Axel Kicillof está decidido a seguir construyendo un proyecto presidencial que no anunciará hasta llegado el momento, pero cuyos movimientos son cada vez más parecidos a los de un candidato. Desde hace un tiempo se mueve como tal y sus armadores intentan darle estructura federal. También apura un perfil de corte internacional para mostrarse frente a los diferentes estamentos de poder como la contracara del presidente argentino Javier Milei. “Les traigo malas noticias”, dijo en el desayuno con el alcalde Zohran Mamdani y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Remató: “En Argentina estamos viviendo una catástrofe”.

Eso fue parte de la agenda que desplegó en Nueva York la semana pasada y que buscará replicar en China en los primeros días de noviembre. Kicillof intentará estar en la feria de la Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE) en Shanghái. Antes, según supo Infobae, su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, tendrá una reunión con el embajador del gigante asiático para delinear la agenda. Hay un tema no menor: la fecha coincide con la visita del Papa León XIV a Argentina. El sumo pontífice recorrerá el Cottolengo Don Orione, en Claypole (Almirante Brown), y oficiará una misa multitudinaria en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Kicillof debería estar presente. La actividad en China es del 5 al 10 de noviembre. El Papa estará en Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. El gobernador quiere estar en China. Tiene que hacer un viaje XXL.

En una semana, el mandatario bonaerense va por una foto con el Jefe de Estado del Vaticano y con referentes comerciales de China en medio de la guerra comercial desatada con Estados Unidos, que también tiene su réplica en Argentina. Es un factor más que atendible a cualquier agenda presidencial. Antes de que el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, advirtiera sobre el acuerdo de la Cooperativa Eléctrica de Neuquén (CALF) con Huawei, Buenos Aires ya había cerrado con la misma empresa la provisión de baterías para garantizar el transporte de energía en los nodos Mar del Tuyú, Carmen de Areco, Arrecifes y Capitán Sarmiento. El tema, según reconstruyó este medio, fue parte de las conversaciones del mandatario en la Gran Manzana. La respuesta fue que Huawei es quien mejor oferta en las licitaciones. Mismo argumento que empleó la cooperativa de Neuquén cuando escaló el conflicto.

El plan, dicho en diferentes oportunidades por Kicillof y los suyos, es el multilateralismo. Lo dijo el sábado pasado cuando cerró el acto del Movimiento Derecho al Futuro (MDF). “No necesitamos un plan austríaco, norteamericano o israelí; necesitamos una estrategia argentina, federal y contemporánea. A otros les podrá fascinar la Doctrina Donroe de Donald Trump. Nosotros seguimos nuestra propia doctrina, la que viene del general Perón: “Argentina para los argentinos”. Un posicionamiento que no pudo, no logró, o no quiso repetir cuando —entre reunión y reunión— fue abordado en Nueva York por la periodista argentina Silvina Sterin Pensel, quien le pidió un posicionamiento sobre el conflicto en la franja de Gaza y le endilgó una condición de tibieza al respecto. Un imprevisto.

Kicillof pasó por el corazón financiero de Occidente con el objetivo de despejar fantasmas. En distintos momentos de su carrera como funcionario público alcanzó acuerdos con acreedores internacionales. Se sienta en la mesa con representantes de firmas internacionales con capacidad de inversión en el país y busca mercados. Quienes lo frecuentan en esas reuniones con empresarios cuentan que suele decir —medio en serio, medio en broma—: “No vamos a expropiar nada”.

A la par de que afina su perfil internacionalista, en Argentina sigue con su construcción federal. Una edificación que tampoco está exenta de complejidades y que transita en paralelo con la discusión interna del peronismo. En el acto en Avellaneda le dedicó varios pasajes. Dijo no querer una construcción “a control remoto”, ni surgida de entre cuatro paredes “en una rosca”. Fueron señales a distintos y conocidos destinatarios: el kirchnerismo y el Frente Renovador de Sergio Massa, que está empezando a moverse por fuera de “las cuatro paredes”. El sostenimiento de las PASO será a lo que se aferre para evitar una negociación cuya victoria puede ser pírrica cuando llegue el momento de definir la estrategia electoral para enfrentar a Javier Milei en la Nación y a —hasta el momento— Diego Santilli en el territorio bonaerense.

