la conducción nacional de la CGT, que volvió a reclamar que las negociaciones se desarrollen de forma presencial y con participación efectiva de todas las partes.
La discusión se produjo mientras el Consejo del Salario se reunió por primera vez en el año para intentar definir una actualización del haber mínimo, que hoy se ubica en $376.600 para trabajadores mensualizados. La convocatoria fue realizada por la Secretaría de Trabajo mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial, que fijó el encuentro bajo modalidad virtual.
En el documento, la central sindical sostuvo que el deterioro del poder adquisitivo del salario mínimo lleva años y cuestionó tanto la postura de las cámaras empresarias como la del Gobierno.
Leé también: Fracasó la reunión del Consejo del Salario: el Gobierno decidirá la próxima suba del sueldo mínimo por decreto
“La pérdida de poder adquisitivo del Salario Mínimo, Vital y Móvil y la creciente distancia entre su valor y los ingresos necesarios para afrontar las necesidades básicas de una familia trabajadora es un hecho que venimos reclamando hace años”, señaló.
Críticas al Gobierno por el Consejo del Salario
La central también redobló sus cuestionamientos contra la Casa Rosada por mantener la modalidad virtual del encuentro, pese al pedido formal para que la discusión fuera presencial.
“La modalidad virtual no permite una negociación real cuando están en juego los ingresos de millones de trabajadores”, insistió la CGT, que además remarcó la ausencia del secretario de Trabajo en la convocatoria como una muestra de la “escasa relevancia” que el Gobierno le asigna al ámbito de negociación.

El comunicado fue un paso más en una tensión que ya había quedado expuesta la semana pasada, cuando el triunvirato que conduce la central le había solicitado a la Secretaría de Trabajo modificar el formato del encuentro para garantizar un intercambio directo entre sindicatos, empresarios y el Estado.
La discusión salarial y el escenario del Gobierno
Mientras la CGT reclama que el salario mínimo se acerque al costo de una canasta básica familiar, el Gobierno sostiene una estrategia paralela para que los salarios de convenio superen el millón de pesos mediante negociaciones paritarias entre sindicatos y empresas.
Sin embargo, el Salario Mínimo, Vital y Móvil continúa siendo una referencia legal que impacta en prestaciones como el seguro por desempleo y funciona como piso para trabajadores sin convenio.
En caso de que no exista consenso entre las partes —como ocurrió en la última actualización— el Poder Ejecutivo volverá a tener la posibilidad de fijar el nuevo monto por decreto.
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POLITICA
La Justicia suspendió el aumento de las tarifas de luz en la provincia de Buenos Aires

La Justicia suspendió este viernes el aumento en las tarifas de luz que se venían aplicando desde agosto en la provincia de Buenos Aires, tras una medida cautelar presentada por el defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino.
La decisión fue tomada por un juzgado de Bahía Blanca y alcanza a las firmas Empresa Distribuidora La Plata (Edelap); Empresa Distribuidora de Energía Sur (EDES); Empresa Distribuidora de Energía Atlántica (EDEA) y a Empresa Distribuidora de Energía (EDEN).
A partir de esta resolución, las compañías deberán aplicar el cuadro tarifario anterior al incremento.
A su vez, aquellos usuarios que ya habían pagado los nuevos valores recibirán un saldo a favor en la siguiente factura.
“Tras una presentación que hicimos desde Defensoría la Justicia ordenó suspender el aumento de la tarifa eléctrica en la Provincia. Las empresas distribuidoras no pueden trasladar aumentos a las familias sin cumplir con la obligación legal de informar y debatir previamente”, manifestó Lorenzino desde sus redes sociales tras la resolución.
La determinación fue adoptada por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Bahía Blanca, a cargo de Agustín López Coppola, quien suspendió la Resolución 585/2026 del Ministerio Infraestructura y Servicios Públicos firmada por el gobierno de Axel Kicillof.
La disposición del gobierno bonaerense contemplaba la aplicación de los aumentos en el cuadro tarifario a partir del 1° de agosto.
“La medida busca resguardar los derechos económicos de los consumidores y garantizar el derecho constitucional a una información adecuada y a la participación en la toma de decisiones tarifarias”, había presentado la Defensoría del Pueblo bonaerense.
