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La IA de Milei, entre el juego de poderes y el futuro democrático

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En apenas quince días el Gobierno presentó tres iniciativas de profundas implicancias, que tienen a la Inteligencia Artificial (IA) como actor protagónico. Coincidió con semanas trascendentales en términos de redefinición del mapa del poder global en el plano tecnológico.

Javier Milei se muestra fascinado por la construcción de un futuro donde no sólo prevalezca la tecnología más avanzada, sino en el que además no rijan restricciones de ningún tipo. Emerge allí la dimensión más honda de su carácter anarcocapitalista, porque no se limita al plano económico del libre mercado, sino que apunta a una redefinición de la arquitectura institucional de la Argentina y a una interpelación al aspecto moral del ser humano. Es el líder con el proyecto más ambicioso y revulsivo que haya gobernado el país, aunque todavía no está claro si las terrenales dificultades cotidianas le van a permitir desplegar ese horizonte imaginario.

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La primera de las iniciativas la presentó el 22 de mayo la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y la denominó “Gemelo Digital Social”. Se trata de una herramienta basada en IA que busca anticipar y simular escenarios para diseñar políticas públicas, a partir del procesamiento de las bases de información de las que dispone el Estado. La idea es generar un avatar de cada persona construida con datos reales, para prever situaciones que permitan tomar decisiones ajustadas a los resultados. Es un proyecto, todavía no formalizado, basado en una lógica predictiva, que es una de las aplicaciones más difundidas de la IA. Sin embargo, tiene sus observaciones, sobre todo en el plano de la utilización de datos personales. ¿Quién los va a gestionar? ¿Cómo se van a utilizar? Debates éticos que tienen su epicentro en el derecho a la privacidad y que ya levantaron las advertencias de varios especialistas.

Luis Caputo, con Manuel Adorni y Alejandra Monteoliva, el día que anunció el nuevo RIGIPresidencia

La segunda propuesta fue el envío al Congreso del denominado “Súper RIGI”, que busca impulsar, a partir de incentivos impositivos, tecnologías y actividades no desarrolladas previamente en el país, desde IA y biotecnología hasta semiconductores. Se trata de la propuesta más física de las tres, ya que apunta a generar incentivos de inversión a partir de las condiciones que ofrece la Argentina por estar en una región pacífica en comparación con otras en el mundo, con un clima frío en su Patagonia, y acceso a recursos naturales.

Aspira a promover proyectos como los que anunció el año pasado OpenAI para desarrollar un mega centro de datos por US$25.000 millones (de la que después no se supo nada más), y tiene su factor más novedoso en que está destinado a una tipología de compañías que aún no tiene presencia. Dice mucho de la matriz productiva que se imagina Milei cuando demuestra qué tipo de sectores está dispuesto a beneficiar, mientras que al mismo tiempo les advierte a los grupos industriales clásicos que deben reconvertirse si no quieren desaparecer.

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Federico Sturzenegger elaboró el proyecto de cambio en las sociedades civilesCRA

Y la última de las propuestas, probablemente la más innovadora y provocadora, partió de una reforma de la Ley General de Sociedades que presentó hace unos días el Ministerio de Desregulación que preside Federico Sturzenegger. Esta iniciativa, resaltada en el artículo que Milei publicó en el Financial Times esta semana, tiene su punto sustancial en la creación de “sociedades automatizadas”, que funcionan con algoritmos o robots, sin la necesidad de contar con personas humanas. Es decir, crea una nueva tipología de empresas no humanas que según el Gobierno es una novedad a nivel mundial, con el objetivo de garantizar una seguridad jurídica a un tipo de inversiones que en general operan en un gris legal. Además, esto permite establecer un esquema impositivo diferenciado.

Javier Milei publicó una columna en Financial Times sobre el uso de IACaptura

La iniciativa surgió de una idea que le llegó a Sturzenegger de parte de Emiliano Kargieman, CEO de Satellogic, una empresa de observación terrestre por satélite. Está basada en la experiencia de Irlanda, que a través de su régimen legal flexible facilitó la instalación de empresas tecnológicas que operan a nivel global. Es el caso de la firma dueña del software de Apple, que al estar registrada allí, le permite al gobierno de Dublin cobrar un royalty por cada venta de IPhone en el mundo.

