La transición económica que atraviesa Argentina bajo la presidencia de Javier Milei no puede entenderse únicamente como un cambio de políticas: es, en esencia, un cambio de modelo económico. Y como toda mutación de este tipo, implica costos inevitables en el corto plazo, aun cuando prometa beneficios más estructurales en el mediano y largo plazo.

Durante años, el funcionamiento de la economía estuvo sostenido por un entramado de controles, subsidios y distorsiones de precios relativos. En ese contexto, muchas decisiones a nivel microeconómico -desde la fijación de precios hasta la asignación de capital- no respondían a señales genuinas del mercado, sino a incentivos artificiales. Empresas rentables en ese entorno no necesariamente lo eran por eficiencia, sino por capacidad de adaptarse a regulaciones, aprovechar brechas o capturar transferencias implícitas.

El actual programa apunta a corregir ese andamiaje: equilibrio fiscal, menor emisión monetaria, desregulación y liberalización de precios. Pero ese sinceramiento tiene un correlato inmediato: expone fragilidades acumuladas.

Aquí aparece el núcleo del problema: la macroeconomía puede ordenarse relativamente rápido en términos conceptuales, pero la microeconomía necesita tiempo y capital para adaptarse.

Un caso concreto ayuda a ilustrarlo. Pensemos en una pyme industrial que durante años operó con energía subsidiada, acceso intermitente a importaciones y una demanda interna sostenida artificialmente por políticas expansivas. En el nuevo esquema, enfrenta tarifas más altas, costos financieros más elevados en términos reales, apertura parcial a la competencia externa y un consumidor con menor poder adquisitivo. El resultado inmediato no es eficiencia automática, sino tensión: caída de márgenes, necesidad de inversión y riesgo de salida del mercado.

Este fenómeno no es nuevo en la historia económica. Rudigger Dornbusch, el economista del MIT, al analizar programas de estabilización en América Latina, señalaba que los costos de transición suelen ser subestimados políticamente y sobreestimados socialmente en su duración. Es decir, el ajuste duele más de lo esperado al principio, pero también puede generar condiciones para una recuperación más sólida si se sostiene en el tiempo.

El punto crítico, entonces, no es negar el costo, sino entender su naturaleza. No se trata solo de un “ajuste” en el sentido clásico. Es una reasignación de recursos. Sectores menos productivos pierden peso, mientras que aquellos con mayor eficiencia potencial -o capacidad de adaptarse- encuentran nuevas oportunidades.

En ese marco, la promesa de una macroeconomía más estable no debe subestimarse. La previsibilidad, si se sostiene, tiene efectos profundos: permite planificar inversiones, reducir el horizonte de incertidumbre y reconstruir el crédito. Los precios, al reflejar condiciones reales, mejoran la asignación de recursos. Y la competencia, lejos de ser únicamente una amenaza, se convierte en un mecanismo de disciplina y mejora continua.

Hay una tensión evidente: los beneficios de la estabilidad son graduales, mientras que los costos del ajuste son inmediatos. Esa asimetría define el clima económico y social de la transición.

La respuesta no pasa únicamente por la reducción de costos -una estrategia defensiva y limitada-, sino por un cambio más profundo en la lógica empresarial. Replantear modelos de negocio, invertir en productividad, incorporar tecnología y diferenciarse en términos de valor agregado dejan de ser opciones para convertirse en condiciones de supervivencia.

También implica un cambio cultural: pasar de una economía donde el éxito muchas veces dependía de “leer” al Estado, a otra donde depende de entender al cliente y competir en calidad y eficiencia.

En definitiva, la transición actual expone una verdad: no todas las estructuras económicas heredadas son sostenibles en un entorno de mayor disciplina macroeconómica. El desafío no es evitar ese proceso, sino gestionarlo.

Si el programa logra sostener estabilidad, el terreno que emerja será más exigente, pero también más fértil para quienes logren adaptarse. La historia muestra que las economías que logran atravesar estas transiciones no son las que evitan el costo, sino las que consiguen transformarlo en una inversión hacia un nuevo equilibrio.

