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La investigación que genera desconfianza dentro del Gobierno y el nuevo dilema que tiene La Libertad Avanza para 2027

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Javier Milei habló el pasado martes en el Congreso del IAEF ante cientos de empresarios y buscó hacerles una descripción de los pasos que tomó el Gobierno en materia de política económica. Tal y como suele hacer, en la parte final de su alocución dio sus perspectivas de cara a los desafíos que se vienen. “Ahora viene el crecimiento de largo plazo y Argentina tiene vectores concretos. Estamos frente al último trade electoral. Si sale bien, no nos para nadie”, cerró.

Si bien Milei es favorito para ganar los comicios del año próximo, no hay un panorama certero. Los actores económicos tienen motivos para pensar que hay incertidumbres de cara al año próximo producto de las experiencias previas en años electorales. Pese a todo, el Gobierno busca comunicar que los meses que se vienen estarán acompañados por una robustez más importante en los fundamentals de la macroeconomía como el panorama fiscal o el de reservas.

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Por ejemplo, esta semana se conoció que el Banco Central alcanzó la meta anual de compra tras sumar más de USD 10.000 millones en menos de medio año, excediendo cualquier expectativa de los analistas financieros. La meta es llegar a USD 17.000 millones. La incertidumbre es lo que sucederá de acá hacia adelante, ya que es altamente probable que crezca la demanda del billete. En un informe reciente, la consultora MAP estimó que entre el déficit de cuenta corriente, amortizaciones y dolarización de carteras se precisará cubrir cerca de USD 65.700 millones.

Es por eso que una fuente inobjetable de la Casa Rosada afirmaba la importancia de que la política acompañe a los esfuerzos del programa económico. “La tensión va a ser mayor si es que las expectativas sobre la reelección de Javier comienzan a relativizarse. Lo económico es lo central, pero la política tiene que acompañar”, afirma una fuente de la Mesa Política, mientras que otra indica: “La situación del oficialismo hasta hace algunas semanas no era ventajosa y no lo sigue siendo hoy, aunque está algo mejor. Todos estamos esperando datos importantes para saber cómo está la situación y cuál es nuestra fortaleza”, marca.

Javier Milei en el IAEF

El Mundial de Fútbol será una especie de período en el que la política entrará en una suerte de limbo. Es por eso que muchos dirigentes miran hacia lo que podría suceder después y las conversaciones que se deberán a empezar a diagramar hacia futuro. Ahí es donde surge una cuestión clave: la cúpula del Gobierno sabe que más temprano que tarde deben definir cuáles serán los acuerdos que cerrarán con ciertos gobernadores y espacios dialoguistas, los cuales incidirán en las colaboraciones que puedan tener en el Congreso y, además, en las elecciones del año próximo.

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Sigue habiendo matices sobre esos puntos. No está definido -en su totalidad- con quiénes pactar, con qué profundidad hacerlo y cuándo cerrarlo.

“Considero que deberíamos sentar a varios gobernadores cuanto antes y plantearles un acuerdo político. Desplazar la discusión hacia adelante solo va a generar más desconfianza. Si vos coqueteás con las provincias pero les decís que planeas discutir las condiciones más adelante, lo único que les estás diciendo es ‘voy a esperar lo máximo posible para estar en una posición de fortaleza y poder maximizarte todo lo que pueda’. Eso genera desconfianza”, opina una fuente del Gobierno.

Esta persona mira un episodio puntual. Le llama “La Negociación Valdés”. Esto hace referencia a lo que sucedió el año pasado cuando la cúpula del partido nacional decidió no acordar con el gobernador Gustavo Valdés para las elecciones provinciales de Corrientes. La Libertad Avanza perdió por amplio margen en las provinciales y en las nacionales sacó un diputado (al igual que el oficialismo provincial). “Pero eso no es lo más importante. Fue una declaración de principios hacia muchos gobernadores sobre cómo ibas a actuar con ellos. Ahí es cuando empezamos a perder votaciones en el Congreso”, considera. El nuevo gobernador, Juan Pablo Valdés, recibió el jueves a su par bonaerense Axel Kicillof, lo que dejó entrever una nueva posible alianza.

