POLITICA
La IA de Milei, entre el juego de poderes y el futuro democrático
En apenas quince días el Gobierno presentó tres iniciativas de profundas implicancias, que tienen a la Inteligencia Artificial (IA) como actor protagónico. Coincidió con semanas trascendentales en términos de redefinición del mapa del poder global en el plano tecnológico.
Javier Milei se muestra fascinado por la construcción de un futuro donde no sólo prevalezca la tecnología más avanzada, sino en el que además no rijan restricciones de ningún tipo. Emerge allí la dimensión más honda de su carácter anarcocapitalista, porque no se limita al plano económico del libre mercado, sino que apunta a una redefinición de la arquitectura institucional de la Argentina y a una interpelación al aspecto moral del ser humano. Es el líder con el proyecto más ambicioso y revulsivo que haya gobernado el país, aunque todavía no está claro si las terrenales dificultades cotidianas le van a permitir desplegar ese horizonte imaginario.
La primera de las iniciativas la presentó el 22 de mayo la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y la denominó “Gemelo Digital Social”. Se trata de una herramienta basada en IA que busca anticipar y simular escenarios para diseñar políticas públicas, a partir del procesamiento de las bases de información de las que dispone el Estado. La idea es generar un avatar de cada persona construida con datos reales, para prever situaciones que permitan tomar decisiones ajustadas a los resultados. Es un proyecto, todavía no formalizado, basado en una lógica predictiva, que es una de las aplicaciones más difundidas de la IA. Sin embargo, tiene sus observaciones, sobre todo en el plano de la utilización de datos personales. ¿Quién los va a gestionar? ¿Cómo se van a utilizar? Debates éticos que tienen su epicentro en el derecho a la privacidad y que ya levantaron las advertencias de varios especialistas.
La segunda propuesta fue el envío al Congreso del denominado “Súper RIGI”, que busca impulsar, a partir de incentivos impositivos, tecnologías y actividades no desarrolladas previamente en el país, desde IA y biotecnología hasta semiconductores. Se trata de la propuesta más física de las tres, ya que apunta a generar incentivos de inversión a partir de las condiciones que ofrece la Argentina por estar en una región pacífica en comparación con otras en el mundo, con un clima frío en su Patagonia, y acceso a recursos naturales.
Aspira a promover proyectos como los que anunció el año pasado OpenAI para desarrollar un mega centro de datos por US$25.000 millones (de la que después no se supo nada más), y tiene su factor más novedoso en que está destinado a una tipología de compañías que aún no tiene presencia. Dice mucho de la matriz productiva que se imagina Milei cuando demuestra qué tipo de sectores está dispuesto a beneficiar, mientras que al mismo tiempo les advierte a los grupos industriales clásicos que deben reconvertirse si no quieren desaparecer.
Y la última de las propuestas, probablemente la más innovadora y provocadora, partió de una reforma de la Ley General de Sociedades que presentó hace unos días el Ministerio de Desregulación que preside Federico Sturzenegger. Esta iniciativa, resaltada en el artículo que Milei publicó en el Financial Times esta semana, tiene su punto sustancial en la creación de “sociedades automatizadas”, que funcionan con algoritmos o robots, sin la necesidad de contar con personas humanas. Es decir, crea una nueva tipología de empresas no humanas que según el Gobierno es una novedad a nivel mundial, con el objetivo de garantizar una seguridad jurídica a un tipo de inversiones que en general operan en un gris legal. Además, esto permite establecer un esquema impositivo diferenciado.
La iniciativa surgió de una idea que le llegó a Sturzenegger de parte de Emiliano Kargieman, CEO de Satellogic, una empresa de observación terrestre por satélite. Está basada en la experiencia de Irlanda, que a través de su régimen legal flexible facilitó la instalación de empresas tecnológicas que operan a nivel global. Es el caso de la firma dueña del software de Apple, que al estar registrada allí, le permite al gobierno de Dublin cobrar un royalty por cada venta de IPhone en el mundo.
Pero al ser tan disruptiva, también el proyecto es el más polémico desde el punto de vista legal, porque incorpora el concepto de “responsabilidad limitada”, pero aplicada a empresas no humanas. “Cuando estos sistemas ejercen un juicio independiente en entornos impredecibles -como deben hacerlo para ser realmente útiles- sus acciones conllevan riesgos reales. La responsabilidad limitada no es un lujo para estas entidades; es una condición indispensable para su existencia. Los accionistas humanos pueden participar, pero no es obligatorio”, escribió Milei en el Financial Times.
¿Quién es entonces el responsable legal si una empresa de este tipo incurre en incumplimientos o comete un delito? Según el Gobierno, está establecido que “la empresa está obligada a responder con su patrimonio como cualquier otro tipo de compañías” en el plano civil, y si hay una afectación penal, la Justicia deberá determinar quién es el beneficiario final de esa firma, una tarea que requeriría probablemente rastrear las distintas capas de conformación societaria. Para los abogados especializados en la materia, es un debate clave que se abre a partir de ahora. El boceto original de la propuesta contemplaba una serie de salvaguardas que después no quedaron en la redacción final.
Pero además de la cuestión legal emerge una gigantesca discusión ética detrás de la figura de “sociedades automatizadas”, porque fuerza a replantearse una dinámica sin responsabilidades humanas. Es a lo que apuntó Elisa Carrió, la primera que saltó al conocerse la iniciativa, quien definió el desafío en términos de “problema existencial”. Es la línea que acaba de expresar el papa León XIV en su encíclica Magnifica Humanitas (Magnífica Humanidad), donde llama a proteger la dignidad humana y el bien común frente al creciente poder concentrado de la tecnología y la revolución digital.
