POLITICA
La Corte Suprema intervendrá en el conflicto por la reelección de Gildo Insfrán en Formosa
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró su competencia originaria e inició formalmente la intervención en el conflicto planteado por la reelección de Gildo Insfrán en la provincia de Formosa, tras una demanda impulsada por la Confederación Frente Amplio Formoseño. El planteo cuestiona la validez constitucional de la disposición local que habilitaría una nueva candidatura del actual gobernador para el periodo 2027-2031.
La presentación judicial, firmada por Agostina Villaggi y Rodolfo Basques en calidad de apoderados de la Confederación Frente Amplio Formoseño, solicita que se declare la inconstitucionalidad de la Cláusula Transitoria Cuarta de la Constitución de Formosa. Esta norma, incorporada tras la última reforma constitucional provincial, permitiría la novena postulación de Gildo Insfrán como gobernador y una tercera candidatura de Eber Solís como vicegobernador o gobernador para el próximo mandato que comienza el 10 de diciembre de 2027.
Según el texto de la demanda, la cláusula impugnada contradice los artículos 1, 5 y 123 de la Constitución Nacional, el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos y los criterios fijados por la propia Corte Suprema en el precedente “Frente Amplio Formoseño c/ Provincia de Formosa s/ amparo”.
Al declarar su competencia originaria, la Corte, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, remitió a ese fallo del 19 de diciembre de 2024. Asimismo, dispuso correr traslado de la demanda a la Provincia por el plazo de 60 días.
Qué había dicho la Corte
En el planteo resuelto en 2024, la misma Confederación había promovido una acción para que se declarara inconstitucional el artículo 132 de la Constitución formoseña. La Corte, en el marco de su competencia originaria, declaró entonces la inconstitucionalidad de dicho artículo por resultar violatorio de los artículos 5°, 123 y concordantes de la Constitución Nacional.
Entre sus fundamentos, el Máximo Tribunal había expresado que “una reelección sin límites, lejos de constituir la máxima realización de la voluntad popular, permite que quien se encuentra en ejercicio del poder acumule –tras varios mandatos sucesivos– ventajas inadecuadas para una leal contienda electoral”.
Los representantes de la coalición opositora argumentan que, tras ese fallo, la provincia realizó una reforma que limitó a una sola la reelección de gobernador y vicegobernador, pero incluyó una disposición especial que establece: “El mandato del gobernador y Vicegobernador en ejercicio al momento de sancionarse esta reforma, deberá ser considerado como primer mandato”.
Los argumentos del planteo
Villaggi y Basques sostienen que esta cláusula constituye “una maniobra del actual gobernador, Gildo Insfrán, para desobedecer el fallo de la Corte y poder volver a presentarse en las elecciones de 2027”, según consta en el escrito presentado ante el máximo tribunal. Para los demandantes, la norma violenta el principio republicano de gobierno y la alternancia en el poder, al habilitar a Insfrán y Solís para postularse nuevamente a los principales cargos ejecutivos de la provincia.
La Corte Suprema, con la firma de todos sus ministros, resolvió este jueves declarar su competencia originaria en la causa. De este modo, el máximo tribunal asumió la intervención directa en una controversia institucional que ha generado amplio debate político y jurídico en el país.
El origen del conflicto
La génesis del conflicto se remonta a la reforma constitucional que la provincia de Formosa aprobó tras el fallo de la Corte en 2023. En dicha sentencia, la Corte había considerado que la reelección indefinida resultaba incompatible con la Constitución Nacional. Pese a ello, la convención constituyente local dispuso una cláusula transitoria que permitió al actual gobernador y a su vice iniciar un nuevo ciclo de mandatos, computando como “primer mandato” el que se encontraba en curso al momento de la reforma.
El escrito de la Confederación Frente Amplio Formoseño enfatiza que la cláusula cuestionada “genera un daño al sistema republicano”, ya que otorga a las actuales autoridades provinciales la posibilidad cierta y concreta de perpetuarse en el poder. A criterio de los demandantes, esa disposición contradice el espíritu de la reforma y desoye el precedente dictado por la propia Corte Suprema.
