Cuando se habla de Arsat, la discusión pública suele detenerse en los satélites. Se ignora, a menudo, que parte de los activos estratégicos de la empresa estatal están bajo tierra, en miles de kilómetros de fibra óptica. También dentro de edificios blindados que almacenan información crítica y en una infraestructura que conecta desde organismos de seguridad hasta empresas privadas que dependen de ella para operar.

Por eso, cualquier controversia sobre la gestión de Arsat trasciende la administración de una empresa pública.

Sobre esta compañía la Justicia puso el foco por los casi US$2,5 millones hallados en los domicilios de su extitular, Facundo Leal, como también por la imputación por corrupción contra por lo menos tres funcionarios más, entre los cuales está Gerardo Boschin, quien fue gerente de compras y luego presidente de Trenes Argentinos.

Durante años, Arsat construyó una posición singular. A través de la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO), desplegó decenas de miles de kilómetros de tendido que atraviesan el país y llegan a zonas donde ninguna empresa privada estuvo dispuesta a invertir por falta de rentabilidad. Replicar una red de esa magnitud demandaría inversiones de miles de millones de dólares y plazos de recuperación que hoy resultan inviables para cualquier operador. Por eso, Arsat prácticamente no tiene competidoras en los servicios que ofrece.

Incluso compañías privadas de telecomunicaciones terminan utilizando capacidad de infraestructura vinculada a Arsat. La red se convirtió en una autopista digital por la que circulan comunicaciones, servicios de internet y datos que sostienen buena parte de la actividad económica y estatal. También es la red de tecnología a la que la política ha observado por su capacidad de producir inteligencia a través de sus nodos.

La otra infraestructura igual de crítica y menos conocida de Arsat es el Centro Nacional de Datos, una instalación diseñada para albergar sistemas con altos estándares de disponibilidad y seguridad. Allí no sólo se alojan plataformas estatales. También existen servicios destinados a compañías privadas que requieren capacidad de procesamiento, almacenamiento y transmisión de información.

Dentro de ese ecosistema funcionan las llamadas “jaulas”: espacios físicos cerrados donde empresas y organismos instalan sus propios servidores y equipamiento. Aunque comparten la infraestructura general del centro de datos, el acceso a esos equipos queda restringido exclusivamente a sus propietarios. Bancos, compañías energéticas y otras organizaciones que manejan información sensible recurren a este esquema para proteger activos críticos.

La importancia de esas instalaciones radica no sólo en los datos que almacenan, sino en la capacidad de cómputo y transmisión que concentran. Miles de procesadores trabajan de manera permanente sosteniendo servicios que deben permanecer operativos las 24 horas del día.

El nuevo residente

Esta infraestructura sensible adquiere otra dimensión por el interés desplegado por un nuevo residente en la Argentina. Hace un par de meses, un importante funcionario estadounidense asistió a la estación de Arsat en Benavídez justo luego de presentar con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y Peter Lamelas, el embajador norteamericano en Argentina, el Criaco (Centro Regional de Información y Análisis sobre Crimen Organizado).

La visita, según distintas fuentes, tendría que ver con la intención de alojar en el centro nacional de datos los servidores necesarios para el centro. Los sistemas son lo que ofrece el recientemente mudado al país, Peter Thiel, a través de su empresa Palantir. De acuerdo con distintos testimonios, no fue la única vez en los últimos meses que se acercaron a Arsat oficiales estadounidenses.

Un punto de atención, por las investigaciones en curso, es la relación entre Arsat y el 5G. Mientras la licitación definía qué empresas se quedaban con las frecuencias para operar la nueva tecnología móvil (a través del Enacom), Arsat ya controlaba una parte fundamental de la infraestructura necesaria para que ese sistema funcionara. Las telefónicas pueden operar las antenas y el espectro pero sin fibra, no hay 5G masivo.

Una antena 5G puede transmitir enormes volúmenes de datos, pero si detrás no existe una red troncal capaz de mover ese tráfico, la red se convierte en un cuello de botella. En esa infraestructura estaba interesada Huawei, la empresa china proveedora mundial de equipamiento para redes 5G, es decir, antenas, radios, routers y otros componentes que las telefónicas utilizan para desplegar sus redes.

Las reuniones en Arsat o fuera de las oficinas, en lugares como Nordelta, eran frecuentes entre directivos de la compañía y Facundo Leal.

En 2023, además, Arsat recibió una asignación de 100 MHz en la banda de 3,5 GHz para desarrollar un plan federal vinculado al 5G. La resolución oficial establecía que esas frecuencias serían utilizadas por Arsat para implementar el plan estratégico que definiera el Estado Nacional.

Ese punto generó controversia porque implicaba que Arsat pasaba a tener un activo extremadamente valioso: espectro 5G que no había sido subastado como el del resto de los operadores. Algunos sectores imaginaban que Arsat podría convertirse en una especie de operador mayorista de 5G, alquilando capacidad a empresas o impulsando cobertura en zonas donde las grandes telefónicas no invierten.

En términos políticos y económicos, eso aumentaba enormemente la relevancia de quienes conducían la empresa. Ya no se trataba solamente de administrar fibra óptica, satélites y centros de datos. También se trataba de administrar espectro, uno de los recursos más codiciados del sector telecomunicaciones.

Luego llegó el cambio de gobierno. En 2024, la administración de Javier Milei anunció que esos 100 MHz reservados para Arsat serían incluidos en una nueva licitación, junto con otros bloques que habían quedado vacantes en la subasta anterior. Es decir, el espectro que había sido reservado pasaría a ser considerado parte del stock a licitar al mercado. Esto, que se anunció oficialmente en una conferencia de prensa de Manuel Adorni, todavía no sucedió.

Mantener semejante estructura requiere inversiones constantes. La operación de un centro de datos de alta disponibilidad demanda sistemas redundantes de energía, refrigeración, conectividad y seguridad física. Los equipos deben renovarse periódicamente y la infraestructura especializada exige contratos de mantenimiento costosos, algunos de los cuales están bajo observación actualmente. Lo mismo ocurre con la red federal de fibra óptica, cuyos nodos y enlaces requieren supervisión técnica permanente.

Fuentes vinculadas al sector describen que el deterioro presupuestario de los últimos años impactó particularmente en esas tareas. Sistemas que requieren asistencia especializada comenzaron a enfrentar dificultades para obtener soporte. Equipamiento que demanda mantenimiento periódico pasó a depender de recursos cada vez más escasos. En infraestructura crítica, el problema no suele manifestarse de inmediato: aparece cuando ocurre una falla.

La complejidad aumenta cuando se observan los servicios que presta Arsat a organismos del Estado. Fuerzas Armadas, áreas de seguridad, empresas públicas y dependencias gubernamentales utilizan distintas capacidades de la compañía. En algunos casos, la red debe extenderse hacia ubicaciones remotas donde el último tramo de conexión —la llamada “última milla”— obliga a contratar proveedores locales o realizar obras específicas para llegar hasta instalaciones estratégicas.

Esa realidad convierte a Arsat en administradora de información extremadamente sensible. No solamente por el contenido de los datos que almacena, sino por el conocimiento operativo que posee sobre redes, enlaces, ubicaciones, capacidades y requerimientos de organismos públicos y privados.

En paralelo, existe un debate cada vez más presente alrededor de la llamada soberanía digital. La discusión gira en torno a dónde se almacenan los datos críticos del país y quién controla la infraestructura que los procesa. Mientras buena parte de la economía mundial migra hacia plataformas de computación en la nube operadas por gigantes tecnológicos extranjeros, algunos sectores sostienen que determinadas capacidades deben permanecer bajo jurisdicción nacional.