POLITICA
Golpe al Mercosur: Brasil quiere revisar la “letra chica” de la adhesión argentina al Tratado Transpacífico
Las amplias sonrisas del canciller Pablo Quirno y el ministro de Comercio neocelandés, Todd Mc Clay, lo decían todo. El responsable de la diplomacia nacional entregaba ese miércoles al funcionario de Nueva Zelanda, en los márgenes de la reunión de la Ocde en París, la carta de intención con el pedido de incorporación argentina al Tratado Transpacífico, un acuerdo de libre comercio que incluye a 12 países y abarca nada menos que al el 13 por ciento del comercio mundial. El objetivo del pedido, escribió el canciller, fue claro: “integrarnos a uno de los acuerdos comerciales más amplios, modernos y dinámicos del mundo”.
La euforia del Gobierno, que incluyó al presidente Javier Milei y se manifestó en múltiples posteos del ejército digital que responde al asesor presidencial Santiago Caputo, contrastó con la sorpresa con que la noticia se recibió en Brasilia, Montevideo y Asunción. Sin información previa sobre la iniciativa argentina, desde Brasil, principal socio en el Mercosur, apenas disimularon su malestar, y manifestaron fuera de micrófono su resquemor en relación a los efectos de la eventual incorporación argentina a un bloque que, entre sus doce países miembro, integra el Reino Unido, contendiente en el diferendo diplomático por la soberanía de las Islas Malvinas.
“Hay que evaluar si vulneran los compromisos asumidos por el Estado argentino con el Mercosur”, afirmaron a desde Itamaraty, la diplomacia brasileña. Sin declaraciones públicas, las fuentes de la diplomacia brasileña se referían a la intención de ingresar al Tratado Transpacífico, pero también al acuerdo comercial y de inversiones firmado a principios de año por Argentina con Estados Unidos, del que Brasilia espera conocer “la letra chica”.
Más allá de las reglas de cortesía que impone la diplomacia, una regla que cumple al pie de la letra la embajada brasileña en el país, desde Brasil reiteran que el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva prioriza como política de Estado la integración al mundo “desde el Mercosur”, un conglomerado cuyo funcionamiento Milei ha criticado duramente en todas las cumbres y reuniones del bloque de las que participó desde que llegó a la Casa Rosada.
En principio, desde el Gobierno no niegan que la iniciativa de sumarse al Tratado Transpacífico no pasó por el tamiz de sus pares del Mercosur, y se mostraron al tanto de la molestia de Brasil. Pero se escudaron en que su principal socio comercial y el resto de los socios del Mercosur han buscado acuerdos con terceros países o grupos de países en el pasado reciente. Incluso Uruguay, bajo el gobierno de Luis Lacalle Pou, inicio el proceso de adhesión a ese mismo tratado, y sin vetos de sus integrantes está adelantado en la posibilidad de su incorporación, que en el caso de Argentina, y según funcionarios del Gobierno, demandará al menos un año. “Uruguay ya avanzó, Brasil ha hecho siempre lo que quiso y Paraguay tiene tratados con países como Taiwán”, contraatacaron. Y afirmaron que esta iniciativa argentina “puede ayudar a generar un replanteo en el funcionamiento del bloque”, que según el Presidente no ha cumplido “con los objetivos centrales” de su creación, como mercado común, libre circulación efectiva y “apertura suficiente al mundo”, como afirmara en la última reunión del Mercosur, en Foz de Iguazú, en diciembre pasado, con el presidente Lula da Silva escuchándolo sentado en el otro extremo de la misma mesa.
El 29 y 30 de este mes, el Mercosur volverá a tener su cumbre de presidentes en la capital paraguaya. Milei y Lula, de relación fría y siempre tensa, podrían volver a cruzarse, luego del faltazo del presidente socialista brasileño a la reunión en Asunción en la que se firmó el acuerdo UE-Mercosur.
Para un experto argentino en comercio internacional que prefirió el anonimato, la cumbre será una buena oportunidad para debatir la iniciativa argentina, ya que –sostuvo- “todo acuerdo o pacto que implique una adhesión o pacto de libre comercio extra zona tiene que tener el consenso de los cuatro países miembro, o al menos la autorización de todos ellos para iniciar las negociaciones para la adhesión”. En el caso del acuerdo con Estados Unidos, firmado en febrero pasado, Brasil accedió a aumentar de 100 a 150 la cantidad de rubros alcanzados por la baja de aranceles para el comercio.
