INTERNACIONAL
La ex vicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, está fuera de prisión desde octubre de 2025 por permisos médicos
Roxana Baldetti, ex vicepresidenta de Guatemala, permanece fuera de prisión desde octubre de 2025 pese a sus condenas por 31 años en los casos La Línea y Agua Mágica.
Una investigación de Agencia Ocote, confirmó que la ex vicemandataria se encuentra en su casa gracias a permisos médicos que un juez suplente extendió hasta nuevo aviso.
La medida comenzó tras una cirugía de columna y mantiene a la exfuncionaria en su vivienda situada en la carretera a El Salvador. La segunda extensión fue concedida a mediados de marzo de 2026, dos meses después de la primera.
En tanto, el Sistema Penitenciario confirmó a Agencia Ocote que una resolución judicial fechada el 19 de marzo de 2026 autorizó a Ingrid Roxana Baldetti Elías a permanecer en su residencia sin un plazo definido.
La entidad indicó que la medida cumple las decisiones de los órganos jurisdiccionales y que cualquier cambio debe ser dispuesto por la autoridad judicial. También precisó que la vivienda se encuentra en el kilómetro 10,5 de la carretera a El Salvador, sin divulgar más detalles.
Baldetti no recuperó su libertad: su salida de prisión fue autorizada el 23 de octubre de 2025 para una operación que incluyó el reemplazo de dos discos cervicales y uno lumbar. El juez suplente de Mayor Riesgo B, Eduardo Luis Orozco Pineda, concedió ese permiso por razones de salud.
La primera prórroga llegó en enero de 2026, cuando la defensa sostuvo que la intervención dejó a Baldetti con dificultades de movilidad. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses confirmó el padecimiento postoperatorio y el Sistema Penitenciario afirmó que no contaba con capacidad para atenderla en esas condiciones.
Con esos antecedentes, Orozco resolvió que siguiera en su casa. La exvicepresidenta fue sentenciada a 15 años de prisión por Agua Mágica y a 16 años por La Línea, aunque desde su captura, en agosto de 2015, solo ha cumplido diez años de condena.
Una medida médica sin plazo de revisión conocido
La ausencia de una fecha pública para evaluar nuevamente el estado de salud de Baldetti generó cuestionamientos. El exfiscal Juan Francisco Sandoval, quien dirigió las investigaciones en su contra, sostuvo que la atención médica es un derecho, pero reclamó controles sobre una medida excepcional que se prolonga.
“Por supuesto que Roxana Baldetti, como cualquier persona, tiene derecho a recibir la atención médica que necesite y, si esa atención no puede brindarse dentro del Sistema Penitenciario, el Estado debe garantizarla. Eso no está en discusión”, afirmó Sandoval a la Agencia Ocote.
El exfiscal advirtió que la situación debe revisarse de manera periódica por tratarse de una persona con dos condenas, otros procesos abiertos y una extradición autorizada a Estados Unidos. “Lo que me parece importante es que una medida de este tipo tenga controles estrictos y se revise periódicamente”, señaló.
El Organismo Judicial y el Ministerio Público fueron consultados sobre si Orozco fijó un plazo para revisar la medida y verificar el estado de salud de Baldetti. Ninguna de las dos instituciones había respondido al momento de la publicación del medio.
La ex vicepresidenta enfrenta además los procesos de Cooptación del Estado y Plazas fantasma en el Registro de Información Catastral. A ello se suma una solicitud de extradición por narcotráfico por parte de Estados Unidos.
El 7 de marzo de 2026 también circuló en redes sociales una versión falsa sobre la muerte de Baldetti en prisión. Usuarios compartieron esquelas con su fotografía, aunque la exfuncionaria ya se encontraba en su residencia bajo autorización judicial.
Los permisos de salud solicitados desde su captura
Baldetti renunció a la vicepresidencia el 8 de mayo de 2015, durante el escándalo de La Línea, una investigación revelada un mes antes por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Fue detenida el 21 de agosto de ese año en el hospital Centro Médico, adonde había ingresado tres días antes por quebrantos de salud.
Cinco días después, el entonces juez Miguel Ángel Gálvez ordenó su prisión preventiva tras un análisis del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Quedó ligada a proceso por asociación ilícita, defraudación aduanera y cohecho pasivo.