La Corte, al admitir la competencia originaria y dar traslado a la provincia, pone en marcha el proceso judicial que determinará la constitucionalidad de la cláusula. La decisión que adopte el tribunal tendrá impacto no solo en la política formoseña sino también en el debate nacional sobre los límites de la reelección y la vigencia de los principios republicanos en las provincias argentinas.
El proceso judicial iniciado por la Corte Suprema abre una instancia clave para definir la validez de la reforma constitucional formoseña y el alcance de los límites a la reelección en el ámbito provincial.
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POLITICA
El presidente de la Corte bonaerense cerró la Convención de Lenguaje Claro: “Comprender es un derecho”
La III Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible concluyó este viernes en La Plata con la firma de la Declaración de La Plata, un acuerdo que creó la Red Iberoamericana de Lenguaje Claro y Accesible. La iniciativa reunió a instituciones de habla española y portuguesa que buscan impulsar una comunicación pública comprensible y garantizar el derecho de la ciudadanía a comprender la información que recibe de organismos estatales y privados.
El cierre fue encabezado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires (SCBA), Sergio Torres; el vicepresidente del tribunal, Daniel Soria; y el director de la Real Academia Española (RAE) y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, Santiago Muñoz Machado.
La convención fue organizada por la SCBA y la RAE. Participaron más de 1.200 asistentes y se registraron 275 disertaciones. Durante su discurso de clausura, Torres precisó que las actividades incluyeron 45 mesas de exposición, distribuidas en seis sesiones simultáneas, con más de 260 ponentes y 1.500 participantes en modalidades presencial y virtual.
El encuentro reunió a integrantes de poderes judiciales, administraciones públicas, organismos legislativos, universidades, academias de la lengua, colegios profesionales, bibliotecas públicas y organizaciones no gubernamentales. Hubo representantes de Argentina, España, México, Cuba, Puerto Rico, Guatemala, El Salvador, Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Brasil.
La Declaración de La Plata otorga una dimensión iberoamericana al trabajo que hasta ahora articulaba la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible. El documento fue firmado por la Suprema Corte bonaerense, como presidenta del Consejo Asesor de la red y anfitriona de la convención; la Secretaría General Iberoamericana; la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura; la RAE; la Asociación de Academias de la Lengua Española; la Academia Argentina de Letras; la Academia de las Ciencias de Lisboa y la Academia Brasilera de Letras.
El nuevo espacio procurará establecer mecanismos estables de cooperación e intercambio de experiencias entre instituciones de habla española y portuguesa. La propuesta apunta a impulsar estrategias, procedimientos y herramientas lingüísticas y tecnológicas que permitan comunicaciones más accesibles en ámbitos públicos, judiciales, legislativos, administrativos y privados.
Muñoz Machado definió la red como un ámbito de trabajo entre entidades que asumen el lenguaje claro y accesible como una herramienta al servicio de los derechos de la ciudadanía. El propósito es facilitar vínculos más transparentes, inclusivos y eficaces entre las organizaciones y la sociedad.
Torres sostuvo que la diversidad jurídica, social y cultural de Iberoamérica exige construir formas de comunicación que contemplen las realidades locales y las distintas condiciones de vulnerabilidad. Destacó los consensos obtenidos durante las jornadas para promover criterios comunes que permitan que los mensajes sean entendidos por quienes deben utilizarlos.
En su discurso, el presidente de la SCBA planteó que uno de los principales resultados de la convención consiste en consolidar la idea de que “comprender es un derecho fundamental, y hablar claro es nuestra obligación para garantizar ese derecho”.
La definición vinculó el lenguaje claro con la capacidad de las personas para tomar decisiones libres e informadas. Para Torres, una comunicación eficaz debe colocar a la persona destinataria en el centro, atender a su contexto y contemplar las dificultades que pueden afectar la comprensión de una norma, una sentencia, un trámite administrativo o una información institucional.
“¿Para qué? Para algo tan preciado como poder decidir libremente”, afirmó el magistrado al repasar las discusiones que atravesaron las seis áreas temáticas del encuentro. También señaló que el debate no debe limitarse al lenguaje jurídico o estatal, ya que la necesidad de claridad alcanza a toda comunicación que pueda incidir en el ejercicio de derechos.