Pero al ser tan disruptiva, también el proyecto es el más polémico desde el punto de vista legal, porque incorpora el concepto de “responsabilidad limitada”, pero aplicada a empresas no humanas. “Cuando estos sistemas ejercen un juicio independiente en entornos impredecibles -como deben hacerlo para ser realmente útiles- sus acciones conllevan riesgos reales. La responsabilidad limitada no es un lujo para estas entidades; es una condición indispensable para su existencia. Los accionistas humanos pueden participar, pero no es obligatorio”, escribió Milei en el Financial Times.

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El papa León XIV presentó su primera encíclica, “Magnifica Humanitas”ALBERTO PIZZOLI – AFP

¿Quién es entonces el responsable legal si una empresa de este tipo incurre en incumplimientos o comete un delito? Según el Gobierno, está establecido que “la empresa está obligada a responder con su patrimonio como cualquier otro tipo de compañías” en el plano civil, y si hay una afectación penal, la Justicia deberá determinar quién es el beneficiario final de esa firma, una tarea que requeriría probablemente rastrear las distintas capas de conformación societaria. Para los abogados especializados en la materia, es un debate clave que se abre a partir de ahora. El boceto original de la propuesta contemplaba una serie de salvaguardas que después no quedaron en la redacción final.

Pero además de la cuestión legal emerge una gigantesca discusión ética detrás de la figura de “sociedades automatizadas”, porque fuerza a replantearse una dinámica sin responsabilidades humanas. Es a lo que apuntó Elisa Carrió, la primera que saltó al conocerse la iniciativa, quien definió el desafío en términos de “problema existencial”. Es la línea que acaba de expresar el papa León XIV en su encíclica Magnifica Humanitas (Magnífica Humanidad), donde llama a proteger la dignidad humana y el bien común frente al creciente poder concentrado de la tecnología y la revolución digital.

La Inteligencia Artificial vinculada a la robótica ya es utilizada ampliamente en ChinaGao Jing – XinHua

Está muy claro que Milei imagina un sistema desregulado y sin restricciones para posicionar a la Argentina como un actor en el ecosistema de la IA. No lo hace sólo por orientación económica; es también un planteo filosófico. Su convicción libertaria es absolutista. Desde ese lugar entiende que está frente a una nueva era civilizatoria, y que en consecuencia se requieren nuevos instrumentos normativos.

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Milei ya se apropió del futuro como parte de su narrativa. Es el único dirigente del país que habla enfáticamente de estos temas, frente a una elite política en general muy retrospectiva. Claro que lo hace en sus propios términos y bajo sus propias consignas. La mayor parte de la sociedad, preocupada por terrenalidades como la inflación o el empleo, no parece siquiera intuir las implicancias de los lineamientos que está definiendo el Presidente, aunque todos ya sienten en sus vidas cotidianas los efectos concretos de la IA. A mucha gente ese futuro imaginado le puede estar quedando lejos.

Empresas versus gobiernos

El trasfondo de los planteos de Milei no sólo tiene relación con el desarrollo tecnológico y las oportunidades económicas, sino que conllevan profundas implicancias políticas, que podrían resumirse en dos dilemas absolutamente determinantes para el desarrollo del siglo XXI.

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En primer lugar, porque por fuera de los conflictos bélicos como los de Ucrania o Medio Oriente, se está desarrollando una batalla frontal por la distribución del poder mundial. Es la que enfrenta a las grandes corporaciones globales de negocios digitales contra los Estados nacionales. Nunca en la historia de la humanidad un conjunto de compañías privadas ostentaron tanto poder, al punto de condicionar, y en muchos casos sortear, las decisiones de los principales líderes mundiales.