Con el avance de las investigaciones, surgieron otros casos de corrupción que la vincularon. Desde su detención, Baldetti asistió a varias audiencias en la Torre de Tribunales con un cabestrillo en alguno de sus brazos, una circunstancia que le evitaba ser esposada.
También solicitó en distintas ocasiones beneficios o permisos de salida por problemas de salud. En marzo de 2023 obtuvo autorización para recibir terapias cuatro días por semana dentro del proceso por Cooptación del Estado.
La jueza de Mayor Riesgo B, Eva Recinos, dispuso entonces que los tratamientos por problemas de columna se realizaran en su residencia con un médico privado. En octubre de 2024, dentro del caso La Línea, Baldetti consiguió libertad condicional con un dispositivo de geolocalización en el tobillo.
Sus abogados alegaron que padecía neuralgia que afectaba sus vértebras. La Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo otorgó el beneficio, aunque recordó que la decisión dependía de los demás procesos que enfrentaba.
En marzo de 2025 pidió arresto domiciliario ante el Tribunal de Mayor Riesgo C por el caso Agua Mágica. Los jueces rechazaron la solicitud al considerar que persistía el riesgo de fuga.
El mismo tribunal volvió a negar el beneficio en mayo de 2026, cuando Baldetti ya llevaba más de siete meses fuera de prisión por la autorización médica. Esa negativa no modificó el permiso que Orozco había concedido en el expediente a su cargo.
Un juzgado sin titular desde la salida de Miguel Ángel Gálvez
El puesto de juez titular del Juzgado de Mayor Riesgo B quedó vacante tras la salida al exilio de Gálvez en noviembre de 2022. El exjuez fue criminalizado durante la administración de la exfiscal general María Consuelo Porras y por la Fundación contra el Terrorismo.
Desde entonces, varios jueces ocuparon el cargo de manera temporal. Eduardo Orozco Pineda es juez suplente del juzgado desde mayo de 2025, luego de que la Corte Suprema de Justicia lo nombrara inicialmente por tres meses.
Más de un año y cuatro meses después de esa designación, la Corte Suprema aún no había nombrado un titular para el juzgado y Orozco continuaba al frente. Rudy Esquivel, vocero del Organismo Judicial, explicó que la Corte puede asignar a un juez suplente de primera instancia donde lo considere necesario, conforme al artículo 80 del Reglamento de la Ley de la Carrera Judicial.
Guatemala,Miguel Ángel Gálvez,Roxana Baldetti,Corrupción
INTERNACIONAL
Flávio Bolsonaro evitará debatir cara a cara con Lula y se enfocará en sumar los votos de los otros candidatos de derecha
Jair Bolsonaro sabe que tiene todo para ser el próximo presidente de Brasil. Ningún candidato que ganó la primera vuelta desde el retorno de la democracia perdió el balotaje. Nada hace prever que esta vez será distinto. Su rival y actual presidente, Lula da Silva, está en problemas, después de perder el primer turno de las elecciones celebradas el domingo pasado.
Hay otro dato que favorece al postulante de la derecha brasileña más dura: históricamente, desde 1989, quien gana el estratégico estado de Minas Gerais se convierte en el nuevo presidente del país.
El hijo de Jair Bolsonaro ganó en Minas Gerais con casi cinco puntos de ventaja sobre Lula, mucho más de los casi dos que le sacó a nivel nacional.
El balotaje se celebrará el domingo 25 de octubre.
¿Cuál será ahora la estrategia de la derecha?
La campaña del bolsonarismo sabe que tiene cartas ganadoras.
Puede pescar los pocos votos que le faltan para doblegar a Lula entre los votantes de los candidatos de derecha (como Ronaldo Caiao y Romeu Zema, o el antisistema Renan Santos) que sumaron en conjunto poco más del 5% de los votos. Por lo pronto, Zuma ya anunció su apoyo, aunque solo alcanzó el 0,27% de los sufragios..
El domingo, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03% contra el 45,16% de Lula. Pero además, el bolsonarismo y las fuerzas conservadoras lograron una amplia victoria en el Congreso.
