El juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti respaldó este sábado la aplicación de la inhabilitación para ejercer cargos públicos que recibió Cristina Kirchner en la causa Vialidad y sostuvo que “no hay personas proscriptas” en la Argentina. El magistrado señaló que esa sanción tiene antecedentes y diferenció sus consecuencias electorales del propósito de la intervención judicial.

Ante la consulta acerca de si actualmente hay personas proscriptas en el país, Lorenzetti lo negó y reconoció la legitimidad de las discusiones políticas. “Creo que en la sociedad cada sector tenga sus argumentos y los use para luchar por lo que cree que es bueno. Eso está bien en democracia”, dijo en declaraciones a Radio Con Vos, y agregó que esas posiciones no deben ser censuradas.

Sin embargo, respecto de las diferencias entre el debate político y la actuación judicial, Lorenzetti afirmó: “Jurídicamente es otra cuestión, nosotros nos ajustamos a la ley, al derecho y la Constitución. La Corte ya dijo lo que tenía que decir”.

En respuesta a los cuestionamientos del kirchnerismo sobre la condena de la exmandataria, remarcó que la inhabilitación “es una medida que está prevista hace muchos años en el Código”.

Lorenzetti explicó que la Corte recibió una causa penal en la que el TOF 2 había impuesto penas de prisión e inhabilitación, y no una solicitud para definir si la expresidenta podía participar en elecciones. La resolución que firmó junto con Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz en junio de 2025 dejó firme la pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta.

Al detallar qué evaluaron los integrantes del máximo tribunal, el magistrado recordó que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 y la Cámara Federal de Casación Penal ya habían resuelto sobre el expediente. Según indicó, esas decisiones habían cumplido con el requisito del doble ntes de que la defensa acudiera a la Corte mediante un recurso de queja.

“Por eso no analizamos el fondo, sino que analizamos y resolvimos sobre la falta de fundamentación. Es decir, no estaba bien fundado”, aseguró sobre la presentación con la que se buscaba revisar la condena.

El magistrado también distinguió la aplicación de la inhabilitación de los cuestionamientos sobre su carácter perpetuo. Señaló que existen planteos de inconstitucionalidad que proponen una sanción de duración limitada, aunque evitó pronunciarse sobre esa discusión. “Ese es un tema pero la Corte no se trató, entonces no podemos opinar sobre eso”, aclaró.

El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) se pronunció en defensa de la libertad de prensa y reclamó un debate público sin agravios ni descalificaciones, después de los ataques del presidente Javier Milei contra . A través de un comunicado, la organización puso el foco en la “responsabilidad de quienes fueron elegidos para gobernar”.

Bajo la consigna de “promover un debate público basado en el respeto y la responsabilidad”, el instituto expresó: “La libertad de prensa y el respeto por las ideas, aun cuando existan diferencias, son pilares fundamentales de la convivencia democrática. Desde IDEA consideramos que el debate público debe desarrollarse en un marco de pluralidad de opiniones, diálogo y respeto, sin agravios ni descalificaciones”.

Luego, la entidad marcó el deber de los funcionarios frente a las diferencias en la discusión pública. “Quienes fueron elegidos para gobernar deben actuar con responsabilidad y contribuir a un debate público respetuoso. Los agravios a periodistas en el ejercicio de su función contradicen ese deber”, sostuvo.

También vinculó ese planteo con la situación del país: “En un contexto en el que la ciudadanía realiza un esfuerzo colectivo para alcanzar la estabilidad y el desarrollo del país, desde IDEA insistimos en la necesidad de promover y respetar la libertad de prensa y de expresión, y de sostener un debate público basado en el respeto, la tolerancia y la responsabilidad”.

El pronunciamiento se conoció después de que Milei cuestionara este viernes la cobertura periodística del caso $LIBRA, tras el sobreseimiento del Presidente en la investigación. Durante su discurso en la cena de la Fundación Faro, el mandatario acusó a de utilizar la causa para “extorsionar al Gobierno y evadir impuestos”.

En ese tramo de su exposición, nombró a Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrigues, Natalia Volosin y Luis Novaresio, quienes cubrieron el caso, y los calificó de “ensobrados y corruptos”. Poco después, afirmó: “Se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta”.

Las declaraciones provocaron rechazos de entidades periodísticas y dirigentes de distintos espacios políticos, incluidos sectores aliados del oficialismo. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) rechazó la reacción del Presidente ante el sobreseimiento en la causa $LIBRA y advirtió sobre una escalada de los agravios contra la prensa. “La réplica, la refutación y la aclaración nunca deberían ser reemplazadas por el insulto y el agravio”, indicó.

Por su parte, la Academia Nacional de Periodismo emitió un comunicado en el que cuestionó los reiterados insultos de Milei a periodistas y señaló que se realizaron amenazas de muerte. La institución alertó sobre las consecuencias de la violencia institucional para la democracia. El repudio también alcanzó a referentes del peronismo, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica y Pro, que expresaron su solidaridad con los periodistas señalados por el mandatario.