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Los estrategas de La Libertad Avanza defienden a muerte todas las posiciones adoptadas el año pasado, pero creen que habrá una posición más aperturista para el año próximo, la cual comprenderá más reglas de juego consensuadas con más gobernadores. “El año pasado vos te jugabas los lugares del Congreso para mantener las reformas. En el 2027 se pone en juego el futuro del país”, resalta uno de ellos, dando a entender la relevancia de lo que se viene.

La mesa política reunida en Casa Rosada

No son menores las tareas que está realizando el ministro del Interior, Diego Santilli, en el diálogo con jefes provinciales. Autorizado por el karinismo, se reunió con Alberto Weretilneck (Río Negro), con el tándem Hugo Passalacqua-Carlos Rovira (Misiones) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). Con este último también estuvo Lule Menem, el principal hombre de Karina Milei en el partido nacional. El oficialismo ahora quiere mantener conversaciones más fluidas en materia electoral y ahora busca meter en esa ecuación varios de los pliegos judiciales sobre los cuales tiene poder el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

El nuevo capítulo de desconfianza en el Gobierno

Vale detenerse en la política judicial. Este segmento es, probablemente, el que mayor divergencia genera entre diferentes sectores del Gobierno. El antecedente que más pesa es el desplazamiento del caputismo del Ministerio de Justicia impulsado por el karinismo en marzo de este año. Los operadores judiciales de la hermana presidencial ahora manejan los tiempos de los envíos de los pliegos de jueces, fiscales y defensores. Esto último generó amplias controversias que fueron cubiertas a lo largo de toda la última semana.

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Pero ayer terminó por proliferar un malestar que Santiago Caputo había manifestado en privado días atrás, cuando la Inspección General de la Justicia (IGJ), el organismo judicial que depende en última instancia de Mahiques, le pidió a la Fundación Faro, el think tank fundado por los laderos del asesor presidencial, presentar en un plazo de diez días el listado de donantes, los montos y fechas de las donaciones, además de aclarar sus movimientos financieros.

Caputo reposteó ayer a la noche una nota de La Nación que publicó esa información. “Debe ser una total casualidad”, afirmó. En su entorno atribuyen esa ofensiva al entorno de la hermana presidencial, particularmente a aquellos que constituyen su mesa judicial. Esto se correlaciona con lo que surge desde la otra campana, en la que acusan a los santiaguistas de haber advertido a Milei del nexo familiar que tenía la candidata a jueza María Verónica Michelli y que llevó a que pida dar de baja el pliego varias semanas atrás.

Horas después de publicada la nota que dio lugar a la nueva controversia, fuentes oficiales comentaron a Infobae que ese episodio ya había sido cerrado. “La IGJ solicitó únicamente el cumplimiento de un requisito documental. No implica la detección de irregularidades ni la apertura de una investigación. Informaron donaciones pero se olvidaron de adjuntar un anexo que es pedido por ley. Hay quienes tienen ganas de inventar entramados políticos de algo ordinario que encima es de carácter público”, indicó una fuente oficial al tanto de la controversia.

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Juan Bautista Mahiques y Martín Menem. REUTERS/Agustin Marcarian

Habrían existido conversaciones entre altos mandos de Justicia con los de la Fundación Faro que buscarón relativizar esa versión más persecutoria. Cualquiera sea el caso, es una gota de agua más en los mares de desconfianza donde nadan dos de los grupos más influyentes de todo el Gobierno, porque quienes fueron afectados por este episodio acusaron que se les están usando las palancas de la cartera judicial para apretarlos.

No faltó quien cerca de la hermana presidencial comenzó a esbozar que “no se puede ser policía y ladrón al mismo tiempo”. En el caputismo indican que durante su tiempo al mando de Justicia, el fiscal Eduardo Taiano tuvo poca voluntad para revisar asuntos ligados a la causa de ANDIS; pero los recelos de parte de los primos Menem siguen latentes porque creen que les han jugado mal sobre todo antes del inicio de la campaña electoral del año pasado.

