POLITICA
El diputado libertario del Tesla había comprado otra unidad igual por casi 300 mil dólares, pero nunca se la entregaron
Manuel Quintar, el diputado jujeño de La Libertad Avanza que esta semana quedó en el centro de la escena por llegar al Congreso con una Tesla Cybertruck valuada en más de 100.000 dólares, está envuelto en otra polémica causa judicial. Se trata de una denuncia por estafas que radicó contra una concesionaria de zona norte, a la que en 2025 le compró una camioneta idéntica que nunca le entregaron.
Según supo Infobae de fuentes del caso, todo comenzó el año pasado, cuando el legislador fue a un negocio en la localidad bonaerense de Pilar para adquirir el mismo vehículo con el que se lo vio el pasado miércoles en las inmediaciones del palacio legislativo.
La operación se concretó: pagó 285 mil dólares, de los cuales abonó una parte en efectivo y el resto en varias transferencias bancarias. Sin embargo, pasaron los meses y jamás le entregaron la unidad. Así, en abril de este año oficializó una denuncia por estafas contra la concesionaria que recayó en la UFI N°2 de Pilar.
En el marco de la investigación, en las últimas horas, agentes de la Policía Bonaerense realizaron una serie de allanamientos en la zona norte del Gran Buenos Aires. Además, se embargaron vehículos del local denunciado para recuperar el monto abonado por el diputado Quintar.
El legislador nacional radicó la denuncia justo un mes antes de que se lo viera llegar al Congreso con una Tesla Cybertruck, que estacionó en la cochera de la Cámara de Diputados. Según supo este medio, el vehículo es el segundo de la marca que pagó, tras el problema que tuvo con la primera operación.
La imagen del auto se viralizó en redes sociales y encendió el debate dentro y fuera del bloque oficialista. Quintar no tardó en confirmar que era de su propiedad. Lo hizo con un mensaje en su cuenta de X: “A mi nombre, con la mía… pronto toda la info de los radikukas con la nuestra”, escribió junto a una fotografía de la pick up.
Al día siguiente, sin embargo, una grúa lo remolcó. Según pudo saber Infobae, a pesar de las versiones que circulaban de que se la habían llevado porque estaba sin patente, fuentes cercanas al legislador jujeño comentaron que fue el propio Quintar quien contrató el servicio para llevar el vehículo hasta Jujuy.
Un detalle no menor es que la Cybertruck es un coche eléctrico, por lo que tiene una autonomía en la batería de 500 kilómetros. La distancia entre la Ciudad de Buenos Aires y la capital jujeña es de 1.494 kilómetros, con un tiempo estimado de más de 17 horas.
Además, desde el entorno del diputado sostuvieron que la camioneta “está en regla” y que “él no tiene problema, la compró en EE.UU. y la importó de manera legal. Está a su nombre”. Al ser consultados sobre el modelo de la camioneta, respondieron: “Es la versión grande, la de más potencia”.
Quién es Manuel Quintar, el diputado que es dueño de la Tesla Cybertruck
Alejado del discurso de austeridad que busca defender el Gobierno, el representante libertario hizo ostentación de su adquisición desde su cuenta redes sociales.
El legislador, oriundo de Jujuy, se describe como “abogado y deportista”. Asumió su banca en diciembre de 2023, luego del triunfo de Javier Milei en las elecciones presidenciales.
Quintar y su familia son empresarios del sector salud en el norte argentino y administrador de clínicas y obras sociales privadas. Es propietario del 33% de la firma Servicios Sociales de Salud SRL. También fue gerente del Policonsultorio Los Lapachos de San Salvador de Jujuy, en Alto Comedero.
A los ingresos propios por su actividad privada, se le suman los que cobra como diputado nacional. Según consta en el sitio web oficial de la Cámara de Diputados, un legislador de la Cámara baja percibe un sueldo neto de $4.572.596,99, a valores de diciembre de 2025.
manuel quintar
POLITICA
La refundación de la Justicia de Milei y Mahiques: un inicio endogámico y con nombres negociados con gobernadores
La refundación del Poder Judicial que anunció el presidente Javier Milei luego de que el Senado aprobó los pliegos de 74 nuevos jueces y fiscales está caracterizada, en esta primera etapa, por un dominio endogámico de integrantes de la propia familia judicial.
Un análisis de la lista de nombramientos muestra lazos de parentesco o relaciones laborales dentro del propio Poder Judicial.
También exhibe magistrados impulsados por gobernadores aliados de la Casa Rosada, que mantiene la renovación dentro del mismo poder político.