En el pedido de la cautelar, Lorenzino había cuestionado el incremento de la tarifa, en particular el componente del Valor Agregado de Distribución (VAD), que refiere a la parte que se retribuye a la empresa distribuidora por llevar la energía desde los puntos de entrega hasta los hogares y comercios.
Según su postura, antes de la aplicación de nuevos aumentos se requiere de una audiencia pública que permita la participación de los usuarios, con el objetivo de que puedan acceder a toda la información disponible.
De acuerdo a la resolución, a la que tuvo acceso , el Gobierno bonaerense respondió que existió una audiencia donde se establecieron los criterios para el cálculo y el régimen de los cuadros tarifarios.
Sin embargo, esa instancia data de 2016, motivo por el cual juez dio lugar a los argumentos de la Defensoría.
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POLITICA
La oposición reclama una comisión del Congreso para intervenir en la política sobre Malvinas

El Congreso termina una semana más que compleja para el oficialismo. El martes, mientras se preparaba para ir a un plenario de comisión a debatir la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad, se enteró de la intención del Gobierno nacional de eliminar, básicamente, la ley que protege a ese colectivo de la mano del Presupuesto 2027.
En medio de esto ingresó el proyecto conocido como Malvinas bajo el nombre de Ley de Soberanía Nacional. En el oficialismo señalan que es “estratégico”, pero a pesar de haber ingresado ayer al Congreso, todavía no fue girado a las comisiones correspondientes.
El Gobierno ingresó el proyecto y se llamó al silencio, pero desde la oposición empezaron a crecer las voces que mostraban disconformidad con el texto de la norma. Tanto es así que ayer, en el Senado, hubo un momento de zozobra como consecuencia de eso.
El texto de la norma establece la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, en el que participan el Presidente, ministros y el titular de la SIDE. Además, establece que será ese Consejo quien defina la política de seguridad de carácter obligatorio y podrá disponer medidas urgentes ante amenazas “graves e inminentes”. También será quien tenga a cargo el procedimiento administrativo sancionatorio, a cargo del propio Consejo de Seguridad Nacional. Es decir, el Ejecutivo se erige como juez y parte.
Esto generó el reclamo del Congreso que, en el caso de quienes no cuestionan la existencia de un Consejo de Seguridad, entienden que debe tener algún tipo de participación. Eso se cristalizó ayer en la sesión del Senado, cuando se pidió la creación de una comisión. La senadora Carolina Moisés, de Convicción Federal, pidió el tratamiento sobre tablas de un proyecto de ley de creación de una Comisión Bicameral por la Causa Malvinas.Bicameral por la Causa Malvinas.
“En este punto lo que quiere Convicción Federal es hacer respetar la participación que debe tener el Poder Legislativo en esta materia, frente a los acontecimientos públicos y las acciones del Gobierno Nacional que incluso hoy envió al Congreso un proyecto en defensa de la soberanía nacional”, explicó la legisladora por Jujuy.
El debate hizo que el peronismo sumara dos proyectos para que fueran tratados sobre tablas —uno referido al mismo tema—, lo que dejó a LLA contra las cuerdas. Si no acompañaba, se negaba a tratar el tema Malvinas; y si acompañaba, podría perder esa votación y la de la vuelta del Coro Nacional de Niños, que eliminó Presidencia.
“La titular del bloque de LLA logró convencer a Moisés de que retirara el pedido bajo el compromiso de ‘el próximo martes lo debatimos en la Comisión de Asuntos Constitucionales’”.
Luego comenzó una discusión sobre si hacerla bicameral o unicameral. Bullrich se inclinó más por esta última posibilidad, pero se mostró permeable a la discusión y a la posibilidad de crear una comisión permanente en el Congreso que pueda seguir los pasos de lo que hace el Ejecutivo.
El proyecto no deja de sumar críticas, ya que muchos entienden que tiene más que ver con un control interno de la SIDE y de las Fuerzas Armadas que con la protección de los recursos de Malvinas.
Así lo deja ver el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, quien publicó en su cuenta de X que el proyecto que envió el Gobierno “deroga por completo la Ley 26.659, que protege los recursos argentinos en Malvinas. Y lo hace sin preservar expresamente ninguna de las inhabilitaciones vigentes. Justamente la que alcanza a la petrolera que ellos mismos beneficiaron con concesiones y con el RIGI”.