En el Gobierno miran estas confrontaciones como una debilidad manifiesta. Es decir, miran que todas las discusiones están traspasadas por el matiz de la interna y que cada cosa que haga algún integrante del oficialismo será interpretada como una amenaza o posicionamiento para alguna de las huestes libertarias.

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Es por eso que el ministro de Economía, Luis Caputo, tomó una postura más cerrada y ya no emite posiciones tan abiertas en las reuniones de mesa política. En un encuentro que se hizo meses atrás propuso una suerte de acuerdo amplio de nivel político y económico con gobernadores para poder garantizar una buena base de gobernabilidad. Esto fue visto como una amenaza de parte de Karina Milei porque interpretó que se estaba inmiscuyendo en asuntos que no eran de su competencia. “Ahora se retrotrajo y habla mucho menos”, convalida una fuente que habla con “Toto”.

La pregunta que se abre para 2027

Las peripecias de la interna no son una novedad. Sí lo es, por ejemplo, la autonomía que adquirió en las semanas recientes la senadora nacional Patricia Bullrich. Al interior del Gobierno hay quienes hablan de que creó el “mileismo crítico”, el cual se caracteriza por contener el voto duro y “diferenciarse en las cosas que ni los más fanáticos pueden explicar” como el apoyo político del Presidente a Manuel Adorni o el rechazo al pliego de Michelli.

“Son gestos que podrían servir para expandir apoyo entre sectores republicanos, por ejemplo. Pero eso funciona cuando las acciones son coordinadas. Y acá no pasa eso, ella logra capitalizarlo y desgasta a los Milei”, afirma una importante fuente libertaria en extrema reserva. La lectura entre varios funcionarios es que Bullrich sabe que si se pusiera en una postura de sumisión, Karina no dudaría en comerle capital político y que por eso actúa como en las últimas semanas: para condicionar cualquier tipo de avance contra ella.

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El interrogante que surge hacia adelante es el siguiente. Si Bullrich mantiene su adhesión y su influencia al interior del Gobierno, ¿eso le será correspondido con mayor poder en la toma de decisiones? Así como tomó una postura clara alrededor de distintas controversias recientes, no se podría descartar que esas consideraciones las pueda llevar al plano electoral y más particularmente al armado de las listas. Todas las huestes libertarias contactadas por este medio son conscientes de este punto.

Patricia Bullrich en la última sesión ordinaria en el Senado. (NA)

Así, puede presentarse el dilema de que los estrategas políticos tengan que decidir un acuerdo electoral tanto con los gobernadores y espacios dialoguistas en distintas provincias, pero que, a diferencia del año pasado, quienes tengan poder interno busquen generar resistencia ante el verticalismo del armado de listas. Por su parte, el karinismo ya advierte que si las cuentas digitales siguen burlándose de su sector el margen para incluir a Las Fuerzas del Cielo en listas nacionales y provinciales será más escueto.

“Para mí es muy prematuro pensar en algo así. La mesa política debería ser fundamental para definir un rumbo y, en todo caso, que Karina sea la última decisora. Esto no quita que piense que Patricia va a tensionar para poder avanzar con lo que ella considere”, afirma una persona de muchísima confianza de la secretaria general de la Presidencia.

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El bullrichismo opina que tanto Karina como los Menem han tenido una cerrazón en su estrategia electoral del año pasado y que La Libertad Avanza no puede ir a la reelección con varios actores en contra esta vez. Sin un cargo en mente, los armadores de la ex ministra quieren poner en discusión algunos nombres como el de Mariano Campero en Tucumán o el de Martín Arjol en Misiones. También creen que el diálogo es complejo porque los gobernadores no tienen un incentivo claro para decidir eliminar o modificar el esquema de las PASO con un panorama tan incierto. “Nadie va a entregar un mecanismo de resolución electoral en este tiempo”, afirman.

