El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó que los pedidos de servicios y reclamos vinculados con la basura bajaron 70% entre enero y julio de 2026. La medición reúne contactos de vecinos realizados a través de Boti, la aplicación BAX, la línea 147, la plataforma de Gestión Colaborativa y redes sociales.

Según los datos oficiales, en enero se gestionaron más de 65 mil pedidos y reclamos, mientras que en julio el número quedó por debajo de 20 mil. La administración porteña atribuyó la variación a un plan que incluyó fiscalización sobre las empresas de recolección, refuerzo de cuadrillas, herramientas tecnológicas y operativos en la vía pública.

La reducción coincidió con un relevamiento de la consultora Julio Aurelio Aresco, basado en 2.800 casos en la Ciudad de Buenos Aires. El 62,4% de las personas consultadas se manifestó a favor de una fiscalización más estricta y de multas para quienes no respeten las normas sobre disposición de basura.

El informe de la Ciudad informó además una efectividad de respuesta del 92% en sus canales de contacto. En esa estadística, una solicitud corresponde al pedido inicial de un servicio municipal, como el retiro de poda, escombros o electrodomésticos. Un reclamo se registra cuando el servicio no se resuelve dentro del plazo previsto o cuando presenta deficiencias.

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Los reportes vinculados con el servicio de limpieza pública en X, Instagram, Facebook y TikTok llegaron a 7.483 en febrero, según la información difundida por la Ciudad. En agosto, la cifra fue de 1.877, una disminución del 75% frente a aquel pico.

La administración también indicó que las deficiencias por basura fuera de los contenedores descendieron 65% entre abril y agosto. El dato forma parte de un balance sobre los operativos realizados en distintos barrios.

“La Ciudad amanece todos los días limpia y el desafío que asumimos es mantenerla limpia incluso durante las horas más críticas, desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche”, afirmó Jorge Macri. “Estamos trabajando muy agresivamente con el tema de la basura y los vecinos empezaron a notar los resultados y a valorarlo”, agregó.

El estudio de Aresco consultó sobre conductas como sacar bolsas fuera del horario permitido o utilizar los contenedores hasta desbordarlos. La Ciudad sostuvo que esas situaciones limitan la capacidad disponible para el resto de los vecinos y pueden derivar en residuos sobre las veredas.

“Queremos que los vecinos vivan y disfruten de una Ciudad cada vez más linda, limpia y ordenada”, señaló Gabriel Sánchez Zinny, jefe de Gabinete porteño. “Para eso necesitamos que todos hagamos nuestra parte: el Estado controlando y garantizando un buen servicio, las empresas recolectoras cumpliendo con sus obligaciones y los vecinos, comercios y consorcios respetando las normas”, añadió.

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La Secretaría de Higiene informó que supervisa a diario los recorridos, el barrido, la limpieza de basura diseminada y el lavado de contenedores a cargo de las empresas concesionarias. Cuando detecta fallas, el área aplica penalidades previstas en los contratos.

El plan sumó cámaras de supervisión y modelos de inteligencia artificial en los camiones recolectores. Según la Ciudad, esas herramientas permiten controlar recorridos, verificar el estado de los contenedores y revisar aspectos de la operación en tiempo real.

“Reforzamos las cuadrillas de limpieza y recolección en zonas de mayor densidad residencial, ejes gastronómicos y comerciales, según las dinámicas de cada zona”, afirmó el secretario de Higiene, Matías Lanusse.

La administración porteña indicó que también ofrece instancias de diálogo, capacitación y orientación técnica a comercios, cámaras empresarias, administradores de edificios y el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH). El objetivo declarado es facilitar el cumplimiento de las reglas para la disposición de basura.

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La normativa establece que los residuos húmedos deben sacarse de domingo a viernes entre las 19 y las 21. La franja rigió originalmente de 20 a 21 desde 2001 y se amplió en 2020.

De acuerdo con el Gobierno porteño, más de 250 camiones pesados realizan cada noche el servicio de recolección. La administración sostuvo que esa ventana horaria busca reducir el tiempo que las bolsas permanecen en la calle y evitar su exposición a altas temperaturas, olores, plagas, lluvias o manipulación informal.

Para los locales que cierran antes de las 19, la Ciudad mencionó alternativas como la reorganización de turnos, planes de reducción de basura en origen, servicios privados habilitados y coordinación con cooperativas de reciclaje, sin costo adicional.

Desde el inicio de los controles intensivos, el Gobierno porteño informó 756 clausuras preventivas. La cifra equivale al 0,5% de los aproximadamente 150 mil comercios que funcionan en la Ciudad, según la estimación oficial.

Los números atravesaron la semana: el proyecto de Presupuesto Nacional, con sus proyecciones y recortes; la actividad económica; el alza de la inflación mayorista; la caída del empleo y la suba de la tasa de interés que dispuso la Fed. Pero detrás de todos esos números hubo otra discusión. El llamado de atención de Patricia Bullrich, cuando dijo que no quiere ser tomada por tonta, fue político.

