El Gobierno nacional avanza con una reforma profunda del Régimen de Inocencia Fiscal, la herramienta que apunta a facilitar el ingreso de fondos no declarados al circuito formal de la economía o en otras palabras: los “dólares bajo el colchón”. El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó los principales lineamientos del proyecto que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso, con cambios que alcanzan tanto a los requisitos de acceso como a las reglas de fiscalización y a los mecanismos de defensa de los contribuyentes.

La iniciativa surge luego de que el esquema vigente mostrara un nivel de adhesión menor al esperado y de que especialistas tributarios plantearan observaciones sobre distintos aspectos de la ley original. A partir de ese diagnóstico, el equipo económico trabajó en una serie de modificaciones que buscan ampliar el universo de beneficiarios y, al mismo tiempo, otorgar mayores garantías a quienes decidan regularizar su situación patrimonial.

En conferencia de prensa, Caputo repasó los cuatro ejes centrales de la reforma, que abarcan desde la definición de quiénes pueden adherir al régimen hasta los plazos y condiciones bajo los cuales la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) podrá cuestionar las declaraciones presentadas. El funcionario detalló cada uno de estos puntos, que en conjunto redefinen el funcionamiento del esquema respecto de su versión original.

Uno de los cambios centrales del proyecto es la eliminación de los límites patrimoniales y de ingresos que hasta ahora condicionaban el acceso al régimen. Con esta modificación, el esquema queda abierto a la totalidad de las personas humanas y las sucesiones indivisas, sin las restricciones cuantitativas que regían anteriormente y que dejaban afuera a un segmento importante de contribuyentes.

En paralelo, Caputo explicó que se incorpora un tratamiento específico para los grandes contribuyentes registrados ante ARCA. Este segmento podrá optar por una modalidad simplificada, mediante la cual el organismo recaudador pre-liquida el impuesto correspondiente y el contribuyente simplemente efectúa el pago.

Sin embargo, el Gobierno precisó que quienes elijan esta vía no accederán a las presunciones a favor del contribuyente ni al efecto liberatorio, ni tampoco al resto de los beneficios centrales previstos por la ley para el resto de los adherentes. De esta manera, el proyecto distingue dos niveles de participación en el régimen: uno de carácter general, con todos los resguardos previstos por la norma, y otro más acotado, pensado para los contribuyentes de mayor envergadura fiscal.

Otro cambio que tendrá el Régimen de Inocencia Fiscal es la modificación del artículo 40 de la ley, que regula qué se entiende por una discrepancia significativa entre lo declarado por el contribuyente y lo detectado por ARCA. Según explicó Caputo, se mantiene como criterio general que existirá discrepancia significativa cuando el organismo detecte un incremento en el impuesto determinado, o bien una reducción de los quebrantos impositivos, de al menos un 15 por ciento. El ministro señaló que esta definición porcentual representa una mejora técnica respecto de la redacción anterior, al fijar un parámetro más preciso para evaluar cuándo corresponde activar un cuestionamiento.

A ese criterio se suma un umbral mínimo que actúa como resguardo adicional para el contribuyente. Aunque la diferencia detectada supere el 15%, el ministro precisó que no habrá exclusión del régimen si el monto nominal reclamado no alcanza el 5% del monto de evasión que define el artículo 1º de la Ley Penal Tributaria, que en la actualidad equivale a $5.000.000. Con este umbral, el proyecto busca evitar que diferencias de escasa relevancia económica deriven en la pérdida de los beneficios del régimen.

El nuevo proyecto introduce cambios en la carga de la prueba y agrega una vía de salvataje para el contribuyente que enfrente un cuestionamiento del organismo recaudador. Caputo explicó que, a partir de las incorporaciones al artículo 40, la carga probatoria pasa a recaer sobre ARCA. Esto implica que, para sostener la existencia de una discrepancia significativa, el organismo no podrá recurrir a presunciones, sino que deberá basarse exclusivamente en la información que el propio contribuyente declaró, en los datos que surgen de sus sistemas internos o en información aportada por terceros.