Está muy claro que Milei imagina un sistema desregulado y sin restricciones para posicionar a la Argentina como un actor en el ecosistema de la IA. No lo hace sólo por orientación económica; es también un planteo filosófico. Su convicción libertaria es absolutista. Desde ese lugar entiende que está frente a una nueva era civilizatoria, y que en consecuencia se requieren nuevos instrumentos normativos.
Milei ya se apropió del futuro como parte de su narrativa. Es el único dirigente del país que habla enfáticamente de estos temas, frente a una elite política en general muy retrospectiva. Claro que lo hace en sus propios términos y bajo sus propias consignas. La mayor parte de la sociedad, preocupada por terrenalidades como la inflación o el empleo, no parece siquiera intuir las implicancias de los lineamientos que está definiendo el Presidente, aunque todos ya sienten en sus vidas cotidianas los efectos concretos de la IA. A mucha gente ese futuro imaginado le puede estar quedando lejos.
Empresas versus gobiernos
El trasfondo de los planteos de Milei no sólo tiene relación con el desarrollo tecnológico y las oportunidades económicas, sino que conllevan profundas implicancias políticas, que podrían resumirse en dos dilemas absolutamente determinantes para el desarrollo del siglo XXI.
En primer lugar, porque por fuera de los conflictos bélicos como los de Ucrania o Medio Oriente, se está desarrollando una batalla frontal por la distribución del poder mundial. Es la que enfrenta a las grandes corporaciones globales de negocios digitales contra los Estados nacionales. Nunca en la historia de la humanidad un conjunto de compañías privadas ostentaron tanto poder, al punto de condicionar, y en muchos casos sortear, las decisiones de los principales líderes mundiales.
Por esa razón también últimamente se multiplicaron las reacciones violentas contra esas compañías por parte de particulares. La prueba está en que en un 2025 que se caracterizó por una guerra de aranceles y las barreras entre Estados, el comercio mundial alcanzó un récord histórico de US$35 billones, un 7% más que el año anterior. Hay un capitalismo vertiginoso que ya no cabalga sobre la montura de los gobiernos.
La disputa central entre Estados y empresas como Anthropic, OpenIA, Google o Meta reside en el debate en torno de las regulaciones. ¿Hasta qué punto la nueva constelación virtual debe estar reglada? ¿Las compañías deben ser liberadas de cualquier restricción, o hay que garantizar los derechos individuales? La IA fue por primera vez un tema central en la última cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping, ambos preocupados por las implicancias en materia de seguridad y defensa. También será el foco de la primera cumbre de la ONU sobre gobernanza de la IA, que se realizará el 6 y 7 de julio en Ginebra.
Frente a estos dilemas hasta ahora surgieron tres tipos de respuestas. Uno lo encarna China, que en nombre de la seguridad nacional establece un control total de los datos y de los algoritmos, tal como hace tiempo realiza sobre Internet. Por esta razón, China disputa con EE.UU. en la cuestión tecnológica, pero está atrasada en materia empresarial. Como resalta Marcelo Elizondo, especialista en comercio internacional, “mientras en Estados Unidos hay 2000 empresas nuevas exclusivamente de IA, en China hay 200”.
La Unión Europea, en línea con su filosofía integral, representa un modelo alternativo, con regulaciones para prohibir abusos y establecer auditorías obligatorias en las herramientas aplicadas a educación, empleo o justicia. El problema es que este entramado legal es muy disuasivo para las empresas tecnológicas, que no quieren tener este tipo de restricciones, y entonces Europa está perdiendo la carrera de la IA frente a sus rivales. En el intento por no seguir rezagada, esta semana la Comisión Europea presentó un paquete de medidas de soberanía tecnológica, un conjunto de medidas para reforzar la capacidad en materia de semiconductores, IA, nube y código abierto.
Y el tercer esquema es el norteamericano, el más desregulado de todos, y el que Milei toma como modelo. Trump regresó a la Casa Blanca acompañado por los principales magnates tecnológicos, con la promesa de desactivar cualquier tipo de normativa para que la industria pudiera competir libremente. Los resultados vienen siendo tan potentes que Trump llevó a toda la troupe digital a su reciente viaje a China, como exhibición del activo más poderoso frente a su rival.
Sin embargo, esta semana ocurrió un cambio muy importante. El titular de la Casa Blanca emitió una orden ejecutiva por la cual las empresas tecnológicas son instadas a entregar al gobierno los protocolos de sus nuevos modelos de IA al menos 30 días antes de su lanzamiento masivo. Este giro marcado tiene una explicación: hace dos meses Anthropic frenó el lanzamiento de su nueva plataforma Claude Mythos porque el sistema era tan poderoso que había detectado una gran cantidad de falencias en los mecanismos de seguridad, incluso del propio Estado norteamericano.
Este episodio también sirve para resaltar una diferenciación que hace Darío Giustozzi, transformado hoy en predicador digital desde su proyecto Agorax. Él define a Anthropic como un ejemplo del “altruismo activo”, porque parece dispuesta a resignar ganancias para establecer protocolos más seguros, que en general son más caros. Por esa razón, la empresa fue parte de la presentación que hizo León XIV de su encíclica.
Enfrente están los que Giustozzi categoriza como “darwinistas”, como OpenIA, Meta o Google, que son los que libran una pelea despiadada por ver quién llega primero a la próxima etapa, sin preocuparse demasiado por sus efectos sociales. Por eso en estas plataformas se detectaron sesgos tendientes a congraciarse con los usuarios, a fin de establecer con ellos una empatía que los incentive a hacer a nuevas consultas y búsquedas. Emerge en este punto otro descomunal debate en torno de la administración de los algoritmos, que no responden a una simple lógica matemática, sino a un sesgo preestablecido bajo ciertos patrones éticos.