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Marketing Sports: la responsable de la despedida de Messi que muestra inconsistencias sobre su fundación – Nexofin

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La sociedad anónima Marketing Sports fue creada el 20 de septiembre de 2018 por el empresario autopartista Mariano Martín Camerota y Analía Gabriela Arcuri. En apenas siete años, la compañía pasó de fabricar las mascotas de la Copa Argentina a organizar eventos vinculados con la selección nacional de fútbol.

La firma comenzó prestando servicios para la productora Torneos antes de entablar un vínculo directo con la cúpula de la AFA. Su primer gran contrato oficial con el combinado nacional se concretó en 2021, cuando organizaron la recepción del plantel campeón de la Copa América en el predio de Ezeiza.

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Instagram de Marketing Sports

Según La Nación, a finales de 2019 la empresa ya participaba en grandes espectáculos deportivos al organizar la apertura de la final de la Copa Argentina. Si bien en su sitio web institucional aseguran contar con más de veinte años de trayectoria, su registro formal y sus publicaciones digitales se concentran exclusivamente en actividades vinculadas al fútbol argentino.

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Recientemente, la productora estuvo en el centro de la polémica tras organizar la despedida oficial de Lionel Messi en el estadio Monumental. Frente a las múltiples críticas por fallas técnicas y organizativas, la empresa emitió un comunicado oficial culpando al Club Atlético River Plate por no autorizar estructuras clave.

La productora de la AFA responsabilizó a River por los imperfectos en la despedida de Messi

Por su parte, desde la institución de Núñez rechazaron las acusaciones y tildaron los argumentos de la productora como “una afirmación objetivamente falsa”. Las diferencias operativas entre los organizadores y el club anfitrión generaron un fuerte revuelo mediático durante el homenaje al capitán argentino.

La entrada Marketing Sports: la responsable de la despedida de Messi que muestra inconsistencias sobre su fundación se publicó primero en Nexofin.

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Constitucionalistas critican el giro de la Corte por la ley de tierras y hablan de “arbitrariedad”

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Luego de que la Corte Suprema restableciera los límites a la venta de tierras a extranjeros a través de una medida cautelar interina, constitucionalistas consultados por cuestionaron el giro del máximo tribunal y los fundamentos de la decisión.

Los expertos criticaron la medida -algunos la calificaron como “arbitraria” y otros le atribuyeron motivaciones políticas-; en cambio, destacaron la postura del juez Carlos Rosenkrantz.

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El martes de la semana pasada, la Corte Suprema revocó, invocando un motivo procesal, la sentencia que había declarado inconstitucional el artículo 154 del decreto 70/2023 de Javier Milei. Ese artículo derogaba la ley de tierras, por lo que con el fallo quedaron eliminados los límites a la compra de campos por parte de extranjeros.

La decisión generó críticas, protestas y una avanzada opositora en el Congreso para impulsar el rechazo de todo el DNU. Los movimientos de los bloques críticos en la Cámara de Diputados habían arrinconado al oficialismo.

Este nuevo fallo de la Corte ayuda al Gobierno, que necesitaba desactivar un eventual rechazo al DNU 70.

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La protesta callejera contra la Corte por el fallo que liberó la venta de tierras a extranjerosNicolás Suárez

La resolución de hoy fue firmada por los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, y los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci. Carlos Rosenkrantz votó en disidencia.

Frente a este escenario, el constitucionalista Alejandro Carrió planteó: “No parece que la próxima sesión de la Cámara de Diputados pueda ser una razón atendible [como un motivo de urgencia para dictar la cautelar interina] aún cuando, por supuesto, no ha sido ese el fundamento del voto mayoritario”.

El abogado expresó que el voto en disidencia de Rosenkrantz le resultó “más consistente” que el de la mayoría: “No alcanza con hablar genéricamente de un peligro ambiental si no se entiende en qué consiste. [Rosenkrantz] dice que el hecho de que la tierra esté en manos extranjeras no la convierte en dañina para el medio ambiente”.