Además de generar incomodidad en Brasil, que en octubre próximo elegirá nuevo presidente entre Lula y el derechista Flavio Bolsonaro, el anuncio de Quirno despertó críticas en el kirchnerismo. “El gobierno de Milei decidió entregar la industria nacional y poner en riesgo la cuestión Malvinas al mismo tiempo”, afirmó el ministro de gobierno bonaerense, Carlos Bianco, mano derecha del gobernador y virtual candidato a presidente Axel Kicillof. Según Bianco, el tratado “obliga a los Estados a renunciar a herramientas centrales de política industrial y a avanzar en una profunda liberalización comercial”, y expresó su preocupación ya que Gran Bretaña, sumada a ese tratado en 2023, incluye a las Islas Malvinas “dentro de los territorios alcanzados por el acuerdo”. Irónico, Quirno le contestó: “Hay tantas falsedades y errores en este comentario que solamente voy a decir que para tener éxito hay que hacer todo lo contrario a lo que dice (y hace) el kirchnerismo”.
Desde el Gobierno, en tanto, ensalzaron las ventajas de sumarse al acuerdo, que abarca a casi 600 millones de personas y que ya integran otros países de la región como Chile, Perú y México, además de Australia, Brunei, Canadá, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur, Vietnam y el Reino Unido.
Negaron que se afecte a la industria nacional, a pesar de que la mayoría de los firmantes del acuerdo se dedica a la producción de bienes terminados y productos electrónicos, eventualmente a cambio de alimentos. Aseguraron, además, que en caso de ingresar el país “objetará cualquier intención eventual de Gran Bretaña de incluir a Malvinas” en la aplicación del tratado.
La discusión interna en el Mercosur parece inevitable. La decisión del Gobierno de avanzar, tampoco genera dudas.
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POLITICA
Marketing Sports: la responsable de la despedida de Messi que muestra inconsistencias sobre su fundación – Nexofin
La sociedad anónima Marketing Sports fue creada el 20 de septiembre de 2018 por el empresario autopartista Mariano Martín Camerota y Analía Gabriela Arcuri. En apenas siete años, la compañía pasó de fabricar las mascotas de la Copa Argentina a organizar eventos vinculados con la selección nacional de fútbol.
La firma comenzó prestando servicios para la productora Torneos antes de entablar un vínculo directo con la cúpula de la AFA. Su primer gran contrato oficial con el combinado nacional se concretó en 2021, cuando organizaron la recepción del plantel campeón de la Copa América en el predio de Ezeiza.
Instagram de Marketing Sports
Según La Nación, a finales de 2019 la empresa ya participaba en grandes espectáculos deportivos al organizar la apertura de la final de la Copa Argentina. Si bien en su sitio web institucional aseguran contar con más de veinte años de trayectoria, su registro formal y sus publicaciones digitales se concentran exclusivamente en actividades vinculadas al fútbol argentino.
Recientemente, la productora estuvo en el centro de la polémica tras organizar la despedida oficial de Lionel Messi en el estadio Monumental. Frente a las múltiples críticas por fallas técnicas y organizativas, la empresa emitió un comunicado oficial culpando al Club Atlético River Plate por no autorizar estructuras clave.
La productora de la AFA responsabilizó a River por los imperfectos en la despedida de Messi
Por su parte, desde la institución de Núñez rechazaron las acusaciones y tildaron los argumentos de la productora como “una afirmación objetivamente falsa”. Las diferencias operativas entre los organizadores y el club anfitrión generaron un fuerte revuelo mediático durante el homenaje al capitán argentino.
La entrada Marketing Sports: la responsable de la despedida de Messi que muestra inconsistencias sobre su fundación se publicó primero en Nexofin.
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POLITICA
Constitucionalistas critican el giro de la Corte por la ley de tierras y hablan de “arbitrariedad”
Luego de que la Corte Suprema restableciera los límites a la venta de tierras a extranjeros a través de una medida cautelar interina, constitucionalistas consultados por cuestionaron el giro del máximo tribunal y los fundamentos de la decisión.