El segundo dilema político que entraña la nueva fase de la revolución tecnológica gira en torno de una pregunta clave: ¿la IA puede fortalecer la democracia o, por el contrario, la debilita mortalmente? El planteo de que la Inteligencia Artificial pueda ser beneficiosa para el sistema se basa en la presunción de que puede jugar un papel virtuoso en un momento en el que el desacople entre sociedades cada vez más demandantes y activas desbordan las capacidades de respuestas que pueden ofrecer los Estados. Es lo que el filósofo español Daniel Innerarity llama “democracia aumentada”, una intermediación facilitadora entre dinámicas ciudadanas cada vez más aceleradas y la aterosclerosis de la vieja institucionalidad del siglo XIX.
Ya hay varios antecedentes en la materia. Por ejemplo, en Taiwán el Ministerio Digital procesa miles de opiniones ciudadanas sobre debates que generan mucha polarización, las agrupa en categorías, elimina los puntos más ríspidos y encuentra los puntos de consenso entre los distintos sectores. Así les ofrece a los legisladores una base de acuerdos para posibles proyectos. En la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), hay varios países que emplean modelos de simulación basados en agentes de IA para pronosticar las consecuencias de las reformas fiscales. De este modo, se puede determinar su impacto antes de aprobar una legislación.
Pero estos ejemplos virtuosos conviven con otra mirada, mucho más amenazante, según la cual la IA no actúa como un complemento del sistema democrático sino que se posiciona como su posible reemplazo. Significaría el paso de una democracia de representantes a una democracia de algoritmos. Un escenario en el que todas las decisiones se adoptarían virtualmente.
Esta distopía está muy presente en el pensamiento de varios aliados de Milei, como Elon Musk y Peter Thiel, para quienes la dinámica del nuevo mundo las deben llevar las empresas, y la arquitectura institucional no debe funcionar como una restricción. En el fondo planean un mundo en el que no sólo el sistema democrático deba adaptarse al cambio tecnológico, sino que a futuro las decisiones políticas ya no dependan de los representantes elegidos en votaciones al estilo siglo XX, sino a partir de las interacciones que se generen en las plataformas que ellos controlan.
La humanidad tropieza hoy con un futuro que se precipitó. El mundo ingresa en una revolución desconocida. El horizonte es una acumulación de incertidumbre acelerada. En ese contexto, Milei diseña su mañana.
pic.twitter.com/4DY1Wexziq,May 22, 2026,Jorge Liotti,Conforme a
El juez Ernesto Kreplak y la fiscal María Laura Roteta indagaron a las ex funcionaria máximas responsables de controlar la calidad de los medicamentos y soluciones parenterales que elaboran los laboratorios y salen a la venta. Agustina Nélida Bisio, era la directora de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y Gabriela Mantecón Fumadó la responsable del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME). Habían sido detenidas el lunes pasado por pedido de la fiscalía. Después de sus declaraciones, ambas se negaron a responder preguntas, solicitaron su libertad. Se les concedió el beneficio pero bajo la condición de no poder salir del país sin autorización y bajo una “caución real de 75 millones de pesos”. La excarcelación quedará efectiva una vez que se haga efectiva el requisito de la fianza.
Las profesionales son de carrera. Hacía más de 20 años que trabajaban en las dependencias: Bisio fue nombrada administradora de la ANMAT por el gobierno de La Libertad Avanza; Mantecón Fumado estaba al frente del INAME desde el mandato de Alberto Fernández.
Las dos imputadas optaron por una estrategia defensiva diferente: Bisio realizó una exposición corta, se negó a responder preguntas y dijo que iba a aportar escrito.
Mantecon Fumado -la ex jefa de la ANMAT era su superior inmediato- se remitió a un escrito ya presentado y respondió a todas las preguntas que se le hicieron. Se declaró inocente de cualquier irregularidad y traslado culpas o cualquier tipo de responsabilidad sobre demoras en las inspecciones, fallas en los controles o cualquier otra imputación o sugerencia en instancias superiores de esta y de administraciones anteriores.
En su dictamen la responsable de la Fiscalía Federal N°1 de La Plata, y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Leonardo Rodríguez, entendieron que además de los responsables de la fabricación y venta del anestésico contaminado con dos bacterias “la investigación por la producción, comercialización y aplicación de fentanilo contaminado recae también sobre la actuación de los organismos de control en la tragedia sanitaria”. También sostuvieron que el fentanilo adulterado de HLB Pharma no hubiese llegado a clínicas y hospitales sin “un manto de cobertura estatal”.
Los delitos que se les imputa
Para fundar su pedido de detención los fiscales sostuvieron que los laboratorios medicinales HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A., controlados por el grupo familiar de los hermanos García, registraban un historial de incumplimientos e irregularidades en las buenas prácticas de fabricación de productos medicinales. Ese historial se explica, para el Ministerio Público Fiscal, por la existencia de un manto de cobertura estatal que permitió a los laboratorios continuar con su actividad productiva en pésimas condiciones de calidad. Ello derivó en la contaminación del fentanilo HLB.
La hipótesis fiscal sostiene que las ex funcionarias tuvieron responsabilidades en que se produjera, comercializara y suministrara el fentanilo contaminado, que culminó con la muerte de 90 pacientes fallecidos y 41 con secuelas.