En la dirigencia se empieza a repetir una hipótesis que va desde una lectura analítica hasta la presión de los intereses sectoriales: quien sea candidato a presidente deberá tener asegurada la reelección indefinida de los intendentes en la provincia de Buenos Aires. Los distritos que se miran, sin posibilidad de reelección, son La Matanza, Moreno, Merlo, Malvinas Argentinas, Quilmes, Tigre, Esteban Echeverría, entre otros. El peso de esas intendencias en una elección que hasta el momento se perfila para que sea unificada —más aún si el candidato es Kicillof— es gravitante para la discusión provincial y nacional.

Hoy, pese a que manifieste su acuerdo con las reelecciones indefinidas, Kicillof no logra empujar el tema en la Legislatura. Tanto en el Senado como en Diputados aseveran que nadie hará nada hasta tanto el gobernador no se siente con Máximo o Cristina Kirchner y con Sergio Massa. Una vez que haya un entendimiento en ese tridente de cúpula, se saldrá a la caza de voluntades para dejar sin efecto esa normativa que algunos consideran proscriptiva.

“Proscripta está Cristina”, repiten en el kirchnerismo desde donde alientan una candidatura de la expresidenta. Una trama que hoy sigue siendo compleja para el camino de Kicillof. “Queremos que Cristina sea candidata”, dijo Máximo Kirchner en una reciente entrevista con Víctor Hugo Morales. Y así como Kicillof dejó señales varias en su discurso en Avellaneda, el diputado nacional y líder de La Cámpora aseveró: “Imaginen si no hubiera dentro del propio peronismo un boicot a la figura de Cristina y hubiera una decisión de que pudiera participar en las elecciones. Iríamos a una fusta democrática de alto calibre para que los argentinos puedan decidir libremente”.

La semana pasada un fallo del Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de Bahía Blanca dio lugar a una medida cautelar impulsada por la Defensoría del Pueblo para que las empresas distribuidoras EDELAP, EDES, EDEA y EDEN se abstengan de aplicar incrementos si antes no existen audiencias públicas para discutir las nuevas tarifas. El aumento había sido autorizado por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, que comanda Gabriel Katopodis. En el Ejecutivo, vinculan la jugada de la Defensoría con el kirchnerismo. La respuesta tácita llegó el viernes con la decisión de los diputados del MDF que decidieron abstenerse en un plenario de comisiones en la votación de un proyecto cuyo autor es el presidente del bloque, Facundo Tignanelli. La iniciativa, como contó Infobae, impulsa un registro para crear el Régimen Provincial de Prevención y tratamiento del sobreendeudamiento de consumidores. El expediente busca crear un régimen para prevenir y tratar el sobreendeudamiento de consumidores, con una negociación obligatoria y gratuita ante la Defensoría del Pueblo antes de iniciar reclamos judiciales.

En el plenario, la diputada de Fuerza Patria, Ana Luz Balor, que forma parte del MDF, expuso que estaban de acuerdo con el registro y el espíritu del proyecto, pero que “sería mejor” que las autoridades de aplicación fueran las dependencias municipales y no así la Defensoría, ya que estaba fuera de sus competencias establecidas por la Constitución y el proyecto podía luego ser judicializado y declarado inconstitucional. En el kirchnerismo dejan trascender que detrás de los argumentos técnicos están los políticos. Tiempo atrás, Kicillof había bajado la línea de “no responder acusaciones”, ante las críticas del kirchnerismo en diversos temas. Las respuestas aparecieron de manera implícita.