Desde la izquierda: Sam Altman, el CEO de OpenAI; Mark Zuckerberg, el CEO de Meta; Tim Cook, el CEO de Apple; Sundar Pichai, el CEO de GoogleArchivo

Por esa razón también últimamente se multiplicaron las reacciones violentas contra esas compañías por parte de particulares. La prueba está en que en un 2025 que se caracterizó por una guerra de aranceles y las barreras entre Estados, el comercio mundial alcanzó un récord histórico de US$35 billones, un 7% más que el año anterior. Hay un capitalismo vertiginoso que ya no cabalga sobre la montura de los gobiernos.

La disputa central entre Estados y empresas como Anthropic, OpenIA, Google o Meta reside en el debate en torno de las regulaciones. ¿Hasta qué punto la nueva constelación virtual debe estar reglada? ¿Las compañías deben ser liberadas de cualquier restricción, o hay que garantizar los derechos individuales? La IA fue por primera vez un tema central en la última cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping, ambos preocupados por las implicancias en materia de seguridad y defensa. También será el foco de la primera cumbre de la ONU sobre gobernanza de la IA, que se realizará el 6 y 7 de julio en Ginebra.

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Donald Trump y Xi Jinping, durante su último encuentro en PekínMark Schiefelbein – AP

Frente a estos dilemas hasta ahora surgieron tres tipos de respuestas. Uno lo encarna China, que en nombre de la seguridad nacional establece un control total de los datos y de los algoritmos, tal como hace tiempo realiza sobre Internet. Por esta razón, China disputa con EE.UU. en la cuestión tecnológica, pero está atrasada en materia empresarial. Como resalta Marcelo Elizondo, especialista en comercio internacional, “mientras en Estados Unidos hay 2000 empresas nuevas exclusivamente de IA, en China hay 200”.

La Unión Europea, en línea con su filosofía integral, representa un modelo alternativo, con regulaciones para prohibir abusos y establecer auditorías obligatorias en las herramientas aplicadas a educación, empleo o justicia. El problema es que este entramado legal es muy disuasivo para las empresas tecnológicas, que no quieren tener este tipo de restricciones, y entonces Europa está perdiendo la carrera de la IA frente a sus rivales. En el intento por no seguir rezagada, esta semana la Comisión Europea presentó un paquete de medidas de soberanía tecnológica, un conjunto de medidas para reforzar la capacidad en materia de semiconductores, IA, nube y código abierto.

El presidente Milei junto a Elon Musk en Nueva York.

Y el tercer esquema es el norteamericano, el más desregulado de todos, y el que Milei toma como modelo. Trump regresó a la Casa Blanca acompañado por los principales magnates tecnológicos, con la promesa de desactivar cualquier tipo de normativa para que la industria pudiera competir libremente. Los resultados vienen siendo tan potentes que Trump llevó a toda la troupe digital a su reciente viaje a China, como exhibición del activo más poderoso frente a su rival.

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Sin embargo, esta semana ocurrió un cambio muy importante. El titular de la Casa Blanca emitió una orden ejecutiva por la cual las empresas tecnológicas son instadas a entregar al gobierno los protocolos de sus nuevos modelos de IA al menos 30 días antes de su lanzamiento masivo. Este giro marcado tiene una explicación: hace dos meses Anthropic frenó el lanzamiento de su nueva plataforma Claude Mythos porque el sistema era tan poderoso que había detectado una gran cantidad de falencias en los mecanismos de seguridad, incluso del propio Estado norteamericano.

Christopher Olah, cofundador de Anthropic y el papa Leon XIV en la presentación de la encíclica “Magnifica Humanitas”ALBERTO PIZZOLI – AFP

Este episodio también sirve para resaltar una diferenciación que hace Darío Giustozzi, transformado hoy en predicador digital desde su proyecto Agorax. Él define a Anthropic como un ejemplo del “altruismo activo”, porque parece dispuesta a resignar ganancias para establecer protocolos más seguros, que en general son más caros. Por esa razón, la empresa fue parte de la presentación que hizo León XIV de su encíclica.

