POLITICA
La Corte Suprema intervendrá en el conflicto por la reelección de Gildo Insfrán en Formosa
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró su competencia originaria e inició formalmente la intervención en el conflicto planteado por la reelección de Gildo Insfrán en la provincia de Formosa, tras una demanda impulsada por la Confederación Frente Amplio Formoseño. El planteo cuestiona la validez constitucional de la disposición local que habilitaría una nueva candidatura del actual gobernador para el periodo 2027-2031.
La presentación judicial, firmada por Agostina Villaggi y Rodolfo Basques en calidad de apoderados de la Confederación Frente Amplio Formoseño, solicita que se declare la inconstitucionalidad de la Cláusula Transitoria Cuarta de la Constitución de Formosa. Esta norma, incorporada tras la última reforma constitucional provincial, permitiría la novena postulación de Gildo Insfrán como gobernador y una tercera candidatura de Eber Solís como vicegobernador o gobernador para el próximo mandato que comienza el 10 de diciembre de 2027.
Según el texto de la demanda, la cláusula impugnada contradice los artículos 1, 5 y 123 de la Constitución Nacional, el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos y los criterios fijados por la propia Corte Suprema en el precedente “Frente Amplio Formoseño c/ Provincia de Formosa s/ amparo”.
Al declarar su competencia originaria, la Corte, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, remitió a ese fallo del 19 de diciembre de 2024. Asimismo, dispuso correr traslado de la demanda a la Provincia por el plazo de 60 días.
Qué había dicho la Corte
En el planteo resuelto en 2024, la misma Confederación había promovido una acción para que se declarara inconstitucional el artículo 132 de la Constitución formoseña. La Corte, en el marco de su competencia originaria, declaró entonces la inconstitucionalidad de dicho artículo por resultar violatorio de los artículos 5°, 123 y concordantes de la Constitución Nacional.
Entre sus fundamentos, el Máximo Tribunal había expresado que “una reelección sin límites, lejos de constituir la máxima realización de la voluntad popular, permite que quien se encuentra en ejercicio del poder acumule –tras varios mandatos sucesivos– ventajas inadecuadas para una leal contienda electoral”.
Los representantes de la coalición opositora argumentan que, tras ese fallo, la provincia realizó una reforma que limitó a una sola la reelección de gobernador y vicegobernador, pero incluyó una disposición especial que establece: “El mandato del gobernador y Vicegobernador en ejercicio al momento de sancionarse esta reforma, deberá ser considerado como primer mandato”.
Los argumentos del planteo
Villaggi y Basques sostienen que esta cláusula constituye “una maniobra del actual gobernador, Gildo Insfrán, para desobedecer el fallo de la Corte y poder volver a presentarse en las elecciones de 2027”, según consta en el escrito presentado ante el máximo tribunal. Para los demandantes, la norma violenta el principio republicano de gobierno y la alternancia en el poder, al habilitar a Insfrán y Solís para postularse nuevamente a los principales cargos ejecutivos de la provincia.
La Corte Suprema, con la firma de todos sus ministros, resolvió este jueves declarar su competencia originaria en la causa. De este modo, el máximo tribunal asumió la intervención directa en una controversia institucional que ha generado amplio debate político y jurídico en el país.
El origen del conflicto
La génesis del conflicto se remonta a la reforma constitucional que la provincia de Formosa aprobó tras el fallo de la Corte en 2023. En dicha sentencia, la Corte había considerado que la reelección indefinida resultaba incompatible con la Constitución Nacional. Pese a ello, la convención constituyente local dispuso una cláusula transitoria que permitió al actual gobernador y a su vice iniciar un nuevo ciclo de mandatos, computando como “primer mandato” el que se encontraba en curso al momento de la reforma.
El escrito de la Confederación Frente Amplio Formoseño enfatiza que la cláusula cuestionada “genera un daño al sistema republicano”, ya que otorga a las actuales autoridades provinciales la posibilidad cierta y concreta de perpetuarse en el poder. A criterio de los demandantes, esa disposición contradice el espíritu de la reforma y desoye el precedente dictado por la propia Corte Suprema.
La Corte, al admitir la competencia originaria y dar traslado a la provincia, pone en marcha el proceso judicial que determinará la constitucionalidad de la cláusula. La decisión que adopte el tribunal tendrá impacto no solo en la política formoseña sino también en el debate nacional sobre los límites de la reelección y la vigencia de los principios republicanos en las provincias argentinas.