Cuando tenga lugar la audiencia pública para analizar los pliegos de licitación del servicio de recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires, el 5 de octubre, puede iniciarse una pelea de fondo con el Sindicato de Camioneros: están en juego las condiciones en que se otorgarán las concesiones entre 2028 y 2038, pero el gobierno de Jorge Macri por ahora no contempla pagar las indemnizaciones que desde los años 90 recibe el gremio de los Moyano al renovarse los contratos.

Ese es el significativo dato que puso en alerta al gremio de Hugo Moyano y su hijo Pablo a partir de los anteproyectos de pliegos del servicio público de higiene urbana de CABA, que serán evaluados en la audiencia pública del 5 de octubre, que se hará de manera virtual, y se sabe que los líderes de Camioneros protestarán si en las cláusulas no figuran las indemnizaciones para ser pagadas al personal del sector dentro de casi 12 años.

Pero, a la vez, también podrían amenazar con medidas porque los Moyano tampoco están seguros de que en el presupuesto de la ciudad para 2027, que el jefe de Gobierno presentará en la Legislatura porteña, estén contempladas las partidas para resarcir económicamente a los 6 mil trabajadores del sector, aunque desde septiembre de 2028 y durante 10 años mantendrán su empleo en las mismas empresas o en otras similares que ganen la licitación para recolectar la basura en la ciudad.

Están en discusión alrededor de 200 millones de dólares, necesarios para indemnizar a los recolectores de residuos porteños, que deberían pagarse porque en el último pliego licitatorio, cuyo vencimiento se prorrogó hasta septiembre de 2028, el punto 3, Régimen de Personal Operativo, contempla un ítem llamado “Indemnizaciones Finales”, que establece: “Al terminar este contrato, el adjudicatario calculará las indemnizaciones del personal; una vez auditadas, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires abonará dichos montos a la empresa para que ésta indemnice a los trabajadores”.

El trasfondo del enfrentamiento que se perfila es la aplicación de la polémica Ley Moyano, esa norma no escrita por la cual el Sindicato de Camioneros viene logrando desde 1998 que cada vez una empresa gana una concesión de servicios o cambia de accionistas, despida al personal, lo indemnice y lo vuelva a contratar.

Esa “ley”, en realidad, no tiene basamento jurídico alguno sino sólo un fundamento basado en el poder de fuego del sindicato liderado por los Moyano.

La Ley Moyano se inauguró en 1998 con la finalización del contrato con Manliba y se afianzó en la gestión porteña de Mauricio Macri cuando tenía aspiraciones de un proyecto político nacional: en 2012 impulsó en la Legislatura de la ciudad la aprobación de un bono por 220 millones de pesos para indemnizar a los recolectores de residuos por cada cambio de concesión.

Desde entonces, la “ley” de Camioneros se impuso en las municipalidades de Avellaneda y Moreno ante las nuevas concesiones para la recolección de basura, en una distribuidora de la cervecería Quilmes y en filiales locales de empresas internacionales como DHL y FedEx.

También fue el eje del duro conflicto cuando el supermercado Walmart fue adquirido por el Grupo Narváez, en marzo de 2021, y el Sindicato de Camioneros bloqueó un depósito de la empresa para se aceptara su exigencia de echar a 500 de los 718 empleados del Centro de Distribución, pagarles la doble indemnización que regía y volver a emplearlos. Finalmente, no hubo indemnización, pero sí un acuerdo mediante el pago de 227.576.922 millones de pesos a 477 trabajadores como una gratificación extraordinaria.

El ex jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, que mantenía muy buenas relaciones con Camioneros, soportó la misma presión cuando en 2022 decidió estatizar el sistema de grúas: Pablo Moyano lo acusó de querer precarizar el salario de 500 trabajadores que realizan los trabajos de grúas y remolques y sacarlos del Convenio Colectivo de Trabajo 40/89, aunque no dejó de negociar con los funcionarios de la ciudad.