Los nombres representan una primera tanda para cubrir las vacantes, pero no ocuparán los cargos más sensibles de la Justicia nacional y federal.
Los lugares más delicados aparecen en los tribunales de Comodoro Py 2002, que se analizarán en el Senado más adelante.
De una primera lectura de los nombres de los 74 candidatos a los que el Senado le dio ahora luz verde, se destaca primero el revuelo político que generó la aprobación del pliego de María Verónica Michelli, la candidata cuyo nombramiento el propio Gobierno había intentado bloquear por ser cuñada del periodista de Hugo Alconada Mon.
Ahora, el presidente Milei se resiste a firmar el decreto de su designación. Es su facultad.
A pesar de que el Senado le dobló el brazo a Milei al aprobar el dictamen de Michelli, el Gobierno puede festejar que esta tanda representa los primeros nombramientos judiciales de la actual gestión después de dos años y medio.
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, había llegado al cargo con más de 360 vacantes en el Poder Judicial federal. No se designaban jueces en esta cantidad desde hace diez años.
Todos los futuros magistrados que llegaron hasta aquí en la etapa de selección lo hicieron porque aprobaron con suficiencia un examen técnico en el Consejo de la Magistratura, pasaron entrevistas personales, fueron votados en ese organismo por sus pares, por abogados, por diputados, por senadores y por académicos, y luego el Poder Ejecutivo los eligió de una terna. Algunos concursaban hace más de diez años para estos cargos.
En la lista —más allá de Michelli— sobresalen otros nombres que reafirman la idea de que los candidatos, ahora a tiro de decreto para ser jueces o fiscales, son del riñón del Poder Judicial, ya sea por ser hijos o esposas de magistrados o por haber tenido como jefes a algunos influyentes jueces.
El sociólogo Juan José Nardi expone en su etnografía La familia judicial que, más allá de que el Consejo de la Magistratura pretende nombrar jueces según sus méritos, el modelo se perpetúa porque los candidatos necesitan de padrinos, madrinas y lobbistas de la propia justicia o el Gobierno para llegar al cargo. Y esas lealtades perduran y explican las relaciones en el tiempo.
En la lista que aprobó el Senado está Emilio Rosatti, que se convertirá en juez del Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe y es hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti. Su pliego fue enviado por el Ejecutivo y generó debate. Dos votos del kirchnerismo fueron en contra.
Otro ejemplo es el de Juan Andrés Moldes, cuyo pliego fue aprobado para ser fiscal de primera instancia en el fuero Penal Económico. Es hijo del fiscal ante la Cámara Federal, Germán Moldes, de ascendencia en la justicia federal y fallecido en 2024. Juan Andrés Moldes, hijo, concursó con éxito y está a un paso de convertirse en fiscal. Su padre se jactaba de no haber llegado a su cargo por esa vía. “Quédese tranquilo. Yo no llegué por concurso”, decía un cartel colocado en su escritorio.
Laureano Durán es otro de los candidatos con el pliego aprobado por el Senado para ser designado camarista en la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, en la Sala I. Es hijo del fallecido camarista federal Alberto Ramón Durán, fanático hincha de Gimnasia y Esgrima y con fluidos vínculos con el peronismo bonaerense de Julio Alak. Laureano Durán sigue los pasos de su padre.
También fue aprobado el pliego de Nicolás Pacilio para el Tribunal Oral Criminal N° 1. Se trata de un joven secretario de la Cámara Federal que es hijo de Antonio Pacilio, excamarista federal de La Plata.
Varios de los pliegos aprobados corresponden a cónyuges de magistrados que intervienen en causas de alto impacto político, como por ejemplo Ana María Cristina Juan, que es la esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, que investiga al presidente Javier Milei en la causa $LIBRA.
El pliego de Juan fue aprobado como jueza federal de primera instancia de Hurlingham. Ingresó a Comodoro Py hace tres décadas y es secretaria de la Sala I de la Cámara Federal desde 2018. Su designación fue de las más debatidas y aprobada por unanimidad.
En este capítulo también destaca el pliego de Yamile Susana Bernan como camarista de la Cámara del Crimen. Es la esposa de Diego Guerendiain, exjefe de Gabinete del Ministerio de Justicia cuando estaba al mando de Mariano Cúneo Libarona.
Guerendiain fue desplazado por diferencias con Sebastián Amerio, el entonces viceministro.
También fueron considerados para jueces y fiscales secretarios y excolaboradores directos de los jueces federales más importantes de Comodoro Py.