El proceso judicial iniciado por la Corte Suprema abre una instancia clave para definir la validez de la reforma constitucional formoseña y el alcance de los límites a la reelección en el ámbito provincial.
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POLITICA
El Gobierno celebró las declaraciones de Trump sobre Malvinas y analiza una posible mediación de EE.UU. en la disputa con el Reino Unido
El Gobierno celebró las nuevas declaraciones de Donald Trump sobre Malvinas y evalúa la posibilidad de avanzar con alguna modalidad de participación de Estados Unidos en la disputa con el Reino Unido.
En la Casa Rosada consideran que el pronunciamiento del mandatario norteamericano fortalece la estrategia que Javier Milei puso en marcha durante las últimas semanas. “Es importante”, aseguran en Nación sobre el ofrecimiento.
Ante la posibilidad de aceptar formalmente una mediación estadounidense, sin embargo, en el Ejecutivo aclaran que todavía no hay una definición sobre el mecanismo que podría utilizarse ni sobre los pasos diplomáticos que seguiría la Argentina.
Trump volvió a referirse a las Malvinas este sábado durante una visita a Irlanda. El presidente estadounidense sostuvo que Argentina y el Reino Unido atraviesan una disputa que podría convertirse en un “desastre potencial” y afirmó que, si termina involucrado, cree que estaría en condiciones de ayudar a resolverla.
La lectura política de la Casa Rosada es favorable. “Todo lo que sea tema Malvinas nos sirve”, resumen en el Gobierno. En Nación consideran que las declaraciones ayudaron a mantener el reclamo en la agenda internacional y remarcan que la intención de Milei es profundizar la ofensiva diplomática, económica y legislativa iniciada a comienzos de septiembre.
En el Ejecutivo sostienen además que los sucesivos pronunciamientos de Trump no son hechos aislados. Aseguran que la Argentina mantiene desde hace meses conversaciones con funcionarios y referentes de la administración estadounidense sobre Malvinas y que las señales públicas del presidente republicano son leídas como consecuencia de ese trabajo previo.
“Lo que viene sucediendo no es casualidad”, expresan en ámbitos oficiales. La Casa Rosada ubica esos contactos dentro del alineamiento estratégico con Washington y destaca que Estados Unidos es actualmente uno de sus principales aliados en materia diplomática, económica, tecnológica, militar y de seguridad.
La diferencia con las declaraciones anteriores es que Trump avanzó ahora sobre su eventual participación directa en una salida diplomática. Hasta el momento, Washington había dado señales políticas favorables a revisar aspectos de su posición histórica, pero no se había instalado con tanta claridad la posibilidad de que el mandatario norteamericano interviniera personalmente.
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La Casa Rosada evita por eso anticipar si pedirá formalmente una mediación. La posición argentina sigue siendo que Buenos Aires y Londres deben retomar negociaciones por la soberanía, en línea con las resoluciones de Naciones Unidas, y cualquier participación estadounidense deberá ser analizada en función de ese objetivo.
El tema tendrá una instancia política relevante durante la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Milei y Trump tienen previsto volver a encontrarse en ese marco, donde Malvinas quedará atravesada por una agenda bilateral más amplia entre ambos gobiernos.
Para el Ejecutivo, ese contacto permitirá medir hasta dónde está dispuesto a avanzar Washington. La Casa Rosada quiere saber si el ofrecimiento de Trump puede traducirse en una acción diplomática concreta o si permanecerá, por ahora, como una señal política destinada a alentar el diálogo entre la Argentina y el Reino Unido.
La estrategia argentina excede de todos modos una eventual mediación. Milei decidió llevar nuevamente el reclamo a la Asamblea General de la ONU, suspendió el viaje que evaluaba realizar a Londres y puso en marcha un paquete de medidas para elevar el costo de las actividades económicas desarrolladas en las islas sin autorización nacional.
El Gobierno enviará además al Congreso la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que busca endurecer las sanciones vigentes y ampliar su alcance. La Casa Rosada estudia extenderlas más allá de los hidrocarburos hacia pesca, minería, ganadería, agricultura, turismo y otras actividades productivas vinculadas con las islas.