El Ministerio Público Fiscal propuso encuadrar las conductas atribuidas a ambas ex funcionarias, en relación con el lote N°31.202 de fentanilo marca HLB Pharma, en el delito previsto en el artículo 201 bis del Código Penal (envenenamiento, adulteración o falsificación de sustancias medicinales con resultado de muerte o lesiones) y, respecto del lote N°31.244 del mismo producto, en el artículo 200, en concurso real (artículo 55). Esto es “envenenamiento, adulteración o falsificación de aguas potables, sustancias alimenticias o medicinales, con el propósito de causar un peligro para la salud pública. Es un delito de peligro: no requiere que haya víctimas concretas, sino que la conducta genere un riesgo para la población”. En la primera de las imputaciones la pena oscila entre 10 a 25 años de prisión, una calificación similar que pesa sobre los hasta ahora 13 procesados, todos vinculados a HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.
La fiscalía deja la puerta abierta a otro tipo de calificaciones “que pudieran surgir con el avance del proceso, en particular en relación con la posible aplicación del artículo 80, inciso 5°, del Código Penal (homicidio agravado por la utilización de un medio idóneo para crear un peligro común)”.
En la primera de las imputaciones la pena oscila entre 10 a 25 años de prisión, una calificación similar que pesa sobre los hasta ahora 13 procesados, todos vinculados a HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.
En una publicación que la fiscalía realizó en la página Fiscales.gob.ar se explica que las imputaciones enrostradas a las ex responsables de los máximos organismos de control sobre los laboratorios, “son el resultado del trabajo mancomunado de la fiscalía y la PIA” y que “apenas transcurrida la primera semana de esta compleja investigación, la fiscal Roteta comenzó a trabajar en conjunto con la PIA a fin de abordar una de las múltiples aristas que presentaba, ya en sus albores, la teoría del caso trazada por la fiscalía”.
El dictamen en el que se le solicitó al juez Kreplak la detención de Bisio y Mantecon Fumadó “es el resultado de ese trabajo, que incluyó el relevamiento de un extenso volumen de documentación administrativa y de información contenida en teléfonos celulares y computadoras de distintos funcionarios públicos y del personal de los laboratorios secuestrados a pedido del Ministerio Público Fiscal”, escribieron los representantes del Ministerio Público Fiscal.
De acuerdo con el planteo de los fiscales, se encuentra probado que, con anterioridad, durante su elaboración y en el transcurso de la aplicación del fentanilo contaminado las funcionarias conocían el escenario de riesgo elevado generado por las condiciones en las que ambos laboratorios fabricaron el medicamento y que se podían provocar muertes y lesiones. Sin embargo, las ex titulares de los organismos estatales encargados de controlar la calidad de los productos y de adoptar las medidas administrativas necesarias para proteger la salud de la población nada hicieron para mitigar ni neutralizar los riesgos sanitarios.
En particular, la investigación puso el foco en el historial de desvíos de calidad de los laboratorios investigados (Ramallo y HLB Pharma) y las deficiencias constatadas por el INAME durante una inspección realizada en Laboratorios Ramallo entre noviembre y diciembre de 2024. Allí se detectaron irregularidades estructurales tanto en las condiciones de elaboración como en los sistemas de control y aseguramiento de calidad implementados por el establecimiento.
Los fiscales entendieron que: “Pese a ese cuadro el organismo regulador con poder de policía sanitaria, aun cuando conocía las graves deficiencias existentes y los riesgos que implicaban para la salud de la población, no activó con la urgencia necesaria mecanismos preventivos eficaces para impedir o interrumpir la circulación de los productos”.
El dictamen señala, entre otros aspectos, la demora en la suscripción de la carta de advertencia que prohibió la producción de medicamentos en Laboratorios Ramallo y la falta de adopción de medidas preventivas respecto de la comercialización de los productos que ya habían sido fabricados y estaban siendo distribuidos por HLB Pharma Group.
Las medidas preventivas que no se tomaron
Los fiscales señalaron que, frente al riesgo sanitario detectado, los organismos de control contaban con distintas medidas preventivas, como la inmovilización o el retiro de los lotes, la prohibición de su comercialización, la emisión de una alerta sanitaria o la inhibición del laboratorio. Según sostuvieron, la adopción oportuna de alguna de esas medidas habría impedido la comercialización, distribución y aplicación del fentanilo contaminado.
También consideraron que la decisión de limitar la intervención administrativa a la prohibición de fabricar medicamentos en Laboratorios Ramallo S.A., sin adoptar medidas respecto de los productos ya elaborados y comercializados por HLB Pharma Group S.A., resultó insuficiente frente al riesgo sanitario conocido.
Para los representantes del Ministerio Público Fiscal, la falta de medidas preventivas eficaces permitió que esos productos continuaran en circulación y se cobraran la vida de 90 personas y lesionara gravemente a 41.
Tal como ya informó este medio, la fiscalía y el juzgado investigan una reunión que el 14 de enero de 2025 mantuvieron en la sede de la ANMAT, las ahora dos ex funcionarias con los directivos de HLB Pharma y Ramallo, es decir los laboratorios que debían controlar y mientras se debían resolver las consecuencias de una auditoría realizada en la planta productora de la localidad de Ramallo, propiedad de Ariel García, en la que se detectaron graves fallas a las Prácticas de Buena Elaboración de Productos. También borraron intercambios de mensajes de texto entre ambas en la que reconocían las serias deficiencias sobre esos establecimientos y denuncias que ya existían, entre ellas de la Organización Panamericana de la Salud.