Enfrente están los que Giustozzi categoriza como “darwinistas”, como OpenIA, Meta o Google, que son los que libran una pelea despiadada por ver quién llega primero a la próxima etapa, sin preocuparse demasiado por sus efectos sociales. Por eso en estas plataformas se detectaron sesgos tendientes a congraciarse con los usuarios, a fin de establecer con ellos una empatía que los incentive a hacer a nuevas consultas y búsquedas. Emerge en este punto otro descomunal debate en torno de la administración de los algoritmos, que no responden a una simple lógica matemática, sino a un sesgo preestablecido bajo ciertos patrones éticos.

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Daniel Innerarity, en su última visita a la Argentina, al exponer en el CIASSantiago Filipuzzi

El segundo dilema político que entraña la nueva fase de la revolución tecnológica gira en torno de una pregunta clave: ¿la IA puede fortalecer la democracia o, por el contrario, la debilita mortalmente? El planteo de que la Inteligencia Artificial pueda ser beneficiosa para el sistema se basa en la presunción de que puede jugar un papel virtuoso en un momento en el que el desacople entre sociedades cada vez más demandantes y activas desbordan las capacidades de respuestas que pueden ofrecer los Estados. Es lo que el filósofo español Daniel Innerarity llama “democracia aumentada”, una intermediación facilitadora entre dinámicas ciudadanas cada vez más aceleradas y la aterosclerosis de la vieja institucionalidad del siglo XIX.

Ya hay varios antecedentes en la materia. Por ejemplo, en Taiwán el Ministerio Digital procesa miles de opiniones ciudadanas sobre debates que generan mucha polarización, las agrupa en categorías, elimina los puntos más ríspidos y encuentra los puntos de consenso entre los distintos sectores. Así les ofrece a los legisladores una base de acuerdos para posibles proyectos. En la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), hay varios países que emplean modelos de simulación basados en agentes de IA para pronosticar las consecuencias de las reformas fiscales. De este modo, se puede determinar su impacto antes de aprobar una legislación.

El magnate tecnológico Peter Thiel se reunió con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada el mes pasadoArchivo

Pero estos ejemplos virtuosos conviven con otra mirada, mucho más amenazante, según la cual la IA no actúa como un complemento del sistema democrático sino que se posiciona como su posible reemplazo. Significaría el paso de una democracia de representantes a una democracia de algoritmos. Un escenario en el que todas las decisiones se adoptarían virtualmente.

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Esta distopía está muy presente en el pensamiento de varios aliados de Milei, como Elon Musk y Peter Thiel, para quienes la dinámica del nuevo mundo las deben llevar las empresas, y la arquitectura institucional no debe funcionar como una restricción. En el fondo planean un mundo en el que no sólo el sistema democrático deba adaptarse al cambio tecnológico, sino que a futuro las decisiones políticas ya no dependan de los representantes elegidos en votaciones al estilo siglo XX, sino a partir de las interacciones que se generen en las plataformas que ellos controlan.

La humanidad tropieza hoy con un futuro que se precipitó. El mundo ingresa en una revolución desconocida. El horizonte es una acumulación de incertidumbre acelerada. En ese contexto, Milei diseña su mañana.




pic.twitter.com/4DY1Wexziq,May 22, 2026,Jorge Liotti,Conforme a

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El Gobierno denunció a Itaí Hagman, diputado de Grabois, y a otras cuatro personas por la toma del Palacio Pizzurno

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El Gobierno presentó una denuncia penal contra el diputado nacional de Unión por la Patria Itaí Hagman, dirigente del espacio político de Juan Grabois, por los incidentes ocurridos durante la toma del Palacio Pizzurno, donde funciona la Secretaría de Educación de la Nación. La información fue confirmada a Infobae por fuentes oficiales, que precisaron que la presentación fue realizada por el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, e incluyó a otras cuatro personas identificadas por las autoridades. Los delitos denunciados fueron usurpación, resistencia a la autoridad, lesiones y daño.

La denuncia fue presentada este miércoles, después de que un grupo de estudiantes universitarios ingresara al edificio ubicado en Pizzurno 935, en Buenos Aires, para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La protesta comenzó con una sentada frente a la sede educativa y derivó en la ocupación del hall central, pese a la intervención de efectivos de la Policía Federal Argentina que intentaron impedir el ingreso.