Así, María Julia Sosa, designada como futura jueza del Tribunal Oral Federal 3 de La Plata, si Milei firma su decreto, es secretaria del juzgado del juez Julián Ercolini de Comodoro Py 2002.
El juez federal instruyó las causas de mayor perfil contra la expresidenta Cristina Kirchner: Vialidad, donde fue condenada, y Hotesur y Los Sauces. El kirchnerismo votó en contra de su designación. Fue aprobada con los votos del oficialismo y aliados.
También fue aprobado el pliego de Javier Matías Arzubi Calvo, quien se desempeña como juez del Tribunal Oral Federal 5 de San Martín. Es exsecretario letrado del juzgado del juez federal Ariel Lijo. Milei intentó llevar a Lijo a la Corte y no logró los votos de los senadores.
El juzgado de Lijo lleva hoy la causa por presuntas irregularidades en la ANDIS y la investigación por enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni. Es la tercera vez que Arzubi Calvo es propuesto para el cargo de juez y, finalmente ahora, su pliego fue aprobado por unanimidad.
Pablo Ezequiel Wilk tiene acuerdo del Senado para el Tribunal Oral Federal dos de La Plata y es secretario del juzgado federal de Luis Armella.
En el caso de Jésica Yael Sircovich, fue aprobado su pliego como jueza del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata y es secretaria de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal.
Ivana Quinteros, histórica secretaria de la Cámara Federal porteña de Comodoro Py 2002, fue designada como jueza del Tribunal Oral Criminal 20.
La tanda de nombres incluyó a algunos magistrados con trayectorias políticas cercanas al macrismo, como Jorge Djivaris, ahora a punto de ser designado camarista en lo Comercial en la Sala B, quien fue subsecretario de Justicia del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires.
Su postulación para la Sala B de la Cámara Comercial -que interviene en la causa vinculadas al concurso preventivo y quiebra de Correo Argentino S.A, generó una impugnación que lo acusaba falsamente de ser familiar del ministro Mahiques. El propio Djivaris desmintió el vínculo ante la Comisión de Acuerdos. La senadora Patricia Bullrich pidió que esa aclaración quedara en actas y fue aprobado por mayoría.
Santiago Vismara, con acuerdo del Senado como fiscal general ante los tribunales en lo criminal y correccional, fue fiscal designado por la procuradora Alejandra Gils Carbó. También fue firmante de la solicitada de Justicia Legítima, la agrupación de jueces y fiscales identificada con el kirchnerismo. Su inclusión en una tanda impulsada por La Libertad Avanza generó sorpresas y su pliego fue aprobado por unanimidad.
En apenas tres meses, Mahiques envió más de 150 pliegos en distintas tandas. La Comisión de Acuerdos del Senado trabajó a ritmo acelerado para otorgarles dictamen.
El pasado jueves 4 de junio lo logró, luego de tensión política, idas y venidas y una lista que primero era de 50 jueces y fiscales y luego llegó a los 74 incluyendo a Michelli y la cobertura de vacantes en Buenos Aires, La Plata, Santa Fe, Mendoza, Neuquén, Salta, Bariloche y Formosa.
Al menos seis de cada diez candidatos enviados por el Gobierno ya se desempeñaban dentro del Poder Judicial, en busca de ascensos o traslados a cargos de mayor jerarquía. Muy pocos casos provinieron de fuera del sistema, según calculó Chequeado.
Entre los candidatos hay un 69% de la Ciudad de Buenos Aires y un 31% de tribunales del interior del país.
En el interior, la distribución es muy desigual: casi la mitad del cupo provincial se lo lleva la propia provincia de Buenos Aires —La Plata, San Martín y Hurlingham suman 13 pliegos (el 17,6% del total), y 10 pliegos son para el resto del país. Incluyen las provincias de Santa Fe, Mendoza y Formosa, Neuquén, Salta, Río Negro y Entre Ríos..
Así Mendoza obtuvo dos designaciones: un defensor público, que es Carlos Agustín Parma, y un vocal de la Cámara Federal de Apelaciones.
Se trata de Sebastián Guillermo Soneira, exfuncionario de confianza del gobernador Alfredo Cornejo, aliado del Gobierno nacional. Soneira fue director de Personas Jurídicas y Cornejo apoyó activamente su postulación.
Fue designado originalmente por el gobernador Cornejo y permaneció en el cargo durante todo el mandato de Rodolfo Suarez. Al momento de su designación judicial, ejercía como fiscal adjunto Civil en la Procuración General del Ministerio Público Fiscal provincial, cargo que ocupaba desde finales de 2025.