POLITICA
Hernán Lacunza: “Veo a Macri y a una parte importante de Pro decididos a enfrentar a Milei en 2027″
Es viernes a la tarde y Hernán Lacunza parece congelarse cuando posa ante la cámara. Luce algo tímido, como un político en preparación. El exministro de Hacienda admite que no había planificado lanzarse en este momento como precandidato a presidente de Pro, pero está entusiasmado con el nuevo desafío. De hecho, ya arma un equipo de asesores y planea viajar al interior del país. “Tengo una hoja de ruta”, dice, en voz baja.
En una entrevista con , Lacunza remarca que Mauricio Macri lo autorizó a anotarse en la carrera preliminar para suceder a Javier Milei. Fue durante una charla a solas que mantuvieron días antes de que arrancara el Mundial, en el departamento del exmandatario en Palermo. “Avanzá”, le respondió el líder de Pro.
A contramano de los acuerdistas que habitan en el partido, el economista cree que Pro debe presentar una alternativa electoral al gobierno libertario en 2027. O al menos intentarlo. “Veo a Macri y a una parte importante de Pro decididos a enfrentar a Milei″, afirma.
-¿Cuál es su diagnóstico sobre la herencia o legado que podría dejar Milei? El Presidente dice que bajó la inflación y la pobreza; y que ordenó la macroeconomía.
-La herencia aún no la conocemos. Podemos hacer un balance hasta acá. Como todo gobierno, el de Milei tiene luces y sombras. Sorteó una herencia muy difícil de la administración anterior en el origen de la gestión. Lo hizo con audacia y pericia. La consecuencia de eso es que la inflación haya bajado a un régimen de entre el 2% y 4% mensual, dependiendo de cuánto liberan el tipo de cambio. Eso se vio en los últimos 12 meses.
La previsibilidad nominal es importante. Eso es la inflación –el changuito del supermercado-, el dólar o la tasa de interés.
-¿Qué deficiencias nota en el modelo económico?
-La luz roja o las sombras es que no genera empleo suficiente. Cuando se dice que “la macro está bien”, el Gobierno trata de acotarla a la estabilidad. Y la macro es estabilidad y crecimiento. Y el crecimiento, por más que estadísticamente no es nulo, es muy desparejo. Tenemos un motor encendido a full -energía, minería y el agro- y otro apagado, que es la industria manufacturera, la construcción y el comercio. Estos últimos son los mayores generadores de empleo.
Eso alcanza para que el avión planee y no se caiga, pero con el pasaje escorado del lado del motor apagado. Esos son los conurbanos de Buenos Aires, Gran Córdoba, Rosario o Tucumán.
-Se presenta como precandidato a presidente de Pro. ¿Qué haría distinto a Milei desde el punto de vista económico?
-Obviamente, un programa no consiste en llegar y tocar un botón. Es la consistencia de toda la botonera. No es que solo el primer botón va a dar resultado.
El trípode en el que se basa este gobierno –y que también fue una idea de Cambiemos en 2015- tiene tres patas: no se puede gastar más de lo que ingresa, no existe la maquinita de la felicidad que emite pesos y hay que integrarse al mundo. De ese triángulo no hay que cambiar nada. Eso puede ser un legado positivo de este gobierno. Es lo antagónico a lo que todavía añora el kirchnerismo: vivir con lo nuestro, la emisión no genera inflación o más Estado a cualquier necesidad.
-¿Y cuál sería su primera medida?
-Hace falta completar la reforma monetaria y cambiaria. Todavía queda la mitad del cepo a empresas. Hay que completar eso, porque va a traer más inversión. Hoy hace cuatro trimestres que la inversión cae; es decir, que los directorios de todas las empresas locales y extranjeras hunden menos capital en la Argentina, no solo por el riesgo político de reversión, sino por la baja rentabilidad de los negocios y los costos de producción del país.
-Dice que liberar el cepo generará más inversiones.
—Bueno, completar la reforma monetaria y cambiaria va a atraer más divisas. Si hacemos eso, va a bajar la tasa de interés necesaria para defender los pesos frente a los dólares. Entonces, habrá más inversión. Si hay más inversión, vamos a crecer y habrá espacio para bajar impuestos. Hasta acá se bajaron los impuestos que el mismo Gobierno había subido, como el PAIS o algún otro. Y cuando podamos bajar impuestos, vamos a ganar competitividad.
-¿El equilibrio fiscal debe ser el corazón del programa?
-Otra arista es la política fiscal. Hay que volver a hacer obra pública. El déficit no se puede tocar. ¿Podés hacer equilibrio fiscal cerrando hospitales? No, durarías una hora. ¿Podés hacer equilibrio fiscal sin escuelas? No, durarías una semana. ¿Podés hacer equilibrio fiscal sin obra pública? Sí, duraría tres años, porque al cuarto no se puede circular por las rutas.
¿Qué quiero decir? El daño visible de perder esos bienes públicos o activos comunitarios y sociales, donde el Estado tiene un rol, tiene distinta maduración. En la salud, una hora. En la ciencia, cinco años.
-¿No hay más margen para ajustar? ¿La sociedad demanda ahora crecimiento económico y recuperar el poder adquisitivo?
-No hay más margen para ajustar y hay que volver a hacer obra pública. Y para eso hay que volver a crecer, para tener más fondos y recaudación, sin entrar en déficit.
Entonces, lo que se necesita es otra combinación de políticas públicas.
—¿El próximo presidente debe ser moderado y dialoguista? ¿Usted plantea un mileísmo con buenas formas?
-Las formas aluden al estilo de comunicación. La violencia no es una cuestión de forma, siempre es una cuestión de fondo. No es lo mismo un tiro o un piedrazo que un insulto. Ahora, un insulto o un grito no es inocuo ni inocente. Tiene un objetivo concreto de fondo, que puede ser intentar censurar a la prensa o amedrentar o reprimir la expresión.