Los expertos criticaron la medida -algunos la calificaron como “arbitraria” y otros le atribuyeron motivaciones políticas-; en cambio, destacaron la postura del juez Carlos Rosenkrantz.
El martes de la semana pasada, la Corte Suprema revocó, invocando un motivo procesal, la sentencia que había declarado inconstitucional el artículo 154 del decreto 70/2023 de Javier Milei. Ese artículo derogaba la ley de tierras, por lo que con el fallo quedaron eliminados los límites a la compra de campos por parte de extranjeros.
La decisión generó críticas, protestas y una avanzada opositora en el Congreso para impulsar el rechazo de todo el DNU. Los movimientos de los bloques críticos en la Cámara de Diputados habían arrinconado al oficialismo.
Este nuevo fallo de la Corte ayuda al Gobierno, que necesitaba desactivar un eventual rechazo al DNU 70.
La resolución de hoy fue firmada por los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, y los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci. Carlos Rosenkrantz votó en disidencia.
Frente a este escenario, el constitucionalista Alejandro Carrió planteó: “No parece que la próxima sesión de la Cámara de Diputados pueda ser una razón atendible [como un motivo de urgencia para dictar la cautelar interina] aún cuando, por supuesto, no ha sido ese el fundamento del voto mayoritario”.
El abogado expresó que el voto en disidencia de Rosenkrantz le resultó “más consistente” que el de la mayoría: “No alcanza con hablar genéricamente de un peligro ambiental si no se entiende en qué consiste. [Rosenkrantz] dice que el hecho de que la tierra esté en manos extranjeras no la convierte en dañina para el medio ambiente”.
En el mismo sentido, con ironía, el constitucionalista Osvaldo Pérez Sammartino escribió: “El extranjero, como se sabe, es proclive a dañar el ambiente, mientras que el ciudadano argentino es esencialmente ecologista”.
Es que la definición de la Corte se tomó en respuesta a un planteo de una asociación ambientalista, dos grupos indígenas y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda, que pidieron que la Corte aclarara si el fallo de la semana pasada implicaba también un rechazo a un amparo que tenían presentado ellos contra la ley de tierras, que alegan “derechos de incidencia colectiva vinculados con la protección del ambiente y derechos propios de los pueblos y comunidades indígenas”.
Al margen de este argumento, fueron varios los constitucionalistas que destacaron los fundamentos de Rosenkrantz. Coincidieron en que la Corte intervino originariamente en un asunto sin que antes se haya pronunciado la instancia anterior y en que el demandante no cuenta con legitimación activa para un expediente de estas características.
Félix Lonigro afirmó que “la Corte está haciendo política”. En concreto, el tribunal devolvió la causa al juzgado federal de Bariloche, donde se inició este caso, para que todo eso se discuta allá. Pero mientras tanto, dictó la medida cautelar “interina” que suspende los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023 hasta tanto el juzgado de Bariloche se pronuncie sobre la legitimación de todos los que promovieron este caso y examine su pedido de medida cautelar.
“¿Qué es esto? Política –sostuvo Lonigro–. La Corte, normalmente, no debería haber hecho esto. Debería haber dicho: ‘No intervengo todavía. Que intervenga el juzgado de Bariloche’, y no hacer nada. Pero, como fueron tantas las críticas porque había dejado desamparada la ley de tierras, entonces ahora muñequea un poco y suspende este [artículo del] decreto 70”.
Consultado por , Daniel Sabsay evaluó que “no es bueno que la Corte vaya y venga sobre el mismo tema en poco tiempo”.
Entretanto, Juan Vicente Sola indicó que “el efecto [del nuevo fallo] es, de alguna manera, suavizar el debate político actual que ha tomado un carácter extremo y en esto trata de postergar un tema que considero inevitable de decidir”.
Lorena Gonzalez Tocci, profesora de Derecho Constitucional (UBA y San Andrés), sostuvo que “el impacto que generó la sentencia del 29 de septiembre es innegable, y de alguna manera esperable” por los alcances de esa sentencia, por su “timing” y “sobre todo por el tsunami que generó el dictado del (inconstitucional) decreto 70/23 que sigue esquivando tanto el control legislativo como el judicial”.