Si llega al gobierno y pacta con el “Centrao”, esa amalgama de partidos de centroderecha que suele dar gobernabilidad al presidente de turno, no le será difícil llegar a acuerdos para llevar adelante sus objetivos. Incluso podría darse el lujo de avanzar con el “impeachment” de los jueces de la Corte Suprema que considera enemigos de su familia y que encarcelaron a su padre, condenado a 27 años de prisión por golpismo.
Silva
Deceased Virginians with felony convictions are reportedly among those receiving voting-rights restoration letters under Gov. Abigail Spanberger, who announced in July that she had restored voting rights to 66,000 people with felony convictions.
The notices come as Virginia separately implements a federal court ruling that sharply narrowed which felony convictions can trigger disenfranchisement, while voters this fall will decide whether to amend the state constitution to automatically restore voting rights upon release from incarceration.
«I’ve been a lawyer for 27 years and in every minute of my career, when you were convicted of a felony, you lose your voting rights. The way you get those back is you have to petition the governor and then the governor can review your case and determine whether the civil rights of a convicted felon should be restored,» Virginia Beach attorney Tim Anderson told Digital on Monday.
Anderson, who shared posts showing letters from Spanberger and her administration sent to families of deceased recipients, said the situation is «one or the other» — either Richmond is not vetting who receives the restoration notifications or its vetting is not thorough enough to catch deceased recipients.
SPANBERGER SPARKS OUTRAGE AFTER SNEAKILY ENDING YOUNGKIN-ERA WOMEN’S SPORTS PROTECTIONS
«The order specifically says that they’ve reviewed [each] case individually, right?»
He noted that Virginia has online voter registration and questioned whether an unscrupulous relative who received one of the notifications might try to register their dead relative to vote.
«These dead people clearly aren’t petitioning the governor to get their civil liberties back… they’re restoring every single felon’s civil disabilities without anybody even asking. And that’s concerning, especially when they’re dead.»
Virginia resident Howard «Skip» Lambert posted a July 1 restoration notice signed by Spanberger and an Aug. 31 notification from her administration addressed to a redacted relative, informing the recipient that their voting rights had been restored.
The July letter said that after the relative had been convicted and sentenced, Spanberger’s office «completed review of the particulars of the individual’s case.»
Anderson pointed to that line as evidence of vetting.
Lambert’s letter went on to say the relative would have their civil rights — except for the ability to transport or possess firearms — restored effective July 1.
VIRGINIA GOVERNOR ABIGAIL SPANBERGER QUIETLY ROLLS BACK YOUNGKIN’S PLANS TO PROTECT GIRLS’ SPORTS
In the ensuing letter from Secretary of the Commonwealth Candi Mundon-King, the relative was notified that Spanberger had restored their right to vote and serve on a jury and was encouraged to re-register to vote at the online «Citizen’s Portal» via a QR code.
Lambert wrote that he was upset by the mailings, saying the recipient was his daughter, who died in 2024. He also confirmed that she had a felony conviction.
«Interesting this letter arrives as early-voting begins… yet the provided official order is dated July 1,» he said on Sept. 24. «Just because cash doesn’t change hands doesn’t mean the governor isn’t trying to buy votes.
Reached by phone Monday, the Fredericksburg-area resident confirmed to Digital that the documents were authentic and that the recipient was his daughter.
«I do have a question of timing in the letter I believe my daughter voted in the previous election where it was Hillary and Donald Trump — because she had had her rights restored then,» he said.
Around the time of that election, former Democratic Gov. Terence McAuliffe attempted a mass restoration but was rebuked by the Virginia Supreme Court, which ruled that he did not have the authority to take such an action affecting an estimated 206,000 Virginians, according to NPR.
Another woman, Peggie Young, posted a similar set of documents addressed to her «dear BFF, Peter Breton.»
«I have his ashes. Is this perhaps how voter fraud begins. I’m so confused,» she said, adding that she also received the letter only on Sept. 29.
Young could not immediately be reached.
Virginia House Minority Leader Terry Kilgore, R-Gate City, told Digital that Spanberger’s purported vetting process appears to be inadequate:
«If the process is so thorough that they can’t even tell who’s alive and who’s dead, how thorough is it?» Kilgore told Digital.
