En otro acto que refleja las diferencias internas, la vicepresidenta Victoria Villarruel cuestionó la decisión del Gobierno nacional de comprar un avión para la Fuerza Aérea a través de una operación ejecutiva por el Ministerio de Defensa y señalada por presuntas irregularidades, sobreprecios y falta de transparencia. A través de su cuenta de X, Villarruel tomó distancia y criticó además los desmanejos en la obra social del personal militar y los sueldos bajos del sector.

“Gravísimo, varios años atrás por mucho menos, renunciaban todos los implicados. Mientras los sueldos del personal militar están en el subsuelo y su obra social totalmente quebrada. ¿A quién responden estos uniformados?“, se preguntó en un mensaje que respondió una nota de Clarín que informaba las irregularidades del caso.

Los señalamientos de la titular del Senado son contra el ministro de Defensa, Carlos Presti, pero alcanzan además al presidente Javier Milei con el que cortó vínculo desde hace meses y quien la señaló en varias oportunidades como “traidora”.

Lo cierto es que el nuevo contrapunto marcado por Villarruel tuvo lugar luego de que se conociera la investigación periodística que detectó irregularidades en la compra de un Embraer ERJ-140LR. La investigación plantea que la aeronave, que se encuentra en malas condiciones, costó US$4.085.000 mientras que la cotización de otros modelos similares rondaban en US$2.300.000.

Asimismo, consigna que el presupuesto había sido de 3,9 millones de dólares, apenas por debajo del límite que obliga a la fuerza a requerir la autorización de la cartera, y precisa además que el proceso estuvo marcado por irregularidades, plazos exprés y acciones que apuntaban a favorecer a un único proveedor. No es la primera compra observada, desde el 2021 se detectaron anomalías en otras cuatro adquisiciones: un Boeing 737-700 (matrícula T-99), un Saab SF-340 (matrícula T-34) y dos Embraer ERJ-140LR (matrículas T-95 y T-96).

Por su parte, el exministro Luis Petri también se expidió sobre el tema y garantizó que denunció el hecho a finales del año pasado. “Denuncié yo mismo este hecho en noviembre del 2025 cuando tomé conocimiento de la investigación periodística de Federico Teijero, que recién se publicó hoy”, planteó desde su cuenta de X, y sumó: “Hice la correspondiente denuncia penal en la Justicia Federal, antes de dejar mi cargo como Ministro de Defensa”.

Tras el desmarque de la titular del Senado, varios usuarios cuestionaron sus dichos y reclamaron que radique la denuncia por las irregularidades del caso en la justicia. “Todas cuentas con pocos usuarios. Nunca pensé que iban a defender lo indefendible. Nada más casta que eso”, arremetió.

Hace algunos días, la Vicepresidenta acusó a Petri de haber tenido un “paso fraudulento” por el ministerio que originalmente el mandatario le había prometido que manejaría, cuando todavía eran fórmula presidencial. Además, lo responsabilizó por el deterioro salarial que padecen los efectivos de las Fuerzas Armadas y el deterioro de IOSFA, la obra social del sector.

“El diputado debe responder por el paso fraudulento en el Ministerio de Defensa que ocasionó la caída del sueldo de los uniformados así como la paralización casi total de la obra social que atiende a los militares y sus familias”, supo expedirse también en X.

Como contó este medio, la Obra Social de las Fuerzas Armadas no solo registra una compleja situación financiera sino que, además, desde hace una semana cuenta con un nuevo titular luego de que Sergio Maldonado presentara la renuncia.

Actualmente, el designado fue el General de Brigada, Pablo Guillermo Plaza, cambio que se encuentra formalizado en las disposiciones del DNU N° 88/26, que dividió la obra social en dos: por un lado, las prestaciones al personal de seguridad, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, y por el otro, las del personal militar que responde a la cartera que lidera Presti.

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La industria yerbatera de Misiones enfrenta una situación crítica por la desregulación del mercado, la caída abrupta en el precio de la materia prima y la concentración económica en grandes empresas. La crisis afecta directamente a productores, quienes aseguran que venden por debajo de sus costos de producción. El conflicto engloba a unas 50 mil familias y pone en riesgo la estabilidad de uno de los sectores clave para la economía provincial.