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Alejandro Carrió, abogado especializado en Derecho Penal y Constitucional de la UBAMariana Araujo

En el mismo sentido, con ironía, el constitucionalista Osvaldo Pérez Sammartino escribió: “El extranjero, como se sabe, es proclive a dañar el ambiente, mientras que el ciudadano argentino es esencialmente ecologista”.

Es que la definición de la Corte se tomó en respuesta a un planteo de una asociación ambientalista, dos grupos indígenas y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda, que pidieron que la Corte aclarara si el fallo de la semana pasada implicaba también un rechazo a un amparo que tenían presentado ellos contra la ley de tierras, que alegan “derechos de incidencia colectiva vinculados con la protección del ambiente y derechos propios de los pueblos y comunidades indígenas”.

Al margen de este argumento, fueron varios los constitucionalistas que destacaron los fundamentos de Rosenkrantz. Coincidieron en que la Corte intervino originariamente en un asunto sin que antes se haya pronunciado la instancia anterior y en que el demandante no cuenta con legitimación activa para un expediente de estas características.

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Félix Lonigro afirmó que “la Corte está haciendo política”. En concreto, el tribunal devolvió la causa al juzgado federal de Bariloche, donde se inició este caso, para que todo eso se discuta allá. Pero mientras tanto, dictó la medida cautelar “interina” que suspende los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023 hasta tanto el juzgado de Bariloche se pronuncie sobre la legitimación de todos los que promovieron este caso y examine su pedido de medida cautelar.

El constitucionalista Félix LonigroInstagram – Félix Lonigro

“¿Qué es esto? Política –sostuvo Lonigro–. La Corte, normalmente, no debería haber hecho esto. Debería haber dicho: ‘No intervengo todavía. Que intervenga el juzgado de Bariloche’, y no hacer nada. Pero, como fueron tantas las críticas porque había dejado desamparada la ley de tierras, entonces ahora muñequea un poco y suspende este [artículo del] decreto 70”.

Consultado por , Daniel Sabsay evaluó que “no es bueno que la Corte vaya y venga sobre el mismo tema en poco tiempo”.

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Daniel SabsayMartín Lucesole

Entretanto, Juan Vicente Sola indicó que “el efecto [del nuevo fallo] es, de alguna manera, suavizar el debate político actual que ha tomado un carácter extremo y en esto trata de postergar un tema que considero inevitable de decidir”.

Lorena Gonzalez Tocci, profesora de Derecho Constitucional (UBA y San Andrés), sostuvo que “el impacto que generó la sentencia del 29 de septiembre es innegable, y de alguna manera esperable” por los alcances de esa sentencia, por su “timing” y “sobre todo por el tsunami que generó el dictado del (inconstitucional) decreto 70/23 que sigue esquivando tanto el control legislativo como el judicial”.

Sin embargo -advirtió-, las “reacciones y sensaciones” que generó “no pueden guiar ni mucho menos condicionar el resultado de las decisiones judiciales”, que deben “apoyarse en fundamentos sólidos y en razones públicas, no en modulaciones personales de los jueces que, ante cualquier presión o descontento por el impacto de una decisión, adaptan y desarman las reglas del juego”.

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Tocci destacó, en cambio, la disidencia de Rosenkrantz. Dijo que no olvidó que una regla básica para llevar un caso a los tribunales es la acreditación de una “legitimación adecuada”, pero que además recordó que para poder dictar una cautelar, “medida excepcionalísima”, se requiere la “acreditación -aunque sea mínima- del peligro ambiental grave e irreversible”; algo que, según Tocci, no quedó acreditado en las presentaciones de Árbol de Pie.

En la misma línea, Sebastián Guidi, doctor en Derecho por la Universidad Yale y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Di Tella, afirmó que “queda la apariencia de que ni una ni otra decisión [la sentencia de la semana pasada y la nueva] fueron motivadas únicamente en el derecho”. Guidi dijo: “Las decisiones impopulares van y vienen, lo que verdaderamente daña a la Corte es que se perciba que se maneja con arbitrariedad en general. Y lo de hoy no ayudó”.