La pregunta, entonces, no es si el costo existe -porque es evidente-, sino quiénes estarán en condiciones de capitalizar las oportunidades cuando ese costo deje de ser transición y pase a ser pasado.

El autor es Analista económico y director de Focus Market

Javier Milei asumió la presidencia en un momento en que Argentina debía redefinir tanto su modelo económico como su inserción internacional. La economía nacional experimentó profundas transformaciones en los últimos dos años, ubicándose en la antesala de un posible ciclo expansivo de largo plazo, basado en fundamentos sólidos que no se observaban desde finales del siglo XIX.

El nuevo Gobierno implementó un programa de cinco anclas: fiscal, monetaria, cambiaria, política y geopolítica, orientadas por una corriente cultural emergente -sobre todo entre los jóvenes- que articula la conciencia de que todo gasto estatal se financia mediante impuestos, deuda o inflación.

Argentina es el único país que llegó a desarrollarse para luego abandonar ese sendero al adoptar el colectivismo de corte corporativista. A diferencia de otros intentos del siglo pasado por romper el ciclo de decadencia, el proceso actual se apoya en bases robustas: superávit fiscal, inversiones canalizadas a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), y la desarticulación del esquema corporativista instaurado en los últimos 80 años.

A fines de 2023, el país enfrentaba una inflación superior al 200% y un déficit fiscal consolidado equivalente al 15% del PBI (5% Nación, 10% en el Banco Central de la República Argentina (BCRA)). Las reservas netas eran negativas, el déficit comercial y energético era persistente y la economía se encontraba en virtual default comercial; el 54% de la población estaba bajo la línea de pobreza, y el sistema de precios -distorsionado por brechas, controles y regulaciones- había colapsado.

Tras dos años de gestión de Javier Milei, los indicadores exhiben notables mejoras: el PBI alcanzó niveles récord, la inflación bajó al 33%, los precios y las importaciones se liberalizaron, el país recuperó superávit comercial y energético, la pobreza disminuyó al 28%, el gasto público fue ajustado en un tercio hasta lograr el equilibrio fiscal, se eliminaron impuestos, la deuda pública consolidada bajó, y las reservas del BCRA comienzan a repuntar.

Todo esto se logró sin afectar los derechos de propiedad, a diferencia de lo registrado durante la expansión económica inicial de la convertibilidad y la poscrisis de 2002.

En un escenario internacional signado por las mayores tensiones geopolíticas desde la Guerra Fría, Argentina avanzó en su posicionamiento como proveedor principal de alimentos, hidrocarburos y minerales estratégicos para el mundo, y logró distanciarse de focos regionales de conflicto.

La llegada de Milei marcó el retorno a una economía de mercado y, en simultáneo, el inicio de un cambio drástico de la política exterior argentina. El apoyo expreso del presidente argentino a Donald Trump precedió el renacimiento de la relación bilateral y un firme respaldo estadounidense, que se materializó en año electoral bajo el compromiso: “Whatever it takes to support Argentina”. Esto se tradujo en un swap por USD 20.000 millones, que logró frenar la corrida cambiaria previa a la elección.

Sumado a esto, Argentina concretó acuerdos comerciales y de inversión, reafirmando su intención de ocupar un papel principal como aliado y socio de Occidente. El quiebre con el eje anterior fue evidente: en 2005, el presidente Néstor Kirchner rechazó públicamente el “ALCArajo”, cerrando al país al comercio internacional y alejándolo de los aliados históricos.

Ya en 2012 y 2013, las relaciones exteriores se volcaron a negociar con Venezuela, Angola e Irán, y en años recientes se buscaron vacunas en Cuba y se ofreció a Rusia una vía de apertura a Latinoamérica previo a la invasión de Ucrania.

Con Milei, Argentina restauró rápidamente los vínculos con sus aliados tradicionales, firmó acuerdos comerciales con Estados Unidos y Europa, activó inversiones millonarias en el marco del RIGI y recibió asistencia financiera de Organismos Multilaterales y financiamiento directo estadounidense.

La alianza renovada con Occidente consolidó el papel destacado del país en la seguridad energética, alimentaria y de minerales estratégicos, con la estabilidad macroeconómica y el RIGI impulsando el salto exportador, respaldado por la coyuntura geopolítica global.