The federal case began in 2023 as King v. Youngkin, when disenfranchised Virginians sued then-Gov. Glenn Youngkin and other state officials, arguing that Virginia’s blanket felony ban conflicted with the federal Virginia Readmission Act of 1870.
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U.S. District Judge John Gibney Jr. ruled in January that Virginia could disenfranchise people only for 11 common-law felonies recognized in 1870. After rejecting the state’s effort to map those offenses onto a broader list of modern crimes, Virginia ultimately narrowed automatic disenfranchisement to murder, voluntary manslaughter and involuntary manslaughter.
The Department of Elections is separately notifying roughly 235,000 Virginians whose convictions no longer disqualify them from voting. Those court-driven notices are distinct from the Spanberger restoration orders received by Lambert and Young, which state that the governor’s office reviewed each recipient’s case before restoring multiple civil rights.
Digital reached out to Spanberger’s office and ELECT for comment.
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Las operaciones de importación incrementaron 1.7%, al pasar de 495,000 en 2025 a 503,432 hasta septiembre de 2026, según afirmó José Benjamín Mayorga, director general de Aduanas, durante una entrevista en Panorama.
Mayorga atribuyó el aumento de la actividad a la digitalización de los procesos, la reducción de los tiempos de despacho y la atención a los usuarios. A su juicio, estas medidas ofrecen previsibilidad a las empresas que ingresan mercancías al país y favorecen nuevas operaciones comerciales.
El funcionario sostuvo que un importador puede decidir ampliar sus pedidos cuando encuentra mecanismos que le permiten retirar un contenedor, trasladarlo y colocarlo en el mercado sin demoras. Según su explicación, esa agilidad incide tanto en el movimiento de productos como en la posibilidad de que las empresas mantengan sus inversiones.
También indicó que el mayor flujo de mercancías amplía la oferta disponible para los consumidores, que pueden escoger entre productos según precios, calidad o preferencias personales. Mayorga vinculó ese movimiento con un crecimiento de la recaudación aduanera.
Hasta septiembre, Aduanas acumulaba más de USD 2,108 millones en ingresos tributarios, frente a los USD 1,894 millones que, según Mayorga, se registraban en 2025 en el período de comparación citado durante la entrevista.
La diferencia supera los USD 214 millones y representa un crecimiento de más del 11%, de acuerdo con el director. Mayorga señaló que esos recursos ingresan al Estado y pueden destinarse a proyectos de salud, educación e infraestructura vial.
El director añadió que las inversiones en carreteras también repercuten sobre el comercio, porque un vehículo de carga puede desplazarse con más rapidez después de cruzar una frontera hasta llegar a su destino final.
Aduanas atribuye el alza a la facilitación comercial
Mayorga mencionó mejoras en la calificación del país, la confianza de organismos multilaterales y los indicadores económicos divulgados por el Banco Central de Reserva como factores asociados al aumento de las operaciones comerciales.
El titular de Aduanas afirmó que la institución participa en el gabinete económico junto con el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda, la Secretaría de Inversiones e Invest in El Salvador. Según explicó, esas entidades reciben a inversionistas interesados en conocer las condiciones de seguridad y de negocios en el país.
Mayorga consideró que El Salvador compite con otros países de Centroamérica a partir de la rapidez de sus procesos aduaneros. “Cuando un medio de transporte pasa por una aduana, se le atiende de manera expedita y eficiente”, afirmó al referirse a los despachos de carga.
El funcionario dijo que el Banco Interamericano de Desarrollo realizó un estudio en diciembre de 2025 que, según su versión, identificó a la aduana salvadoreña como la más rápida de América Latina.
Mayorga también describió un cambio en el vínculo con empresas y usuarios. Señaló que Aduanas cuenta con atención en redes sociales y mecanismos para responder a problemas operativos desde que la institución conoce un caso.
Según el director, la institución busca dejar atrás una dinámica en la que los usuarios debían resolver por su cuenta las dificultades antes de acudir al Estado. Planteó que la atención debe concentrarse en empresarios, transportistas y personas que utilizan los servicios aduaneros.