Mientras, Andrés Gil Domínguez planteó, en clave política, que “es un fallo que favorece al Gobierno porque mantiene la vigencia del decreto” al “debilitar el planteo de la oposición y darle argumentos a los aliados para que no apoyen el rechazo [en el Congreso]”. Y agregó: “El trámite excepcional utilizado por la Corte Suprema y este fallo demuestran que la anterior sentencia fue arbitraria”.

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Diego Armesto también posó la mirada en el Poder Legislativo: “Pasa por allí el tema. [La Corte] está dando un plazo para que se utilicen las herramientas institucionales para que se dé una solución definitiva a este entuerto que se ha planteado en torno a la ley de tierras”. Es decir, desde su perspectiva, le brindó un “margen” a los legisladores nacionales para que consensúen una nueva ley de tierras que “sobrepase” el artículo 154 del DNU 70 y eche por tierra la posibilidad de que haya nuevos giros en el asunto.

Por último, Magalí Miranda, profesora de Derecho Constitucional y Derecho Político de la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Católica de Córdoba, apuntó que hay ciertos “problemas institucionales que subyacen al fallo”. Entre ellos, mencionó la “falta de integración de la Corte”, compuesta hoy por tres miembros, que derivó en la convocatoria de los conjueces, y “la necesidad de que el Congreso ejerza un verdadero control sobre los DNU” y discuta la reforma de la ley que regula este tipo de decretos.

Magalí Miranda, profesora de Derecho Constitucional y Derecho Político de la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Católica de CórdobaMagalí Miranda



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Argentina e Israel firmaron un memorándum de cooperación en defensa: qué implica y qué armamento podría incorporar el país

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Argentina e Israel profundizaron su cooperación en defensa con la firma de un nuevo memorándum de entendimiento, días después de la llegada de los primeros fusiles de asalto ARAD para las Fuerzas Armadas. El acuerdo se suma a una agenda que incluye la modernización del equipamiento militar y posibles adquisiciones de artillería autopropulsada y drones.

Durante una columna en Infobae al Mediodía, Andrei Serbin Pont explicó el alcance del acercamiento bilateral, repasó las versiones sobre futuras compras y se refirió a la licitación para construir el muelle militar de la Base Naval Integrada de Ushuaia.

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El documento fue firmado por el jefe del Estado Mayor General del Ejército, teniente general Carlos Presti, y la embajadora de Israel en la Argentina, Ahuva Spieler Reshef. También participó el coronel Amit Guy, agregado de Defensa israelí en el país.

“Esto es una cosa que se viene ya negociando hace varios meses y que tiene ya algunos resultados que se han visto en estos días y otros que se espera que puedan venir”, señaló Serbin Pont.

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El acuerdo con Israel y la llegada de los fusiles ARAD

El memorándum se inscribe en una relación que tuvo otro antecedente en 2024, cuando el entonces ministro de Defensa, Luis Petri, visitó Israel. La agenda de aquella etapa incluyó ciberdefensa, drones, protección de fronteras, comunicaciones satelitales y provisión de armamento.

Uno de los resultados concretos del acercamiento fue la incorporación inicial de 250 fusiles ARAD, fabricados por la empresa israelí Israel Weapon Industries (IWI). El nuevo armamento está destinado a reemplazar progresivamente al FAL, utilizado por el Ejército argentino durante décadas.

“Se han convertido en el reemplazo del mítico fusil FAL del Ejército argentino después de 66 años de servicio”, afirmó el analista.

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La partida incluye dos variantes: el ARAD 7, de calibre 7,62 × 51 milímetros, destinado principalmente al Ejército, y el ARAD 5, de calibre 5,56 × 45 milímetros, previsto también para la Armada y la Fuerza Aérea. La provisión contempla accesorios y equipamiento complementario.

El contrato tiene un tope de USD 12 millones. Según las estimaciones mencionadas durante el programa, cada fusil cuesta alrededor de USD 1.000, aunque el valor total depende de los componentes incluidos. Serbin Pont remarcó que se trata de una entrega inicial limitada, dentro de un proceso de incorporación que podría continuar con nuevos lotes.