El telón de fondo sigue siendo el mismo: el Gobierno busca avanzar con la suspensión o derogación de las PASO, pero encuentra obstáculos. La eliminación de las primarias facilitaría el escenario para que Javier Milei sea reelecto.

En ese contexto hay movimiento entre los gobernadores aliados. Diego Santilli recibió el miércoles a Raúl Jalil, de Catamarca; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Gustavo Sáenz, de Salta, y Osvaldo Jaldo, de Tucumán. El jueves se reunió con Carlos Sadir, de Jujuy, y Gustavo Melella, de Tierra del Fuego.

“Milei cumplió y avanzó con el acuerdo por zonas frías y cálidas”, confirmaron dos de ellos. También dijeron que no se trató el tema de fondo: la suspensión de las PASO.

La política, entonces, sigue esperando definiciones. Y mientras tanto, la economía empieza a mostrar una fotografía bastante más compleja. En los primeros seis meses del año cerraron en el país 8734 empresas y unidades productivas y se perdieron 136.410 puestos registrados, según la Secretaría de Trabajo. Como contrapartida, aumentó la cantidad de monotributistas, donde conviven pequeños emprendedores y quienes se la rebuscan para salir adelante.

La pujanza de la industria del petróleo y de la minería no alcanza para compensar la caída del empleo. Y se conoció un dato, lateral pero importante, que ayuda a completar el cuadro. Mientras la mora, a nivel nacional, alcanza al 26,6 de los deudores (EcoGo y Universidad Austral), en las provincias donde se concentra el crecimiento por efecto del petróleo y la minería, la mora no es sustancialmente menor: por ejemplo, en San Juan alcanza al 35,6 por ciento; en Salta, 31 por ciento y en Neuquen, 23,6 por ciento. Hay ganadores, pero también perdedores.

Aquellos datos de la Secretaría de Trabajo están de acuerdo con los que arrojó la Encuesta Permanente de Hogares (EPH-Indec): hay 100.000 desocupados más; el desempleo creció al 7,9 por ciento (1,8 millones) y creció en Gran Córdoba, provincia que es un bastión electoral de Milei; Gran Santa Fe y en el conurbano PBA, vinculadas con sectores fabriles. Neuquén, en cambio, tiene uno de los niveles más bajos (3,2 por ciento).

Hay otro dato para mirar. El empleo informal alcanzó el 45 por ciento, por encima del 42,6 por ciento del tercer trimestre de 2024. La tasa de empleo, es decir, la de ocupados, creció, sí, del 44,5 al 45 por ciento: en la Argentina, según ese informe, se considera ocupado al que trabaja “al menos una hora”.

La industria también mostró señales negativas. En julio, el uso de la capacidad instalada fue de 58,2 por ciento, según el Indec; 0,9 por ciento menos que en junio. De todas maneras, el dato quedó a mitad de camino entre el 61,4 por ciento de septiembre de 2025 y el 53,1 por ciento de diciembre último.

El informe de avance del PBI difundido por el Indec el jueves permite completar la fotografía. Aunque la economía se desaceleró en el tercer trimestre, en lo que va del año acumula un crecimiento del 2,2 por ciento. Entre los ganadores aparecen la pesca, con un 44,7 por ciento; la minería, con un 16,4 por ciento; y el agro, con un 6,9 por ciento. Entre los perdedores, el comercio mayorista y minorista, con 0 por ciento, y la industria manufacturera, con una caída del 2,1 por ciento.

Con ese escenario económico de fondo llegó el proyecto de Presupuesto Nacional. Fue más realista que el del último año. Pero su cumplimiento no está garantizado. Prevé un crecimiento para 2027 del 4 por ciento, superior al cálculo de todos los economistas, y una inflación anual del 18 por ciento, bastante inferior al 32 por ciento con el que terminará 2026. Este último dato supone un índice mensual de inflación de 1,4 por ciento: lejos del 0 por ciento y, aunque en términos argentinos sería aceptable, no será fácil de lograr.

El Gobierno necesita, entonces, que varias piezas encajen al mismo tiempo. Que se logre ese dato de inflación minorista; que vuelva a acomodarse la inflación mayorista, que en julio había cerrado con el celebrado 0,8 por ciento pero que en agosto subió al 2,1 por ciento por la suba del petróleo; y que la turbulencia electoral propia de la Argentina no juegue una mala pasada. Si eso ocurre, la estabilidad inflacionaria podría impactar a favor de Milei en las urnas.

Pero hay otra variable a la que los votantes también le prestan atención: a esta altura del año, el salario real del sector privado perdió el 3 por ciento. Por eso, el Presupuesto promete que el año próximo los salarios crecerán 25,4 por ciento y le ganarán a la inflación. La pregunta es otra: ¿cuál será el dato real de septiembre de 2027, que es el que mirarán los votantes?