Con lo cual, el Estado no puede ejercer violencia de ningún tipo. Si no, entramos en la teoría de los dos demonios: porque los otros son malos, el Estado se da el lujo de ser malo. No caigamos en esa.
—¿Ese es el rasgo de la personalidad del Presidente que más le preocupa?
-No hablo de las personas, ni del Presidente ni de los funcionarios.
-Le pregunto porque Milei, en su última entrevista, dijo: “Reconozco que tengo unas formas de mierda, pero soy honesto y transparente”.
-Honesto y transparente somos todos. No es que para ser honesto haya que ser violento. Son cosas distintas. ¿Qué tienen que ver el coraje y la honestidad con la grosería? No confundamos las formas con el fondo.
-¿Cree que este es un gobierno autoritario que no respeta la libertad de expresión? Los ataques a la prensa o al que disiente sobre la visión oficial han sido constantes desde el inicio de la gestión de Milei.
-Yo digo que las formas importan. Me parece mal si el Estado trata de amedrentar.
-¿Considera que la próxima etapa requerirá de un liderazgo con estilo moderado y dialoguista?
-Yo tengo un estilo dialoguista porque las reformas que vienen o lo que falta, como la coparticipación o el pacto fiscal con gobernadores, no se pueden hacer a los latigazos o a los gritos. En un país federal, con 24 jurisdicciones, eso no se hace a los gritos ni billeteando. Así no se va a conseguir nada.
—¿Falta consensuar con los gobernadores?
-Queremos ir a un país mejor. Los impuestos provinciales no se van a bajar a los latigazos. Hay que convocar a las provincias para que bajemos ingresos brutos y podamos ser más competitivos. Para eso hace falta un consenso, un diálogo y la invitación a una mesa. A veces, es más complejo construir que demoler. Ahora hay que reconstruir un sistema tributario, un sistema federal. Para hacer todo eso es más apto un enfoque de diálogo que de agresión.
—¿Usted anunció que quiere ser candidato a presidente de Pro con el aval de Macri?
-Sí. Creo que se hace política de manera orgánica, no con proyectos individuales. Los partidos son plurales y corales. Parafraseando a [Jorge Luis] Borges, nadie es el Pro, pero todos lo somos. Entonces, nadie puede arrogarse que Pro es tal cosa.
Con esa filosofía, hay que proponer y el día de mañana atraer otras fuerzas para llevar a la población una propuesta liberal, republicana, con división de poderes y construcción de instituciones. Hablé con Macri y otros, como María Eugenia Vidal, para ir consensuando la idea de que Pro tenga una oferta independiente el año que viene.
-¿Le gustaría que emerja una nueva versión de Juntos por el Cambio en 2027? ¿Con radicales y peronistas?
-Primero hay que consolidar esta idea en el partido. Pero sí quiero que sea una oferta competitiva. Ahora en esa construcción colectiva no hay que desfigurarse. Tiene que haber un perímetro bien delimitado sobre en qué cosas estamos de acuerdo. Una autocrítica es que hemos perdido nitidez. Hay que ser bien claro en cuál va a ser la propuesta.
-Los tres gobernadores de Pro y Cristian Ritondo, jefe del partido en Buenos Aires, quieren acordar con el Gobierno. ¿Hay chances de que terminen apoyando su candidatura?
-Conozco esas posiciones. Insisto en que nadie es el Pro y todos lo somos. Es legítima cada postura. Es más fácil hablar que gestionar. Pero tiene que haber un interés superior, que es la Argentina. Después vienen el Pro y el proyecto personal. Que Pro hoy esté discutiendo esto nos hace mejores. A veces escucho: “No, porque el votante de Pro quiere tal cosa”. ¿Quién sabe eso?
-Otros dirigentes de Pro consideran que una candidatura nacional del partido podría ser funcional a la vuelta del kirchnerismo. ¿Qué les responde?
-Eso es otro argumento que me parece pobre. No nos atrevamos a proponer nada mejor porque puede ganar algo peor. Entonces, lo que tenemos no es tan bueno. No nos subordinemos a lo que hay por miedo a un fantasma. Eso es paralizante. Yo creo que hay que atreverse a hacer algo mejor.
-Los libertarios dejaron trascender que su candidatura será utilizada por Macri para negociar un acuerdo con Milei para garantizar la continuidad de Pro en la Capital.
-Eso es una especulación de alguien. Cada uno puede conjeturar lo que se le ocurra. Yo hablé con Mauricio y me dijo: “Avanzá”. No sé qué información tienen.
-¿Lo ve a Macri decidido a enfrentar a Milei con una propuesta propia en 2027?
-A Macri y a una parte importante de Pro, sí. Y el día de mañana tiene que trascender el perímetro de Pro.
-¿Por qué Pro no logró definir una identidad después de dos años y medio de Milei? Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, los dos últimos candidatos a presidente del partido, ya se fueron.
-Hemos centrifugado dirigentes en lugar de atraer. Y eso tiene que ver con falta de consistencia o nitidez. Bueno, hay que volver a construirla.
-Hace poco, usted fue designado en el Banco de Córdoba. ¿Piensa atraer a Juan Schiaretti y Martín Llaryora a este espacio alternativo?
-No, eso es totalmente independiente. Nunca hablé con Macri de la designación en el Banco de Córdoba. Eso tuvo una génesis exclusivamente técnica. Estoy agradecido a esa convocatoria, pero es para hacer un trabajo profesional. No tiene ninguna connotación de alianza política.
-¿Le entusiasma la gestión de Jorge Macri en la Capital? Apuesta al discurso de mano dura y se mimetiza con el gobierno de LLA.
