POLITICA
La crisis de la yerba mate golpea a Misiones y crece la preocupación en el sector: “Es inviable seguir así”
La industria yerbatera de Misiones enfrenta una situación crítica por la desregulación del mercado, la caída abrupta en el precio de la materia prima y la concentración económica en grandes empresas. La crisis afecta directamente a productores, quienes aseguran que venden por debajo de sus costos de producción. El conflicto engloba a unas 50 mil familias y pone en riesgo la estabilidad de uno de los sectores clave para la economía provincial.
Julio Peterson, productor yerbatero de la tierra colorada explicó, en diálogo con Infobae Al Amanecer que, en la actualidad, el costo de producir un kilo de hoja verde asciende a $435, mientras que los compradores ofrecen $260. “Es inviable seguir así”, señaló. La brecha entre los costos y el precio que reciben generó que muchos pequeños productores y cooperativas no puedan sostener su actividad.
El reclamo de los productores surge tras el DNU 70/2023 emitido por el Gobierno de Javier Milei donde, se le sacó al Instituto Nacional de Yerba Mate (INYM) la facultad de regular los precios y de intervenir en el mercado. Es decir, dejó de decidir cuánto se paga por la yerba y pasó a que el precio lo definan directamente las empresas y el mercado. Según destacó el productor, esto fortaleció a las grandes empresas y provocó una fuerte caída en lo que cobran por la materia prima.
La actual estructura del mercado está marcada por el dominio de dos grandes empresas: Playadito y Las Marías, que concentran el 48% de la molienda nacional. “El resto se maneja en las pequeñas industrias. ¿Qué es lo que hacen ellos? Provocan, con el poder económico que tienen, la necesidad que tenemos nosotros de poder vender. Nos asfixian ante la necesidad del empobrecimiento y nos ofrecen precios irrisorios”, sostuvo Peterson.
De acuerdo con el productor, “históricamente, nosotros recibíamos entre el 10% y el 15% de lo que ustedes pagaban un kilo de yerba en góndola. En este momento estamos en el 3%”. Esta situación llevó a que las cooperativas quedaran al borde del colapso financiero, presionadas por precios bajos en la cadena de comercialización y la imposibilidad de competir en igualdad de condiciones.
Relación con el Gobierno nacional y reclamos del sector
Peterson describió que, a diferencia de otros contextos políticos, la actual administración nacional se mantiene distante y no ofrece soluciones concretas. “Es el primer gobierno que se basa en excusas. Es el primer gobierno que vas a Buenos Aires, no trae soluciones y lo único que hay es vacío. No hay solución, no hay respuestas concretas”, sostuvo.
En ese sentido, las asociaciones de productores presentaron una demanda judicial para que la Justicia federal evalúe la derogación del artículo del DNU que eliminó la fijación del precio por ley. El objetivo es restablecer un precio de resguardo oficial que cubra los costos de producción y brinde previsibilidad a los productores.
Dimensiones económicas y pérdidas del sector
La industria representa la segunda economía más importante de Misiones. Según Peterson, el volumen de producción ronda los mil millones de kilos de hoja verde anuales. A precios actuales, esto equivale a unos $250 mil millones. “Solamente el año pasado perdimos más de $80 mil millones en nuestra economía, la parte agricultora. Más de $80 mil millones”, remarcó el productor.
La desregulación, lejos de mejorar los precios al consumidor, provocó un alza en las góndolas y una reducción drástica de ingresos para los productores y trabajadores yerbateros. “El kilo de yerba hoy debería estar $500. El kilo de yerba de hoja verde está a $250, provocado por una desregulación, pero el paquete ha subido dos veces la góndola”, indicó Peterson.
Exportaciones, consumo interno y migración laboral
Pese a la crisis local, la exportación creció año a año. No obstante, el consumo interno muestra una baja, atribuida a la situación económica del país. “El trabajador, la clase media adquisitivamente está mal”, explicó el productor misionero.
Un aspecto alarmante de la crisis es el éxodo de mano de obra hacia Brasil. Más de 10 mil trabajadores migraron al país vecino y, de ellos, solo unos 2 mil regresaron a Misiones. “Hay más de ocho mil trabajadores nuestros que se fueron y no volvieron más”, precisó Peterson. El fenómeno afecta principalmente a trabajadores calificados en el rubro yerbatero y profundiza el problema social en la provincia.
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cosecha yerba mate
POLITICA
Javier Milei declaró terroristas a cinco organizaciones criminales y guerrilleras de México, Colombia y Ecuador
El gobierno de Javier Milei declaró este miércoles como organizaciones terroristas a cinco grupos criminales y guerrilleros de México, Colombia y Ecuador. La decisión fue anunciada por la Oficina del Presidente mediante un comunicado oficial y contempla su incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).
La medida alcanza a las organizaciones criminales mexicanas Cártel de Sinaloa y La Nueva Familia Michoacana; a las organizaciones guerrilleras colombianas Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas – Ejército del Pueblo (FARC-EP) y Ejército de Liberación Nacional (ELN); y al grupo ecuatoriano Los Tiguerones.
Según informó la Presidencia, la decisión fue adoptada de manera coordinada entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado.
Qué organizaciones fueron declaradas terroristas por el Gobierno
En el comunicado, el Ejecutivo explicó los motivos por los que resolvió incluir a los cinco grupos en la nómina de organizaciones terroristas.
Sobre el Cártel de Sinaloa, señaló que se trata de una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico, contrabando, secuestros extorsivos y otras actividades delictivas. También destacó que ya fue designada como organización terrorista por varios países, entre ellos Estados Unidos.