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En paralelo, el Ejecutivo reforzó su despliegue en Tierra del Fuego. La estrategia contempla acelerar la Base Naval Integrada de Ushuaia, desarrollar un sistema permanente de vigilancia del Atlántico Sur con radares, telecomunicaciones e inteligencia de señales y fortalecer las capacidades logísticas vinculadas con la Antártida.
El vínculo con Estados Unidos atraviesa varios de esos capítulos. El Gobierno busca profundizar la cooperación con Washington en Defensa, infraestructura estratégica, tecnología y seguridad, mientras avanza además con requisitos para proveedores de infraestructura crítica y otras herramientas que acercan la política argentina a las prioridades de la administración Trump.
La definición pendiente es si ese alineamiento dará ahora un paso adicional en la cuestión Malvinas. La Casa Rosada considera que el ofrecimiento de Trump es una señal favorable y analiza sus alcances, pero todavía no resolvió aceptar formalmente una mediación. El próximo encuentro entre Milei y el presidente estadounidense en Naciones Unidas aparece como una de las primeras oportunidades para avanzar sobre esa posibilidad.
Gobierno, Donald Trump, Islas Malvinas
POLITICA
El exgobernador Sergio Urribarri fue trasladado a una cárcel de Gualeguaychú: cómo es la granja penal donde quedó alojado
Sergio Urribarri, exgobernador de Entre Ríos, fue trasladado durante la madrugada del viernes a la Unidad Penal N°9 – Granja Penal “El Potrero, de Gualeguaychú, para cumplir su condena por administración fraudulenta.
El exmandatario provincial fue trasladado desde la UPP1 de Paraná junto al exministro Pedro Báez y su cuñado Juan Pablo Aguilera, también condenados por el mismo hecho de corrupción. El operativo comenzó cerca de las 4:30 y concluyó alrededor de las 8:20, cuando ingresaron al penal de Gualeguaychú bajo custodia del Servicio Penitenciario provincial.
El Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná lo había condenado a Urribarri en abril de 2022 a ocho años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos. Lo declaró culpable de negociaciones incompatibles con la función pública y peculado. Había sido detenido previamente en su domicilio de Concordia y alojado de manera transitoria en la cárcel de la capital entrerriana.
El esquema de penal granja
La llegada de los tres condenados se enmarca en un establecimiento que combina un régimen de seguridad con tareas agropecuarias, talleres de oficios y producción de alimentos.
La Unidad Penal 9 está ubicada sobre la ruta nacional 136, a la altura del kilómetro 26,5, y tiene capacidad para unos 500 reclusos. Dispone de diez pabellones para varones y uno para mujeres. Los internos son distribuidos según el tipo de causa que enfrentan y el régimen se apoya en la reinserción social mediante el trabajo.
La actividad agropecuaria es uno de los rasgos centrales de El Potrero. En el predio se crían cerdos, ovejas y gallinas, mientras que los detenidos participan en la faena, la producción de alimentos y el mantenimiento de la granja. La unidad cuenta además con una sala de faena de ovinos y una panadería que abastece de comida al penal, y ofrece tareas de albañilería, carpintería, tapicería y costura como parte de la capacitación laboral.
Uno de los proyectos desarrollados dentro de la cárcel es un taller de confección artesanal de pelotas de fútbol instalado en la biblioteca. La iniciativa surgió a partir de los conocimientos de un interno y luego se extendió a otros establecimientos penitenciarios de la provincia.
Además, durante el último año, la Unidad Penal 9 incorporó un Centro Operativo de Monitoreo para vigilar las áreas críticas del establecimiento en tiempo real. El sistema incluye domos de alta definición, cámaras en puntos estratégicos y un dron de observación táctica, y permite supervisar el perímetro, atender situaciones críticas, controlar aspectos sanitarios y registrar incidentes durante las 24 horas.
El detalle de las condenas
Báez, exministro de Cultura y Comunicación, y Aguilera, expresidente del Partido Justicialista entrerriano y cuñado de Urribarri, recibieron penas de seis años y seis meses de prisión efectiva. El primero fue condenado por su intervención como funcionario y el segundo como autor material de los delitos investigados.
La sentencia determinó que Báez completará su pena en mayo de 2031, Aguilera en enero de 2033 y Urribarri el 15 de julio de 2034. La resolución de la Corte Suprema habilitó al Ministerio Público Fiscal a pedir la detención inmediata de los tres condenados.