-No estoy en la gestión de la Ciudad y no conozco los pormenores. Me parece bien que haya reforzado la seguridad y también ha mejorado las condiciones de higiene.
-¿La mejor alternativa para enfrentar a Milei es otro economista? ¿La sociedad no demandará otro perfil en 2027?
-La verdad es que la Argentina tiene una frustración económica. Bueno, los economistas podríamos tener mejor capacidad de comprensión y diagnóstico.
Axel Kicillof también es economista. Enhorabuena. Lo que nos une a los tres [por Milei y Kicillof] es el compromiso por lo público. Pero tenemos recetas diferentes.
-¿Le sugeriría a los bloques de Pro en el Congreso que apoyen la reforma de la carta orgánica del Banco Central?
-Sí, estoy de acuerdo con el proyecto.
Santiago Filipuzzi
-¿También avala el “grillete fiscal” o shutdown que anunció Milei?
-Lo que propone Milei es distinto al shutdown de Estados Unidos. Acá si se incurre en déficit se suspenden algunos gastos. El Estado sigue funcionando con el presupuesto anterior. Es una forma de solidificar la política de equilibrio fiscal.
-Milei, Santiago Bausili y Luis Caputo dicen que no van a ayudar a los morosos. ¿Coincide con el Gobierno que es “un problema entre privados”?
-No concuerdo con el enfoque de que el Estado no tiene nada que hacer. Esto es como un referí de fútbol que ve dos jugadores peleándose y dice: “Es una pelea entre privados”. No. El árbitro tiene que impartir justicia.
—¿El Estado es responsable en este caso?
-Hay un problema cuya génesis tiene responsabilidades concurrentes. Las billeteras o bancos que dieron préstamos con tasas a tres dígitos, de 300 o 400 %, y, del otro lado, hay tomadores de crédito que no son economistas ni expertos en finanzas. Hay un rol del Estado preventivo, que es muy importante. Como es tan fácil engañar, hagamos la información pública y expliquemos cuál es la tasa verdadera. Esto es transparencia. Hay que avivar -entre comillas- al tomador del préstamo, porque las familias no tienen por qué saber eso.
También hay corresponsabilidad del diseño de la política económica. Que nadie se haga el distraído.
-¿Hay riesgo de que se genere un problema financiero?
-Hay un riesgo sistémico y de que se arme una bataola. La mora ya está en 13%, un récord desde que se registra hace veinticinco años. Hablé de los roles del regulador en la prevención y solución de los conflictos sin poner plata pública. No digo que hay que ir a rescatar, pero no es que es eso o nada.
-En dos años y medio aparecieron el caso Andis, LIBRA y el escándalo de Adorni. ¿Cree que hubo corrupción en el gobierno de Milei o faltan controles?
-Sin duda faltan controles, pero soy cuidadoso en estos temas. No acuso a nadie de corrupto hasta que la Justicia lo demuestre.
—¿La escalada con Brasil por la pelea entre Milei y Lula puede afectar la relación comercial o no tendrá efectos inmediatos?
-Sí, tiene consecuencias. El Mercosur no va a avanzar al mismo ritmo o va a tener el mismo poder frente a Europa o Estados Unidos si vamos juntos o separados. De hecho, si se afectara el Mercosur, se encarecerían todos los productos que hoy importamos de Brasil. Aparte pueden bajar inversiones y afectar los flujos de comercio. Las relaciones son entre Estados, no entre personas. A Lula lo eligieron los brasileños. Insultar al presidente no es republicano. ¿Qué es esta injerencia?
-¿Está de acuerdo con el alineamiento automático de Milei con Trump?
-Alineamiento automático con nadie. Ahora me parece bien una relación privilegiada con Estados Unidos. No me importa la ideología política del gobernante de turno. Puedo tener más afinidad con uno u otro, pero no puedo comprometer a mi país porque me gusta más o menos.
A la Argentina le conviene tener buenas relaciones con todo el mundo, incluida China. Por supuesto, hay que privilegiar a Estados Unidos, pero eso no significa que hay que pelearse con Brasil y España.
Santiago Filipuzzi
Matías Moreno,Conforme a
POLITICA
Diputados: el oficialismo buscará debatir las reformas del Banco Central y la Ley de Inocencia Fiscal antes de fin de mes
La Cámara de Diputados inició el tratamiento de los proyectos para modificar la Ley de Inocencia Fiscal y reformar la Carta Orgánica del Banco Central, dos iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo que el oficialismo busca convertir en ley durante agosto.
La Libertad Avanza abrió el debate en distintos plenarios de comisiones con la intención de emitir dictamen la próxima semana y habilitar su discusión en el recinto. El 26 de agosto aparece como la fecha con mayores posibilidades, aunque algunos sectores todavía mantienen el 19 como alternativa.
El proyecto sobre Inocencia Fiscal se debatió en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal, presididas por Bertie Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado, respectivamente. En paralelo, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central se analizó en otro plenario integrado por las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Finanzas, encabezada esta última por el diputado Santiago Pauli.
Los cambios propuestos para el régimen de Inocencia Fiscal
La iniciativa busca modificar la ley que creó un régimen simplificado del impuesto a las Ganancias, luego de que, según el Gobierno, no alcanzara los resultados esperados.
El principal cambio elimina los límites de ingresos y patrimonio previstos por la normativa vigente para adherir al régimen. De aprobarse el proyecto, dejarán de regir los topes de $1000 millones de ingresos y $10.000 millones de patrimonio.