Cifacil y las gremiales del sector privado
Mayorga destacó la coordinación con el Comité de Facilitación del Comercio, espacio en el que participan instituciones públicas y gremiales privadas. El funcionario indicó que las empresas colaboran con pruebas piloto y reciben información sobre los proyectos previstos por la Dirección General de Aduanas.
El director mencionó a la Corporación de Exportadores de El Salvador, la Asociación Salvadoreña de Industriales y otras agrupaciones empresariales. También señaló que Carmen Aída preside Cifacil en representación de la Asociación Salvadoreña de Industriales.
Mayorga afirmó que esta coordinación permite que el sector privado participe en los cambios operativos antes de su aplicación. A su juicio, el papel de Aduanas consiste en facilitar que las empresas produzcan, importen insumos, exporten mercancías y generen empleo.
Textiles, plásticos y acero en las exportaciones
El director señaló que el sector textil mantiene presencia entre las principales actividades exportadoras del país. También mencionó productos plásticos, manufacturas, hierro y acero transformados, químicos industriales y mercancías farmacéuticas.
Mayorga citó a Vijosa como una de las empresas que, según dijo, ha comprometido inversiones, genera empleos y contribuye a las exportaciones salvadoreñas. No precisó el monto de esas inversiones ni el volumen de mercancías enviadas al exterior.
En cuanto a las importaciones, el funcionario vinculó el aumento con la actividad de la construcción. Mencionó el ingreso de hierro, maquinaria, vehículos y tractores, además de otros productos relacionados con proyectos de infraestructura y obras privadas.
Mayorga sostuvo que existe una relación entre el crecimiento de la construcción y el tipo de mercancías que ingresan al país. Según explicó, la demanda de materiales y equipos se refleja en los registros que procesa la Dirección General de Aduanas.
Operadores confiables y mercados internacionales
Mayorga planteó que uno de los objetivos del Gobierno es diversificar los destinos para los productos salvadoreños. Mencionó los productos nostálgicos, el café, las manufacturas, el plástico y ciertos servicios como parte de la oferta que puede ganar presencia en mercados internacionales.
El director citó a Dollarcity como una empresa acreditada como operador confiable. Afirmó que la compañía alcanzó mercados en Colombia y avanza hacia su ingreso a México, aunque no ofreció cifras de ventas ni detalles sobre los productos que comercializa.
También mencionó a Lactolac, empresa dedicada a productos lácteos perecederos. Mayorga sostuvo que la rapidez del traslado permite competir con otras compañías de la región, porque reduce el tiempo de transporte y facilita que los productos lleguen frescos al mercado.
“Entre más rápido un producto se coloca en el mercado internacional, abarata los costos”, sostuvo Mayorga. El funcionario explicó que las demoras elevan gastos de combustible, pago a motoristas y permanencia de la carga en puestos fronterizos.
La figura de operador confiable, según explicó, permite otorgar facilidades en los controles, la gestión de riesgos y el tránsito de mercancías. Mayorga afirmó que El Salvador cuenta con acuerdos de reconocimiento mutuo en Centroamérica, República Dominicana y Ecuador.
El director añadió que Aduanas busca ampliar esos mecanismos hacia Sudamérica. Como ejemplo, indicó que la Unidad Internacional de Aduanas puede comunicarse con la Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala cuando un operador confiable enfrenta un problema durante un tránsito de carga.
Combustibles y la factura de importaciones
Mayorga reconoció que los combustibles fósiles continúan entre las importaciones de mayor valor para El Salvador, debido a que el país no produce petróleo. El funcionario abordó el tema tras una consulta sobre el alza de precios y las dificultades internacionales en el suministro.
El director sostuvo que los precios de los combustibles en El Salvador se mantienen por debajo de los registrados en otros países de Centroamérica. Atribuyó esa situación a que, según afirmó, el Gobierno no ha aumentado impuestos a los combustibles desde el inicio de la administración de Bukele.
Según el funcionario, la administración de los recursos públicos ha permitido que la población no asuma nuevos impuestos por los combustibles. “A pesar que no somos productores, seguimos teniendo un precio por debajo del mercado centroamericano”, afirmó.
corresponsal:Desde San Salvador, El Salvador
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