Sin embargo -advirtió-, las “reacciones y sensaciones” que generó “no pueden guiar ni mucho menos condicionar el resultado de las decisiones judiciales”, que deben “apoyarse en fundamentos sólidos y en razones públicas, no en modulaciones personales de los jueces que, ante cualquier presión o descontento por el impacto de una decisión, adaptan y desarman las reglas del juego”.
Tocci destacó, en cambio, la disidencia de Rosenkrantz. Dijo que no olvidó que una regla básica para llevar un caso a los tribunales es la acreditación de una “legitimación adecuada”, pero que además recordó que para poder dictar una cautelar, “medida excepcionalísima”, se requiere la “acreditación -aunque sea mínima- del peligro ambiental grave e irreversible”; algo que, según Tocci, no quedó acreditado en las presentaciones de Árbol de Pie.
En la misma línea, Sebastián Guidi, doctor en Derecho por la Universidad Yale y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Di Tella, afirmó que “queda la apariencia de que ni una ni otra decisión [la sentencia de la semana pasada y la nueva] fueron motivadas únicamente en el derecho”. Guidi dijo: “Las decisiones impopulares van y vienen, lo que verdaderamente daña a la Corte es que se perciba que se maneja con arbitrariedad en general. Y lo de hoy no ayudó”.
Mientras, Andrés Gil Domínguez planteó, en clave política, que “es un fallo que favorece al Gobierno porque mantiene la vigencia del decreto” al “debilitar el planteo de la oposición y darle argumentos a los aliados para que no apoyen el rechazo [en el Congreso]”. Y agregó: “El trámite excepcional utilizado por la Corte Suprema y este fallo demuestran que la anterior sentencia fue arbitraria”.
Diego Armesto también posó la mirada en el Poder Legislativo: “Pasa por allí el tema. [La Corte] está dando un plazo para que se utilicen las herramientas institucionales para que se dé una solución definitiva a este entuerto que se ha planteado en torno a la ley de tierras”. Es decir, desde su perspectiva, le brindó un “margen” a los legisladores nacionales para que consensúen una nueva ley de tierras que “sobrepase” el artículo 154 del DNU 70 y eche por tierra la posibilidad de que haya nuevos giros en el asunto.
Por último, Magalí Miranda, profesora de Derecho Constitucional y Derecho Político de la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Católica de Córdoba, apuntó que hay ciertos “problemas institucionales que subyacen al fallo”. Entre ellos, mencionó la “falta de integración de la Corte”, compuesta hoy por tres miembros, que derivó en la convocatoria de los conjueces, y “la necesidad de que el Congreso ejerza un verdadero control sobre los DNU” y discuta la reforma de la ley que regula este tipo de decretos.
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POLITICA
Argentina e Israel firmaron un memorándum de cooperación en defensa: qué implica y qué armamento podría incorporar el país
Argentina e Israel profundizaron su cooperación en defensa con la firma de un nuevo memorándum de entendimiento, días después de la llegada de los primeros fusiles de asalto ARAD para las Fuerzas Armadas. El acuerdo se suma a una agenda que incluye la modernización del equipamiento militar y posibles adquisiciones de artillería autopropulsada y drones.
Durante una columna en Infobae al Mediodía, Andrei Serbin Pont explicó el alcance del acercamiento bilateral, repasó las versiones sobre futuras compras y se refirió a la licitación para construir el muelle militar de la Base Naval Integrada de Ushuaia.
El documento fue firmado por el jefe del Estado Mayor General del Ejército, teniente general Carlos Presti, y la embajadora de Israel en la Argentina, Ahuva Spieler Reshef. También participó el coronel Amit Guy, agregado de Defensa israelí en el país.
“Esto es una cosa que se viene ya negociando hace varios meses y que tiene ya algunos resultados que se han visto en estos días y otros que se espera que puedan venir”, señaló Serbin Pont.
El acuerdo con Israel y la llegada de los fusiles ARAD
El memorándum se inscribe en una relación que tuvo otro antecedente en 2024, cuando el entonces ministro de Defensa, Luis Petri, visitó Israel. La agenda de aquella etapa incluyó ciberdefensa, drones, protección de fronteras, comunicaciones satelitales y provisión de armamento.
Uno de los resultados concretos del acercamiento fue la incorporación inicial de 250 fusiles ARAD, fabricados por la empresa israelí Israel Weapon Industries (IWI). El nuevo armamento está destinado a reemplazar progresivamente al FAL, utilizado por el Ejército argentino durante décadas.
