POLITICA
EEUU podría retirar el apoyo a Reino Unido sobre las Islas Malvinas si no aumenta el gasto militar, según The Telegraph
La posibilidad de que Estados Unidos revise su respaldo a la posición británica sobre las Islas Malvinas apareció en el centro de una nueva advertencia de Washington a Reino Unido, de acuerdo con un reporte de The Telegraph. La publicación sostuvo que altos funcionarios del Pentágono evalúan esa carta de en medio de una exigencia más amplia para que los aliados de la OTAN eleven su inversión militar.
Según informó The Telegraph en los primeros tramos de su publicación, la discusión forma parte de una revisión sobre el compromiso de los socios atlánticos con las nuevas metas de gasto en defensa. El punto de tensión, según ese medio, pasa por la percepción de funcionarios estadounidenses de que Londres no presentó hasta ahora una hoja de ruta suficiente para acercarse al objetivo del 5% del PBI que impulsa la administración de Donald Trump.
El planteo adquiere relevancia política y diplomática por el peso del tema Malvinas en la relación entre Argentina, Reino Unido y Estados Unidos. La postura oficial de Washington ha sido de neutralidad respecto de la soberanía, aunque con reconocimiento de la administración británica del archipiélago. En ese marco, cualquier alteración en ese equilibrio sería leída como un cambio sensible dentro de la discusión estratégica del Atlántico Sur.
De acuerdo con el medio británico, un alto funcionario estadounidense dijo que es probable que Reino Unido reciba una atención especial dentro de la revisión que Washington lleva adelante sobre sus aliados en la OTAN. Esa evaluación busca establecer si los países miembros cuentan con vías creíbles para alcanzar las nuevas metas de inversión militar. El mismo funcionario, citado por el medio mencionado, afirmó: “Espero que el Reino Unido reciba una atención especial debido a su gran potencial”.
La nota atribuyó a esa misma fuente otra definición sobre el tono de las conversaciones entre ambos gobiernos. Ante una consulta sobre la posibilidad de un cambio de postura de Estados Unidos respecto de las Islas Malvinas, el funcionario respondió, siempre según The Telegraph: “Puedo afirmar que las conversaciones son francas y no se descarta ninguna opción para fomentar el tipo de reparto de la carga que buscamos”. La frase quedó presentada por el diario como uno de los indicios más directos de que el tema ingresó en el debate interno del Pentágono.
El artículo vinculó esa presión con la estrategia estadounidense de empujar a la alianza hacia una etapa que funcionarios de Washington denominan “OTAN 3.0”. Bajo ese esquema, los países europeos y Canadá deberían asumir la responsabilidad principal de la defensa convencional del continente. Dentro de esa lógica, el gasto militar se convirtió en una variable central para definir prioridades, compromisos y nivel de apoyo político por parte de la Casa Blanca y del Pentágono.
En ese contexto, la publicación señaló que en Washington consideran insuficiente el plan de inversión en defensa anunciado en junio por el primer ministro Keir Starmer. Según el funcionario citado por el diario británico, la iniciativa británica avanzó en la dirección correcta, aunque sin alcanzar el nivel que reclama la administración republicana. La misma fuente expresó, en declaraciones recogidas por The Telegraph: “Hemos visto el plan de inversión en defensa, y es un paso en la dirección correcta. Pero un paso en la dirección correcta no es suficiente”.
La cobertura agregó que la preocupación estadounidense también se explica por la falta de un compromiso explícito de destinar el 3% del PBI a defensa para 2030. The Telegraph sostuvo que esa ausencia podría generar inquietud en sectores del gobierno británico. El medio europeo citó, además, informaciones publicadas por el Financial Times según las cuales el ministro de Hacienda no asumiría ese objetivo en su presupuesto previsto para el 28 de octubre.
La nota también incorporó declaraciones de Elbridge Colby, principal responsable de política del Pentágono, tras conversaciones con aliados atlánticos en Bruselas. Según reprodujo The Telegraph, Colby afirmó ante periodistas: “Esperamos ver más de países como el Reino Unido”. El funcionario elogió, a la vez, los avances de Alemania, Polonia, Países Bajos y los países escandinavos para cubrir déficits de capacidades militares.
Siempre según ese medio británico, Colby trasladó a los representantes de la OTAN que los países rezagados continuarán bajo presión de Washington para acelerar el aumento del gasto en defensa y reemplazar sistemas de armas suministrados durante años por Estados Unidos. Esa revisión, añadió la publicación, definirá cuántas tropas estadounidenses permanecerán en Europa, en qué lugares y con qué velocidad se ejecutarán eventuales cambios en el despliegue.