El Gobierno también detalló la incorporación de un mecanismo de salvataje por rectificativa y pago, que ofrece al contribuyente una oportunidad concreta para conservar los beneficios del régimen. Según precisó Caputo, no se considerará configurada la discrepancia si, dentro de un plazo no mayor a 15 días hábiles desde que fue notificado de la liquidación administrativa por ingresos directos o de la determinación de oficio, el contribuyente presenta una declaración jurada rectificativa y cancela o regulariza la diferencia detectada, con sus intereses correspondientes.

El funcionario remarcó que en el texto vigente esta posibilidad estaba limitada exclusivamente a los casos vinculados con el uso de facturas apócrifas, por lo que la ampliación de este mecanismo a otros supuestos constituye una de las modificaciones más relevantes del proyecto en materia de garantías para el contribuyente.

El nuevo proyecto del Régimen de Inocencia Fiscal incluye un nuevo artículo, el 42 bis, que regula qué sucede cuando un contribuyente paga un ajuste para no perder el régimen y, con posterioridad, la impugnación de ARCA es revocada. En ese escenario, Nación explicó que se restablece plenamente la presunción de exactitud sobre la declaración original del contribuyente, como si el cuestionamiento nunca se hubiera producido.

En esos casos, ARCA queda obligada a reintegrar los importes que el contribuyente haya pagado, con más los intereses de repetición correspondientes, dentro de un plazo que no podrá exceder los 45 días hábiles contados desde la notificación de la resolución firme que revoca la impugnación. Con este mecanismo, el proyecto busca equilibrar las obligaciones del contribuyente frente a un reclamo del organismo recaudador con una respuesta ágil por parte del Estado en caso de que ese reclamo resulte infundado.

El proyecto fija un plazo determinado para que los contribuyentes puedan exteriorizar fondos no declarados: el 31 de diciembre de 2027. Hasta esa fecha será posible ingresar dinero al sistema formal por períodos anteriores sin costo adicional y sin que esa regularización pueda utilizarse posteriormente como elemento en contra del contribuyente. De esta manera, el régimen deja de tener el carácter permanente que tenía en su versión original y pasa a contar con una ventana temporal definida para la adhesión.

Ese límite temporal se combina con el mecanismo conocido como “tapón fiscal”, que establece que ARCA no podrá utilizar las variaciones patrimoniales previas del contribuyente para cuestionar el origen de los fondos exteriorizados, en la medida en que se cumplan las condiciones de adhesión previstas por la ley. El organismo conserva la posibilidad de fiscalizar cuando detecta una discrepancia significativa, pero fuera de ese supuesto queda impedido de revisar el pasado patrimonial de quien adhirió al régimen.

El proyecto incorpora una definición específica para el mercado inmobiliario, un sector donde una parte relevante de las operaciones continúa concretándose en efectivo. La nueva redacción establece que los pagos en efectivo realizados en el marco de escrituras públicas resultan compatibles con los beneficios del régimen, siempre que esas operaciones queden debidamente documentadas ante escribano.

Esta precisión responde a un reclamo planteado por escribanos, desarrolladores inmobiliarios y contribuyentes, que advertían que la falta de una definición clara podía derivar en la pérdida automática de los beneficios del régimen para quienes operaran con efectivo en este tipo de transacciones.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) acumuló 132 días consecutivos con saldo positivo en sus intervenciones cambiarias, tras adquirir USD 25 millones este miércoles . En lo que va del año, la entidad ya incorporó más de USD 12.700 millones a sus reservas internacionales.

Desde el inicio de la cuarta etapa del programa monetario y cambiario en enero, el BCRA concretó adquisiciones por 12.711 millones de dólares. El equipo económico había fijado como objetivo anual un rango de entre 10.000 y 17.000 millones de dólares para 2026.