El tipo de cambio continúa bajo presión a la baja, con el BCRA interviniendo para mantenerlo cerca de $1.350 y acumulando compras superiores a USD 6.000 millones en lo que va del año. La volatilidad del mercado cambiario es mínima y las perspectivas siguen estables: el superávit fiscal, el auge exportador, el ingreso de divisas impulsado por el RIGI y la decisión política de capitalización del BCRA contribuyen al escenario favorable.

De acuerdo con el programa monetario oficial, este año el BCRA planea adquirir entre 10.000 y 17.000 millones de dólares, con margen para hacerlo sin generar presiones inflacionarias, ya que los pesos emitidos se absorben vía superávit fiscal, deuda en moneda local o mayor demanda de dinero.

En paralelo, el BCRA ha reducido de manera importante las tasas de interés: la Tasa de referencia descendió al 22% nominal anual, desde el 38% a comienzos del año. Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, para 2026 se proyecta un crecimiento superior al 3% en el PBI, luego de un alza del 4,4% en 2023. Se trata del primer bienio de crecimiento consecutivo desde 2011, descontando el rebote poscuarentena.

El crecimiento actual se apoya en la recuperación de la demanda de dinero, evidenciada por la baja del dólar, las tasas y el riesgo país, factores que resultan en una mejora del nivel de actividad. Se espera que las exportaciones alcancen USD 100.000 millones este año, impulsadas por cosechas récord y producción petrolera en máximos históricos, a lo que se suma el efecto de los altos precios internacionales en un contexto de crisis en Medio Oriente.

Históricamente, el agro fue el único motor exportador relevante del país, pero el auge de los hidrocarburos y la minería proyecta que, para 2033, ambos sectores podrían generar superávits por USD 65.000 millones, cifra equiparable al desempeño tradicional del campo.

Los proyectos presentados en el marco del RIGI superan los USD 97.000 millones, de los cuales ya se aprobaron más de USD 27.000 millones, principalmente en el sector energético. A esto se suma la reciente modificación de la Ley de Glaciares, aprobada por el poder legislativo nacional, que permite destrabar inversiones en minería por más de USD 40.000 millones.

El principal reto para el resto del mandato de Javier Milei radica en dos frentes: reducir la inflación mensual por debajo del 1% y alcanzar un riesgo país inferior a los 400 puntos básicos.

Ambos objetivos son clave para fortalecer la demanda de dinero y permitir una baja sostenida en las tasas de interés que incentive la expansión del crédito. Las condiciones monetarias actuales, con un rezago monetario que tiende a corregirse tras la fuerte caída en la demanda de dinero durante el período electoral de 2025, refuerzan las perspectivas de lograr la meta inflacionaria.

Por el lado del índice de riesgo país, el resultado de las próximas elecciones será determinante. Argentina todavía paga una prima que responde a su historial crediticio, más que a los fundamentos macroeconómicos presentes. Sin embargo, la menor oferta de bonos en el mercado, consecuencia del equilibrio fiscal y de las compras de dólares por parte del BCRA, coadyuva a la reducción del índice de riesgo país.

La deuda neta del Estado, descontando tenencias intra-sector público, representa el 43% del PBI y los vencimientos en moneda extranjera con privados no superan el 2% del PBI al año. Aunque el volumen no es elevado, el desafío es atenderlos sin emitir deuda internacional. El Gobierno buscará afrontarlos mediante superávit fiscal y externo, compras de dólares, colocaciones en el mercado local, Organismos Multilaterales, repos y privatizaciones, acelerando también así la disminución del índice de riesgo país.

En el plano fiscal, si continúan el crecimiento económico y las políticas de reducción del gasto (la denominada “motosierra”), el Ejecutivo tendría espacio para seguir bajando y eliminando impuestos -en especial, las retenciones-, otorgando así un impulso adicional al campo y las economías regionales.

El turno electoral de 2027 será determinante, en un contexto donde el oficialismo ostenta los logros económicos y la oposición se muestra fragmentada ante el peso del fracaso inflacionario reciente.