En ese marco general, los países de la alianza acordaron destinar 3,5% de su PBI a defensa y otro 1,5% a infraestructura vinculada con seguridad para 2035, según consignó The Telegraph. La decisión responde, de acuerdo con la misma reconstrucción, a la necesidad de cubrir vacíos que dejaría una menor concentración militar estadounidense en Europa ante el giro estratégico hacia el Indo-Pacífico.
Sobre la cuestión de fondo, la publicación recordó que Argentina mantiene su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, mientras que el gobierno británico reafirmó este año que considera al territorio como un territorio británico de ultramar soberano. Esa definición fue ratificada por un portavoz de Starmer, de acuerdo con lo señalado por el propio medio.
La secuencia descrita por The Telegraph coloca a las Malvinas dentro de una negociación más amplia sobre compromisos militares, capacidad industrial de defensa y distribución de cargas dentro de la OTAN. Por ahora, el reporte no indicó una decisión formal de Estados Unidos, sino la existencia de discusiones en el Pentágono y advertencias dirigidas a Reino Unido en una revisión que seguirá su curso en los próximos meses.
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POLITICA
El Gobierno denunció a Itaí Hagman, diputado de Grabois, y a otras cuatro personas por la toma del Palacio Pizzurno
El Gobierno presentó una denuncia penal contra el diputado nacional de Unión por la Patria Itaí Hagman, dirigente del espacio político de Juan Grabois, por los incidentes ocurridos durante la toma del Palacio Pizzurno, donde funciona la Secretaría de Educación de la Nación. La información fue confirmada a Infobae por fuentes oficiales, que precisaron que la presentación fue realizada por el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, e incluyó a otras cuatro personas identificadas por las autoridades. Los delitos denunciados fueron usurpación, resistencia a la autoridad, lesiones y daño.
La denuncia fue presentada este miércoles, después de que un grupo de estudiantes universitarios ingresara al edificio ubicado en Pizzurno 935, en Buenos Aires, para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La protesta comenzó con una sentada frente a la sede educativa y derivó en la ocupación del hall central, pese a la intervención de efectivos de la Policía Federal Argentina que intentaron impedir el ingreso.
El episodio provocó un enfrentamiento político entre el Gobierno y dirigentes opositores. El presidente Javier Milei cuestionó públicamente a Hagman, quien apareció en las inmediaciones del edificio durante el operativo policial. El diputado rechazó los cuestionamientos y explicó en sus redes sociales: “Me acerqué cuando me avisaron que estaban por reprimir a los estudiantes”.
La presencia de Hagman adquirió especial relevancia por sus antecedentes en otra ocupación de un edificio público. El 7 de junio de 2025, el legislador había participado, junto con Grabois y otros dirigentes del Frente Patria Grande, de la toma del Instituto Nacional Juan Domingo Perón, ubicado en Austria 2601, en Recoleta. Aquella protesta había sido organizada para rechazar el cierre del organismo dispuesto por la administración de Milei.
En esa oportunidad, unas 50 personas ingresaron al inmueble, donde funcionaban un museo y un centro de estudios dedicado a la historia del peronismo. Entre los participantes estuvieron también la diputada Natalia Zaracho y otros dirigentes del espacio. El operativo de desalojo terminó con la detención de Grabois, quien recuperó su libertad al día siguiente. Hagman había acompañado aquella medida y ahora volvió a quedar involucrado en una controversia por la ocupación de una dependencia estatal.
En el caso del Palacio Pizzurno, el Ministerio de Capital Humano sostuvo que durante la manifestación se produjeron daños al patrimonio público y que la ocupación se desarrolló mediante acciones violentas. “Por la fuerza, nada”, escribió Pettovello después de los incidentes. La cartera afirmó que el derecho a manifestarse debía ejercerse dentro de la ley y con respeto por las instituciones democráticas.
Los estudiantes, por su parte, aseguraron que habían organizado una protesta pacífica para reclamar respuestas sobre la situación presupuestaria de las universidades nacionales. Participaron alumnos de la Universidad de Buenos Aires y de las universidades nacionales de La Plata, Quilmes y San Martín. Además del financiamiento universitario, reclamaron una actualización de las becas Progresar y solicitaron una reunión con el secretario de Educación, Carlos Torrendell.
En el Gobierno sostuvieron que la discusión sobre el financiamiento universitario se encontraba actualmente en el ámbito del Poder Judicial, donde tramitaba una causa con múltiples incidentes y presentaciones de las partes. Según la posición oficial, correspondía esperar una decisión definitiva de la Justicia sobre los alcances y la implementación de la legislación vigente.