Durante los primeros siete meses de 2026, el ingreso de divisas se vio favorecido por liquidaciones provenientes del sector agropecuario, energético y minero, además de la colocación de deuda en mercados internacionales por parte de compañías y gobiernos provinciales. Estos ingresos permitieron al BCRA captar una porción significativa de los dólares disponibles.

En junio, el Banco Central redujo su nivel de intervención con el fin de disminuir la presión sobre el dólar. Ese mes, la demanda de divisas registró un aumento y el tipo de cambio mayorista subió más de 5%, superando por primera vez a la inflación desde octubre de 2025.

Durante ese mes, las compras oficiales sumaron 1.418 millones de dólares, por debajo de los USD 2.596 millones de mayo y solo superiores al registro de enero, que fue el menor del año. En julio, hasta el momento, las adquisiciones totalizan USD 1.546 millones y ya superaron al registro total de junio.

La entidad monetaria ya alcanzó la meta de acumulación de reservas prevista para 2026. En el primer trimestre, la acumulación de reservas resultó más desafiante debido a las necesidades de financiamiento del Ministerio de Economía.

Para sostener el ritmo de compras, el BCRA aumentó la emisión de pesos sin operar sobre mecanismos de esterilización, mientras el Tesoro absorbió parte del excedente mediante deuda en moneda local, con el objetivo de mantener la estabilidad cambiaria y contener la inflación.

Las reservas internacionales cerraron en USD 49.063 millones, tras una suba diaria de 117 millones de dólares. De esta manera, volvió a niveles de comienzos de mes, en la previa del pago de un abultado vencimiento de deuda de 4.300 millones de dólares.

Con operaciones que alcanzaron USD 389,7 millones en el mercado de contado, el volumen negociado se redujo casi a la mitad frente al martes. En este contexto, el dólar mayorista subió 5,50 pesos, lo que representa un avance del 0,4%, y cerró en $1.483, nivel observado por última vez el 8 de julio.

El Banco Central estableció el tope del régimen cambiario en 1.833,77 pesos. Así, el dólar mayorista se ubicó a 350,77 pesos o un 23,7% por debajo del límite superior fijado para la flotación.

En cuanto a la cotización al público, el dólar aumentó cinco pesos (0,3%) y finalizó en $1.505 para la venta en el Banco Nación. Según datos oficiales, el promedio en las entidades financieras fue de $1.502,35 para la venta y $1.451,15 para la compra.

En tanto, el blue avanzó diez pesos o 0,7% en la jornada, alcanzando los $1.555 para la venta, un máximo nominal que supera los 1.550 pesos registrados el 22 de octubre del año pasado. En lo que va de 2026, la cotización del mercado informal subió 25 pesos, equivalente a un 1,6%, todavía muy por debajo de la inflación acumulada, que ronda el 18% en el mismo lapso.

En este segmento informal, las agencias de cambio compran la divisa a sus clientes a $1.535, es decir, 85 pesos o 5,9% más que los 1.450 pesos que abonan los bancos, lo que motiva a liquidar dólares guardados en este circuito.

El ministro de Economía Luis Caputo presentó este miércoles los cambios que se incluirán en el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal, que buscará captar al menos una parte de los u$s170.000 millones que los argentinos guardan «en el colchón».

Si bien Caputo detalló la importancia de este proyecto para la economía, al mencionar la Inocencia Fiscal suele surgir la duda si es lo mismo que un blanqueo. Pero la realidad indica que son dos cosas distintas, con objetivos distintos.

Mientras que el blanqueo funciona como una herramienta para exteriorizar bienes no declarados correspondientes al pasado, la inocencia fiscal establece un nuevo marco para la relación entre los contribuyentes y el Estado hacia adelante, con un cambio en la forma en que ARCA puede ejercer sus controles.

Cuando se lanzó la primera ley de Inocencia Fiscal, a comienzos de este año, el tributarista Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, remarcó las diferencias y dijo que la medida no implica un perdón fiscal como los programas de exteriorización aplicados en 2024 y en administraciones anteriores.