Con la convalidación política del superávit fiscal en las urnas, Argentina entraría en una etapa muy sólida de crecimiento, quebrando casi un siglo de decadencia.

El autor es Economista

La última semana comenzó con la noticia de que una de las tres grandes calificadoras de riesgo soberano mejoró la nota para los bonos de la deuda de Argentina de CCC- a B-, A priori, “solo” sería subir un escalón y tres subcategorías, y constituye un paso en la búsqueda del desbloqueo de ingreso de un mayor universo de inversores que podrán colocar fondos en este tipo de riesgos, y por eso se redujo el índice de riesgo país en más de 40 puntos básicos.

Además, se conoció la desaceleración de la caída real de la recaudación tributaria y la aproximación a la inflación de lo ingresado por IVA Impositivo y la superó lo percibido por el Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios, indicadores de recuperación de la actividad productiva y comercial, en un mes en que el consenso del mercado pronosticó una suba del Índice de Precios al Consumidor muy inferior al pico de 3,4% que alcanzó en marzo.

Con ese escenario, Infobae entrevistó al economista Aldo Abram, director ejecutivo de Fundación Libertad y Progreso, quien delineó un diagnóstico de la coyuntura y sus expectativas para lo que resta de 2026 y el próximo año.

— Se cumplieron 10 meses desde que el ministro Luis Caputo respondió en una conferencia: “comprá, campeón”, a quienes consideraban que el tipo de cambio estaba barato. ¿Cómo evolucionaron los activos financieros y la demanda de dólares desde entonces?

— Creo que el ministro Luis Caputo apostó a que el tipo de cambio estaba en un valor realista, dada la unificación cambiaria y la parcial salida del cepo. Es cierto que, luego, la desprolija cancelación de las LEFI y la creciente incertidumbre electoral en 2025 pusieron en jaque su afirmación. Sin embargo, visto desde hoy, la realidad es que comprar dólares en aquel momento y durante el período previo a los comicios no terminó siendo la mejor opción.

El problema es que, entonces, había que tener una gran confianza en que la solidez fiscal y la solvencia del Banco Central de la República Argentina (BCRA) podían aguantar la tromba por la que pasaron. De hecho, fue necesario el apoyo del Tesoro de Estados Unidos para contenerla. La realidad es que, al final, terminó siendo cierto que el que apostó a Argentina ganó y mucho.

— Algunos economistas afines a políticas liberales expresan preocupación por la apreciación cambiaria y su efecto contractivo en diversas industrias, y sugieren la necesidad de medidas correctivas. ¿Cuál es su visión sobre este planteo?

— Yo no creo que haya una apreciación cambiaria, por lo menos que sea relevante. De hecho, en 2025, con malos precios internacionales Argentina tuvo récord de cantidades exportadas; lo cual suena contradictorio con que, además, hubiera un dólar muy atrasado. El punto es que reclamar que el BCRA devalúe es equivalente a pedir que se genere una transferencia artificial y coyuntural de recursos desde los consumidores a los productores de bienes que se pueden exportar o importar. La prueba de ello es lo que sucedió antes de las elecciones; aunque dicha depreciación no la generó el BCRA, sino la gente que bajó fuertemente su demanda de pesos por temor.

A cualquier producto que le pase eso, verá su precio bajar. Lo mismo le pasó a la moneda argentina, perdió poder adquisitivo; que, inmediatamente, impactó en el tipo de cambio. Sin embargo, también esa alza se tenía que reflejar en el resto de los bienes y servicios que se miden en la unidad de cuenta local. Acá, eso lleva hasta nueve meses y, por eso, vimos una aceleración inflacionaria desde mediados de 2025. Los primeros que suben son los productos que se comercializan internacionalmente y que cotizan en dólares. Son la mayoría de los que están en la canasta básica; por lo que no extraña que a fines de año eso pegara duro en la pobreza. Luego, en la medida que van quedando menos bienes y servicios por verse plenamente impactados por la caída del peso, es lógico que se vea una desaceleración. Sobre todo, dada la estabilidad que mostró el peso desde los comicios de 2025, una vez recuperada la confianza por un resultado favorable al rumbo económico.