En declaraciones a Infobae durante la apertura de la convención, Torres había explicado que las leyes, resoluciones y sentencias deben informar con precisión qué se decidió, por qué se adoptó esa medida, qué debe hacer la persona involucrada y qué recursos tiene a disposición. El magistrado advirtió que la publicación formal de una norma no garantiza que resulte accesible para quienes necesitan conocerla o aplicarla.
“La persona tiene el derecho, y nosotros como sistema judicial la obligación, de que esa sentencia sea comprendida sin intermediarios y que la persona sepa exactamente lo que está resolviendo y por qué lo está resolviendo”, había señalado Torres a este medio. El titular de la Corte bonaerense planteó que el Estado debe expresarse de forma sencilla para garantizar derechos.
La clausura también dejó como resultado la incorporación de más de 60 organismos e instituciones nacionales a la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible. La SCBA forma parte de esa red desde 2022.
Torres recordó que el Poder Judicial bonaerense adoptó el lenguaje claro y accesible como una política institucional. Señaló que en 2011, cuando era juez federal, publicó un artículo titulado “Hacia un lenguaje democrático”, motivado por los problemas de comunicación que observaba en el ejercicio cotidiano de la función pública.
“Todos los aquí presentes estamos convencidos de que ya no es posible expresarse, sea en el ámbito público o privado, de una manera que no resulte comprensible para nuestros interlocutores”, expresó.
El presidente de la Corte agradeció la participación de las instituciones organizadoras, entre ellas la Procuración General bonaerense, la Municipalidad de La Plata, los ministerios provinciales de Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad, la Universidad Nacional de La Plata y la Academia Argentina de Letras. También reconoció el trabajo del personal judicial que intervino en la preparación de las acreditaciones, la recepción de ponencias, la difusión, el ceremonial, la seguridad y la coordinación de las seis sedes.
Las versiones finales de los trabajos presentados integrarán un libro digital de la convención, cuya publicación está prevista antes de fin de año. Del acto de cierre participaron las demás autoridades, como el Procurador de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, y el Asesor General de Gobierno bonaerense, Santiago Pérez Teruel, entre otros.
POLITICA
Hubo una protesta contra la Corte y Rosenkrantz dijo que “hay que tener temple para soportar las críticas”
Los jueces de la Corte Suprema de Justicia fueron blanco ayer de una protesta en San Martín de los Andes, donde participaron de un encuentro con magistrados de tribunales orales de todo el país. Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti fueron cuestionados por el fallo que provocó que ya no rija más el límite a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
El fallo desató críticas al máximo tribunal y una dura reacción contra el Gobierno en el Congreso, donde la oposición busca hacer caer todo el megadecreto 70/2023, que incluye la derogación de la ley de tierras, derogación que con la sentencia de la Corte recobró vigencia.
Ayer, el máximo tribunal dio a conocer un comunicado en defensa del fallo. Horas después, se realizó una protesta frente al hotel Le Village, en San Martín de los Andes, donde se celebró la reunión de magistrados. El reclamo fue promovido por el gremio estatal de ATE y la agrupación Frente Patria Grande, vinculada al kirchnerismo. Hubo pancartas y afiches contra los jueces, que fueron acusados de “vendepatrias”.
Lorenzetti ya no estaba cuando fue el epicentro de la protesta, ayer por la tarde, y Rosatti todavía no había llegado (se sumó este viernes). Sí se encontraba en el lugar Rosenkrantz, que expuso a las 16 y realizó un llamado a reformar el sistema de selección de jueces.
“Hay que tener temple para soportar las críticas a los fallos”, dijo Rosenkrantz anoche. Lo hizo tras la manifestación, pero también luego de que la propia Corte Suprema difundiera el comunicado, de cuya redacción y difusión Rosenkrantz no participó, en defensa de la sentencia vinculada a la ley de tierras.
El comunicado, dado a conocer por las vocalías de Rosatti y Lorenzetti, estuvo destinado a “aclarar las dudas” que, según afirmó, se generaron en relación con la sentencia del martes. En su declaración, la Corte criticó a quienes, para “presionar sobre el tema” de la ley de tierras, promovieron “discursos de odio y descalificación en las redes sociales”.