La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza a la que ingresa Soneira es el tribunal de mayor relevancia en la provincia, pues allí se analizan casos de narcotráfico, delitos fiscales y conflictos de derechos humanos.
En Santa Fe fueron aprobados tres pliegos de jueces donde el gobernador Maximiliano Pullaro pujó por sus designaciones, en el contexto de la crisis de seguridad por el narcotráfico. Pullaro se reunió con el ministro Mahiques para gestionar la cobertura de vacantes en la Justicia federal de su provincia.
Además, en esa lista está el ahora posible juez Emilio Rosatti, propuesto para un tribunal federal de Juicio de Santa Fe, y Walter Alberto Rodríguez, con acuerdo para el Juzgado Federal de Garantías N.º 2 de Santa Fe.
En Rafaela prosperó el pliego de Santiago Saux como juez federal con el que se cubre una vacante de seis años en un juzgado que controla el 30% del territorio provincial y la ruta del narcotráfico hacia el puerto de Rosario.
En Neuquén fue designado Pablo Antonio Matkovic como juez del Tribunal Federal de Juicio. El magistrado propuesto fue asesor de la ministra kirchnerista Nilda Garré y en 2017 presentó un hábeas corpus contra Patricia Bullrich por el allanamiento a una comunidad mapuche. También fue denunciante en el caso Lago Escondido. Se desempeña como defensor federal en Neuquén desde hace años. Su pliego fue incorporado por pedido del jefe del bloque de la UCR, Eduardo Vischi.
En Salta fue aprobado el pliego de Diego Anzorreguy para el Juzgado Federal de Primera Instancia n.º 2; sin vínculos políticos, encabezó el orden de mérito del concurso.
Salta es gobernada por Gustavo Sáenz, un peronismo que mantiene relaciones de convivencia con el gobierno nacional.
En Bariloche se le dio acuerdo a Leandro Agustín Gómez Constenla como juez federal. Obtuvo el mayor puntaje en el concurso y el juzgado estaba vacante desde agosto de 2019.
En Formosa obtuvo el acuerdo el pliego de Gerardo Daniel Cacace como juez del Tribunal Federal de Juicio. Fue víctima de abusos del poder policial en Formosa bajo la gestión de Gildo Insfrán y su designación es casi una declaración antioficialista.
endogámico,Hernán Cappiello,Conforme a
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Conflicto salarial con la Policía en Santa Cruz: protestas, acampe y refuerzo de fuerzas federales de Nación
Un conflicto salarial de las fuerzas policiales genera tensiones desde hace días en la provincia de Santa Cruz. Desde el Ejecutivo provincial advirtieron que el aumento no se concreta porque no están disponibles los recursos y apuntaron a la oposición: “Ponen palos en la rueda”.
En el centro del conflicto se encuentran policías autoconvocados que este sábado llevan adelante su tercera jornada de medida de fuerza. Según indicaron medios locales, este viernes realizaron una manifestación en la residencia del gobernador Claudio Vidal y reclaman que el mandatario los reciba.
Si bien el próximo miércoles 10 de junio se realizará el Consejo del Salario, la mesa de negociación paritaria, los autoconvocados buscan tener su propio lugar en esa instancia, ya que no se sienten representados por la Asociación Policial.
En ese sentido, en la provincia rige el “quite de colaboración”, que implica asistir únicamente a funciones en caso de emergencia.
De acuerdo con el medio local Señal Calafate, el punto central del conflicto es el acampe de los efectivos frente a la Casa de Gobierno en Río Gallegos. Anoche, además, los policías se trasladaron a la residencia del gobernador cantando “Vidal tiene miedo”.
Según los autoconvocados, recibieron llamados para pactar dos reuniones -el jueves y el viernes- con el funcionario, pero hasta el momento no se concretaron.
Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad Nacional dispuso la conformación de un Comando Unificado para reforzar la seguridad en Santa Cruz, de acuerdo con Tiempo Sur. Participarán efectivos de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal, quienes cubrirán tareas policiales durante la vigencia de la medida de fuerza.
Desde la movilización de este viernes en Río Gallegos, uno de los referentes del sector, Ramón Qupildo, sostuvo que el reclamo tuvo una fuerte adhesión en la Policía y el Servicio Penitenciario: “Podemos hablar de un 85% de acatamiento”, aseguró en declaraciones a medios locales.
“La oposición pone palos en la rueda”
En las últimas horas, el gobernador Claudio Vidal aseguró que entiende el reclamo y lo considera “justo”. En el comunicado, difundido en sus redes sociales, sostuvo: “Sé de las dificultades que atraviesan muchas familias en este momento y sé que la situación económica es acuciante”.