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El episodio provocó un enfrentamiento político entre el Gobierno y dirigentes opositores. El presidente Javier Milei cuestionó públicamente a Hagman, quien apareció en las inmediaciones del edificio durante el operativo policial. El diputado rechazó los cuestionamientos y explicó en sus redes sociales: “Me acerqué cuando me avisaron que estaban por reprimir a los estudiantes”.

La presencia de Hagman adquirió especial relevancia por sus antecedentes en otra ocupación de un edificio público. El 7 de junio de 2025, el legislador había participado, junto con Grabois y otros dirigentes del Frente Patria Grande, de la toma del Instituto Nacional Juan Domingo Perón, ubicado en Austria 2601, en Recoleta. Aquella protesta había sido organizada para rechazar el cierre del organismo dispuesto por la administración de Milei.

En esa oportunidad, unas 50 personas ingresaron al inmueble, donde funcionaban un museo y un centro de estudios dedicado a la historia del peronismo. Entre los participantes estuvieron también la diputada Natalia Zaracho y otros dirigentes del espacio. El operativo de desalojo terminó con la detención de Grabois, quien recuperó su libertad al día siguiente. Hagman había acompañado aquella medida y ahora volvió a quedar involucrado en una controversia por la ocupación de una dependencia estatal.

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En el caso del Palacio Pizzurno, el Ministerio de Capital Humano sostuvo que durante la manifestación se produjeron daños al patrimonio público y que la ocupación se desarrolló mediante acciones violentas. “Por la fuerza, nada”, escribió Pettovello después de los incidentes. La cartera afirmó que el derecho a manifestarse debía ejercerse dentro de la ley y con respeto por las instituciones democráticas.

Los estudiantes, por su parte, aseguraron que habían organizado una protesta pacífica para reclamar respuestas sobre la situación presupuestaria de las universidades nacionales. Participaron alumnos de la Universidad de Buenos Aires y de las universidades nacionales de La Plata, Quilmes y San Martín. Además del financiamiento universitario, reclamaron una actualización de las becas Progresar y solicitaron una reunión con el secretario de Educación, Carlos Torrendell.

En el Gobierno sostuvieron que la discusión sobre el financiamiento universitario se encontraba actualmente en el ámbito del Poder Judicial, donde tramitaba una causa con múltiples incidentes y presentaciones de las partes. Según la posición oficial, correspondía esperar una decisión definitiva de la Justicia sobre los alcances y la implementación de la legislación vigente.

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Itaí Hagman representa al espacio de Juan Grabois en la Cámara de Diputados

La administración nacional también destacó que el proyecto de Presupuesto 2027 había incluido aumentos en las partidas destinadas al sistema universitario, que consideraba alineados con la normativa vigente. Ese argumento formaba parte de la posición oficial frente a los reclamos presupuestarios y salariales de las universidades, que cuestionaban los recursos asignados y exigían la aplicación integral de la ley.

El conflicto judicial había sumado un nuevo capítulo el 6 de octubre, cuando el juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional una cláusula del decreto 759/2025, mediante la cual el Ejecutivo había condicionado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario a la definición de sus fuentes de financiamiento. El magistrado ordenó avanzar con su implementación inmediata y el Gobierno apeló la resolución.

La protesta ocurrió además en vísperas de la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para el 15 de octubre. En el Ministerio de Capital Humano interpretaron la ocupación como una acción de contenido político vinculada con esa movilización. La denuncia contra Hagman y las otras cuatro personas abrió así un nuevo frente judicial en medio de la disputa entre la administración nacional, los dirigentes opositores y el movimiento estudiantil.

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Iniciativas populares: lanzan una plataforma digital que permite verificar la autenticidad de las firmas

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La Cámara Nacional Electoral (CNE) lanzó una plataforma digital encaminada reunir adhesiones para iniciativas legislativas populares, donde se colectarán apoyos ciudadanos mediante una firma electrónica.