“La Corte Suprema de Justicia de la Nación -dice el comunicado-, continuando con su política de lenguaje claro, se dirige a la opinión pública con la finalidad de despejar dudas que se han generado en relación a la sentencia dictada en la causa ‘Cecim c. el Gobierno Nacional”. Advierte que en el caso “sólo se decidió un aspecto procesal, que se refiere a la legitimación de una asociación para obtener una medida cautelar” y dice que la resolución de la Corte “se ajusta estrictamente” a todos los precedentes del tribunal.
El texto sostiene que “la sentencia no afecta a otras medidas cautelares con el mismo objeto que están en trámite en distintos tribunales” y que “tampoco impide que toda persona que considere que el régimen legal de tierras es inconstitucional, peticione una medida cautelar, cuya procedencia decidirá un juez competente”.
Si bien circuló como un comunicado de la Corte Suprema, no lo hizo por los canales oficiales del tribunal y en la vocalía de Rosenkrantz informaron a que este juez no participó ni consintió la redacción ni la difusión de ese material.
Para el martes próximo, las dos vertientes de la CTA convocaron a una protesta en el Palacio de los Tribunales con la consigna “la patria no se vende, la soberanía no se entrega”. La CGT, en tanto, no definió aún una postura común y mantiene en pie su protesta del jueves 8 “en defensa de la industria nacional”, que tiene como blanco la Secretaría de Industria.
El reclamo de Rosenkrantz
Mientras los manifestantes protestaban frente al hotel Le Village, Rosenkrantz, adentro, exhortaba a sus colegas a “mejorar el proceso de selección de magistrados”.
“La Corte ha intentado, al proponer un nuevo reglamento, ayudar al Consejo de la Magistratura a garantizar que los jueces que se elijan sean los mejores candidatos”, dijo, en alusión al proyecto que él y Lorenzetti enviaron al Consejo para limitar la discrecionalidad en el sistema de selección. Lo mandaron con la expresa pretensión de que fuera aprobado sin cambios sustanciales y cuanto antes, pero el Consejo no se mostró dispuesto a ninguna de las dos cosas. El propio Rosatti, que preside la Corte y también el Consejo, dijo que el proyecto iba a ser “enriquecido” por otras iniciativas, nuevos debates y las opiniones de especialistas de distintas ONG que pidieron ser escuchadas.
Rosenkrantz afirmó ayer que su propuesta de reglamento había sido articulada “alrededor de la convicción” de que el proceso actual “no testea los conocimientos generales de derecho de los aspirantes a la magistratura”, “carece de criterios claros” para evaluar los antecedentes de los jueces y no tiene las debidas herramientas para evaluar “los rasgos personales que son indicadores de competencia y de compromiso con la tarea apropiada de un juez”. También destacó que hoy la evaluación escrita que se toma a los postulantes “no ofrece garantías reales de objetividad” y que “el sistema de entrevistas permite alterar el orden de mérito con consideraciones que no son de mérito”.
Rosenkrantz les reclamó a los representantes de los jueces en el Consejo de la Magistratura que impulsen la reforma. “Aquí están presentes casi todos los jueces candidatos a consejeros del Consejo en las elecciones que se celebrarán en las próximas semanas. Votemos a aquellos que se comprometan a estar a la altura de los requerimientos de la hora”, dijo.
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Tensión en Malvinas: los isleños reclaman que se impongan nuevas restricciones al ingreso de argentinos
Crece la tensión en las Islas Malvinas luego de que un grupo de isleños reclamara restringir el ingreso de argentinos tras denunciar una serie de episodios en los que visitantes habrían desplegado banderas argentinas y carteles vinculados con el reclamo de soberanía.
Según publicó el diario británico Daily Express, los incidentes se habrían multiplicado durante las últimas semanas y llevaron a algunos residentes a pedir que se impida directamente la llegada de argentinos al archipiélago.
Ante esos reclamos, Michael Goss, integrante de la Asamblea Legislativa isleña, admitió que las autoridades están estudiando qué medidas podrían tomar, aunque señaló que por el momento existen limitaciones legales.
“Hay gente de la comunidad que fue bastante clara respecto de querer impedir que visitantes argentinos vengan a las islas”, afirmó Goss. Sin embargo, advirtió: “Tenemos que ser realistas respecto de lo que permite la ley. En este momento no podemos simplemente impedir que la gente venga”.
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