Esa pérdida de ritmo de aumento del índice de precios al consumidor (IPC) se empezó a notar en la segunda quincena de febrero y continuó hasta mediados de marzo; pero fue interrumpida por la suba del precio de los combustibles por la guerra en Irán.

Sin embargo, en abril volvió a moderarse y se estima que la inflación se habría acercado a 2,4% mensual y seguiría desacelerándose, si no hay nuevos ajustes por el alza del petróleo. Así que, en 2026, se acercará al 25% anual y será de menos del 20% en 2027.

Lo notable es que lo anterior lo vivimos recientemente y probó que una devaluación sólo genera un empobrecimiento de todos los argentinos, particularmente de los más pobres. Los único que ganaron coyunturalmente son los que venden bienes y servicios que se exportan o importan. Lo peor es que hoy estamos volviendo a discutir sobre atraso cambiario. O sea, pedir que sea ahora el BCRA el que devalúe; lo cual es absurdo.

— ¿Ve factible un escenario de recuperación sostenida sin un cambio en la política cambiaria actual?

— Creo que la economía se está reactivando. Sin embargo, que el BCRA no tenga que devaluar, no quiere decir que no haya cosas por hacer en materia de política cambiaria, que seguramente mejorarían muchísimo las perspectivas de actividad. Eso tiene que ver, por ejemplo, con sacar todas las condiciones de pago de las importaciones heredadas del cepo y que se pueda operar libremente. No tiene sentido pedirle competitividad a alguien que no puede comprar en el exterior a mejor precio lo que necesita para producir.

Una gran empresa puede respaldarse en su casa matriz para conseguir financiamiento. Una pyme tiene que pedirle a un empresario extranjero que confíe que le van a pagar, desde Argentina, después de que embarcó su producto con ese destino. Ya no debería haber más restricciones remanentes de este tipo u otras; aunque se puede entender cierta prudencia en el manejo del stock de dividendos que no se prohibió remitir al exterior en el pasado.

Sin embargo, hay que aprovechar el fuerte aumento de las exportaciones que se espera para normalizar el comercio exterior. Puede que eso traiga un aumento del tipo de cambio; pero sólo significará que habrá cambios en los precios entre los bienes y servicios. Algunos subirán con la cotización del dólar, otros bajarán por la mayor competencia externa o la mayor productividad de los productores locales o la menor demanda. En algún momento, hay que empezar a acomodar esta situación. Demorarlo, sólo complota contra la caída del índice de riesgo país y el crecimiento.

Sin lugar a dudas, las restricciones remanentes del cepo cambiario son un gran freno a las inversiones que no se pueden hacer a través del RIGI y se necesita crear mucho empleo hacia adelante. Para que continúe la desaceleración de la inflación, la única condición que tiene que cumplir el BCRA es hacer lo que prometió: solamente emitir para comprar reservas propias y en la medida que aumente la demanda de pesos, cosa que ya estaría sucediendo.

De todas formas, el BCRA debería priorizar utilizar el inicial aumento de la preferencia por el atesoramiento del sector privado con otro objetivo más urgente. Eliminar las medidas de emergencia que se tomaron para obligar a los bancos a demandar parte de la base monetaria que, antes de las elecciones, la gente decidió desatesorar.

— ¿Qué opinión le merece el mensaje del presidente Javier Milei y del ministro de Economía sobre que “los próximos dieciocho meses serán los mejores de las últimas dos décadas”?

— Ojalá tengan razón, necesitamos que la recuperación sea lo más rápida posible para que la mejora del bienestar económico abarque una mayor una mayor proporción de argentinos. Sin embargo, hoy, parece difícil que sea así; por ejemplo, comparado con la reactivación que hubo desde mediados de 2024 hasta principios de 2025. De todas formas, hay que aclarar que a principios de esta gestión nadie apostaba a que esa mejora iba a ser tan fuerte. Quizás, también estemos siendo muy conservadores ahora.