El acuerdo final consistió en que los 500 empleados de las empresas Dakota y BRD pasaran a SBASE, empresa del Estado porteño, donde mantendrían el mismo convenio laboral de Camioneros, y cada uno de ellos cobró una indemnización de hasta 4 millones de pesos, es decir, un total de casi 2000 millones de pesos.

Jorge Macri heredó la “jurisprudencia” de la Ley Moyano sentada por sus predecesores del PRO. En mayo de 2024, Pablo Moyano amenazó con llenar la ciudad de basura a partir de octubre si el gobierno porteño no indemnizaba a 6 mil trabajadores por el próximo vencimiento de los contratos de recolección de residuos.

Pero en la administración macrista se pusieron firmes; advirtieron que esos contratos se firmaron en enero de 2014, con inicio el 1° de octubre de ese año y por un plazo de 10 años, pero en 2020 se suscribieron Actas Acuerdos mediante las cuales “se prorrogaron los contratos por cuatro años contados a partir de la fecha del vencimiento contractual, operando el nuevo vencimiento el 30 de septiembre de 2028″.

Lo que sucedió fue que Rodríguez Larreta impulsó esa prórroga a raíz de las restricciones presupuestarias que causó la quita de la coparticipación dispuesta por el gobierno de Alberto Fernández y bajo el paraguas de la ley de emergencia económica porteña.

El sindicato se aferró a la interpretación de que aún se encontraba vigente el contrato surgido de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 997-SIGAF/13, que otorgó a 6 empresas la recolección de residuos en la ciudad, y aseguró que aun en caso de prórroga se debería indemnizar a los trabajadores. La pelea parecía inevitable, aunque comenzaron negociaciones.

En octubre de 2024, finalmente, el gobierno de Jorge Macri selló la paz con Hugo Moyano en el duro conflicto que se perfilaba: a cambio de no insistir en su reclamo de indemnizaciones, Camioneros logró una compensación para los empleados próximos a jubilarse y a quienes arrastraban problemas de salud desde la pandemia y no cumplían sus tareas, entre otros beneficios.

Sin embargo, un mes después, el entendimiento desató una tormenta para el líder de Camioneros: hubo tumultuosas asambleas en algunas empresas de recolección de residuos en CABA donde los trabajadores protestaron, entre gritos e insultos, por el acuerdo entre el gremio y el gobierno porteño por el cual no se pagarían indemnizaciones a los 6 mil empleados.

En los videos que circularon, que correspondieron a lo sucedido en la empresa Cliba, hubo ataques verbales contra Pablo Moyano (”Pablito traidor”, dijo un trabajador ante la cámara) y fuertes discusiones en una asamblea espontánea que promovieron los empleados: “¿Vos me asegurás que en 2028 nos van a pagar? ¡Qué nos van a pagar!”, le dijeron a un delegado.

La inédita muestra de rebeldía de las bases del moyanismo en la rama de recolección de residuos obligó a que el número 3 del sindicato, Marcelo Aparicio, difundiera un extenso video para explicar la situación a los trabajadores. Allí calificó de “privilegio” que se aplicara la Ley Moyano a los que se desempeñan en la ciudad y reconoció que ese “beneficio que ha otorgado la organización gremial no existe en la ley”, pese a lo cual permitió hasta ahora “cobrar las indemnizaciones y mantener la antigüedad correspondiente”.

Para colmo, el conflicto se agitó al calor de la pelea entre Hugo y Pablo Moyano desde fines de 2021 por sus diferencias ante la crisis financiera de la obra social: la rama de recolección de residuos, clave para el poder de Camioneros, fue escenario de la batalla familiar, donde partidarios de cada jefe del clan trataban de aprovechar el malestar de la gente para perjudicar al otro.