Sin embargo, advirtió que la medida de fuerza surgió después de que la semana pasada se convocara al Consejo del Salario, el espacio destinado a dialogar soluciones. La reunión ya tiene fecha confirmada para el próximo miércoles 10 de junio.
“Nuestro compromiso sigue siendo el mismo y quiero ser muy claro: este Gobierno no se va a esconder. Vamos a seguir dando la cara, trabajando y haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para encontrar respuestas”, aseguró el funcionario perteneciente al partido SER Santa Cruz.
Y continuó: “También es necesario que la sociedad observe con atención que mientras buscamos herramientas para fortalecer las finanzas provinciales y mejorar la capacidad de respuesta del Estado, hay sectores que siguen poniendo obstáculos sin entender que cuando a la provincia le va mal, nos va mal a todos”.
Vidal aseguró que siempre estará “del lado de los trabajadores” y que es momento de que todos actúen con responsabilidad y pongan por delante el bienestar de la provincia: “Mi compromiso es seguir trabajando para construir acuerdos y encontrar una salida que contemple las necesidades de los trabajadores y de toda la comunidad”.
En el video difundido en Instagram que acompaña el comunicado, el gobernador también sostuvo que la problemática salarial se replica en otras provincias. Asimismo, aseguró que su administración otorgó dos aumentos salariales por encima de la inflación, tanto al inicio de su gestión como en 2025.
“Hoy no lo hacemos porque no contamos con los recursos”, argumentó en el video que acompaña esta nota. Y agregó: “La oposición pone palos en la rueda para que no nos podamos refinanciar, sabiendo que perjudican directamente al trabajador del Estado”.
Lázaro Báez fue internado en las últimas horas por un cuadro de pulmonía mientras cumple una condena unificada de 15 años de prisión en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.
El empresario santacruceño, de 70 años, permanece detenido tras las condenas que recibió en las causas conocidas como Ruta del Dinero K y Vialidad. Su situación de salud ya había sido motivo de planteos judiciales por parte de su defensa, que el año pasado solicitó el beneficio de la prisión domiciliaria al advertir un deterioro físico progresivo.
Según pudo saber TN, Báez fue asistido por personal médico del Hospital de la cárcel de Ezeiza luego de presentar complicaciones respiratorias. El empresario arrastra diversos problemas de salud preexistentes, entre ellos hipertensión arterial, diabetes tipo II, asma bronquial alérgica, obesidad y una arritmia cardíaca.
Además, trascendió que en los últimos meses también registró episodios vinculados a una patología en el colon y hemorragias digestivas, un cuadro que se suma a sus antecedentes clínicos.
Sin embargo, el parte médico elaborado este viernes por el Hospital Penitenciario Central señala que, al momento de la evaluación, el empresario K se encontraba “clínicamente estable”, lúcido y orientado.
De acuerdo con el informe, Báez no presentaba fiebre, caminaba por sus propios medios y tenía parámetros vitales dentro de los valores normales.
La ruta del dinero K
Durante la instrucción de esta causa, la Justicia determinó que existió una organización criminal que entre los meses de diciembre del 2010 y abril del 2013 realizó maniobras de lavado de dinero implicados principalmente con el manejo de la empresa Austral Construcciones que dirigía Báez, a través de la financiera SGI, mediante un entramado que funcionó en el país y en el exterior, y que logró la expatriación de fondos de origen ilícito y su posterior reingreso por un total de USD 54.872.866,69.
Según se estableció, el dinero depositado en el extranjero ingresaba a las cuentas de diversos bancos internacionales –generalmente con bajos controles fiscales- a nombre de otras personas jurídicas.
Luego se adquirieron bonos de deuda pública que fueron liquidados en la plaza local, simulando una supuesta inversión multimillonaria de una empresa fiduciaria suiza para adquirir acciones de la empresa Austral Construcción S.A. (ACSA).
Además del capítulo conocido como “La Rosadita”, el tribunal entendió acreditadas maniobras de lavado independientes, como las compras de un campo en la Provincia de Mendoza (estancia “El Carrizalejo”) y de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires (situado en avenida Del Libertador), por Leonardo Fariña.
También el pago de los gastos de la fiesta de casamiento de Fariña y la modelo Karina Jelinek, y la adquisición de diversos autos de lujo (Ferrari California, BMW X6 y Audi R8 Syder) con la intervención de Carlos Juan Molinari y Daniel Alejandro Bryn.
Lázaro Baez, Vialidad, ruta del dinero K
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