En los fundamentos de la iniciativa, el Poder Ejecutivo sostuvo que la medida permitirá ampliar el universo de contribuyentes alcanzados. “Se dispone una apertura del universo de contribuyentes que pueden adherir al régimen, permitiendo que todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país puedan optar por esta modalidad simplificada, democratizando así el acceso a herramientas que facilitan el cumplimiento de las obligaciones tributarias”, argumentó.
Durante el debate, la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Ballestrini, afirmó que el alto nivel de adhesión registrado justifica ampliar el universo de contribuyentes alcanzados. “Teniendo en cuenta que el nivel de acatamiento al régimen simplificado previsto en el régimen actual fue muy importante, muy significativo, está bien ampliar ese régimen para que pueda haber más cantidad de adhesiones”, sostuvo.
Desde la oposición, la diputada de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz reclamó que los funcionarios de los tres poderes del Estado queden excluidos del beneficio.
Leé también: El Senado empezó a debatir el super-RIGI y la próxima semana expondrán funcionarios del Gobierno
“Mientras (el exvocero Manuel) Adorni daba explicaciones cada vez más contradictorias sobre su patrimonio, ARCA guardaba silencio y el oficialismo rechazaba una herramienta básica para despejar cualquier sospecha. Hoy volvimos a hacer la pregunta que deja muda a la casta mileísta: ¿Por qué decidieron no excluir a los funcionarios públicos del Régimen de Inocencia Fiscal? La transparencia no se simplifica, se garantiza. Agreguen el artículo de exclusión definitiva para todo funcionario público, que seguramente lo va a votar toda la oposición”, sostuvo.
La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central
El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning, defendieron la reforma durante el plenario y señalaron que el objetivo principal del proyecto es consolidar un esquema institucional orientado a reducir la inflación.
“No es sólo la independencia o sólo la prohibición de financiar el Tesoro, sino también funcionarios que son los adecuados para manejar el Banco Central con un objetivo claro, protegidos de las influencias políticas del momento, los que tienen mucha mejor probabilidad de lograr los objetivos de aniquilar eventualmente la inflación”, afirmó Bausili.
El titular del Banco Central agregó: “Lo que estamos proponiendo acá existe en la gran mayoría de las Cartas Orgánicas de los bancos centrales de aquellos países que ya fueron exitosos en erradicar la inflación. No estamos trayendo nada como una idea muy revolucionaria, un experimento o un test”.
La reforma, que el presidente Javier Milei calificó en cadena nacional como “una de las más importantes de los últimos 91 años”, busca restringir el financiamiento del Estado por parte del Banco Central, redefinir los objetivos institucionales de la entidad, limitar el gasto público y avanzar en la desregulación del mercado de capitales.
Uno de los aspectos que permanece en discusión es el mecanismo para remover al presidente y al directorio del Banco Central. El proyecto propone exigir una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso, aunque durante el debate también surgieron planteos para reemplazar ese requisito por una mayoría absoluta.
Desde la UCR, el diputado mendocino Lisandro Nieri anticipó el respaldo de su bloque y recordó que en 2022 presentó una iniciativa con objetivos similares. “En 2022 presentamos un proyecto de reforma de la Carta Orgánica, en un sentido similar al que ahora propone el Gobierno. De las muchas reformas estructurales que necesita nuestro país, esta es una de las más importantes”, expresó.
La estrategia parlamentaria del oficialismo
La hoja de ruta para avanzar con ambos proyectos comenzó a definirse en una reunión de la mesa política encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y continuó con un encuentro entre diputados oficialistas y bloques dialoguistas.
La reunión se realizó en el Salón de Honor de la Presidencia de la Cámara de Diputados y contó con la participación de Santiago Bausili, el secretario de Finanzas, Federico Furiase, y la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Ballestrini.
También asistieron representantes de la UCR, el PRO, Provincias Unidas, Innovación Federal, Producción y Trabajo, Por Santa Cruz, Adelante Buenos Aires, el MID, La Neuquinidad, Elijo Catamarca y La Libertad Avanza.
Los reclamos de los bloques dialoguistas
Durante el encuentro, los bloques aliados no sólo escucharon la defensa de los proyectos del Poder Ejecutivo, sino que también reclamaron la apertura de comisiones para tratar iniciativas propias.
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Entre ellas figuran proyectos sobre vandalismo rural y el uso agrícola de tierras adyacentes a rutas nacionales, impulsados por los diputados del PRO Martín Ardohain y Javier Sánchez Wrba.
Desde Provincias Unidas, Gisela Scaglia solicitó el tratamiento de una reforma a la Ley de Estupefacientes para ampliar la participación de las provincias en las investigaciones por narcomenudeo.
El radicalismo también planteó un régimen de tarifas eléctricas diferenciales para provincias del Norte Grande y regiones con temperaturas extremas durante el verano, modificaciones al sistema de Tax Free para permitir que turistas extranjeros recuperen el IVA por la compra de cualquier bien y una reforma del Código Penal para actualizar la legislación frente al uso malicioso de herramientas de inteligencia artificial.
Sobre este último proyecto, la diputada Pamela Verasay sostuvo: “Consideramos que el problema no consiste en la falta o ausencia de normas que ofrezcan protección jurídica específica sino en que el marco jurídico vigente fue concebido para un contexto tecnológico en el cual no existían las posibilidades que hoy ofrecen los sistemas de inteligencia artificial para generar imágenes, voces, documentos o contenidos sintéticos con el grado de realismo, automatización y difusión. En resumidas cuentas, nuestro ordenamiento jurídico necesita actualizarse y adaptarse frente a los nuevos desafíos que trae aparejado el uso de la inteligencia artificial”.
Banco Central, Diputados, Comisiones
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