Por eso el líder sindical apartó a su hijo del reclamo de indemnizaciones y se puso al frente de las tratativas con la vicejefa del gobierno porteño, Clara Muzzio. Así se llegó al acuerdo final, en el que el sindicato aceptó que no se aplicara ahora la Ley Moyano, pero la inédita rebelión en las bases obligó a Hugo Moyano a reflotar en noviembre de 2025 el reclamo de indemnizaciones ante las concesionarias del sector, que rechazaron el planteo, de la misma forma que lo hizo el gobierno macrista.

Ahora, la inminente licitación del servicio de recolección de residuos en CABA, que avanzará a partir de la audiencia pública del 5 de octubre, amaga con actualizar la disputa por la aplicación de la Ley Moyano.

El sindicato, ahora fortalecido por la flamante reconciliación entre Hugo y Pablo, acaba de confirmar que no descuida los reclamos por la vigencia de su polémica “ley”: la semana pasada firmó un acuerdo por el traspaso de 50 trabajadores de la empresa DHL a Loginter que incluye el pago de las indemnizaciones.

Mientras, hay quienes recuerdan que en la Legislatura porteña todavía está el proyecto de Facundo del Gaiso (Coalición Cívica), presentado el año pasado y conocido como “Ley Anti Moyano”, que establece que si hay continuidad laboral en las empresas no corresponde indemnizar por parte del gobierno porteño y si se producen ceses los pagos deben correr exclusivamente por cuenta de las compañías, e incluso contempla sanciones para los funcionarios que convaliden este tipo de indemnizaciones con fondos del Estado.

¿El gobierno porteño está dispuesto a desactivar el pago de las indemnizaciones e ir a la guerra con el sindicato? Si fuera así, ¿esa decisión será utilizada como una herramienta electoral en un distrito donde los Moyano tienen muy mala imagen? ¿O se buscará algún acuerdo para impedir que todo termine en montañas de basura en las calles por las medidas de fuerza del sindicato? Son algunas de las dudas que irrumpen en un tablero donde se juega la solidez del imperio de Camioneros.

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El Gobierno prevé lanzar en los próximos días los pliegos para avanzar con la privatización de las centrales eléctricas Manuel Belgrano y José de San Martín. La preparación de la documentación ya estaba en marcha y el Ejecutivo espera ahora habilitar formalmente las licitaciones.

La operación contempla la venta de las participaciones que conserva Energía Argentina (Enarsa) en ambas compañías. El Estado posee el 65% de Termoeléctrica Manuel Belgrano y el 68,83% de Termoeléctrica José de San Martín, de forma que mantiene el control accionario de las dos sociedades.

La primera central está ubicada en Campana, provincia de Buenos Aires, y la segunda funciona en Timbúes, Santa Fe. Ambas son plantas de ciclo combinado de gran escala y cuentan con una potencia nominal instalada de alrededor de 800 megavatios cada una.

El Gobierno completó durante los últimos meses distintos pasos administrativos previos. En agosto, la Secretaría de Energía autorizó formalmente el cambio de titularidad de la Central Manuel Belgrano a favor de la sociedad Termoeléctrica Manuel Belgrano, uno de los movimientos necesarios para ordenar los activos antes de la venta.

En el mercado energético estiman que las participaciones estatales podrían representar varios cientos de millones de dólares. Algunas valuaciones privadas ubican las operaciones alrededor de US$300 millones por compañía, aunque el Ejecutivo todavía no fijó públicamente un precio y el valor definitivo dependerá de los pliegos y de las ofertas que se presenten.

La venta forma parte del proceso de privatización de Enarsa, autorizado por el Gobierno en 2025. El esquema consiste en desprenderse progresivamente de sus participaciones accionarias y reorganizar los activos de generación, transporte de energía e infraestructura que todavía permanecen bajo su órbita.

Uno de los principales antecedentes ya se concretó este año. El Estado vendió su participación en Citelec, controlante de Transener, por US$356 millones a un consorcio integrado por Genneia y Edison Transmisión. La operación permitió retirar a Enarsa del capital de la principal transportista eléctrica del país.