Frente a esto, Ferraro adelantó que debatirá el resto del proyecto “con responsabilidad y mucho estudio. Pero no voy a habilitar ninguna concentración del poder, deriva autocrática ni arbitrariedades y ambigüedades”.
POLITICA
Manuel Adorni mantiene la custodia, se mueve en auto oficial y prepara la justificación de su patrimonio

Casi tres meses después de renunciar como jefe de Gabinete, Manuel Adorni continúa utilizando un vehículo oficial que acumula multas millonarias y mantiene una custodia de las fuerzas federales, según verificó . El exfuncionario se acerca a horas decisivas, ya que este miércoles vence la prórroga que la Justicia le concedió para que explicara su evolución patrimonial en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.
La historia del vehículo en el que se traslada a diario plantea dos preguntas: por qué continuó afectado a la Jefatura de Gabinete después de que Adorni dejó de ocupar ese cargo el 27 de junio, y quién se hace cargo de las multas de tránsito que acumuló en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires desde que ya no es funcionario. Son más de 50 infracciones que identificó , en su mayoría por exceso de velocidad, por un monto acumulado que supera los $10 millones, según los registros públicos consultados.
Se trata de un vehículo Toyota SW4 modelo 2022 que, según el informe de dominio del Registro de la Propiedad Automotor obtenido por , pertenece al Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur). El ente público que actualmente preside Daniel Scioli cedió el vehículo a la Jefatura de Gabinete durante la gestión de Guillermo Francos y la camioneta continúa bajo la órbita de esa dependencia, según el testimonio de fuentes oficiales. pudo ver y fotografiar el auto esta semana, el miércoles y el jueves, en la calle del departamento de Adorni, en Caballito.
Adorni utilizó esa misma camioneta cuando era jefe de Gabinete, cargo que asumió en noviembre de 2025. El día que brindó una de sus primeras declaraciones sobre su patrimonio, en la conferencia de prensa del 25 de marzo, llegó a la Casa Rosada en ese vehículo.
En los papeles, el auto identificado en el informe de dominio pertenece al Inprotur y tiene dos cédulas autorizadas, de acuerdo con el informe de dominio.
Una fuente oficial de Inprotur, ante la consulta de , indicó que el instituto turístico “formalizó, con fecha 7 de enero de 2025, un Permiso de Uso sobre un vehículo de su titularidad —un Toyota SW4 4×4 SRX 2.8 TDI— a favor de la Jefatura de Gabinete de Ministros”. En esa respuesta también aclaró que iba a estar destinado para “traslados oficiales de su titular y de su comitiva”. Por entonces, la Jefatura de Gabinete estaba a cargo de Francos. Quienes integraron su equipo explicaron que, dadas sus dimensiones, era un vehículo cómodo para que quien viajaba en el asiento trasero pudiera trabajar.
Sobre su uso actual, la misma fuente del Inprotur señaló: “Fue otorgado un permiso de uso a la Jefatura de Gabinete para ser utilizado exclusivamente como medio de transporte oficial del jefe de Gabinete de ministros y de su comitiva. A partir del traspaso, su afectación y utilización quedaron bajo la exclusiva administración de la jurisdicción permisionaria. El vehículo continúa, a la fecha, bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros”.
Sin embargo, el sucesor de Adorni, Diego Santilli, no hizo uso del auto de Inprotur. consultó a la Jefatura de Gabinete qué acto administrativo mantiene vigente esa afectación y cuál es el destino actual del vehículo, pero al momento de publicación de este artículo no había recibido comentarios.
La custodia
En el Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, afirmaron que Adorni “tiene custodia, como todo funcionario y exfuncionario de alto rango durante 6 meses, con base en evaluación de riesgo; si a los 6 meses se amerita seguir con custodia, sigue”.