Julio Peterson, productor yerbatero de la tierra colorada explicó, en diálogo con Infobae Al Amanecer que, en la actualidad, el costo de producir un kilo de hoja verde asciende a $435, mientras que los compradores ofrecen $260. “Es inviable seguir así”, señaló. La brecha entre los costos y el precio que reciben generó que muchos pequeños productores y cooperativas no puedan sostener su actividad.

El reclamo de los productores surge tras el DNU 70/2023 emitido por el Gobierno de Javier Milei donde, se le sacó al Instituto Nacional de Yerba Mate (INYM) la facultad de regular los precios y de intervenir en el mercado. Es decir, dejó de decidir cuánto se paga por la yerba y pasó a que el precio lo definan directamente las empresas y el mercado. Según destacó el productor, esto fortaleció a las grandes empresas y provocó una fuerte caída en lo que cobran por la materia prima.

La actual estructura del mercado está marcada por el dominio de dos grandes empresas: Playadito y Las Marías, que concentran el 48% de la molienda nacional. “El resto se maneja en las pequeñas industrias. ¿Qué es lo que hacen ellos? Provocan, con el poder económico que tienen, la necesidad que tenemos nosotros de poder vender. Nos asfixian ante la necesidad del empobrecimiento y nos ofrecen precios irrisorios”, sostuvo Peterson.

De acuerdo con el productor, “históricamente, nosotros recibíamos entre el 10% y el 15% de lo que ustedes pagaban un kilo de yerba en góndola. En este momento estamos en el 3%”. Esta situación llevó a que las cooperativas quedaran al borde del colapso financiero, presionadas por precios bajos en la cadena de comercialización y la imposibilidad de competir en igualdad de condiciones.

Relación con el Gobierno nacional y reclamos del sector

Peterson describió que, a diferencia de otros contextos políticos, la actual administración nacional se mantiene distante y no ofrece soluciones concretas. “Es el primer gobierno que se basa en excusas. Es el primer gobierno que vas a Buenos Aires, no trae soluciones y lo único que hay es vacío. No hay solución, no hay respuestas concretas”, sostuvo.

En ese sentido, las asociaciones de productores presentaron una demanda judicial para que la Justicia federal evalúe la derogación del artículo del DNU que eliminó la fijación del precio por ley. El objetivo es restablecer un precio de resguardo oficial que cubra los costos de producción y brinde previsibilidad a los productores.

Dimensiones económicas y pérdidas del sector

La industria representa la segunda economía más importante de Misiones. Según Peterson, el volumen de producción ronda los mil millones de kilos de hoja verde anuales. A precios actuales, esto equivale a unos $250 mil millones. “Solamente el año pasado perdimos más de $80 mil millones en nuestra economía, la parte agricultora. Más de $80 mil millones”, remarcó el productor.

La desregulación, lejos de mejorar los precios al consumidor, provocó un alza en las góndolas y una reducción drástica de ingresos para los productores y trabajadores yerbateros. “El kilo de yerba hoy debería estar $500. El kilo de yerba de hoja verde está a $250, provocado por una desregulación, pero el paquete ha subido dos veces la góndola”, indicó Peterson.

Exportaciones, consumo interno y migración laboral

Pese a la crisis local, la exportación creció año a año. No obstante, el consumo interno muestra una baja, atribuida a la situación económica del país. “El trabajador, la clase media adquisitivamente está mal”, explicó el productor misionero.

Un aspecto alarmante de la crisis es el éxodo de mano de obra hacia Brasil. Más de 10 mil trabajadores migraron al país vecino y, de ellos, solo unos 2 mil regresaron a Misiones. “Hay más de ocho mil trabajadores nuestros que se fueron y no volvieron más”, precisó Peterson. El fenómeno afecta principalmente a trabajadores calificados en el rubro yerbatero y profundiza el problema social en la provincia.

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