En el nuevo proyecto se prevé terminar 2027 con un superávit primario de 1,3 por ciento y un excedente financiero del 0,2 por ciento. Son números menores que los previstos para 2026, calculados en 1,5 y 0,3 por ciento, respectivamente.

Y allí aparece el otro frente de la discusión. La polémica, como era previsible, llega por el impacto en las áreas de Universidades y Discapacidad. Según Analytica, las transferencias devengadas corrientes al sector son, a esta altura, de 6,4 billones de pesos, apenas por encima de 2024. Mientras las universidades solicitan para el año próximo 11 billones, el Ejecutivo está dispuesto a asignar 7,3 billones en el Presupuesto.

El recorte que introdujo en materia de universidades, del 33 por ciento, puede tener una explicación: la necesidad que tiene el Gobierno de que cierren las cuentas, porque el superávit financiero se acerca a cero y la recaudación no se recupera.

La situación en Discapacidad es distinta. El tema no tiene prácticamente impacto financiero. Por eso Patricia Bullrich reaccionó cuando se enteró de que Economía había dejado de lado, en la redacción del Presupuesto, algunos compromisos que ella había tejido con la oposición.

Bullrich entiende que la decisión de recortar en esa área fue política y que no solo no le informaron lo que ocurriría, sino que la dejaron expuesta frente a la oposición y la debilitaron como jefa de bloque. Cuando afirmó que fue “una bomba atómica”, estaba diciendo que la víctima había sido ella. Y aprovechó, una vez más, para tomar distancia de la gestión de Milei.

La disputa tuvo consecuencias concretas y Bullrich logró un resultado favorable. El Gobierno revisará el capítulo de Discapacidad y va a retomar las negociaciones que se habían desarrollado antes de la presentación del proyecto. El Gobierno ahora analiza un refuerzo de fondos y modificaciones al esquema propuesto, mientras busca evitar la prórroga de la emergencia durante 2027.

Por otro lado, el escenario externo tampoco ayuda. Como se dijo, la Fed subió la tasa de interés, por primera vez en tres años. Su objetivo es bajar la inflación en los Estados Unidos, que en agosto fue del 3,4 por ciento interanual, y acercarla al 2 por ciento.

Eso enfriará la economía norteamericana. Pero el correlato para la Argentina es otro: aleja la posibilidad de que el país vuelva a los mercados —por más que, en forma preventiva, Luis Caputo haya pedido en el Presupuesto una autorización para endeudarse por 34.000 millones de dólares— y fortalece al dólar. No es una buena noticia para nuestro país, donde el dólar es un ancla para bajar la inflación e inducir la baja de los precios de los commodities.

Milei lo dijo el lunes, una vez más, ante los legisladores de LLA que lo visitaron en la Casa Rosada: el rumbo no es negociable. Está convencido de que su camino es el adecuado para cambiar la matriz productiva del país, aun cuando el costo sea alto.

Se acerca el año electoral y, en la punta de su mesa de trabajo, sigue estando presente su principal símbolo: la motosierra.

La encuesta que acaba de cerrar Lucas Romero, de Synopsis, sigue mostrando un escenario de segunda vuelta y de final cabeza a cabeza. El 54 por ciento de los encuestados opina que este año el país está peor, pero el número baja al 48 por ciento cuando se pregunta por el año próximo. Y el número de indecisos es del 15 por ciento, capaz de inclinar el resultado en cualquier dirección.

Por eso, Milei necesita apostar a derogar las PASO y ganar en primera vuelta.

Javier Milei

Tras el cortocircuito con el Ejecutivo, el bloque de La Libertad Avanza en Diputados define junto a la Casa Rosada y bloques aliados un nuevo proyecto sobre discapacidad que será presentado el próximo miércoles en el plenario de comisiones.

La iniciativa oficialista buscará reemplazar el polémico capítulo de recortes incluido en el proyecto de Presupuesto 2027, el cual generó fuertes tensiones internas y fricciones con legisladores aliados que rechazaban convalidar un nuevo veto de Javier Milei.

Interna en el Gobierno: Bullrich volvió a cuestionar no haber sido informada de los cambios en discapacidad

Si bien el nuevo texto mantendrá una actualización bimestral de las prestaciones, trascendió que incorporará nuevos filtros para el acceso a las pensiones bajo el argumento de “que la cobre el que la necesita”, priorizando la gravedad y el nivel de inhabilitación de los beneficiarios.

Por su parte, la oposición nucleada en el Congreso de la Nación presiona para extender la vigencia de la Emergencia en Discapacidad hasta diciembre de 2027, argumentando demoras en su implementación y cuestionando la eliminación de aranceles universales proyectada originalmente por el Gobierno.

La entrada El oficialismo prepara un nuevo proyecto sobre discapacidad tras las tensiones con aliados y Patricia Bullrich se publicó primero en Nexofin.

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