La investigación examinó maniobras iniciadas en 2010, cuando Urribarri encabezaba el gobierno provincial. La acusación sostuvo que se direccionaron contrataciones de publicidad estatal hacia empresas vinculadas a Aguilera mediante un esquema de testaferros y cartelización para captar fondos de la pauta oficial.
El proceso reunió a 13 imputados y abarcó cinco hechos principales. Entre ellos figuraron la contratación de la firma Global Means antes de su existencia formal, el manejo durante cinco años de la cartelería oficial a través de Tep SRL y Next SRL, y las operaciones identificadas como la causa del “Sueño Entrerriano”.
Las maniobras también incluyeron contratos para promocionar una Cumbre del Mercosur y la instalación de un parador publicitario en Mar del Plata durante la temporada de verano. La Cámara de Casación Penal de Paraná confirmó la condena el 31 de mayo de 2024 y rechazó una impugnación extraordinaria en agosto de ese año.
La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos habilitó en octubre de 2024 el recurso ante la Corte Suprema, que dejó firme el fallo. Urribarri se convirtió así en el primer gobernador argentino que ingresó efectivamente a prisión por una condena firme por corrupción.
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POLITICA
Representantes de la CGT y de movimientos sociales tendrán una audiencia con el papa León XIV antes de su visita a la Argentina
El papa León XIV mantendrá este sábado una audiencia privada con una delegación de sindicalistas, empresarios y representantes de movimientos sociales, entre ellos dos referentes de la CGT, en el marco de los contactos previos a su visita a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre.
El encuentro se realizará a las 11 (16 hora argentina) en el Vaticano, como parte del IV Encuentro Sinodal “Fratelli Tutti: diálogo socioambiental Norte-Sur”. Por la central obrera participarán Gerardo Martínez, titular de la UOCRA y secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, y Cristian Jerónimo, del gremio del vidrio y cotitular de la conducción cegetista, confirmaron fuentes gremiales a TN.
Los dos dirigentes viajaron a Roma como parte de una delegación del Consejo Sindical de Asesoramiento Técnico (Cosate) de la OEA y aprovecharán el contacto con el Papa para pedirle una audiencia formal cuando llegue a la Argentina en noviembre. Además le entregarán un documento elaborado en el marco del encuentro sinodal, centrado en el diálogo social como “llave maestra” entre trabajadores y empresarios frente a la crisis socioambiental.
La CGT busca que la agenda de la visita papal incluya “desigualdad, protección de jubilados y niñez, migraciones y acceso a la salud”. En declaraciones previas al viaje, el dirigente también planteó la necesidad de un diálogo social tripartito en la región, el derecho a la negociación colectiva, la generación de trabajo decente y el impacto de la inteligencia artificial en el empleo.
El pedido de audiencia se da en un escenario de tensión entre la central obrera y el gobierno de Javier Milei, con el reclamo sindical puesto en la situación de los trabajadores durante la gestión libertaria. La visita de León XIV a la Argentina será la primera de su papado y genera expectativa por el peso que pueda tener su agenda social en medio de ese clima.
Los jefes de la CGT que viajan al Vaticano forman parte de una nutrida delegación internacional que reúne a centrales sindicales como la CSI, la CSA, la AFL-CIO y la Central Sindical de Canadá; cámaras empresariales de Estados Unidos y México; organismos como la OIT, la OEA, el BID y la CAF; conferencias episcopales; universidades católicas; movimientos populares argentinos como el MST y la UTEP; y empresas como Microsoft.
El objetivo ampliado del encuentro que impulsa León XIV es avanzar en una “agenda de responsabilidad compartida Norte-Sur para la cooperación multisectorial”, con conclusiones sobre seis ejes: inteligencia artificial y dignidad humana, formación para el diálogo socioambiental, organización comunitaria y cuidados, juventudes y adicciones, inteligencia artificial y amistad social, y transición energética y protección de territorios.
Un día antes de la audiencia con el Papa, este viernes 11 a las 13, está prevista una conferencia de prensa en la Sala Stampa de la Santa Sede, en la que hablarán, entre otros, el cardenal Jaime Spengler (presidente del CELAM), la titular de la AFL-CIO, Liz Schuler, y el propio Martínez.
papa León XIV, CGT
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