La nueva herramienta, creada por una acordada de la CNE, estará disponible para cualquier persona, agrupación política u organización de la sociedad civil que promueva una iniciativa legislativa popular y funcionará de manera complementaria a la recolección de firmas en papel en apoyo de esa propuesta.

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La decisión se adopta luego de la experiencia piloto autorizada por el tribunal en mayo de 2026. Las verificaciones realizadas permitieron comprobar la viabilidad técnica de vincular de manera segura la identidad de cada firmante con el documento firmado, así como garantizar la autenticidad de las firmas, la integridad de los documentos y la preservación de los datos personales.

La plataforma será administrada, mantenida y operada por la propia Cámara Nacional Electoral, a través de su Oficina de Coordinación General de Sistemas Informáticos Electorales, que también realizará el seguimiento técnico y el control periódico de los estándares de seguridad y autenticidad.

Los promotores de una iniciativa que quieran utilizarla deberán solicitar previamente su habilitación, sin costo alguno. La implementación de esta herramienta busca facilitar la participación ciudadana y modernizar el procedimiento de iniciativa popular, manteniendo las garantías de autenticidad y verificación previstas por la legislación vigente.

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La decisión fue firmada por los camaristas Alberto Ricardo Dalla Via, Santiago Hernán Corcuera y Daniel Bejas.

La idea es facilitar lo que establece la ley 24.747, reglamentaria de esa modalidad de participación ciudadana, que establece como condición para la presentación de iniciativas populares, la recolección de firmas de “un número de ciudadanos no inferior al 1,5% del padrón electoral utilizado para la última elección de diputados nacionales”, representativas de por lo menos seis distritos electorales.

La ley encomienda a la Justicia nacional electoral verificar la autenticidad de las firmas en un plazo no mayor a 20 días.

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La Cámara de Casación declaró prescripta una causa contra Petrobras por supuestos balances falsos

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La Cámara Federal de Casación Penal declaró prescripta por el paso del tiempo una causa contra la empresa Petrobras y sus directivos que estaban acusados por supuestos balances falsos y el ofrecimiento de acciones de manera supuestamente fraudulenta.

La Sala III del tribunal, integrada por los jueces Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci, confirmó por unanimidad la resolución de la Cámara en lo Penal Económico que había dispuesto, al igual que el juez de primera instancia, el sobreseimiento.

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La decisión afecta a la firma Petróleo Brasileiro SA, más conocida como Petrobras, y a algunas de sus autoridades.

Los jueces rechazaron en forma unánime el recurso de casación que había interpuesto el representante de Consumidores Financieros Asociación Civil para su Defensa, que era querellante en el caso.

En esta causa se investiga la oferta pública de acciones ordinarias y acciones preferidas de Petroleo Brasileiro SA que se habría efectuado en el mercado de capitales nacional, entre 2006 y diciembre de 2014.

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Allí presuntamente había afirmado, según la querella, circunstancias falsas al público inversor, consistentes en la tenencia de activos fijos por un valor supuestamente superior al real, a través de la consignación de datos de los balances de la empresa, supuestamente apócrifos.

La presunta maniobra habría consistido en que los estados contables presentados ante la Comisión Nacional de Valores habrían exhibido una sobrevaluación del rubro del activo denominado “propiedad, planta y equipo”.

Se habrían computado como costos de aquellos los sobreprecios o gastos adicionales pagados a contratistas y proveedores, con lo que aparecía distorsionada la imagen económica de la empresa frente a los accionistas y el público inversor.

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Las conductas objeto del proceso habían sido calificadas como constitutivas de los supuestos delitos de ofrecimiento fraudulento de valores negociables y consignación de datos falsos en los balances contables, cuya pena máxima es de 6 años de prisión, que es el límite temporal que se analizó a los fines de la prescripción.

El 17 de abril de 2019 el Juzgado Penal Económico 2 había dispuesto la citación a prestar declaración indagatoria de la firma y algunas autoridades.