Las Fuerzas Armadas comenzaron la incorporación de fusiles de asalto ARAD para reemplazar de forma paulatina al modelo FAL (Ministerio de Defensa)

Artillería y drones: los sistemas israelíes que podría incorporar la Argentina

La firma del memorándum volvió a poner el foco en las posibilidades de cooperación militar entre la Argentina e Israel. Entre las versiones sobre eventuales adquisiciones aparecen sistemas de artillería autopropulsada y drones de vigilancia, aunque por el momento no hay confirmaciones oficiales sobre contratos para incorporar ese equipamiento.

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Andrei Serbin Pont mencionó dos alternativas que podrían responder a necesidades de modernización de las Fuerzas Armadas: los sistemas de artillería Atmos y los vehículos aéreos no tripulados de la familia Hermes. No obstante, aclaró que se trata de trascendidos y que no puede darse por hecho que las operaciones estén en marcha.

Una de las posibilidades es el Atmos, un sistema de artillería autopropulsada sobre ruedas de 155 milímetros. Su eventual incorporación permitiría reforzar la movilidad y la capacidad de apoyo de fuego del Ejército, en un contexto de renovación de medios terrestres y de incorporación de vehículos blindados Stryker.

Según las estimaciones mencionadas por Serbin Pont, cada sistema podría costar entre USD 6 millones y USD 7 millones, aunque el monto dependería del equipamiento, las municiones y los servicios incluidos en una eventual contratación.

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La eventual adquisición de vehículos aéreos no tripulados de la familia Hermes permitirá reforzar la vigilancia marítima y de fronteras (REUTERS/Amir Cohen)

Otra de las alternativas que mencionó el analista es la incorporación de drones militares de media altitud y larga autonomía, conocidos como MALE. Dentro de la oferta israelí se encuentran los modelos Hermes 450, 600 y 900, plataformas que podrían ampliar las capacidades argentinas de vigilancia y reconocimiento.

Serbin Pont estimó que cada aeronave podría rondar los USD 10 millones, sin contemplar necesariamente el costo total de su puesta en servicio. Un programa de estas características también requeriría estaciones de control, capacitación, mantenimiento y soporte logístico.

El analista consideró que la incorporación de drones podría resultar especialmente relevante para las tres fuerzas, tanto para la vigilancia marítima como para el control de las fronteras y el apoyo a las operaciones militares.

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Por ahora, tanto el Atmos como los Hermes deben considerarse posibles alternativas de adquisición y no compras confirmadas. El memorándum establece un marco de cooperación entre ambos países, pero su firma no implica, por sí sola, que esos sistemas hayan sido seleccionados o contratados.

La licitación para la construcción del muelle de la Base Naval Integrada de Ushuaia cuenta con un presupuesto oficial de 189.321 millones de pesos

Ushuaia: licitación para construir el muelle de la base naval

En paralelo con la agenda de cooperación internacional, la Argentina avanzó en otro proyecto de infraestructura militar. La licitación para construir el muelle de la Base Naval Integrada de Ushuaia quedó formalizada mediante la Resolución 704/2026, publicada en el Boletín Oficial.

La obra tiene un presupuesto oficial de $189.321 millones, equivalente a unos USD 120 millones según la estimación mencionada por Serbin Pont. El procedimiento se tramitará a través de la plataforma Contratar y contempla la construcción del muelle.

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La iniciativa integra un proyecto de mayor alcance para desarrollar infraestructura naval en Tierra del Fuego. “El plan íntegro para la base es 700 palos y es a largo plazo”, explicó el analista.

Para Serbin Pont, la construcción del muelle constituye una de las prioridades inmediatas. “Que el muelle avance creo que es probablemente lo más importante en este momento”, afirmó.

La adjudicación y el inicio de los trabajos permitirán determinar el avance efectivo de una obra estratégica para la presencia argentina en el Atlántico Sur y su proyección hacia la Antártida.

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