Creo que la recuperación económica ya empezó y para eso es bueno conocer los mecanismos defensivos que los argentinos aprendimos para sobrevivir a tantas crisis. Cuando asoma una de ellas en el horizonte, residentes y extranjeros empezamos a sacar nuestros ahorros e inversiones del país, desfinanciando la economía.

Además, aquellos que pueden, empiezan a ahorrar y a armar un “colchoncito” de dólares para morigerar el impacto negativo en el bienestar económico en su familia de una eventual debacle. Eso significa que dejan de consumir e invertir y lo mismo harán las empresas. Por lo tanto, todos estos factores repercutirán en la demanda interna llevando el nivel de actividad a desacelerarse, a estancarse o, incluso, a la recesión. Es lo que pasó con la creciente incertidumbre prelectoral.

Al final, los comicios legislativos mostraron que había un fuerte apoyo al cambio de rumbo; por lo que los “nubarrones negros” empezaron a disiparse. Así que algunos comenzaron a traer sus ahorros e inversiones, aumentando el financiamiento doméstico, y aquellos que dejaron de consumir e invertir por temor están volviendo a hacerlo. Ahora, hay que ver a qué velocidad pasa todo esto. La guerra de Irán no ayuda; porque aumenta el riesgo internacional y nadie quiere invertir en países riesgosos. Antes de este evento, algunas provincias y empresas tuvieron una ventana para colocar deuda en el exterior que, luego, se cerró. Sería bueno que este conflicto termine pronto y, así, se vuelva a contar con financiamiento extranjero que, incluso, pueda tomar el estado nacional a tasas más bajas.

Por otro lado, el Gobierno se ha enredado en una serie de escándalos, errores no forzados y discursos agresivos que le restan confianza; lo cual también es un factor moderador del consumo y de la inversión. La solución de la guerra no está al alcance de esta gestión; pero, hacer lo posible para cambiar la percepción de la gente sobre ella, sí.

— ¿La caída en la recaudación tributaria podría forzar un mayor ajuste del gasto público, o responde principalmente a la reducción de impuestos al comercio tras la recuperación del superávit fiscal?

— La caída de la recaudación tiene dos componentes:

1. Con una economía estancada no se pagan más impuestos, sino menos. Sin embargo, en la medida que se recupere el nivel de actividad, este problema se resolverá.
2. La fuerte baja de la presión tributaria que gestó el Gobierno, como eliminación y baja de las retenciones, de Sellos y PAIS).

La realidad es que, cuando la economía se reactiva o crece, los ingresos impositivos lo hacen más rápido aún. Por lo tanto, si bien hay que seguir recortando todo gasto innecesario, hoy sólo bastaría con mantener la austeridad y esperar al alza de la recaudación para nuevas bajas de gravámenes.

El Gobierno prometió que mantendría el peso del Estado nacional en términos de la producción y asignar los recursos excedentes para bajar impuestos. Hasta ahora lo ha venido cumpliendo y lo seguirá haciendo.

Donde sigue el descontrol es en la mayoría de las provincias y municipios. Les corresponden unos 110 de los, alrededor, de 150 gravámenes que existen. Si el gobierno nacional elimina o baja los suyos y los otros niveles de administración estatal suben o crean más de los propios, vamos mal.

Los argentinos nos vanagloriamos de ser federalistas; pero, después, le pedimos todas las soluciones al Poder Ejecutivo Nacional. Absurdo. Tenemos que aprender, también, que tenemos que exigirles austeridad y baja de tasas e impuestos a nuestros gobernadores, legisladores provinciales, intendentes y concejales.

Incluso, muchos de esos funcionarios son vecinos y viven más cerca que los de la Nación. En algunos lugares se está viendo que muchos ciudadanos empiezan a reclamar a quiénes corresponde, incluso por la vía judicial. Es un buen inicio para que se generalice asumir una mayor madurez cívica.

— ¿Por qué se ve tanta disparidad en la recuperación del nivel de actividad con el consecuente impacto heterogéneo en la evolución de los ingresos y el empleo de los argentinos?