Posteriormente se dictaron los autos de procesamiento de Silvia Foster de Barbassa y Petróleo Brasileiro SA y, de otro lado, fueron sobreseídos José Alcides Santoro Martins, José Carlos Cosenza, Ronaldo Batista Assuncao, José Antonio de Fuguiredo, José Miranda Fomigli Filho, Iván de Souza Monteiro, Roberto Motro, Jorge Celestino Ramos, Alberto Da Fonseca Guimaraes y Raúl Adalberto de Campos. Posteriormente fue sobreseído Mauro Gentile Rodrigues da Cunha en 2024.

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Petrobras, la empresa de energía más grande de BrasilEraldo Peres – AP

La defensa de Foster de Barbassa y Petroleo Brasileiro apelaron y, en 2025, la Sala A de la Cámara en lo Penal Económico revocó los procesamientos.

Consideró que las decisiones eran prematuras y que no se había acreditado el delito ni se había completado la investigación sobre la idoneidad de los programas de control interno, y encomendó profundizar la investigación.

Previo a que la Cámara revocara los procesamientos y durante la tramitación de los recursos de apelación, el juzgado había dado intervención a los querellantes que habían requerido elevar el caso a juicio.

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Sin embargo, en el caso se consideró que ese pedido no interrumpió la prescripción, porque la Cámara Penal Económico revocó los procesamientos.

Por ello, el 3 de septiembre de 2025 el Juzgado Penal Económico 2 declaró extinguidas las acciones penales contra Petróleo Brasileiro SA y todas las autoridades denunciadas.

Dijo que el plazo de prescripción aplicable era de seis años, correspondiente al máximo de la escala penal mayor prevista por los tipos penales involucrados y que ya se había cumplido.

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Si bien el curso de la prescripción se interrumpió el 17 de abril de 2019 con el llamado a prestar declaración indagatoria de los imputados, desde aquel acto hasta la actualidad transcurrió el plazo máximo de 6 años.

La decisión del juez de primera instancia fue confirmada por la Sala A de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico y ahora por los jueces de Casación, que intervinieron ante el recurso de los querellantes, Consumidores Financieros.

El juez Carlos Mahiques consideró que lo resuelto en la Cámara Penal Económico se encontraba debidamente fundamentado.

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Entendió que no corresponde considerar aquí la imprescriptibilidad de los casos de corrupción, pues los tratados internacionales suscriptos por nuestro país en punto a la corrupción no habilitan por sí mismos a considerar imprescriptibles maniobras que se puedan vincular ya sea directa o indirectamente con ese fenómeno.

El camarista Carlos Mahiques

Ricardo Pristupluk

Finalmente, y frente a los reclamos de la parte querellante sobre supuestas dilaciones atribuidas a las defensas, Mahiques explicó que la extinción de la acción penal es de orden público y se produce de pleno derecho por el transcurso del tiempo.

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En un voto concurrente, el juez Borinsky comenzó recordando que, para computar el término de la prescripción de la acción en un proceso penal, debe estarse a la pena del delito más severamente reprimido de los atribuidos al imputado y a la posible calificación más gravosa.

Destacó que la penalidad máxima para los delitos atribuidos era de 6 años de prisión y que, teniendo en cuenta que el único acto interruptivo del curso de la prescripción fue el llamado a indagatoria del 17 de abril de 2019, transcurrió el plazo correspondiente.

Destacó asimismo que las referencias de la querella al delito de lavado de activos o a un delito continuado más allá de la fecha de cese fijada en autos, esgrimidas sin fundamentos ni pruebas que las avalen y al solo efecto de mantener vigente la acción penal, no encontraban sustento en alguna de las constancias de la causa.

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Por otra parte, Borinsky coincidió con el juez Mahiques en que el requerimiento de elevación a juicio presentado por la querella no tiene capacidad para interrumpir el curso de la prescripción, pues esta pieza fue presentada antes de que la Cámara Penal Económico revocara los procesamientos de los imputados.

Por su parte, el doctor Yacobucci compartió los argumentos de sus colegas y acompañó el rechazo del recurso de casación de la querella.




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