En cuanto a La Nueva Familia Michoacana, indicó que es una organización criminal mexicana especializada en el tráfico internacional de drogas y la minería ilegal, con una expansión regional que el Gobierno calificó de alarmante.
Respecto de Los Tiguerones, el comunicado sostuvo que es un cártel de origen ecuatoriano vinculado al narcotráfico y al sicariato, al que describió como una de las organizaciones criminales más violentas de la región.
También recordó que este grupo se dividió de Los Choneros en 2020, junto con Los Chone Killers, una agrupación que la Argentina ya había declarado terrorista en agosto de este año.
El Gobierno dedicó otro apartado a las organizaciones colombianas FARC-EP y ELN, a las que definió como grupos guerrilleros insurgentes de extrema izquierda, basados en la ideología y los principios del marxismo-leninismo y la revolución armada.
En ese sentido, el documento oficial sostuvo: “Sus delirantes ideas llevadas a la acción causaron uno de los mayores desastres humanitarios del último siglo en América Latina, con levantamientos armados, intentos de golpes de Estado y violaciones a los Derechos Humanos”.
Además, advirtió que la capacidad operativa de estas organizaciones y su expansión regional representan, según la evaluación del Ejecutivo, un riesgo para la seguridad argentina.
Milei ordenó incorporar a los grupos al registro de organizaciones vinculadas al terrorismo
Como consecuencia de estas designaciones, el Gobierno dispuso la incorporación de las cinco organizaciones al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).
Se trata de una herramienta estatal destinada a identificar personas y entidades vinculadas con actividades terroristas y su financiamiento.
La decisión implica que los grupos quedarán formalmente incluidos en ese registro argentino. El comunicado, sin embargo, no detalla medidas operativas adicionales ni informa sobre investigaciones específicas relacionadas con su actividad en el país.
En el cierre del documento, firmado por Milei, la Presidencia expresó que el mandatario “reafirma el compromiso indeclinable con la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado transnacional”.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada por 124 votos afirmativos contra 119 negativos. La iniciativa, que ya contaba con media sanción del Senado, tendrá que regresar a la Cámara alta debido a la incorporación de un nuevo capítulo sobre la extranjerización de tierras rurales.
Las modificaciones que introdujo el oficialismo buscan restituir la ley de tierras, sancionada durante el kirchnerismo, y dejar sin efecto el artículo 154 del DNU 70/23, que había dispuesto su derogación. Si bien la versión original del proyecto apuntaba a eliminar las restricciones a la compra de tierras por extranjeros, las recientes decisiones de la Corte Suprema y el intento opositor de rechazar el decreto en su totalidad llevaron al Gobierno a revertir su postura.
Además, la normativa pretende acelerar los plazos judiciales para el proceso de desalojo de inmuebles, establecer nuevos requisitos para las expropiaciones estatales e incorporar medidas para digitalizar los registros inmobiliarios.
POLITICA
El Gobierno declaró como grupos terroristas al Cártel de Sinaloa y a otras cinco bandas vinculadas al narcotráfico
El Gobierno declaró a cinco bandas vinculadas al narcotráfico en Latinoamérica como “grupos terroristas” entre las que se incluye al Cártel de Sinaloa y La Nueva Familia Michoacana. La medida fue anunciada el miércoles a la noche mediante un comunicado de la Oficina del Presidente y más tarde se formalizó en el Boletín Oficial, este jueves a la madrugada con la Resolución Conjunta 5/2026.
La medida alcanza a las mencionadas organizaciones criminales mexicanas y se extiende hasta las guerrilleras colombianas “Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas – Ejército del Pueblo (FARC-EP)” y “Ejército de Liberación Nacional (ELN)”. Además, suma a la organización criminal ecuatoriana “Los Tiguerones”.
En el comunicado, que lleva la firma del presidente Javier Milei, se incluyó una descripción de las organizaciones y el fundamento principal para calificarlas como “terroristas”. Respecto al “Cártel de Sinaloa”, menciona que se trata de una “organización transnacional dedicada al narcotráfico, contrabando secuestros extorsivos y otras actividades delictivas”, que ya ha sido designada como grupo terrorista por países como Estados Unidos.
La medida tuvo lugar luego de que a principios de octubre, el gobierno de los EE.UU. creara en la Argentina una “unidad regional” de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), aprobando formalmente un fondo de más de US$13 millones destinado a fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
En aquella presentación dijeron presente la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y Terry Cole, director de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en los Estados Unidos.
Según los funcionarios, del total de los fondos asignados, US$7,5 millones estarán destinados específicamente a proyectos de cooperación en la Argentina, mientras que otros US$5,85 millones financiarán iniciativas para el conjunto de la región, de las que también participará nuestro país.
Sobre “La Nueva Familia Michoacana”, el Gobierno enfatizó que se trata de una organización criminal mexicana especializada en el tráfico internacional de drogas y minería ilegal. En tanto, rotuló a “Los Tiguerones” como “una de las más violentas de la región”.
Mientras que a las FARC-EP y el ELN señaló su lado “guerrillero insurgente de guerrilleras de extrema izquierda, basadas en la ideología y los principios del marxismo-leninismo y la revolución armada”.
Finalmente, además de la declaración de estas bandas como grupos terroristas, en el comunicado se detalla otra medida oficial. La misma señala que “el Gobierno Nacional dispuso su incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), producto de una decisión adoptada en coordinación entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y la Secretaria de Inteligencia de Estado”.
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