— Lamentablemente, esta heterogeneidad va a ser inevitable. Son más de 80 años de creciente anormalidad a la que tuvieron que adaptarse para sobrevivir quienes trabajan y producen. Es imposible que esa estructura productiva sea exactamente la misma que la que será viable en el país normal que queremos ser. Un claro ejemplo son los sectores que hasta ahora han estado protegidos contra las importaciones. Ahora deberán invertir para ser competitivos o achicarse o desaparecer.

Sin embargo, hay sectores que van a prosperar, no sólo los vinculados al agro, petróleo y energía o minería. En la medida que la economía se ordene y crezca, también lo hará el poder adquisitivo de la población, incrementándose el consumo de los servicios, que es donde predominan los trabajos no registrados y han sido los más beneficiados en términos de aumento de sus ingresos. Por ello, no es casualidad que bajara la pobreza. Además, cuando se desacelera la inflación, la canasta básica que consumen los que tienen menos recursos, lo hace más rápidamente. Por eso es importante que la inflación siga bajando.

— ¿Cuáles son los errores más frecuentes en el diagnóstico sobre la economía argentina que observa en el debate público?

— Uno de ellos, es no entender los cambios de la estructura de producción y trabajo que tienen que vivir los argentinos para ser un país normal. Si no cambia nada, es porque volvemos a la anormalidad. Por eso, es tan importante que se haya aprobado la reforma laboral y sería bueno que se profundice. Va a ser necesario pasar muchos trabajadores de los empleos inviables a los muchos que se van a ir generando.

Por otro lado, es lógico que en el AMBA se haya generalizado la sensación de que no alcanza la plata, más allá del impacto del estancamiento económico por el que pasamos. Durante muchas décadas, los gobiernos les sacaban la plata a los contribuyentes, principalmente del interior, para subsidiar a los que vivían en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. No sólo a quienes estaban en sensación vulnerable, sino que a todos. Llegaron a pagar más del 60% de los servicios públicos que consumían los ciudadanos de la gran urbe; mientras que en las provincias se abonaba lo que correspondía. ¿Cómo muchos no iban a optar por venir a hacinarse al GBA?

Ahora, se bajan los impuestos y se suben las tarifas; por lo que el ajuste para pagar lo que se usa lo tiene que hacer uno y no un tercero. Como quedará más plata en donde se la genera, será allí donde estarán las oportunidades. Por lo que, sin subsidios absurdos, habrá muchos menos incentivos a la concentración de la población, como lo hubo hasta ahora y desde hace más de ocho décadas. Así que, a futuro, el AMBA debería perder participación en el total de la población de Argentina.

Por último, en un país donde se iba de crisis en crisis, la demanda de dólares tenía que ser mucho mayor que en uno normal. Acá la gente ahorra en moneda extranjera. Además, todos quieren sacar sus ahorros e inversiones de la economía local; por lo que demandan divisas del exterior. Así que el poder adquisitivo del dólar en Argentina tenía que ser mucho mayor que en un país estable.

En la medida que se avance hacia la normalidad, la demanda de dólares también lo hará y, además, los ahorros e inversiones que vendrán serán mayores que los que se irán. Por lo tanto, en el futuro las divisas extranjeras van a comprar menos de aquello que es “argentino”. La buena noticia es que nuestros ingresos van a ganar más poder adquisitivo.

— Si tuviera que resumir en una frase el momento económico actual, ¿Cuál elegiría?

— Estamos pasando los “dolores del parto” para llegar a ser una nación normal. A partir de los años 30 del siglo pasado, fueron muchos los países que tomaron el mismo rumbo económico de decadencia que Argentina. La única diferencia es que el resto lo fue abandonando y hoy son economías prósperas, que son las que nuestros hijos han estado eligiendo para buscar oportunidades de progreso. No les fue gratis; ya que implicó que una generación hiciera un gran sacrificio para cambiar su nación. Pues en ese proceso de “parto” estamos los argentinos. Tenemos dos opciones, abortarlo y dejarle el problema a los que vendrán, “disfrutando” de la decadencia como se hizo hasta ahora. La otra, hacemos nosotros el esfuerzo y sacamos a Argentina de décadas de empobrecimiento. La buena noticia es que, seguramente, quienes ahora afrontaremos este desafío también veremos que nuestra calidad de vida mejorará en los próximos años.