La administración nacional también destacó que el proyecto de Presupuesto 2027 había incluido aumentos en las partidas destinadas al sistema universitario, que consideraba alineados con la normativa vigente. Ese argumento formaba parte de la posición oficial frente a los reclamos presupuestarios y salariales de las universidades, que cuestionaban los recursos asignados y exigían la aplicación integral de la ley.
El conflicto judicial había sumado un nuevo capítulo el 6 de octubre, cuando el juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional una cláusula del decreto 759/2025, mediante la cual el Ejecutivo había condicionado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario a la definición de sus fuentes de financiamiento. El magistrado ordenó avanzar con su implementación inmediata y el Gobierno apeló la resolución.
La protesta ocurrió además en vísperas de la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para el 15 de octubre. En el Ministerio de Capital Humano interpretaron la ocupación como una acción de contenido político vinculada con esa movilización. La denuncia contra Hagman y las otras cuatro personas abrió así un nuevo frente judicial en medio de la disputa entre la administración nacional, los dirigentes opositores y el movimiento estudiantil.
POLITICA
Iniciativas populares: lanzan una plataforma digital que permite verificar la autenticidad de las firmas
La Cámara Nacional Electoral (CNE) lanzó una plataforma digital encaminada reunir adhesiones para iniciativas legislativas populares, donde se colectarán apoyos ciudadanos mediante una firma electrónica.
La nueva herramienta, creada por una acordada de la CNE, estará disponible para cualquier persona, agrupación política u organización de la sociedad civil que promueva una iniciativa legislativa popular y funcionará de manera complementaria a la recolección de firmas en papel en apoyo de esa propuesta.
La decisión se adopta luego de la experiencia piloto autorizada por el tribunal en mayo de 2026. Las verificaciones realizadas permitieron comprobar la viabilidad técnica de vincular de manera segura la identidad de cada firmante con el documento firmado, así como garantizar la autenticidad de las firmas, la integridad de los documentos y la preservación de los datos personales.
La plataforma será administrada, mantenida y operada por la propia Cámara Nacional Electoral, a través de su Oficina de Coordinación General de Sistemas Informáticos Electorales, que también realizará el seguimiento técnico y el control periódico de los estándares de seguridad y autenticidad.
Los promotores de una iniciativa que quieran utilizarla deberán solicitar previamente su habilitación, sin costo alguno. La implementación de esta herramienta busca facilitar la participación ciudadana y modernizar el procedimiento de iniciativa popular, manteniendo las garantías de autenticidad y verificación previstas por la legislación vigente.
La decisión fue firmada por los camaristas Alberto Ricardo Dalla Via, Santiago Hernán Corcuera y Daniel Bejas.
La idea es facilitar lo que establece la ley 24.747, reglamentaria de esa modalidad de participación ciudadana, que establece como condición para la presentación de iniciativas populares, la recolección de firmas de “un número de ciudadanos no inferior al 1,5% del padrón electoral utilizado para la última elección de diputados nacionales”, representativas de por lo menos seis distritos electorales.
La ley encomienda a la Justicia nacional electoral verificar la autenticidad de las firmas en un plazo no mayor a 20 días.
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POLITICA
La Cámara de Casación declaró prescripta una causa contra Petrobras por supuestos balances falsos
La Cámara Federal de Casación Penal declaró prescripta por el paso del tiempo una causa contra la empresa Petrobras y sus directivos que estaban acusados por supuestos balances falsos y el ofrecimiento de acciones de manera supuestamente fraudulenta.
La Sala III del tribunal, integrada por los jueces Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci, confirmó por unanimidad la resolución de la Cámara en lo Penal Económico que había dispuesto, al igual que el juez de primera instancia, el sobreseimiento.
La decisión afecta a la firma Petróleo Brasileiro SA, más conocida como Petrobras, y a algunas de sus autoridades.
Los jueces rechazaron en forma unánime el recurso de casación que había interpuesto el representante de Consumidores Financieros Asociación Civil para su Defensa, que era querellante en el caso.
En esta causa se investiga la oferta pública de acciones ordinarias y acciones preferidas de Petroleo Brasileiro SA que se habría efectuado en el mercado de capitales nacional, entre 2006 y diciembre de 2014.
Allí presuntamente había afirmado, según la querella, circunstancias falsas al público inversor, consistentes en la tenencia de activos fijos por un valor supuestamente superior al real, a través de la consignación de datos de los balances de la empresa, supuestamente apócrifos.
La presunta maniobra habría consistido en que los estados contables presentados ante la Comisión Nacional de Valores habrían exhibido una sobrevaluación del rubro del activo denominado “propiedad, planta y equipo”.