Según explicó Domínguez la Inocencia Fiscal debe entenderse como un esquema simplificado dentro del Impuesto a las Ganancias, pero no como una ley de blanqueo que otorgue inmunidad plena frente a eventuales inspecciones futuras.

«Esto no es un blanqueo. Un blanqueo es lo que tuvimos en 2024, donde hay una ley que establece que si uno cumple determinadas condiciones, queda protegido. Esta ley no es un blanqueo«, subrayó el especialista.

La diferencia no es menor: en un blanqueo tradicional, el contribuyente que cumple con los requisitos obtiene un «perdón» explícito sobre los bienes exteriorizados. En este caso, en cambio, la normativa crea una presunción de exactitud para quienes adhieran al régimen, pero esa protección puede caer si el organismo recaudador detecta inconsistencias.

Las claves de la Inocencia fiscal, la ley para captar dólares del colchón

La inocencia fiscal no es un nuevo blanqueo ni un perdón para quienes ocultaron patrimonio.

Se trata de un régimen que presume la buena fe del contribuyente, simplifica el cumplimiento tributario y modifica el enfoque de las fiscalizaciones. En lugar de partir de la sospecha sobre el ciudadano, el esquema busca que sea el Estado el que deba acreditar la existencia de irregularidades cuando pretenda cuestionar una declaración.

En otras palabras, cambia el paradigma: el contribuyente deja de ser considerado potencialmente infractor por defecto y pasa a contar con una mayor presunción de exactitud de sus declaraciones juradas.

El blanqueo es una regularización de activos no declarados

El blanqueo, en cambio, tiene un objetivo completamente distinto.

Permite que personas y empresas declaren bienes, dinero o inversiones que nunca fueron informados al fisco, pagando una alícuota o cumpliendo determinadas condiciones previstas por la ley.

A cambio, obtienen beneficios como la liberación de sanciones tributarias y la posibilidad de incorporar esos activos al patrimonio formal.

Por ese motivo, suele definirse como un «perdón hacia el pasado», ya que busca regularizar situaciones previas de incumplimiento.

Las diferencias clave entre inocencia fiscal y blanqueo

1. Enfoque temporal

Esta es la principal diferencia entre ambos regímenes.

Blanqueo

• Está orientado al pasado.
• Permite regularizar bienes o dinero que no fueron declarados en ejercicios anteriores.

Inocencia fiscal

• Mira hacia el presente y el futuro.
• Establece nuevas reglas para la relación entre el contribuyente y ARCA en las fiscalizaciones futuras.

2. Objetivo principal

Los dos mecanismos persiguen finalidades distintas.

El blanqueo busca exteriorizar activos ocultos e incorporarlos a la economía formal, además de generar ingresos fiscales mediante el pago de una alícuota.

La inocencia fiscal, en cambio, apunta a reducir la burocracia, brindar mayor seguridad jurídica y disminuir la litigiosidad para los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones.

3. Qué debe hacer el contribuyente

También cambian los requisitos para acceder a cada régimen.

En el caso del blanqueo, el contribuyente debe declarar los bienes no informados y cumplir con las condiciones establecidas por la ley, lo que puede incluir el pago de un impuesto especial.

En la inocencia fiscal, no es necesario exteriorizar patrimonio oculto. El beneficio está vinculado al cumplimiento de las obligaciones tributarias y al nuevo esquema de control previsto por la normativa.

4. Cómo cambia la carga de la prueba

Uno de los aspectos más relevantes de la inocencia fiscal es el cambio en la lógica de las fiscalizaciones.

El régimen de Inocencia Fiscal establece una presunción de buena fe y de exactitud de las declaraciones juradas, por lo que será el organismo recaudador el que deberá demostrar la existencia de un ilícito cuando pretenda cuestionar la situación de un contribuyente.

En el blanqueo, en cambio, la discusión sobre la existencia de bienes no declarados queda superada porque el propio contribuyente reconoce esos activos y los incorpora al sistema.