“Se han convertido en el reemplazo del mítico fusil FAL del Ejército argentino después de 66 años de servicio”, afirmó el analista.
La partida incluye dos variantes: el ARAD 7, de calibre 7,62 × 51 milímetros, destinado principalmente al Ejército, y el ARAD 5, de calibre 5,56 × 45 milímetros, previsto también para la Armada y la Fuerza Aérea. La provisión contempla accesorios y equipamiento complementario.
El contrato tiene un tope de USD 12 millones. Según las estimaciones mencionadas durante el programa, cada fusil cuesta alrededor de USD 1.000, aunque el valor total depende de los componentes incluidos. Serbin Pont remarcó que se trata de una entrega inicial limitada, dentro de un proceso de incorporación que podría continuar con nuevos lotes.
Artillería y drones: los sistemas israelíes que podría incorporar la Argentina
La firma del memorándum volvió a poner el foco en las posibilidades de cooperación militar entre la Argentina e Israel. Entre las versiones sobre eventuales adquisiciones aparecen sistemas de artillería autopropulsada y drones de vigilancia, aunque por el momento no hay confirmaciones oficiales sobre contratos para incorporar ese equipamiento.
Andrei Serbin Pont mencionó dos alternativas que podrían responder a necesidades de modernización de las Fuerzas Armadas: los sistemas de artillería Atmos y los vehículos aéreos no tripulados de la familia Hermes. No obstante, aclaró que se trata de trascendidos y que no puede darse por hecho que las operaciones estén en marcha.
Una de las posibilidades es el Atmos, un sistema de artillería autopropulsada sobre ruedas de 155 milímetros. Su eventual incorporación permitiría reforzar la movilidad y la capacidad de apoyo de fuego del Ejército, en un contexto de renovación de medios terrestres y de incorporación de vehículos blindados Stryker.
Según las estimaciones mencionadas por Serbin Pont, cada sistema podría costar entre USD 6 millones y USD 7 millones, aunque el monto dependería del equipamiento, las municiones y los servicios incluidos en una eventual contratación.
Otra de las alternativas que mencionó el analista es la incorporación de drones militares de media altitud y larga autonomía, conocidos como MALE. Dentro de la oferta israelí se encuentran los modelos Hermes 450, 600 y 900, plataformas que podrían ampliar las capacidades argentinas de vigilancia y reconocimiento.
Serbin Pont estimó que cada aeronave podría rondar los USD 10 millones, sin contemplar necesariamente el costo total de su puesta en servicio. Un programa de estas características también requeriría estaciones de control, capacitación, mantenimiento y soporte logístico.
El analista consideró que la incorporación de drones podría resultar especialmente relevante para las tres fuerzas, tanto para la vigilancia marítima como para el control de las fronteras y el apoyo a las operaciones militares.
Por ahora, tanto el Atmos como los Hermes deben considerarse posibles alternativas de adquisición y no compras confirmadas. El memorándum establece un marco de cooperación entre ambos países, pero su firma no implica, por sí sola, que esos sistemas hayan sido seleccionados o contratados.
Ushuaia: licitación para construir el muelle de la base naval
En paralelo con la agenda de cooperación internacional, la Argentina avanzó en otro proyecto de infraestructura militar. La licitación para construir el muelle de la Base Naval Integrada de Ushuaia quedó formalizada mediante la Resolución 704/2026, publicada en el Boletín Oficial.
La obra tiene un presupuesto oficial de $189.321 millones, equivalente a unos USD 120 millones según la estimación mencionada por Serbin Pont. El procedimiento se tramitará a través de la plataforma Contratar y contempla la construcción del muelle.
La iniciativa integra un proyecto de mayor alcance para desarrollar infraestructura naval en Tierra del Fuego. “El plan íntegro para la base es 700 palos y es a largo plazo”, explicó el analista.
Para Serbin Pont, la construcción del muelle constituye una de las prioridades inmediatas. “Que el muelle avance creo que es probablemente lo más importante en este momento”, afirmó.
La adjudicación y el inicio de los trabajos permitirán determinar el avance efectivo de una obra estratégica para la presencia argentina en el Atlántico Sur y su proyección hacia la Antártida.
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