Se habrían computado como costos de aquellos los sobreprecios o gastos adicionales pagados a contratistas y proveedores, con lo que aparecía distorsionada la imagen económica de la empresa frente a los accionistas y el público inversor.
Las conductas objeto del proceso habían sido calificadas como constitutivas de los supuestos delitos de ofrecimiento fraudulento de valores negociables y consignación de datos falsos en los balances contables, cuya pena máxima es de 6 años de prisión, que es el límite temporal que se analizó a los fines de la prescripción.
El 17 de abril de 2019 el Juzgado Penal Económico 2 había dispuesto la citación a prestar declaración indagatoria de la firma y algunas autoridades.
Posteriormente se dictaron los autos de procesamiento de Silvia Foster de Barbassa y Petróleo Brasileiro SA y, de otro lado, fueron sobreseídos José Alcides Santoro Martins, José Carlos Cosenza, Ronaldo Batista Assuncao, José Antonio de Fuguiredo, José Miranda Fomigli Filho, Iván de Souza Monteiro, Roberto Motro, Jorge Celestino Ramos, Alberto Da Fonseca Guimaraes y Raúl Adalberto de Campos. Posteriormente fue sobreseído Mauro Gentile Rodrigues da Cunha en 2024.
La defensa de Foster de Barbassa y Petroleo Brasileiro apelaron y, en 2025, la Sala A de la Cámara en lo Penal Económico revocó los procesamientos.
Consideró que las decisiones eran prematuras y que no se había acreditado el delito ni se había completado la investigación sobre la idoneidad de los programas de control interno, y encomendó profundizar la investigación.
Previo a que la Cámara revocara los procesamientos y durante la tramitación de los recursos de apelación, el juzgado había dado intervención a los querellantes que habían requerido elevar el caso a juicio.
Sin embargo, en el caso se consideró que ese pedido no interrumpió la prescripción, porque la Cámara Penal Económico revocó los procesamientos.
Por ello, el 3 de septiembre de 2025 el Juzgado Penal Económico 2 declaró extinguidas las acciones penales contra Petróleo Brasileiro SA y todas las autoridades denunciadas.
Dijo que el plazo de prescripción aplicable era de seis años, correspondiente al máximo de la escala penal mayor prevista por los tipos penales involucrados y que ya se había cumplido.
Si bien el curso de la prescripción se interrumpió el 17 de abril de 2019 con el llamado a prestar declaración indagatoria de los imputados, desde aquel acto hasta la actualidad transcurrió el plazo máximo de 6 años.
La decisión del juez de primera instancia fue confirmada por la Sala A de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico y ahora por los jueces de Casación, que intervinieron ante el recurso de los querellantes, Consumidores Financieros.
El juez Carlos Mahiques consideró que lo resuelto en la Cámara Penal Económico se encontraba debidamente fundamentado.
Entendió que no corresponde considerar aquí la imprescriptibilidad de los casos de corrupción, pues los tratados internacionales suscriptos por nuestro país en punto a la corrupción no habilitan por sí mismos a considerar imprescriptibles maniobras que se puedan vincular ya sea directa o indirectamente con ese fenómeno.
Finalmente, y frente a los reclamos de la parte querellante sobre supuestas dilaciones atribuidas a las defensas, Mahiques explicó que la extinción de la acción penal es de orden público y se produce de pleno derecho por el transcurso del tiempo.
En un voto concurrente, el juez Borinsky comenzó recordando que, para computar el término de la prescripción de la acción en un proceso penal, debe estarse a la pena del delito más severamente reprimido de los atribuidos al imputado y a la posible calificación más gravosa.
Destacó que la penalidad máxima para los delitos atribuidos era de 6 años de prisión y que, teniendo en cuenta que el único acto interruptivo del curso de la prescripción fue el llamado a indagatoria del 17 de abril de 2019, transcurrió el plazo correspondiente.
Destacó asimismo que las referencias de la querella al delito de lavado de activos o a un delito continuado más allá de la fecha de cese fijada en autos, esgrimidas sin fundamentos ni pruebas que las avalen y al solo efecto de mantener vigente la acción penal, no encontraban sustento en alguna de las constancias de la causa.
Por otra parte, Borinsky coincidió con el juez Mahiques en que el requerimiento de elevación a juicio presentado por la querella no tiene capacidad para interrumpir el curso de la prescripción, pues esta pieza fue presentada antes de que la Cámara Penal Económico revocara los procesamientos de los imputados.
Por su parte, el doctor Yacobucci compartió los argumentos de sus colegas y acompañó el rechazo del recurso de casación de la querella.
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