5. Protección legal

Los beneficios jurídicos tampoco son los mismos.

El blanqueo ofrece un blindaje respecto de los bienes exteriorizados y funciona como un «borrón y cuenta nueva» para esos activos, siempre dentro de los alcances previstos por la ley.

La inocencia fiscal no implica ese perdón sobre el pasado. Lo que hace es otorgar una mayor presunción de legalidad respecto de las declaraciones presentadas y limitar los cuestionamientos automáticos del fisco.

Sin embargo, esto no elimina las obligaciones de otros organismos. Los bancos, las entidades financieras y la Unidad de Información Financiera (UIF) continúan obligados a analizar el origen de los fondos cuando detecten operaciones inusuales o sospechosas, en cumplimiento de la normativa sobre prevención del lavado de dinero.

Luis Caputo y la Inocencia Fiscal: «Tener dólares en el colchón no es negocio»

El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó este miércoles por la tarde el proyecto de ley que enviará al Congreso este jueves para modificar la Ley de Inocencia Fiscal que permitirá que todas las personas adhieran al Régimen de Ganancias Simplificado. 

Caputo dio detalles del nuevo proyecto, que busca captar al menos una parte de los u$s170.000 millones que actualmente están «en el colchón» y que ingresen al circuito formal, para que de esta manera se puedan volcar a créditos y reactiven la economía. La nueva Ley de Inocencia Fiscal presenta cuatro cambios clave con respecto a la que ya aprobó el Congreso.

«Mañana vamos a estar mandando la Ley de Inocencia Fiscal II: cabe recordar que la ley de Inocencia fiscal ya fue aprobada en el Congreso y que el espíritu de la ley no cambia nada. El objetivo sigue siendo permitirle a la gente que se vio forzada a tener que informalizar sus ahorros porque estaba prohibido de alguna manera el acceso libre a la compra de dólares, que esos ahorros puedan ser formalizados en el sistema bancario sin ninguna penalidad de ningún tipo«, sostuvo Caputo.

«Hay una nueva ley porque cuando se votó la ley se generaron dudas de muchos asesores tributarios y con el correr de las semanas y los meses fuimos recabando esta información y terminamos armando una mesa de trabajo con unos tributaristas que van a estar hoy contestándoles preguntas con el objetivo de aclarar algunos temas que hacen a que los ciudadanos se queden mucho más tranquilos que, independientemente de cuál sea el Gobierno de turno, van a estar cubiertos ante estas situaciones», agregó.

Luego repasó las medidas económicas de los últimos años, con una fuerte suba impositiva «que empujó a mucha gente a la informalidad», habló de la escasez de dólares, del desorden macroeconómico y del cepo cambiario: «Incluso la gente que pagaba impuestos se veía forzada a sacar los pesos al sector informal para ahorrar en dólares. Esto derivó que hoy haya una masa de dólares en el colchón que es récord: hay unos u$s170.000 millones fuera del sistema».

«Hacemos esto porque para las personas tener los dólares debajo del colchón es un muy mal negocio. Los dólares pierden valor, porque en Estados Unidos hay inflación. Es una mala decisión económica tener los dólares bajo el colchón», sostuvo.

«A nivel país, tampoco nos sirve que la gente tenga los dólares bajo el colchón. Porque necesitamos que la economía crezca. Y vamos a recaudar más formalizando la economía y creciendo», agregó Caputo, quien aclaró: «Nosotros nunca vamos a subir impuestos».

«Necesitamos que el ahorro de los colchones se vuelque al sistema financiero«, remarcó. 

«Hoy habiendo generado los incentivos correctos en industrias como agro, energía, minería, estamos en récord de exportaciones y récord de superávit comercial. Como muchas veces nos hicieron el cuento de la restricción externa, la realidad es que los incentivos estaban mal alineados. Entonces no había dólares para nadie», sostuvo.

«El objetivo es que todos se queden convencidos de que si no depositan los dólares del colchón es porque están mal asesorados», subrayó.