Un exfuncionario del área de Seguridad, consultado por , sin embargo, admitió que “no es lo más común” que un exjefe de Gabinete tenga custodia, aunque sí la tienen expresidentes, exministros de Seguridad, extitulares de la SIDE y miembros de la Justicia. Pese a eso, explicó que es una decisión que puede administrar el propio Ministerio de Seguridad en función del riesgo detectado en cada caso particular.
también intentó contactar a Adorni al celular que utilizaba mientras era funcionario, pero no obtuvo respuesta. Durante su paso por la Jefatura de Gabinete, Adorni aludió a un episodio de violencia en la vía pública y a presuntas amenazas que habría sufrido. En ese contexto, planteó que se movía con custodia por necesidad e indicó que no había “nada que ocurra fuera de la normativa, menos aún en materia de seguridad”.
El actual vocero presidencial, Adrián Ravier, había informado en julio que Adorni tendría custodia fuera de su cargo, aunque se desconocía que también retenía el beneficio de un auto oficial.
Multas millonarias
El uso cotidiano del Toyota SW para la movilidad de Adorni puede constatarse por la cantidad de multas que registra el vehículo en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia, muchas de ellas en fines de semana.
Actualmente, en los registros de la Ciudad hay 4 multas de finales de agosto y principios de septiembre, por un total de 1,8 millones de pesos. En Provincia figuran 27 multas, de las cuales 8 son por hechos posteriores a la renuncia de Adorni y que totalizan $1,3 millones. Las notificaciones llegan a nombre del titular registral, el Inprotur.
La cifra registrada en la Ciudad llegó a ser mucho más alta. Este martes figuraban 144 multas bajo el dominio del auto que usa Adorni, de las cuales 41 correspondían al período posterior a sus funciones en Casa Rosada (más de $8 millones).
Horas después de que este medio constatara, este miércoles y en la vía pública, que Adorni se movía en esa camioneta oficial, esas 144 infracciones porteñas por un total de 61 millones de pesos dejaron de aparecer en el registro público. Eso ocurre cuando alguien paga las multas o consigue que un controlador de faltas las dé de baja por improcedentes. Entre el jueves y el viernes se incorporaron las cuatro multas en jurisdicción porteña que aún figuran como vigentes. En la provincia de Buenos Aires nada cambió.
consultó a las autoridades porteñas qué explicación tenía esa modificación del registro y si las infracciones habían sido pagadas, anuladas, regularizadas o habían dejado de figurar por otra razón. Una fuente de la administración porteña explicó que “a los vehículos de flota del Estado nacional se les cobra como a cualquier otro, a través de un número de CUIT”.
En el Inprotur, en tanto, señalaron que “todos los gastos corren por cuenta de Jefatura de Gabinete”. ¿Los vehículos utilizados por las custodias de exfuncionarios deben pagar las multas o se les perdonan, en consonancia con su misión? El exfuncionario del Ministerio de Seguridad consultado por indicó: “Hay jurisdicciones que las condonan, pero la custodia sabe que, salvo que sea un traslado de seguridad, deben cumplir con todas las normas de tránsito”.
verificó que esta semana el vehículo era utilizado por Adorni mientras estaba acompañado por agentes de seguridad. También constató que se usó para un traslado a una escuela, pero este diario no tomó imágenes y se mantuvo alejado del establecimiento para resguardar la privacidad de menores y la tranquilidad de la comunidad educativa.
El jueves, cuando la camioneta retornó al edificio del barrio de Caballito donde reside la familia Adorni, ya sin los menores a bordo, tomó imágenes del vehículo en la vía pública. Dos custodios se identificaron como policías y requirieron que el reportero presentara su DNI, al que le tomaron fotos.
La investigación judicial
La primera fecha que tenía Adorni para explicar en la Justicia su evolución patrimonial era el 26 de agosto, tal como informó . Tras un pedido de prórroga, la presentación fue reprogramada para este miércoles.
Su presentación es una instancia relevante en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que tramita en la fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita. Se espera que Adorni explique en detalle los movimientos de su patrimonio, sus gastos y los fondos utilizados para solventarlos, en los términos planteados en el expediente.
Cuando comenzó esta trama, el por entonces jefe de Gabinete había dicho en una conferencia de prensa en marzo: “Todo lo que tiene que estar declarado, está declarado”. En junio, durante una entrevista en LN+, reconoció que tenía ahorros no declarados, producto de inversiones en criptomonedas.
Ahora deberá brindar sus explicaciones en el marco de una investigación judicial y respaldarlas con la documentación correspondiente.
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